El excongresista fujimorista Héctor Becerril fue contratado por el Instituto Nacional de Salud para revisar un área sensible del Estado: los laboratorios del Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN), encargados de controlar la calidad de los alimentos que llegan a programas sociales como Cuna Más y el Vaso de Leche.
El contrato se concretó el 23 de febrero de 2026, mediante la Orden de Servicio N.° 0000360. Por ese servicio, Becerril debía recibir S/ 39,132 en tres pagos, a cambio de tres entregables. El primero fue presentado el 20 de marzo: un documento de 33 páginas dirigido al director del CENAN, Víctor Robles Pizarro.
Salud con lupa encontró que casi todo ese informe no era nuevo ni fue elaborado por Becerril. Desde la tercera página, el entregable reproduce —párrafo por párrafo, tabla por tabla— un informe de gestión que el biólogo Juan José Quispe Mejía había entregado once días antes al mismo director, al dejar el cargo de subdirector de los Laboratorios de Control de Calidad de Alimentos y Nutrición del INS.
Es decir, el Estado pagó por un diagnóstico técnico que ya había sido preparado dentro del propio CENAN por el funcionario saliente del área evaluada.
El error que delata la copia
El primer indicio aparece en la introducción del entregable. Becerril escribió que su informe “recoge la evolución de los laboratorios entre 2020 y 2026”. Sin embargo, su contrato pedía analizar el periodo 2020–2025, y todas las tablas del documento terminan en 2025.
La mención a 2026 coincide con el informe de gestión de Juan José Quispe Mejía, que sí cubría información hasta marzo de este año. Al adaptar ese texto, la referencia quedó en el documento presentado por Becerril.
En el mismo párrafo aparece otro cambio revelador. El informe original de Quispe decía que, “entre los años 2021 y 2022”, las funciones de control de calidad estuvieron a cargo de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos (DECYTA), un órgano de línea del CENAN. En el entregable de Becerril, ese periodo fue cambiado a “entre los años 2020 y 2022”, aunque el resto del texto se mantiene igual. Al cambiar el rango temporal para hacerlo coincidir con el periodo de la consultoría, el documento de Becerril introdujo un dato incorrecto en un documento que presentó como propio.
El resto del informe que entregó el excongresista mantiene la misma estructura y contenido del elaborado por Quispe: el marco normativo, la línea de tiempo institucional, las tablas sobre Cuna Más, el Vaso de Leche y EduCunas, los avances en acreditación, los análisis de tendencias, la matriz de desafíos pendientes e incluso las conclusiones y las recomendaciones hacia la siguiente gestión.
El entregable conserva el orden, los cuadros y buena parte de la redacción del informe que Quispe había dejado once días antes en el CENAN.
Becerril, el consultor
Héctor Becerril es químico farmacéutico y magíster en Ciencias de los Alimentos, pero es conocido principalmente por su actividad política. Fue congresista fujimorista entre 2011 y 2019, vocero de Fuerza Popular y una de las figuras más confrontacionales de ese partido en el Congreso. Desde entonces, su perfil público ha estado más asociado a la política que a la consultoría técnica en salud, nutrición o laboratorios de control de calidad.
También arrastra investigaciones fiscales. El Ministerio Público lo investiga en el caso “Los Temerarios del Crimen”, donde ha sido señalado como presunto “brazo político” de una organización criminal vinculada a la Municipalidad de Chiclayo. Además, enfrentó una denuncia constitucional por presunto enriquecimiento ilícito, archivada por el Congreso, y un proceso de extinción de dominio sobre un inmueble en Trujillo.
En julio de 2024, Becerril dejó Fuerza Popular. Unos meses después, en enero de 2025, anunció su incorporación a Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, que ha tenido presencia e influencia política en el sector salud durante los últimos años.
Su afiliación a APP se mantuvo hasta enero de 2026. En febrero, el Instituto Nacional de Salud lo contrató para un servicio especializado del CENAN.
Un contrato rápido y un perfil muy específico
La contratación de Becerril avanzó con una velocidad inusual. Los términos de referencia fueron firmados el 19 de febrero de 2026 por el director del CENAN, Víctor Robles Pizarro. Cuatro días después, el lunes 23 de febrero —con un fin de semana de por medio— el excongresista ya tenía la Orden de Servicio N.° 0000360 para realizar el "Servicio Especializado en Gestión de Salud para el CENAN".
El perfil exigido para el consultor era muy específico: químico farmacéutico titulado, egresado de una maestría en Ciencias de los Alimentos, Calidad Nutricional o Gestión Pública, cinco años de experiencia general y dos años de experiencia en el sector público en temas nutricionales. Los requisitos coincidían con el perfil de Becerril.
Para esta investigación, Salud con lupa no identificó consultorías previas de Becerril con entidades del sector salud ni experiencia específica acreditada en laboratorios, precisamente la materia técnica que abordaba el entregable presentado al CENAN.
Todo esto ocurrió mientras el actual ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, presidía el Instituto Nacional de Salud. Bajo su gestión se emitieron los términos de referencia y se firmó la orden de servicio. También fue Velasco quien, el 4 de marzo, aceptó la renuncia de Juan José Quispe Mejía a la subdirección de los laboratorios del CENAN.
Cinco días después, Quispe entregó su informe final de gestión al director del CENAN, Víctor Robles Pizarro, el mismo funcionario que, dos semanas antes, había firmado los términos de referencia que dieron origen a la consultoría de Becerril. El 11 de marzo, Velasco juró como ministro de Salud. Y el 20 de marzo, Becerril presentó como primer entregable un documento que reproducía casi por completo el informe que Quispe había dejado once días antes en la institución.
Semanas después, Quispe regresó al mismo cargo del que se había despedido. La nueva resolución ya no fue firmada por Velasco, que para entonces estaba al frente del Ministerio de Salud, sino por el nuevo presidente ejecutivo del INS, Víctor Suárez.
Las responsabilidades en juego
Especialistas en contrataciones públicas y derecho penal consultados por Salud con lupa señalan que los hechos deben ser investigados por los órganos de control y, de ser el caso, por el Ministerio Público.
Los abogados consultados advierten que, si se confirma que el Estado pagó por un producto presentado como original pese a que ya existía dentro de la entidad, las autoridades tendrían que evaluar si hubo responsabilidades administrativas y si los hechos encajan en algún delito contra la administración pública. Entre las figuras que podrían revisarse mencionan colusión, falsedad ideológica o peculado, aunque precisan que esa calificación debe ser determinada por una investigación formal.
Salud con lupa solicitó la versión del excongresista Héctor Becerril, del Instituto Nacional de Salud y de la sede central del Ministerio de Salud sobre el caso. Hasta el cierre de esta edición, no respondieron.
