El 5 de junio, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) informó que, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, evaluó a 70 laboratorios farmacéuticos ubicados en seis países —India, China, México, Paraguay, Polonia y Turquía— como parte de una medida urgente para verificar si las plantas que abastecen al mercado peruano cumplen con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), los estándares que garantizan condiciones adecuadas de calidad y seguridad de los fármacos.
Según la propia entidad, en lo que va del año se desplegaron tres comisiones de inspectores internacionales. Las dos primeras lograron inspeccionar 51 laboratorios, pero solo 20 obtuvieron la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura. Los otros 31 no superaron el proceso: 21 no alcanzaron los estándares exigidos, tres quedaron con observaciones parciales y siete desistieron de la evaluación. Es decir, más del 60% de las plantas inspeccionadas este año no aprobó el control de calidad que el Estado peruano recién empieza a exigir de manera sistemática a los fabricantes extranjeros que abastecen al país.
La magnitud de estos resultados se entiende mejor a la luz de lo que Salud con lupa viene documentando desde el año pasado. En abril de 2025, una investigación de este medio reveló que al menos 80 laboratorios extranjeros habían desaprobado inspecciones de Buenas Prácticas de Manufactura. Sin embargo, 51 de ellos mantenían registros sanitarios vigentes y seguían vendiendo medicamentos en el país, aprovechando vacíos legales en la regulación. Al mismo tiempo, otros 385 laboratorios esperaban ser inspeccionados por una Digemid desbordada, que entonces procesaba apenas unos ocho casos al mes. A ese ritmo, completar las verificaciones pendientes habría tomado por lo menos cuatro años más.
El problema tiene su origen en una excepción que se prolongó durante más de una década. Desde 2013, y a través de normas prorrogadas en 2018 y 2023, el Estado peruano permitió que las plantas extranjeras en lista de espera siguieran exportando medicamentos al país con solo presentar certificaciones equivalentes emitidas por las autoridades sanitarias de sus lugares de origen.
Esa exoneración, concebida como una medida transitoria, sigue vigente hasta 2028. Con el tiempo, la cola de inspecciones llegó a acumular alrededor de 450 laboratorios. En la práctica, durante años circularon en farmacias y hospitales peruanos medicamentos fabricados por plantas que nunca habían sido verificadas directamente por la autoridad sanitaria nacional.
El costo en pacientes oncológicos
Las consecuencias de esa falta de control quedaron expuestas en febrero de 2026, cuando Salud con lupa y The Bureau of Investigative Journalism revelaron que, entre 2019 y 2025, el Estado peruano compró 19 lotes de medicamentos oncológicos defectuosos (cisplatino, ifosfamida, ciclofosfamida y doxorrubicina) que presentaban contaminación bacteriana, partículas de vidrio o concentraciones menores a las declaradas. Más de 140.000 frascos, valorizados en unos S/ 3,4 millones, terminaron destruidos.
Los productos provenían de cinco laboratorios de India, la mayoría sin certificación vigente para sus plantas. Mientras tanto, pacientes con cáncer enfrentaban retrasos en sus quimioterapias por la falta de medicamentos.
Tras estas revelaciones, la Digemid empezó a tomar medidas más firmes. Desde octubre de 2025, la autoridad sanitaria comenzó a suspender los registros sanitarios de medicamentos fabricados por laboratorios que no aprobaron las inspecciones de Buenas Prácticas de Manufactura. Hasta el 22 de enero de 2026, 297 productos —principalmente de India y China— ya no podían comercializarse en el país.
Luego, en mayo de 2026, después de la investigación de Salud con lupa, la autoridad confirmó la suspensión de 14 registros sanitarios del laboratorio indio Beta Drugs para medicamentos contra el cáncer, tras detectar fallas graves en su planta. La decisión dejó inmovilizados unos 15.100 viales de doxorrubicina ya comprados por el Estado, una cantidad que representaba cerca de siete de cada diez unidades disponibles de ese fármaco en el stock estatal.
La promesa oficial y lo que está en juego
En marzo de 2026, la directora general de la Digemid, Lida Hildebrandt, anunció que en un plazo de seis a ocho meses se completaría la revisión de las 182 plantas pendientes y que, desde entonces, ningún medicamento ingresaría al país sin Buenas Prácticas de Manufactura otorgadas por la autoridad peruana. Los resultados difundidos en junio son el primer examen verificable de esa promesa.
Durante más de una década, una exoneración presentada como temporal permitió que medicamentos de plantas no verificadas por el Perú llegaran al mercado y a hospitales públicos. Hoy, las inspecciones muestran el costo de esa demora: no era solo un trámite pendiente, sino una falla de control con impacto directo en los tratamientos de los pacientes.
