Este viernes 28 de enero, el juez Romualdo Aguedo, del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla, ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra cuatro ejecutivos de Repsol, empresa operadora de la Refinería La Pampilla: Jaime Fernández-Cuesta, el gerente general de la compañía; Renzo Tejada, el jefe del Terminal Marítimo 2; Gisela Posadas, la gerente de Calidad Ambiental; y José Reyes, el gerente de Producción.
“Se puede advertir indicios fuertes de que se han contravenido las normativas que exigen a la empresa Pampilla cumplir con los mecanismos de seguridad y de contención mínimos necesarios para haber evitado los resultados que son de público conocimiento”, sustentó la Fiscalía. “Dada la magnitud de los hechos, existe peligro latente de que los imputados puedan tratar de huir de los hechos de los que se está investigando”.
El Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales, Julio César Guzmán, se adhirió al pedido y explicó que la pena para los investigados podría ser de hasta siete años si se comprueba el agravante de haber ocultado o falseado información. Los acusados, por su parte, indicaron que no apelarían la decisión que había sido tomada por el juez, pues tenían la intención de colaborar con la justicia.
El Poder Judicial aceptó, además, en el marco de esta investigación por el presunto delito de contaminación ambiental, el pedido de la Fiscalía de incautar el buque italiano Mare Doricum, que se encontraba inmovilizado en el Puerto del Callao desde el 16 de enero, un día después de que se conoció el derrame de petróleo.
La Fiscalía indicó que incluirá en la investigación a funcionarios de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por presuntamente haber omitido su labor de fiscalización.
En una conferencia de prensa llevada a cabo también este viernes, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, informó que Repsol no derramó 6000 barriles de petróleo como se creía, sino un total de 11.900 que se extendió hasta las playas de Chancay y afectó 11 637 hectáreas de mar y tierra. Un par de horas después, en un comunicado, la empresa indicó haber derramado 10 396. Cabe recordar que el primer día del derrame, Repsol aseguró solo haber vertido siete barriles en el mar, lo que pronto fue desmentido con imágenes y videos del desastre.
La causa real del derrame
El fiscal Ariel Tapia Gómez, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste, realizó este jueves una inspección al buque Mare Doricum para verificar los sistemas de descarga y recoger información sobre cómo sucedió el derrame y cómo actuó la tripulación. El objetivo principal del Ministerio Público ahora es averiguar cuál fue la causa real del desastre ambiental: ¿Por qué se rompió la estructura submarina? ¿Fue por un supuesto oleaje anómalo, como dijo la empresa, o no estaba en óptimas condiciones?
Para estas indagaciones serán claves las pericias a la pieza PLEM (Pipeline End Manifolds), un equipo de colección y distribución submarina que permite el paso del petróleo para la recepción o despacho. Según una inspección realizada por Osinergmin, la fuga se dio por una ruptura entre la conexión del tren de manguera que va al buque y el PLEM. De acuerdo con Repsol, se debió a que un fuerte oleaje rompió los cabos del buque y lo movió bruscamente contra la instalación.
“La pieza llamada PLEM, que une el tubo fijo de la manguera con el buque, se habría roto. Primero nos dijeron que habría una fisura y ahora se nos ha informado que se ha roto. Esto es objeto de pericia. Interesa saber si estaba en su condición óptima, si tenía los mantenimientos, a qué se debe esa rotura, si ha sido un tirón de la manguera, etc.”, explicó el fiscal Tapia Gómez en una entrevista.
Osinergmin está supervisando la extracción de esta instalación submarina para que pueda ser sometida a un análisis de esfuerzo y deformación, metalografía, entre otros. Pedro Isusi, gerente de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin, indicó este viernes en conferencia de prensa que de esta manera podrán “tener el análisis de falla y la causa raíz que está detrás de este incidente”.
El fiscal Tapia Gómez también se refirió a la tardanza de la empresa para contener el derrame como una de las causas de la magnitud del desastre. “Hay responsabilidad por una actuación demorada (...) Tenemos importantes elementos de convicción. Uno de ellos es que el derrame se habría advertido a las 17:18 exactamente, pero la presencia de quienes se encargaron de verificar (el derrame) y luego empezar las tareas de mitigación, se habría dado [recién] a las ocho de la noche”.
El fiscal fue claro en señalar que Repsol no pudo responder a la catástrofe que ocasionó. “No ha habido la capacidad de contener la fuga en su tubería y luego la propia contención de su presencia en la superficie del mar. Este trasvase submarino habría ganado a sus barreras de contención”, dijo.
El 25 de enero, la Marina de Guerra del Perú alertó que mientras hacía un vuelo de inspección por la zona, notó manchas de petróleo sobre el mar cerca al terminal multiboyas N° 2 de la refinería. Al día siguiente, el OEFA indicó que un nuevo derrame “se habría producido cuando se realizaban trabajos previos al retiro del PLEM” y que había iniciado una supervisión ambiental por estos hechos.
Luego de ello, Repsol emitió un comunicado precisando que lo ocurrido no había sido un derrame sino un “afloramiento controlado de remanentes”, y que la empresa había tomado todas las medidas de contención pues era algo que ya había previsto. Sin embargo, de comprobarse que hubo negligencia por parte de Repsol, se tomaría como un caso de reincidencia para las investigaciones que afronta, indicó Carol Mora, experta de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
El OEFA impuso a Repsol doce medidas para mitigar el derrame. Ya se venció el plazo de tres de ellas: identificación de las zonas afectadas, contención y recuperación de hidrocarburo, y la contención y recuperación del hidrocarburo en las ANP. La empresa no cumplió con ninguna.
Según Carol Mora, los procesos administrativos que afronta Repsol podrían demorar entre dos a tres años. Si lo lleva a la vía judicial, eso tomaría entre cuatro y cinco años más. Y para que las multas sean efectivamente cobradas, pasarán entre seis y siete años, en el mejor de los casos.
Ejecutivos y puertas giratorias
El directorio de Refinería La Pampilla, operada por Repsol, se encuentra conformado por personajes vinculados a grandes grupos económicos, que en algunos casos también se ha desempeñado como funcionarios públicos y/o han sido asesores en distintas entidades. El presidente del directorio y gerente general es el ciudadano español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena.
Una de las directoras es Elena Conterno Martinelli, actual presidenta del Instituto Peruano de Acción Empresarial IPAE, y directora de Enel Perú, Scotiabank, CrediScotia, Profuturo AFP y Pesquera Diamante S.A. Esta última compañía registra 339 procesos sancionadores desde 2015 al 2020 por el Ministerio de la Producción por haber excedido el número de toneladas permitido de pesca de anchovetas juveniles, de acuerdo a una investigación de Mongabay. Lo irónico es que Conterno fue ministra de Producción durante el segundo gobierno de Alan García, cargo desde el que impulsó la ley de límites de cuota de pesca de anchovetas.
Conterno también se desempeñó como presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería del 2013 al 2019. Según su reseña en la página de Repsol, ha sido parte del directorio de organismos públicos como Ceplan, Fondo MiVivienda, Cofide y Foncodes y ha brindado asesorías a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Desde el 2000 hasta el 2010, Conterno recibió más de 386 mil soles como proveedora del Estado.
Otra de las directoras es Caridad de la Puente Wiese. Es la presidenta del directorio de W Capital SAFI del Grupo Wiese, directora de SKY Airline, GR Holding (del grupo inmobiliario Los Portales), Laboratorios Portugal (socios de Sanfer, México), Futura Schools y Comunal. También se ha desempeñado como gerente general de Wiese Aetna Compañía de Seguros, como presidente del directorio de Seguros Sura y de Hipotecaria Sura, presidenta de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), miembro del directorio de la Confiep y del Consejo Nacional de Educación. Según el portal del MEF, de la Puente ha recibido en total, desde el 2016 hasta el 2021, 2 299 000 soles como proveedora del Ministerio de Producción.
Otros miembros del directorio que han ocupado puestos importantes son Luis Vásquez Madueño, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Automotriz del Perú; y José Luis Ibarra Bellido, miembro del Consejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y director alterno de la Confiep. Anteriormente Ibarra ocupó el cargo de director de IPAE. Además, fue condecorado con la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval por “haber contribuido al estrechamiento de los vínculos de amistad y cooperación con la Marina de Guerra del Perú” en 2015.
El 25 de enero, la refinería informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la renuncia de dos directores: Gianna Macchiavello Casabone de Zamorano y Orlando Jesús Carbo Conte. Según la empresa, ambos presentaron su renuncia en diciembre del año pasado pero recién fue aprobada en reunión de Consejo Directivo.
Carbo Conte es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú. Macchiavello, por su parte, ha trabajado como abogada en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También fue Jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y viceministra de Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo. Se ha desempeñado como árbitro comercial a nivel nacional e internacional, y es miembro de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la PUCP.
En la audiencia de impedimento de salida del país, tres abogados ejercieron la defensa de los ejecutivos de Repsol acusados: César Pantoja, Edward Calmet y Gonzalo Del Río. Pantoja es asociado al estudio Rebaza, Alcázar & de las Casas, el cual fue allanado en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht por presuntamente haber servido como puente para la constitución de una offshore con cuenta en Andorra. También fue una de las firmas que se sumó a la estrategia de impugnación de votos encabezada por Fuerza Popular en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. Calmet, por su parte, es asociado de Hernández & Cía al igual que Del Río, quien se ha desempeñado como abogado de la empresa Graña y Montero en el proceso por el caso Lava Jato.
