¿Qué debe cambiar para enfrentar el hambre y garantizar alimentos saludables en el Perú?

Abilia Ramos hace cuentas todos los días para que las raciones alcancen. Como vicepresidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, sabe lo que significa cocinar para familias que muchas veces dependen de ese plato como su comida principal del día. El presupuesto casi nunca permite asegurar proteínas, verduras o frutas con regularidad. Por eso, en muchas ollas comunes, las mujeres estiran lo poco que tienen con alimentos baratos y rendidores, completan las compras con donaciones o cuotas simbólicas, y buscan apoyo en mercados, entre vecinos y ante autoridades.

En Perú, la alimentación saludable sigue lejos de ser un derecho garantizado para la población más pobre. No se trata solo de llenar el estómago, sino de acceder de manera regular a alimentos suficientes, nutritivos y seguros.

Según datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), las ollas comunes alimentan a más de 287 mil personas que no pueden garantizar sus comidas diarias. Aunque cumplen un rol clave frente al hambre, el apoyo estatal sigue siendo limitado: a través del Programa de Complementación Alimentaria, reciben alrededor de S/2 por ración durante 20 días al mes. “Con dos soles no se hace una comida nutritiva para nadie”, dice Ramos.

Estas redes comunitarias ya no atienden solo una emergencia heredada de la pandemia. En Lima, donde se concentra buena parte de las ollas comunes, también responden a una pobreza urbana que sigue creciendo. De acuerdo con el INEI, aunque la pobreza extrema bajó a nivel nacional en el último año, en la capital pasó de 3,3% en 2024 a 3,6%. Son hogares cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera para cubrir una canasta básica de alimentos.

La Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana participa en la Plataforma por la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), un espacio que reúne a organizaciones sociales, comerciantes de mercados, productores, ferias agroecológicas, ONG, académicos y exautoridades vinculadas a la agenda alimentaria. La plataforma da continuidad a la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria, activa entre 2020 y 2022, durante los años más críticos de la pandemia, y busca pasar de las respuestas de emergencia frente al hambre a cambios estructurales que garanticen el derecho a producir alimentos sanos y acceder a una alimentación saludable.

Con ese objetivo, la PSAN aprobó el documento “Política alimentaria en emergencia: Hoja de Ruta para la transformación de los sistemas alimentarios en el Perú”, publicado este año para aportar al debate público en un periodo electoral en el que se definirá el rumbo del país para los próximos cinco años. La propuesta fue elaborada por Silvana Vargas, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, y Alain Santandreu, director del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo, sobre la base de un proceso colectivo acompañado por Salud con lupa.

El documento organiza sus propuestas en cuatro ejes y 36 acciones prioritarias: producción sostenible de alimentos sanos; programas alimentarios y alimentación saludable; activación de mercados locales; y empoderamiento comunitario e inclusivo de las mujeres junto con políticas de cuidado. Esta nota destaca algunas de sus principales medidas para entender qué cambios propone la plataforma al próximo gobierno.

Para Abilia Ramos, entre todos esos frentes, las ollas comunes requieren medidas inmediatas del Estado. No basta con atenderlas como parte del Programa de Complementación Alimentaria: se necesita un programa específico, con presupuesto suficiente para raciones nutritivas e infraestructura básica.

“Pedimos al siguiente gobierno que eso se pueda cambiar. Porque, al hablar solo de complementación alimentaria, el Estado pone un 30% de recursos y nosotros siempre el 70%. Se carga a las organizaciones más de lo que pueden sostener”, explica.

Esa es una de las discusiones que recoge la hoja de ruta: cómo pasar de una ayuda limitada a programas capaces de alimentar mejor.

Programas alimentarios que alimenten mejor

Uno de los cambios que plantea la hoja de ruta es fortalecer los programas que hoy atienden a la población más vulnerable. En el caso de las ollas comunes, la propuesta apunta a crear un programa nutricional específico que garantice raciones suficientes y de mejor calidad, capaces de cubrir el requerimiento calórico diario de una persona.

También propone que todas las ollas comunes y comedores populares puedan acceder a subsidios económicos, mediante el mecanismo previsto en la Ley N.° 32513, y que exista un registro nacional actualizado y público de estas organizaciones. Sin información completa sobre cuántas existen, dónde están y a cuántas personas atienden, resulta más difícil planificar compras, asignar recursos y fiscalizar la ayuda.

Para Abilia Ramos, estas medidas podrían cambiar la vida de miles de familias. Hoy, explica, muchas raciones se sostienen principalmente con carbohidratos, porque son los alimentos más baratos y rendidores. Con más presupuesto, las ollas podrían incorporar con mayor frecuencia proteínas, verduras y frutas.

“Aparte de eso, si mejora la infraestructura, las personas también se beneficiarían porque ya no estaríamos cocinando en tierra, tal vez expuestos a contaminación. Y si nos dan un propio presupuesto, nosotras sabríamos qué comprar y qué cocinar”, señala.

La infraestructura es otro punto crítico. Muchas ollas comunes funcionan en zonas altas o alejadas, donde el acceso al agua potable, la luz y el transporte encarece todo.

Abilia Ramos cuenta que, cuando los alimentos del Estado llegan solo hasta la parte baja de los asentamientos, las dirigentas deben subirlos cargando o conseguir movilidad. Si no hay agua, deben comprarla a cisternas. Si no hay luz, dependen de conexiones prestadas. En esas condiciones, cocinar también implica resolver problemas básicos que no siempre son visibles.

La hoja de ruta también propone reformar el Programa de Alimentación Escolar. Entre sus medidas, plantea un nuevo presupuesto que priorice la preparación de alimentos comprados a agricultores familiares y proveedores locales. Los integrantes de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria y Nutricional advierten que el programa ha privilegiado la compra y distribución de productos procesados o empaquetados, en lugar de preparaciones frescas con alimentos locales. También señalan fallas de control y que los desayunos escolares no siempre cubren los requerimientos nutricionales de niñas y niños.

Especialistas de FAO Perú que participaron en las sesiones de la plataforma también consideran que este programa debe rediseñarse para mejorar la calidad nutricional de los menús, adaptarlos a cada territorio y hacer más eficiente su gestión. En una respuesta escrita enviada para esta nota, señalaron que incorporar de manera más efectiva a la agricultura familiar como proveedora permitiría mejorar la alimentación escolar y, al mismo tiempo, dinamizar economías locales.

La exministra de Desarrollo e Inclusión Social Silvana Vargas, integrante de la plataforma y responsable de consolidar los ejes de la hoja de ruta, advierte que el país aún no dimensiona la magnitud de estos servicios. El Programa de Alimentación Escolar atiende a unos 4 millones de niños y niñas, mientras las ollas comunes y comedores populares sostienen a miles de hogares en situación de vulnerabilidad.

“Son grandes poblaciones atendidas a través de estos servicios que funcionan todavía bajo una lógica fragmentada y sin muchos recursos”, señala Vargas.

El eje de alimentación saludable, sin embargo, no se limita a los programas sociales. La hoja de ruta también plantea cerrar vacíos en las normas de etiquetado de productos procesados. Entre sus propuestas figuran eliminar las excepciones que permiten que algunos productos con etiquetas frontales pequeñas no lleven octógonos, exigir advertencias frontales en fórmulas infantiles y garantizar que se informe la presencia de componentes transgénicos en los alimentos.

También propone que se cumplan las sentencias de la Corte Suprema que ordenan adecuar los parámetros de la Ley de Alimentación Saludable a los criterios de la OPS/OMS.

El desafío es mayor en un país donde la crisis alimentaria golpea con fuerza a la infancia. En 2025, la anemia alcanzó al 43,7% de niñas y niños menores de tres años, según el INEI. Frente a ese escenario, fortalecer los programas alimentarios no implica solo aumentar raciones, sino mejorar su calidad, asegurar presupuesto, ordenar la información disponible y garantizar que la comida llegue a quienes más la necesitan.

Hacia una producción sostenible y saludable

Otro eje de la hoja de ruta mira el problema alimentario desde el campo. La propuesta parte de que no basta con asegurar que los alimentos lleguen a la población; también importa cómo se producen, en qué condiciones trabajan quienes los cultivan y qué tan seguros son los productos que llegan a mercados y hogares.

En el Perú, la agricultura familiar sostiene buena parte de la alimentación: 2,2 millones de pequeños agricultores producen cerca del 70% de los alimentos que llegan a las mesas. Pero esa contribución ocurre en condiciones precarias. La mayoría trabaja en una agricultura de subsistencia, con poco acceso a crédito, asistencia técnica, agua, infraestructura y mercados más justos.

Esa fragilidad se refleja en los hogares rurales: 4 de cada 10 personas que dependen de la agricultura están en situación de pobreza. También está alejando a los jóvenes del campo, según un análisis del economista Eduardo Zegarra para el INEI. Su participación en la agricultura familiar cayó de 10% en 2023 a 8,7% en 2024, una señal de que el relevo generacional se debilita.

Frente a este panorama, una de las prioridades de la propuesta es dar más respaldo a los agricultores familiares y promover una transición hacia formas de producción más saludables y sostenibles. Esto incluye impulsar la agroecología, un enfoque que reduce el uso de agroquímicos, diversifica los cultivos y promueve prácticas que cuidan el suelo, el agua y la biodiversidad.

Actualmente, solo el 5% de los alimentos cultivados en el país utiliza métodos agroecológicos, y la mayor parte de esa producción se destina a la exportación. A la vez, reportes oficiales y monitoreos realizados por organizaciones civiles que integran el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos han alertado sobre la presencia de residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos en productos vendidos en supermercados y mercados. Por eso, para la Plataforma por la Seguridad Alimentaria y Nutricional, avanzar hacia una producción más sana también es una medida de salud pública.

La hoja de ruta también señala que muchos pequeños agricultores trabajan solos, sin formar asociaciones o cooperativas. Eso reduce sus posibilidades de vender y negociar mejores precios, acceder a crédito, recibir asistencia técnica o llegar a nuevos mercados. Según la PSAN, cuando un agricultor pertenece a una asociación, sus ingresos pueden aumentar en 26%.

Para enfrentar estas brechas, el documento propone fortalecer la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobar un Programa Nacional de Transición Agroecológica y promover espacios de venta directa, como bioferias, agroferias y circuitos cortos entre productores y consumidores.

La propuesta también busca que las compras públicas se conviertan en un canal real para la agricultura familiar. Para ello, plantea modificar la Ley N.° 31071 para garantizar compras locales de alimentos saludables y reglamentar e implementar la Ley N.° 31872, que amplía este mecanismo a entidades públicas que compran alimentos para programas sociales, alimentación escolar, hospitales, cárceles, la Policía y las Fuerzas Armadas.

La medida permitiría atender dos problemas a la vez: mejorar la calidad de los alimentos que llegan a escuelas, comedores y ollas comunes, y generar ingresos más estables para pequeños productores.

Para la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Silvana Vargas, integrante de la plataforma, ese cambio de enfoque es fundamental. No basta con producir más alimentos, dice, si esa producción no mejora la alimentación de la población ni fortalece a quienes trabajan la tierra.

“Hay que trabajar desde una perspectiva que promueva la agricultura familiar, pero también la agroecología, es decir, no solamente producir alimentos, sino producir alimentos cada vez más sanos. Eso es lo primero”, señala Vargas.

FAO Perú señala que la producción de alimentos debe adaptarse mejor a la crisis climática. En una respuesta escrita enviada para esta nota, especialistas de la organización que participaron en las sesiones de la plataforma señalaron que una parte importante de la agricultura familiar es altamente vulnerable a sequías, lluvias intensas y otros eventos extremos. Cuando el campo queda expuesto, también se pone en riesgo el abastecimiento de alimentos.

Por eso, dos medidas resultan especialmente importantes: mejorar la gestión del agua y ampliar la asistencia técnica. La agricultura concentra cerca del 80% de la demanda nacional de agua, pero solo alrededor del 3,1% de productores accedía a servicios de asistencia técnica en 2024. Para FAO Perú, avanzar en riego tecnificado, cosecha de agua y apoyo técnico permitiría mejorar la productividad y hacer más resiliente la producción frente al cambio climático.

El eje de producción saludable apunta, en el fondo, a que no puede haber derecho a una alimentación adecuada si quienes producen los alimentos trabajan en pobreza, sin apoyo técnico, con poca agua y en un entorno cada vez más afectado por el clima.

Recuperar alimentos y fortalecer los mercados

La hoja de ruta también mira qué ocurre con los alimentos después de la cosecha. En un país donde millones de personas no acceden de manera regular a una alimentación suficiente, las pérdidas y desperdicios revelan otra falla del sistema: parte de lo que se produce nunca llega a ser aprovechado, aunque todavía podría destinarse al consumo humano.

Según FAO Perú, en el país se pierde o desperdicia casi la mitad del suministro anual de alimentos. La mayor parte se desecha antes de llegar a los consumidores: en el campo, durante la cosecha, el almacenamiento o el transporte. El resto se descarta en la comercialización y en los hogares.

Aunque existen normas para reducir estas pérdidas y promover la recuperación de alimentos, la PSAN advierte que su aplicación todavía es limitada. Por eso, la plataforma propone crear mecanismos de financiamiento público que hagan viable la recuperación en mercados mayoristas, centros de abastos y terminales pesqueros, además de revisar el reglamento de la Ley N.° 31477 para corregir vacíos y mejorar su implementación.

Los mercados no concentran la mayor parte de las pérdidas, pero sí ocupan un lugar estratégico en el sistema alimentario. Allí pueden recuperarse productos frescos que todavía son aptos para el consumo y acercarlos a ollas comunes, comedores y familias que los necesitan.

El documento advierte, además, que mercados, ferias y bioferias funcionan con reglas dispersas, infraestructura deficiente y una alta dependencia de decisiones municipales. Esa falta de un marco claro genera tensiones entre municipios y comerciantes, dificulta mejoras sostenidas y deja a las ferias de productores y de alimentos ecológicos sin políticas estables de promoción, fiscalización y funcionamiento.

Para Ana María Huaita, especialista en mercados y sistemas alimentarios locales y fundadora de CoMercado, estos espacios no son solo puntos de venta: son lugares donde se conectan productores, comerciantes, consumidores y territorios. Esa mirada coincide con lo que plantea la hoja de ruta sobre los mercados locales para sostener la comercialización de productos agrobiológicos y fortalecer la conexión entre productores y consumidores.

Una de las medidas centrales es crear una Autoridad Nacional para la Comercialización de Alimentos, con competencias sobre mercados y ferias. Esta entidad tendría la tarea de ordenar las normas existentes, actualizar la información oficial, mejorar la infraestructura y fortalecer la gestión de estos espacios. Para Huaita, una autoridad de este tipo permitiría ampliar el rol del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, hoy más concentrado en la producción, para acompañar mejor el acceso de los productores al mercado interno.

Ese ordenamiento también permitiría impulsar políticas de recuperación de alimentos. Entre 2020 y 2021, la Red de Ollas Comunes de Lima recuperó hasta 7 toneladas de alimentos en el Gran Mercado Mayorista de Lima. Tras las restricciones impuestas por la Municipalidad de Lima, esa recuperación se trasladó a mercados cooperativos y privados, donde el volumen bajó a un promedio de entre 2 y 2,2 toneladas por jornada.

Para Valerie León, gestora gastronómica sostenible, recuperar alimentos permitiría atender una necesidad urgente y, al mismo tiempo, conocer mejor dónde se pierde la comida. Si se identificara qué productos se descartan, en qué cantidades y en qué puntos de la cadena, sería posible planificar mejor su aprovechamiento y diseñar menús más nutritivos para las ollas comunes.

Garantizar alimentos libres de pesticidas

Activar los mercados locales también exige mirar la inocuidad de lo que se vende en ellos. La hoja de ruta incluye este punto dentro del eje de producción saludable: propone fortalecer al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) como autoridad nacional para supervisar los alimentos, especialmente frente al uso indebido de plaguicidas, en coordinación con gobiernos regionales y locales.

Los cinco estudios periódicos del Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos realizados desde 2023 han mostrado que el problema no termina en el campo. Sus análisis en mercados y supermercados han encontrado productos frescos con residuos por encima de los límites permitidos y, en algunos casos, sustancias prohibidas. En el cuarto monitoreo, realizado en 2025 con participación del Senasa y las municipalidades de Miraflores, San Borja y La Molina, 15 de 23 muestras superaron los límites legales y cinco contenían plaguicidas prohibidos por su alta toxicidad.

La evidencia oficial apunta en la misma dirección. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, basado en resultados del Senasa entre 2011 y 2024, encontró residuos de plaguicidas en 41 de 92 muestras tomadas en mercados. En más de la mitad de esos casos, las concentraciones superaban los límites permitidos. Entre los hallazgos apareció clorpirifos en tomate, pese a que el uso y la comercialización de plaguicidas con ese ingrediente activo están prohibidos en el país desde agosto de 2024 por sus riesgos para la salud y el ambiente.

Para la PSAN, estos datos muestran que no basta con mejorar la infraestructura o el ordenamiento de los mercados si los alimentos llegan sin controles suficientes. Por eso, la vigilancia sanitaria aparece como parte del mismo circuito: producir mejor, comercializar con reglas claras y garantizar que los productos frescos lleguen a la mesa sin poner en riesgo la salud de quienes los consumen.

El trabajo invisible que hace posible la alimentación

La hoja de ruta incluye un eje que atraviesa todo el sistema alimentario: el trabajo de las mujeres. Ellas producen, venden, compran, cocinan, organizan ollas comunes y mantienen redes de cuidado en sus barrios. Sin embargo, gran parte de ese esfuerzo sigue siendo invisible o se asume como una extensión natural de sus responsabilidades familiares y comunitarias.

Esa desigualdad también aparece en las cifras. Según el diagnóstico de la PSAN, la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres: 57,7% frente a 45,8%. La brecha refleja diferencias en ingresos, acceso a recursos, carga de cuidados y posibilidades de participar en los espacios donde se toman decisiones.

En mercados, ferias, comedores populares y ollas comunes, las mujeres cumplen un rol central en la alimentación de miles de familias. Pero muchas lo hacen sin ingresos estables, sin protección social y con jornadas que se suman al trabajo doméstico no remunerado. La PSAN advierte que muchas enfrentan una triple carga: cuidar a sus familias, generar ingresos y asumir trabajo comunitario.

La desigualdad es especialmente visible en los mercados de abastos. Aunque las mujeres representan el 65% del comercio en estos espacios, ocupan solo el 41,4% de los cargos administrativos en mercados minoristas y el 36,4% en mercados mayoristas. Es decir, garantizan buena parte del comercio cotidiano de alimentos, pero siguen subrepresentadas en los lugares donde se decide cómo funcionan esos espacios.

A esa falta de reconocimiento se suma un contexto de violencia y débil protección institucional. Según la hoja de ruta, más de 2,7 millones de mujeres realizan trabajos de cuidado familiar no remunerado en el Perú. Además, en 2023, el 53% de las mujeres fue víctima de violencia psicológica, física o sexual. En los territorios donde funcionan ollas comunes y comedores populares, preocupan la insuficiente atención de los Centros de Emergencia Mujer, la escasa capacitación en comisarías y la falta de rutas efectivas de denuncia y atención en salud mental.

Frente a ese diagnóstico, la Plataforma por la Seguridad Alimentaria y Nutricional propone medidas para que ese trabajo deje de ser tratado como ayuda voluntaria. Entre ellas, convertir las ollas comunes en espacios seguros frente a la violencia, impulsar programas de salud mental comunitaria, incorporar la preparación comunitaria de alimentos a la Política Nacional de Cuidados y reconocer el tiempo dedicado a cocinar colectivamente mediante subsidios o pensiones.

La hoja de ruta también plantea diseñar una oferta formativa para socias de ollas comunes y comedores populares que no concluyeron la secundaria, certificar la experiencia laboral de quienes cocinan en estos espacios y reconocer las enfermedades asociadas a la preparación comunitaria de alimentos como riesgos vinculados al trabajo gastronómico. Son medidas que buscan dar valor social, económico y sanitario a una labor que hoy permite alimentar a miles de familias sin suficiente protección.

Para Abilia Ramos, este reconocimiento es urgente. Desde su experiencia, las autoridades suelen valorar el trabajo de las mujeres solo de manera simbólica, sin traducir ese reconocimiento en presupuesto, protección o derechos.

“A veces romantizan el trabajo de la mujer: dicen ‘mira, la señora de la ollita’, pero no ven que son triples jornadas. Hacemos cuidado no solo a nuestra familia, sino a otras familias también. Y eso no ha sido reconocido”, señala.

La exministra Silvana Vargas coincide en que las ollas comunes no cumplen solo una función alimentaria, sino que también han sido redes de apoyo, organización y contención, especialmente durante la pandemia y en contextos de alta vulnerabilidad. Por eso, cualquier política pública que busque fortalecerlas debe mirar también la salud mental, la violencia de género, la protección social y las condiciones en que trabajan las mujeres.

El planteamiento de fondo es claro: el sistema alimentario peruano no puede seguir funcionando sobre el trabajo precarizado de las mujeres. Reconocer su papel no significa solo destacar su esfuerzo, sino garantizar condiciones dignas para que no carguen solas con una responsabilidad que también corresponde al Estado.