Cuando Gerson López tenía 12 años se desmayó en el patio de su colegio, en la comunidad de Alto Huancané, en la provincia de Espinar, Cusco. Días antes, ya presentaba dolores de estómago, diarrea y náuseas, pero en el hospital más cercano solo le dieron unas pastillas analgésicas. Un año después, el personal del Ministerio de Salud (Minsa) llegó a su zona y le realizó unos exámenes de sangre y orina, cuyos resultados conoció, pero nadie le explicó su diagnóstico: Gerson tenía altos niveles de metales pesados en su organismo.
"Los médicos no nos dijeron nada de cómo curar o prevenir (la exposición a metales tóxicos). En una clase de mi colegio, entendí recién que la exposición a metales tóxicos nos estaba matando lentamente”, recuerda Gerson, de 21 años. Este joven cusqueño creció con problemas para sostener algunos objetos, lo que le impide trabajar, y, en ocasiones, también sangra por la nariz. Los médicos de la zona le siguen recetando analgésicos.
Como él, cientos de indígenas llevan años denunciando el abandono del Estado frente a la crisis de salud que afecta a la provincia de Espinar, donde el 78 % de los habitantes tiene altos niveles de metales y sustancias tóxicas en su organismo. Por eso, un reciente informe de Amnistía Internacional llama a las autoridades a diseñar e implementar un plan de emergencia que determine cuáles son las causas de la presencia de sustancias tóxicas en los cuerpos de esta provincia.
Lo que hasta ahora se sabe es que la comunidad de Gerson López es una de las once que están ubicadas en el área de influencia del proyecto minero Coroccohuayco, la extensión de la mina Antapaccay que opera la transnacional suiza Glencore. Por eso, Amnistía Internacional hizo un estudio basado en muestras de sangre y orina de 150 voluntarios que concluyó que casi ocho de cada diez presentó niveles de metales y sustancias tóxicas por encima de los valores de referencia.
En concreto, un 58 % tenía niveles elevados de arsénico en su cuerpo, un 29 % de manganeso, un 12 % de cadmio y, en menor medida, un 4 % de plomo y un 3 % de mercurio. Además, algunos comuneros reportaron síntomas neurológicos, como cansancio, dolor de cabeza, calambres y vómitos; otros de carácter respiratorio, digestivo, ocular, cardiovascular, reumático y dental, entre otros.
Sin embargo, para Gerson y varias familias cusqueñas ocurrió hace unos días un hecho que les ha dado esperanza de que el daño a su salud será reconocido y tratado: el Gobierno promulgó la primera ley que considera la contaminación por metales tóxicos como un problema de salud pública y que deberá ser abordado de manera intersectorial, con los diversos ministerios y gobiernos regionales y locales.
Esta norma declara de interés nacional la prevención y atención de las más de 10 millones de personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, según las estimaciones del Ministerio de Salud. Además, se ordena la elaboración y actualización de protocolos de atención y creación de un registro nacional de afectados. Sin embargo, varias de las víctimas consideran que aún hay pedidos olvidados.
Los vacíos de la ley
Como las guías de referencia del Ministerio de Salud para el tratamiento por intoxicación con metales pesados están desactualizadas (para el plomo no se revisan desde el 2017; en el caso de mercurio y cadmio desde el 2015, y de arsénico desde el 2011), el artículo cuatro de la ley resulta relevante porque se habla sobre la necesidad de elaborar y actualizar los protocolos para el diagnóstico y atención de los afectados. De esta manera, se espera que los especialistas ofrezcan una atención completa a las víctimas.
Sin embargo, el diagnóstico de metales pesados no es fácil, y muchas veces los síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades. “Solo se limitan a tomarnos exámenes de sangre y orina, y, si sale que tenemos una infección urinaria, nos destinan al urólogo, pero no recuerdan que el cadmio también nos pueden estar causando esa enfermedad y otras”, dice Yolanda Zurita, una de las voceras de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, quien vive desde hace décadas con altos niveles de metales pesados en el cuerpo.
Los problemas para identificar adecuadamente la afectación en la salud de un paciente por intoxicación con metales pesados se deben también a la falta de especialistas en toxicología, un tema que no se menciona en la norma. Por eso, en su informe, Amnistía Internacional recomienda que los protocolos actualizados se basen en evidencia científica que se esté usando a nivel internacional.
La falta de un diagnóstico claro también podría impedir el avance de un tema clave considerado en la ley: la creación y actualización de un registro de afectados por metales tóxicos y otras sustancias químicas. Según el artículo 5 de la ley, este registro será construido a partir de la información obtenida en atenciones médicas realizadas en los establecimientos de salud del Estado. Pero ¿qué ocurre con los que no han sido diagnosticados como afectados por metales tóxicos en un centro de salud?
Karem Luque, coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, afirma que un problema es que la norma no está considerando a las personas como “expuestas” a los metales pesados y las continúa tomando como “afectadas”, lo cual es distinto porque en una misma familia todos los miembros están expuestos al riesgo de la contaminación al consumir, por ejemplo, agua de la misma fuente, pese a no contar con un diagnóstico que los califique como afectados.
La especialista en salud ambiental espera que estos vacíos sean considerados cuando se elabore el reglamento de esta ley, que deberá ser aprobado por el Ejecutivo en un plazo máximo de 90 días. Sin embargo, considera que el registro es un avance porque podrá especificar en qué distritos y regiones están los más afectados.
El financiamiento para los diagnósticos y tratamientos de afectados es otro punto en el que repara Yolanda Zurita, de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, ya que encuentra que se ha considerado el mismo presupuesto destinado hasta ahora para ejecutar diferentes actividades de prevención y atención. Ella considera que el monto no será suficiente ante la magnitud de poblaciones afectadas y plantea que los gobiernos regionales destinen más recursos a esta labor.
Denuncias acumuladas por años
Antes de la aprobación de la ley, la lucha de las poblaciones afectadas por metales pesados había logrado importantes avances. En 2018, el Minsa aprobó los lineamientos para la atención de las personas expuestas a metales pesados. Y también en algunas regiones, como Junín, se han dado ordenanzas para la atención de las personas afectadas por sustancias tóxicas.
Sin embargo, el logro más relevante es la formación de la Comisión Multisectorial, en julio de 2020. Está integrada por representantes de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Salud, Vivienda, Agricultura, Trabajo, Cultura, Mujer, Producción, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. Todos agrupados con el fin de crear un plan para atender a la población expuesta a metales pesados, que debería estar listo el próximo mes y podría ser aplicado tras la reglamentación de la ley.
Según Yolanda Zurita, durante estos meses están trabajando en esa línea aunque el Ministerio de Energía y Minas no escucha los pedidos de la Plataforma Nacional en las sesiones de la Comisión Multisectorial al no permitir que ejerzan su derecho a la participación ciudadana.
Por eso, Zurita dice que la nueva ley es como su partida de nacimiento “porque nos facultará y permitirá incidir en diferentes sectores. Ahora tenemos un respaldo”.
Para Karem Luque, esta ley es una respuesta un poco tardía, pero muy significativa porque se logra después de muchos años y tras casos emblemáticos como los de Cerro de Pasco, La Oroya y Espinar, así como varios derrames de petróleo que han afectado a pueblos amazónicos.
Actividades extractivas
En febrero del año pasado, Kiara, una adolescente de 13 años, viajó junto a su padre desde Cerro de Pasco hasta la sede del Ministerio de Salud (Minsa) en Lima para ser escuchada y pedir al Gobierno ayuda con su tratamiento contra la leucemia mielitis. Ella está entre los cerca de tres mil niños afectados por la contaminación con metales pesados en esa región, según cifras reportadas por el Minsa en el 2018.
Por eso, varias familias llegaron a hacer una huelga de hambre frente al ministerio a comienzos del año pasado, pero la pandemia de la covid-19 llegó justo en ese periodo y su lucha nuevamente fue olvidada.
Si bien aún no se ha comprobado de qué manera o cuánto afecta la presencia de actividades extractivas a la salud de las personas, algunas empresas mineras no cumplen con los estándares de calidad ambiental. Según la Organización de Evaluación de Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA), la empresa Volcan, cuyo accionista principal es el conglomerado suizo Glencore, que opera en Cerro de Pasco, está entre las compañías más multadas por haber cometido diferentes infracciones ambientales en nuestro país.
El caso de los niños contaminados en Cerro de Pasco ha sido una de las denuncias que más se ha documentado. En 2020 parecía que ganarían la batalla contra la empresa suiza al lograr un referéndum para saber si la compañía debía enfrentar cargos de violaciones a derechos humanos y daños ambientales, pero la iniciativa no prosperó.
No es el único caso donde la empresa Glencore mantiene denuncias por la afectación a la salud. En Espinar, Cusco, donde vive Gerson López, desde hace casi una década los pobladores han iniciado marchas para responsabilizar a la mina Antapaccay, del conglomerado suizo, por la contaminación por metales pesados. Según reportes recientes del Minsa, en Cusco existen alrededor de 342,660 personas en riesgo de exposición a metales pesados.
El avance más reciente para esclarecer el problema y determinar responsabilidades ha sido la conformación de una comisión multisectorial en Espinar, presidida por el Ministerio del Ambiente, para investigar cómo han afectado los metales tóxicos a esta población. Los resultados podrían estar listos este mes.
¿Qué efectos tiene sobre la salud la contaminación por metales pesados?
Cada metal y cada elemento químico contaminante tienen un mecanismo de acción y un lugar de acumulación en el organismo. El más conocido es el plomo, que afecta varios sistemas, por ejemplo en el sistema nervioso llega a dañar las neuronas. El plomo afecta también a la médula ósea y otro lugar donde es frecuente encontrarlo es en el riñón.
Otro metal pesado es el cadmio que también afecta al riñón y otro que no es exactamente un metal pero es un contaminante es el arsénico. Este tiene un efecto directo en las mitocondrias. Los daños en sí son muy diversos dependiendo de cada metal, pero en general se puede decir que hay lesión celular.
La intoxicación por plomo puede simular otras enfermedades, como por ejemplo la esclerosis, que es una enfermedad incurable muy complicada en cuanto a sus síntomas. Se daña el sistema nervioso y se presentan síntomas como parestesias, fatiga, etc. En cuanto al riñón, los metales pesados a la larga van a producir daño renal que puede llegar hasta una insuficiencia renal.
¿Cómo se eliminan del cuerpo estos metales pesados?
Nos se eliminan y si se eliminan es en muy baja escala. Entonces, su efecto es más bien acumulativo. Los metales pesados no son metabolizados y los que están diluidos en la sangre, siempre se encuentran en alguna parte dañando. Si la contaminación es muy alta se acumula en el pelo.
