Durante el 2020, en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus, el Perú triplicó el número de niñas menores de diez que fueron forzadas a ser madres con un registro de 26 partos con ese rango de edad, casos que están directamente relacionados al repunte de la violencia sexual.
Así lo revela el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), una plataforma del Ministerio de Salud que registra los partos atendidos en los establecimientos sanitarios del país y que en 2019 había registrado solo 9 nacimientos en madres menores de diez años. Al ser un registro oficial la cifra ofrece una aproximación incompleta al problema de los embarazos de menores, al obviar a las niñas que tuvieron abortos o partos extrahospitalarios.
"Esas 26 son las niñas que lograron inscribir a sus hijos, pero no son todas las que salieron embarazadas o fueron víctimas de violación sexual", advirte Rossina Guerrero, directora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). Detrás de este drama, precisa, están las medidas de aislamiento social decretadas para frenar el avance del coronavirus, que durante meses mantuvieron cerrados los centros educativos, los servicios de salud y de atención a la mujer, con lo cual las niñas tuvieron que vivir mucho más largo tiempo junto con los principales agresores, que son personas de su entorno familiar o cercanas a ellas.
La Defensoría del Pueblo alertó esta semana que en 2020 hubo un incremento del 12 % de embarazos no deseados en Perú, especialmente en adolescentes que requerían de orientación sobre salud sexual y reproductiva. El impacto de la pandemia, sin embargo, podría ser mucho mayor.
El CNV revela que ese total de 26 niñas entre cero y diez años que dieron luz el año pasado -la mayoría de ellas en Lima (15)-, prácticamente triplica los casos contabilizados en 2019 (9) y multiplica por cinco los registrados en 2018 y 2017 (5).
Los partos de niñas embarazadas entre los 11 y los 14 años ascendieron a 1.155 y, en adolescentes de los 15 a los 19, la cifra repuntó a 47.369. En su gran mayoría, estos embarazos se traducen en nacimientos prematuros.
En paralelo, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) recibieron más de 13.840 denuncias de violencia sexual, el 43 % de las cuales fueron víctimas adolescentes entre 12 y 17 años (6.007) y el 20,7 % niñas de 6 a 11 años de edad (2.862).
De nuevo, estas cifras perturbadoras pueden plasmar apenas una visión parcial de la realidad, pues los mismos CEM dejaron de operar durante los meses de cuarentena estricta, entre marzo y julio, cuando muchas niñas y adolescentes se vieron atrapadas en casa, desprotegidas ante sus agresores.
En lo que va de 2021, ya se registraron tres nacimientos de madres menores de diez años; 98 de niñas entre los 11 y los 14; y 5.437 en jóvenes entre 15 y 19 años.
Embarazo adolescente, una emergencia
Las maternidades forzadas y el embarazo infantil y adolescente son asignaturas urgentes desde hace décadas en el Perú. Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 12,6 % de las adolescentes peruanas de entre 15 y 19 años ya eran madres o estaban embarazadas en 2019.
La directora de Promsex insiste en que ese promedio nacional "crece de manera brutal" en zonas selváticas como Loreto (33 %), donde existe una "altísima tolerancia a la violencia".
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) estima que siete de cada diez madres adolescentes no querían tener un hijo, algo que supone un claro riesgo para su salud física y mental. De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes entre 15 y 19 años en todo el mundo.
Muchas de ellas, además, se ven obligadas a abandonar la escuela, una realidad que en Perú afecta a ocho de cada diez menores embarazadas, según estima el Ministerio de Educación.
"Es algo totalmente lesivo para la salud mental de esa niña y para su desarrollo: la aleja de la escuela, la convierte en víctima de estigma en su comunidad y, si logra denunciar, la familia no la ve bien porque está denunciando a un hombre de su entorno", lamenta Guerrero.
La incongruente ley de aborto
A todo esto se suma la "incongruente y absurda" ley del aborto en Perú, una norma de 1924 que prohíbe la interrupción del embarazo, salvo en caso de amenaza a la vida o salud de la gestante.
"Tenemos un aborto permitido por riesgo de vida y por riesgo de salud, pero coexiste la penalización del aborto en casos de violación sexual" que, a pesar de establecer una pena "baja" de hasta dos años de cárcel, "logra estigmatizar la práctica y criminalizarla", critica Rossina Guerrero.
En agosto de 2020, el Ministerio de Salud dio un paso adelante al aprobar la norma técnica Nº 164, que garantiza el acceso a la anticoncepción oral de emergencia (AOE), conocida popularmente como la "píldora del día siguiente", y el aborto terapéutico de un embarazo forzado para evitar la muerte o daños severos en la salud mental o física de la gestante.
Aún así, el debate sobre la despenalización del aborto sigue abierto y no está exento de polémica en el país, donde, en pleno contexto de campaña electoral ante los comicios generales del próximo 11 de abril, se convirtió en uno de los temas de la agenda política.
En el extremo más conservador de esta polémica, el candidato presidencial y ultraderechista Rafael López Aliaga, que ocupa la segunda posición en las encuestas electorales con un 7 % de apoyo, propuso "ponerle un hotel de cinco estrellas" a las niñas víctimas de violación que quedan embarazadas, "con piscina y todo, con alimentación y todo", para luego decidir si quieren quedarse con el bebé o darlo en adopción.
