Durante el primer año de la pandemia, el Ministerio de Salud (Minsa) recibió cinco millones de bienes en donaciones de 25 empresas, 29 organizaciones internacionales y nueve gobiernos, valorizadas en más de 26 millones de dólares. En varias fotografías y notas de prensa aparecen autoridades sonrientes en ceremonias de recepción de estas donaciones -entre medicinas, mascarillas, protectores y equipos médicos- enviadas para fortalecer la lucha contra la covid-19 en el Perú. Sin embargo, no existe un registro transparente que permita conocer cuándo llegaron, dónde se almacenaron, cómo se asignaron y cuál fue su destino final. Este desorden en el manejo de bienes donados genera mala gestión y corrupción.
A partir de solicitudes de acceso a la información pública enviadas al Minsa y de la revisión de siete informes de la Contraloría, el equipo de Salud con lupa ha seguido el rastro de los bienes donados entre marzo de 2020 y febrero de 2021 y ha detectado irregularidades y vacíos legales en las entidades receptoras, como hospitales, municipios e instituciones ejecutoras del sector salud, que impiden vigilar el destino final de los bienes y su correcto uso.
Un caso que refleja esta situación ocurrió en el Instituto Nacional de Salud (INS) entre junio y setiembre del 2020, cuando recibió bienes donados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la International Atomic Energy Agency. La donación de esta última agencia consistió en primers (aparatos necesarios para el análisis de pruebas de covid-19) y sondas valorizados en 3,654 dólares. Estos insumos son indispensables para realizar las pruebas de diagnóstico moleculares, de crucial importancia para el rastreo del virus.
El ingreso al país de estas donaciones aparece en el registro de Aduanas al que tuvimos acceso. El problema empieza una vez que el Ministerio de Salud las asigna. El Laboratorio de Referencia Nacional del Virus Respiratorio, del INS, recibió los bienes, pero no registró su ingreso, salida y stock en el inventario.
Al no contar con un registro oficial, la Contraloría ha advertido en un reporte que existe el riesgo de pérdidas, robos y una inadecuada trazabilidad.
En el informe de control se alertó también que unos 135 primers y sondas ingresaron al INS sin contar con fecha de vencimiento. Esta ausencia de información representa un problema porque el laboratorio beneficiario los usaría sin saber si estaban caducos o no, lo que supone un riesgo de alteración en los resultados de pruebas moleculares.
Lo sucedido en el INS es uno de siete casos que desarrollamos en este reportaje basado en el cruce de la información de donaciones que solicitamos al Ministerio de Salud y los informes de Contraloría que fiscalizan el destino de algunos bienes donados.
Los responsables
El área del Ministerio de Salud que se encarga de coordinar las donaciones internacionales es la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional (OGCTI). Desde que comenzó la pandemia hasta febrero de este año estuvo a cargo del médico Víctor Raúl Cuba Oré, implicado en el caso Vacunagate, quien renunció días después de conocerse su vacunación secreta. A inicios de abril fue reemplazado por su colega Zarela Solís Vásquez, quien fue viceministra de Salud en 2010, durante la primera gestión del actual ministro Óscar Ugarte. Salud con lupa intentó comunicarse con ella, pero no obtuvo respuesta.
Según la Directiva Administrativa de Donaciones, publicada en octubre del 2019, la OGCTI se encarga de gestionar las donaciones internacionales al Minsa en situaciones de emergencia y desastres, es la responsable de hacer la verificación física de los bienes y de solicitar las actas de revisión a las demás áreas técnicas encargadas, antes de que puedan ser usadas y distribuidas. Entre ellas, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), en caso de productos farmacéuticos; la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) para alimentos procesados, juguetes, plaguicidas y desinfectantes, y la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM) para equipos médicos.
Sin embargo, durante los primeros meses de la pandemia, los procedimientos burocráticos no siempre se respetaron por la presión y el desorden interno para responder a la emergencia. Consultado sobre el tema, Víctor Zamora, exministro de Salud, relató que “la evaluación técnica de las donaciones fue más rápida y muchas veces se aceptaron y usaron bienes sin tener las resoluciones de aprobación”. Entre otras razones, porque se contaba con poco personal para agilizar los trámites.
¿Es posible que estas deficiencias halladas por la Contraloría puedan deberse a la rapidez con la que se aceptaron las donaciones? Este pudo ser un factor, pero no solo las oficinas del Ministerio de Salud no respetaron todos los procesos, sino también las entidades públicas receptoras.
La OGCTI distribuyó a hospitales y gobiernos regionales varias donaciones, las que debieron cumplir con un protocolo de verificación de su estado al momento de recibirlas y de dejar constancia con un inventario. Sin embargo, esto no ocurrió siempre.
El Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco recibió en octubre medicinas donadas por Médicos Sin Fronteras que no siguieron un protocolo específico. Para empezar, cuando revisamos la forma cómo el Ministerio de Salud reportó la donación sólo empleó los términos “medicinas diversas” y “medicamentos varios”. Recién, con el informe de la Contraloría, conocimos que la donación consistió en empaques de 1600 ampollas de dexametasona, 490 jeringas de enoxaparina, 200 protectores faciales, entre otros insumos para el manejo de la covid-19.
Como la mayoría de los beneficiarios de las donaciones, el hospital no contaba con una directiva interna que regule la recepción y registro de los insumos. Flora Melva Manrique Rojas, exjefa del almacén del hospital, le dijo a la Contraloría que durante el 2020 hubo “varias donaciones” que fueron recibidas sin las resoluciones de aprobación. Al respecto, el jefe de la oficina ejecutiva de Administración, Víctor Rómulo Pjlido, dijo que los documentos serían regularizados después.
¿Quién se encarga de darle el seguimiento al destino de los bienes donados al Minsa? Según el exministro Zamora, si se trata de hospitales, la OGCTI continúa con su supervisión, pero en el caso de las unidades ejecutoras, como el Instituto Nacional de Salud o el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y los municipios, deben continuar ellos mismos vigilando el destino de sus donaciones.
En lo que va de la pandemia, la Contraloría ha elaborado alrededor de 13 mil informes de control sobre diversas entidades del Estado (no solo Minsa), pero más de la mitad de deficiencias y observaciones alertadas no han sido corregidas hasta la fecha. La falta de una norma interna clara sobre cómo gestionar y rendir cuentas de las donaciones es el principal problema.
El contralor Nelson Shack le recuerda al Congreso que parte de sus funciones es darle seguimiento a los informes de control. Sin embargo, ni la Comisión de Salud ni la Comisión Especial para el seguimiento de las acciones frente a la covid-19 han abordado el problema. “Al no tener capacidad sancionadora, cualquier esfuerzo para prevenir, detectar y mejorar la gestión pública va a ser insostenible. No hay lucha contra la corrupción efectiva, si no hay sanción”, apunta Shack.
Sin reglas, nadie responde por las donaciones
En el Hospital Hipólito Unanue de Tacna hubo ‘desapariciones’ de insumos importantes para la prevención de la covid-19. Del 13 al 16 de julio, la Contraloría halló que de las 12 mil mascarillas donadas por Southern Copper- Grupo México, 300 no se hallaron en el almacén en el momento de la inspección. De la misma manera, las 594 mantas térmicas donadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) no fueron halladas pese a figurar en el acta de recepción. El hospital no informó a la Contraloría sobre su ubicación y destino.
Las 600 mascarillas KN 95 y 84 protectores faciales donados por la Gran Logia Femenina del Perú también se esfumaron. Solo quedan las fotografías de la recepción que figuran en el portal web del hospital, pero no fueron encontradas en el almacén.
En medio del desorden tampoco se hizo la evaluación de la calidad de los bienes donados antes de aprobarlos. Por ejemplo, 500 mascarillas KN95, donadas por Southern Cooper, fueron posteriormente observadas por el Departamento de Farmacia del hospital debido a que no eran de uso médico. Asimismo, las mascarillas desaparecidas carecían del adaptador del tabique nasal, necesario para una protección ideal frente a la covid-19.
Hubo otros equipos de protección personal y otros dispositivos médicos que no fueron ingresados por los canales correspondientes de donaciones y tampoco se hizo una adecuada verificación y control de calidad para su uso dentro del establecimiento.
El Hospital de Emergencias Villa El Salvador (HEVES) recibió respiradores faciales y artículos de limpieza de 25 empresas y organizaciones no gubernamentales, entre nacionales e internacionales, pero estas no se registraron con procedimientos transparentes y regulares entre el 20 y 31 de julio de 2020, según otro reporte de la Contraloría.
Los bienes no ingresaron al almacén central, no contaron con cartas de donación de las empresas y tampoco se encontraron en el registro contable. Es decir, este hospital no realizó los procedimientos adecuados para la recepción de estos bienes, y su personal a cargo aseguró no tener funciones definidas para cumplir esta función.
Salud con Lupa se comunicó con el área de prensa del HEVES, que aseguró que corrigió las fallas cuatro meses después del informe de control con la resolución directoral Nº 280-2020, en la que se establecen ahora las pautas para la administración y fiscalización del almacén general del hospital. Sobre el destino de los bienes, no entregó precisiones pese a que solicitamos estos datos.
Mientras que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) recibió una donación de la empresa Roche Farma en mayo de 2020 sin que esta apareciera registrada en el portal del Ministerio de Salud. La Contraloría detectó que la entidad recibió 590 unidades de gel antibacterial de un litro, pero no contó con la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de su calidad antes de distribuirlas en distintos servicios del hospital.
Además, se detectaron más deficiencias en dos municipios, uno local y otro regional, que recibieron donaciones de empresas nacionales. A la Municipalidad de Jesús María llegaron 8,000 mascarillas KN95 de la empresa Vanitex E.I.R.L. en enero de 2021.
Cuando la Contraloría realizó un análisis de control halló que las mascarillas fueron entregadas a las trabajadores sin que se respetara un criterio de priorización de los más vulnerables frente a la covid-19.
En la Municipalidad de Motupe, en la región Lambayeque, el ingreso y la distribución de tres termómetros, 300 mascarillas de tela reutilizable, 330 botellas de un litro de alcohol en gel, 600 litros de hipoclorito de calcio y lejía nunca fueron reportadas en un registro de donaciones. El municipio dijo que la regularización del documento de recepción estaba en espera porque la falta de personal les impedía realizar labores en plazos breves.
EPPs y medicinas, los insumos más donados
Con los pedidos de acceso de la información pública que respondió el Ministerio de Salud, conocimos que el 87% de las donaciones que recibió el Perú durante el primer año de la pandemia de covid-19 fueron Equipos de Protección Personal (EPP). Mientras que un 11% de los bienes fueron pruebas reactivas y medicamentos.
En el caso de las medicinas, las autoridades recibieron todo tipo de productos que pudieran usarse en emergencia sin muchas veces evaluar la evidencia disponible sobre su eficacia para tratar covid-19.
La empresa farmacéutica estadounidense Gilead Sciences INC donó, en tres oportunidades, unas 2,150 unidades de remdesivir, un costoso fármaco en monopolio, que se usó en más de 50 países para el tratamiento de la covid-19 en sus primeras etapas. Sin embargo, en noviembre del 2020, la Organización Mundial de Salud la desaconsejó luego de que los ensayos clínicos demostraron que no era eficaz para tratar la enfermedad.
De los ocho ensayos aleatorizados que evaluaron el remdesivir, ninguno ha logrado hasta el momento demostrar un efecto sobre la reducción en la tasa de mortalidad de pacientes con covid-19, aunque algunos estudios indicaron que su uso podría reducir el tiempo de mejora.
Las resoluciones ministeriales de estas donaciones de medicinas fueron aprobadas recién entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
La farmacéutica suiza Novartis donó 3,000 unidades de hidroxicloroquina, valorizadas en más de 37 mil dólares, en junio de 2020. Si bien en ese momento su eficacia no estaba plenamente demostrada con ensayos clínicos, hoy sabemos que se trata de una medicina que no funciona en covid-19. Sin embargo, el Perú mantuvo este medicamento en su guía clínica para el manejo de casos en forma ambulatoria y hospitalaria hasta noviembre pasado. Un mes antes, el estudio Solidarity de la OMS demostró que la hidroxicloroquina no ayuda a tratar la enfermedad. Solo entonces, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció su retiro de los protocolos oficiales.
En tanto, la empresa uruguaya Merck donó al Perú 1,260 unidades de su fármaco Rebif (interferón) entre mayo y junio de 2020. Cuatro meses después, tras el estudio Solidarity, la OMS dijo que “tiene poco o ningún efecto” en prevenir muertes o reducir el riesgo de contagio de coronavirus. Luego de la donación, la empresa firmó 35 contratos de ventas de medicinas y equipos de laboratorio al Estado peruano por más de siete millones de soles, según los registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Una de sus donaciones recién se formalizó en febrero de 2021 con una resolución ministerial.
No solo empresas enviaron medicamentos de uso de emergencia, también gobiernos como el de España. A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) donó 4,850 unidades de cloroquina, 1,500 de hidroxicloroquina y 720 de azitromicina en setiembre de 2020. En el caso de esta última medicina, el estudio internacional Recovery, basado en datos de 7 mil pacientes, concluyó que no ayuda para tratar covid-19. Esta agencia también donó productos que aún mantienen vigencia, como el paracetamol y la dexametasona, así como mascarillas, guantes y termómetros, valorizados en más de 118 mil dólares.
La OMS figura también como donante de bienes al Ministerio de Salud. En julio del año pasado entregó 750 unidades de interferón beta 1a, cuyos propios ensayos clínicos han descartado su eficacia para tratar covid-19.
En la información entregada a Salud con lupa, el Minsa reconoce al laboratorio chino Sinopharm como uno de los donantes pese a que la primera ministra, Violeta Bermúdez, rechazó en una conferencia de prensa esa relación luego de que publicamos una investigación que dio cuenta de esas entregas en fechas claves que coinciden con el Vacunagate.
Sinopharm entregó ventiladores mecánicos, concentradores de oxígeno, termómetros, mascarillas y trajes de protección, valorizados en más de 800 mil dólares al Minsa y a la Universidad Cayetano Heredia, responsable de conducir el ensayo clínico de su vacuna contra la covid-19 en el Perú. Estas donaciones llegaron cuando aún el país no cerraba la compra de vacunas y su ingreso fue aprobado por la entonces directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la Digemid, Sofía Salas Pumacayo, de quien ahora se sabe que estuvo implicada en el caso Vacunagate, al haberse inoculado en forma secreta dosis de Sinopharm.
El estado de emergencia con la pandemia se mantiene y el desorden administrativo y la falta de transparencia siguen siendo las constantes en el manejo de las donaciones. Un problema que heredará al próximo gobierno.
