Una dirigenta sindical, un científico y una activista LGBT destacan en medio de un futuro Parlamento que tendrá mayoría conservadora. Dos partidos con bancadas pequeñas son los únicos que presentan propuestas sobre derechos sexuales reproductivos y la ciencia como principio para el control de la pandemia. En oposición, candidatos con procesos legales en marcha se llevaron gran cantidad de votos y lograron que sus partidos, con bajos porcentajes, pasen la valla electoral.
Esta es la segunda parte de un informe realizado por Salud con lupa sobre los perfiles de los próximos integrantes del Congreso de la República:
Avanza País: jóvenes con posturas conservadoras
En el ranking de votos de Avanza País, el primer puesto está vacante. Más de 36 mil personas votaron por el N° 1 de la lista en Lima. Sin embargo, quien tenía ese número, la exprocuradora Julia Príncipe, renunció a su candidatura en febrero.
Así, la candidata más votada hasta el momento, con alrededor de 35 mil votos, es la abogada de 32 años Adriana Tudela Gutiérrez, hija del excanciller fujimorista Francisco Tudela, quien fue nombrado por Hernando De Soto como miembro de su gabinete en caso ganara las elecciones.
Tudela fue asesora del expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, y es conocida por tener posiciones conservadoras respecto a temas de género. Se opone a la despenalización del aborto aún en casos de violación.
A Adriana Tudela le sigue José Williams Zapata, candidato por Lima y general retirado de 69 años que fue jefe del operativo Chavín de Huántar, a cargo del rescate de rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón.
Otra candidata con alta cantidad de votos es la arequipeña Diana Gonzáles Delgado, con más de 23 mil cédulas marcadas a su favor. Tiene 29 años, es administradora y fue presidenta de la Federación Peruana de Voleibol -aunque la destituyeron del cargo. Aunque no registró antecedentes penales en la hoja de vida que presentó ante el JNE, el diario La República reveló que Gonzáles tiene cuatro denuncias por peculado, cohecho pasivo, malversación y concusión en agravio de la Federación Peruana de Voleibol y la Municipalidad de Viñac.
El cuarto candidato más votado de Avanza País es el abogado Alejandro Cavero, de 28 años, quien fuera asesor de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK). Se identifica como liberal y apunta a implementar el proyecto de unión civil para personas LGBT. Al igual que Tudela, se opone a la despenalización del aborto en cualquier causal, aún si se trata de una violación.
El plan de gobierno de Avanza País ha sido criticado por su poco desarrollo (inicialmente sólo tenía dos páginas). Además de tener escasas propuestas sobre el control de la pandemia de covid-19, no menciona en absoluto propuestas para garantizar derechos sexuales y reproductivos y luchar contra la violencia de género.
Juntos por el Perú: cinco congresistas
buscan una nueva Constitución
Los tres congresistas más votados de este partido son de la capital. Una es la politóloga Sigrid Bazán, con más de 34 mil votos. Le sigue Isabel Córtez, trabajadora de limpieza pública y dirigenta sindical que se ha pronunciado a favor de una nueva Constitución y del matrimonio igualitario.
Roberto Helbert Sánchez Palomino, número 1 por Lima, integraría también el nuevo Congreso. Es psicólogo y su principal propuesta es implementar un centro de salud mental en cada distrito del país y dotar a los colegios de al menos tres psicólogos.
Somos Perú: un expresidente vacunado
de forma irregular
Aunque apenas llegaría al 6%, este partido llevará al Congreso al candidato más votado del proceso electoral: Martín Vizcarra Cornejo, expresidente que fue vacado por el actual Congreso en noviembre del año pasado. Antes de presentarse como candidato de Somos Perú, ya era investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita para delinquir, pues se le acusa de haber recibido coimas cuando era gobernador de Moquegua. En febrero se sumó una nueva investigación por el caso ‘Vacunagate’.
Fue a partir de la información sobre Martín Vizcarra que se destapó el escándalo de vacunaciones irregulares en el marco del ensayo clínico de Sinopharm. Inicialmente el exmandatario dijo ser voluntario del estudio, pero esto fue desmentido. La Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, pues Vizcarra fue inmunizado con las dosis experimentales de Sinopharm cuando aún era mandatario y el Gobierno negociaba con el laboratorio chino la compra de dichas vacunas. La semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que recomienda inhabilitar para el ejercicio de la gestión pública por 10 años a Martín Vizcarra y el viernes 16 de abril será discutido por el Pleno.
Otro candidato que podría llegar al Congreso por Somos Perú es Ciro Castillo Rojo, del Callao. Su nombre se hizo conocido en 2011 debido a la desaparición de su hijo en el valle del Colca, en Arequipa. El médico cirujano buscó ocupar cargos públicos tres veces sin éxito: en 2014 postuló para ser presidente regional por Acción Popular, en 2016 intentó llegar al Congreso por Peruanos por el Kambio (PPK) y en 2018 fue candidato a gobernador regional por Alianza para el Progreso. De acuerdo a su hoja de vida entregada al JNE, Castillo trabajó hasta el año pasado en el Hospital Daniel Alcides Carrión.
Podemos Perú: un investigado por corrupción como líder de bancada
Aunque el candidato presidencial, Daniel Urresti, tuvo una baja votación, su partido logró pasar la valla electoral para tener presencia en el Congreso. Su candidato más votado es José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú y excongresista de Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular).
El también fundador de Telesup, universidad con licencia denegada, es investigado por presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos. La Fiscalía acusa a Luna Gálvez de haber utilizado Telesup como fachada para recibir un millón de soles entregados por las empresas Odebrecht y OAS a la campaña de Luis Castañeda Lossio en 2014. José Luna Gálvez también es investigado por presuntamente interferir en la elección del exjefe de la ONPE para lograr la inscripción de Podemos Perú.
La candidata Digna Calle Lobatón, quien tiene más de 37 mil votos, está casada con el congresista de Podemos Perú Arón Espinoza. El Jurado Nacional de Elecciones le abrió una investigación a ambos por una actividad proselitista que realizaron juntos en campaña. Se cuestionó que Calle prometiera donar su sueldo al Asentamiento Humano Los Cedros de Chorrillos, adonde llegó junto a Arón Espinoza para entregar víveres.
Durante la pandemia, el partido Podemos Perú publicó un protocolo para el tratamiento de la covid-19 que recomendaba la ivermectina, azitromicina y enoxaparina.
Partido Morado: representantes de la comunidad científica y la población LGBT
Este partido tiene como candidata más votada a Susel Paredes, exgerenta de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. Es la cuarta vez que la abogada postula a un cargo público. Postuló al Congreso en 2006 y 2011 sin éxito, la primera vez con el Partido Socialista y luego con el Partido Descentralista Fuerza Social. En 2018 aspiró a ser alcaldesa del distrito de Magdalena con Juntos por el Perú.
Además de abogada y política, Susel Paredes es activista LGBT. En esa línea propone matrimonio igualitario y una política de igualdad de género que garantice derechos de personas trans y no binarias.
Tener a la ciencia como criterio básico de decisión para sus propuestas fue parte de la campaña del segundo candidato más votado: Edward Málaga-Trillo. El neurobiólogo y docente fundó un avanzado laboratorio en la Universidad Peruana Cayetano Heredia para estudiar males neurológicos y es uno de los principales impulsores del lema #SinCienciaNoHayFuturo.
La tercera candidata con más votos del partido es Flor Pablo Medina, profesora y exministra de Educación que respaldó la inclusión del enfoque de género en el Currículo Escolar. A finales del año pasado fue denunciada por la Fiscalía por el presunto delito de negociación incompatible. Se le acusa de no haber monitoreado la distribución oportuna de materiales educativos cuando asumió la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación, lo que habría generado retraso y un perjuicio de S/ 4 millones al Estado.
