El jueves 19 de septiembre, el Congreso aprobó los proyectos de ley N° 3412, 3732, 4178 y 4747 que proponen restricciones a la venta y consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores, productos muy adictivos porque contienen nicotina y fáciles de comprar para los menores de edad. Están regulados en más de 20 países de la región, incluyendo Argentina, Brasil y México, debido a sus potenciales riesgos para la salud, pero en Perú es la primera vez que se considera imponer controles a esta industria.
Los cuatro proyectos de ley fueron revisados el año pasado en las Comisiones de Salud y Defensa del Consumidor del Parlamento. A partir de sus conclusiones se presentó una propuesta en conjunto en mayo del 2024; sin embargo, unos meses después tuvo modificaciones con la opinión del Comité de Economía, cambios que acaba de aprobar el Congreso a pesar de que favorecen a la industria tabacalera. El más importante de todos es quitar la prohibición de vender cigarrillos electrónicos saborizados. Como advierten algunos estudios científicos, los cientos de sabores que imitan los vapeadores (por ejemplo, menta, chocolate y algodón de azúcar) son la razón principal por la que los más jóvenes prefieren estos productos y se convierten en habituales consumidores.
El texto que votó el Congreso agregó también la autorización de anuncios publicitarios y disminuyó de 70% a 30% el tamaño que debe ocupar en el empaque la advertencia sobre sus riesgos a la salud. Además, eliminó la prohibición de acuerdos o contribuciones financieras entre el Estado y la industria tabacalera o cualquier persona natural o jurídica que represente sus intereses, como se había considerado inicialmente. Esto resulta crucial porque hay distintas organizaciones, científicos y expertos en cabildeo que reciben apoyo de las compañías tabacaleras para divulgar información a favor del vapeo.
En nuestro país, la Asociación Peruana de Vapeadores (Asovape), que asegura representar a los usuarios que consumen este producto, forma parte de una red de organizaciones civiles ligada a la Fundación para un Mundo Libre de Humo (FSFW, por sus siglas en inglés) cuyo principal financista es la tabacalera Philip Morris.
Los cigarrillos electrónicos se promueven como una opción para las personas con adicción al tabaco con el fin de que reemplacen el cigarrillo convencional por estos productos. Pero cada vez más estudios hablan de sus efectos en la salud. Producen efectos cardiovasculares a corto plazo como aumento de la frecuencia cardiaca y rigidez arterial. Además, la nicotina -su principal componente- puede afectar el desarrollo cerebral de los adolescentes y está relacionada con bajo aprendizaje y control de los impulsos.
Aunque la propuesta del Congreso supone un primer paso para impedir que los menores de edad compren cigarrillos electrónicos, no prohíbe por completo la publicidad y promoción de estos productos y debilita la capacidad del Ministerio de Salud para controlar su consumo y evitar la interferencia de la industria tabacalera, advierte Flavia Radovic, presidenta de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica (COLAT).
Prohibir el consumo en menores de edad
Uno de los aspectos más destacables del proyecto de ley es la prohibición de la venta de vapeadores así como la entrega de muestras o regalos a menores de edad. Los vapeadores se importan desde 2010, pero en los últimos años creció el volumen de productos que llegan al país y se ampliaron las opciones de venta, volviéndolo muy accesible para los jóvenes.
En septiembre del año pasado, en Salud con lupa recorrimos con apoyo de una adolescente tres cadenas de tiendas minoristas (Tambo, Oxxo y Listo) y una bodega ubicadas cerca de universidades y colegios de Lima, y comprobamos que no hay controles para impedir su venta a menores de edad. Los adolescentes los pueden comprar también en páginas web y los reciben a través del servicio de entrega a domicilio Rappi porque no tienen protocolos para verificar la edad de los usuarios.
Hasta el 2019, el 6% de los estudiantes peruanos entre 13 y 15 años había probado un vapeador, de acuerdo con una encuesta de la Organización Mundial de la Salud. Las investigaciones internacionales independientes asocian el consumo de vapeadores con lesiones en el tejido de las vías respiratorias y disminución del oxígeno en fumadores jóvenes y personas que no son fumadoras. Otros estudios han reportado también daños al corazón y el sistema circulatorio debido al consumo de cigarrillos electrónicos con nicotina.
Ninguno de estos riesgos se advierte en el empaque y muchos productos no mencionan todas las sustancias que contienen, por ejemplo, metales, disolventes e incluso compuestos potencialmente tóxicos y cancerígenos.
El proyecto de ley no propone un cambio significativo porque no exige que todas las empresas que fabrican e importan cigarrillos electrónicos declaren sobre sus componentes. Solo aquellas que aseguran que sus productos no contienen nicotina o tabaco tienen que informar a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Sanitaria (Digesa) del Ministerio de Salud.
Pocas restricciones para la publicidad
En Perú, cuentas de Instagram publican colaboraciones con influencers y páginas de algunas tiendas de vapeadores han lanzado campañas para promocionar estos productos. Otra estrategia publicitaria es el uso de imágenes que asocian los cigarrillos electrónicos con el estilo de vida de los más jóvenes. En Reino Unido y Canadá, la ley de tabaco impide que se patrocinen los vapeadores en eventos o actividades públicas y está prohibido que la publicidad exponga a personas usando estos productos que sean o parezcan menores de 25 años.
El proyecto de ley que ha revisado el Congreso peruano no impone restricciones tan severas para evitar que los menores de edad perciban los cigarrillos electrónicos como inofensivos. Los canales por los que se prohíbe la publicidad no incluye a las redes sociales, sino a la televisión de señal abierta, radio u otro medio de comunicación así como en establecimientos de salud y colegios, ya sea públicos o privados.
Por otro lado, se autoriza los anuncios publicitarios a una distancia mayor a un radio de 500 metros alrededor de centros educativos donde asistan menores de edad. Estos deben incluir la advertencia de que contienen nicotina y que su venta está prohibida a menores de edad y no pueden mostrar imágenes o mensajes de éxito, atractivo sexual o popularidad.
No se podrá sancionar a las empresas
El proyecto de ley no considera sanciones si las empresas incumplen con alguna de las disposiciones como la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad. Si el Congreso lo aprueba en segunda votación en las próximas semanas, la actual ley N° 29517 para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco será derogada. Esto significa que las empresas tendrán un período de gracia no mayor a cuatro meses hasta que el Ministerio de Salud publique un nuevo reglamento y determine qué sanciones pueden recibir. La ley vigente, por ejemplo, establece multas de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 20,600, por la venta de cigarrillos con intervención de menores de edad.
El proyecto de ley otorga también un plazo de dos años posteriores a la publicación del nuevo reglamento para que la industria pueda adaptar el empaque de los cigarrillos electrónicos, incluyendo advertencias sobre su contenido y riesgos. Sin embargo, Flavia Radovic, presidenta de la COLAT, no está de acuerdo que se brinden plazos tan amplios a las tabacaleras.
Durante el debate que se realizó el pasado jueves, la congresista Ruth Luque solicitó al presidente de la Comisión de Economía, Ilich López Ureña, autor del texto aprobado, que revisara estos detalles, pero el legislador se negó. El año pasado, Ilich López fue secretario de la Comisión de Economía y desde allí revisó todas las propuestas legislativas que buscaban restringir el consumo de cigarrillos electrónicos. En octubre del 2023, la comisión se reunió también con Jorge Palma Vásquez, presidente de la Asociación Peruana de Vapeadores (Asovape), para conocer su postura. Sin embargo, Palma ocultó los vínculos de Asovape con la industria tabacalera y no mencionó que él y los otros 7 socios con quienes creó la organización tenían intereses de por medio pues son dueños de locales de cigarrillos electrónicos.
La única posibilidad de que el proyecto de ley modifique las restricciones para el consumo de vapeadores es que en la siguiente sesión del Congreso se presente un recurso de reconsideración o que el presidente de la Comisión de Economía presente un nuevo texto.
