La Contraloría puso bajo observación el circuito de decisiones que Salud con lupa reveló en su investigación sobre el pembrolizumab, un medicamento de alto costo usado contra varios tipos de cáncer y vendido por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme como Keytruda.
La jefa del Órgano de Control Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Susan Velarde, emitió un informe de orientación de oficio que recoge los principales riesgos expuestos por este medio: el INEN sustentó el uso de este fármaco con documentos aprobados bajo reglas menos exigentes y con la participación de médicos que, al mismo tiempo, intervenían en ensayos clínicos del mismo producto.
La acción de control empezó el 29 de abril, un día después de la publicación de Salud con lupa. El 11 de mayo, el órgano de control emitió un informe que fue notificado al jefe institucional del INEN, Francisco Berrospi Espinoza.
El informe no cuestiona el medicamento ni la necesidad de los pacientes de acceder a tratamientos contra el cáncer. La alerta está puesta en el proceso: cómo el INEN tomó decisiones públicas sobre una terapia que comprometió más de S/172 millones entre 2023 y 2025. Salud con lupa reveló que diez médicos de esta institución, vinculados a ensayos clínicos financiados por Merck Sharp & Dohme, participaron en documentos que facilitaron el uso del pembrolizumab en el sistema público.
En el documento, el Órgano de Control Institucional del INEN advirtió dos riesgos concretos en el proceso que siguió la institución para respaldar el uso del pembrolizumab en pacientes con cáncer.
El primero está relacionado con el tipo de documentos que usó el INEN para orientar tratamientos oncológicos. Según la Contraloría, la institución aprobó como “documentos técnicos” textos que, por su contenido, correspondían a guías de práctica clínica. Esta diferencia es clave porque las guías clínicas deben seguir procedimientos más rigurosos: revisar la evidencia científica con mayor detalle, justificar las recomendaciones y transparentar posibles conflictos de interés.
Es decir, el INEN usó documentos más flexibles para tomar decisiones que, en la práctica, podían guiar tratamientos en pacientes con cáncer. Para la Contraloría, eso pone en riesgo la aplicación rigurosa de lineamientos y criterios asistenciales.
El segundo riesgo apunta al corazón de la investigación periodística. La Contraloría revisó resoluciones jefaturales del INEN y las comparó con información del Registro Peruano de Ensayos Clínicos. A partir de ese cruce, advirtió que médicos que elaboraron o dieron visto bueno a documentos sobre pembrolizumab participaban, al mismo tiempo, como investigadores o coinvestigadores en ensayos clínicos asociados a ese mismo medicamento.
Esa doble condición —decidir sobre el uso de un fármaco y, a la vez, investigar ese producto en estudios patrocinados por la empresa que lo vende— puede afectar la objetividad de las decisiones adoptadas por el INEN, según el informe.
Salud con lupa había documentado ese patrón en su reportaje publicado el 28 de abril. Al cruzar cuatro resoluciones jefaturales del INEN con el Registro Peruano de Ensayos Clínicos, este medio encontró que diez oncólogos de la institución participaron en documentos que sustentaron el uso del pembrolizumab para cáncer de pulmón, melanoma, cáncer de mama triple negativo y cáncer de cuello uterino, mientras figuraban como investigadores en ensayos clínicos financiados por Merck Sharp & Dohme.
El informe de control no determina sanciones ni responsabilidades. Al tratarse de una orientación de oficio, su finalidad es advertir riesgos para que la entidad adopte medidas preventivas o correctivas. Sin embargo, sí valida la relevancia pública de la investigación: lo que Salud con lupa documentó como un riesgo de conflicto de interés ahora aparece señalado por la Contraloría como una situación que puede afectar la objetividad de las decisiones del INEN.
La Contraloría también recordó que los funcionarios públicos deben actuar con imparcialidad y evitar situaciones que puedan comprometer su independencia. Además, citó normas sobre medicamentos, ética pública y ética médica que exigen decisiones objetivas cuando está en juego la atención de pacientes y el uso de recursos públicos.
Como resultado del informe, el Órgano de Control Institucional recomendó al jefe del INEN informar qué acciones adoptará frente a las situaciones advertidas. La entidad tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para comunicar las medidas tomadas o previstas, con el fin de asegurar el rigor y la objetividad en la elaboración y aprobación de estos documentos.
La alerta llega en un momento clave. En los últimos años, el gasto público en cáncer se ha concentrado cada vez más en pocas terapias de alto costo, mientras los medicamentos oncológicos esenciales han recibido una menor proporción del presupuesto. Según la investigación de Salud con lupa, entre 2023 y 2025 el Estado destinó más de S/172 millones al pembrolizumab, uno de los principales medicamentos en ese grupo.
