El regalo de los fabricantes de pesticidas al Midagri

Entre febrero y noviembre de 2023, la asociación Cultivida, que representa a las empresas fabricantes de agroquímicos en Perú, se reunió al menos tres veces con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para donar dos herramientas para la evaluación de los riesgos medioambientales de sus plaguicidas. En concreto, las empresas tuvieron especial interés en que el Estado incorpore dos programas informáticos elaborados por ellas para simular los efectos de los pesticidas en fuentes de agua cercanas a los cultivos donde se aplican estas sustancias.   

Estas herramientas fueron desarrolladas por CropLife, la organización matriz que gestiona a nivel global los intereses de las corporaciones Bayer, Syngenta, FMC, BASF, Sumitomo Chemical y Corteva Agrosciences a través de 91 asociaciones, entre las que está incluida su representante peruana Cultivida, cuyo presidente actual es Yovanny Jiménez, de la empresa Syngenta. 

Para Cultivida, la entrega de estas herramientas informáticas no significa una interferencia de la industria de agroquímicos en el sistema evaluador peruano, sino un aporte para mejorar el trabajo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Midagri, la instancia responsable de revisar los impactos de los agroquímicos en los ecosistemas. Sin embargo, algunos representantes de organizaciones civiles que vigilan el uso de pesticidas en el país consideran que este regalo constituye un potencial conflicto de interés porque la industria está tratando de influir en las opiniones técnicas del Midagri. 

“Los fabricantes de pesticidas ofrecen estas herramientas como una estrategia para decir que están controlando el uso desmedido de los pesticidas en los cultivos”, dijo Juan Sánchez, consultor en políticas de desarrollo rural y actual director de la Red de Agricultura Ecológica del Perú. Mientras que el abogado y excongresista Jaime Delgado señaló que, si el Midagri pretende cambiar el proceso de evaluación medioambiental de los plaguicidas, no es conveniente que sea revisado o elaborado por las empresas que van a ser fiscalizadas. “El ente regulador no puede sentarse en la misma mesa con los que van a ser regulados”, advirtió.

Hay antecedentes que hacen encender las alertas. 

A través de CropLife International y sus satélites, los fabricantes de pesticidas han intervenido en las políticas regulatorias para impedir que se restrinja o limite el uso de sus productos en varios países del mundo. Por ejemplo, en el marco de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) en 2015, CropLife International se interpuso en las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para evitar que se apliquen los mismos estándares sobre pesticidas y que se prohíban las sustancias consideradas disruptores endocrinos. 

Además, en un informe de 2017, los relatores de Naciones Unidas Hilal Elver y Baskut Tuncak advirtieron lo siguiente: “Los esfuerzos de la industria de pesticidas para influir en los formuladores de políticas y los reguladores han obstruido las reformas y paralizado las restricciones globales a los pesticidas en todo el mundo. Cuando se cuestionan, las justificaciones incluyen afirmaciones de que las empresas cumplen con sus propios códigos de conducta, o que sigan las leyes locales”. 

En este mismo documento, se describieron varias de sus estrategias: cuestionar las pruebas científicas de los peligros asociados a sus productos, infiltrarse en los organismos de gobierno, hacer donaciones a instituciones que realizan investigaciones relativas a los plaguicidas, orquestar campañas para evitar la prohibición de sustancias y mantener ocultos sus propios estudios, como ocurrió con la evidencia del paraquat y su relación con la Enfermedad de Parkinson. 

Las redes de la industria

Cultivida fue creada en 2010 como una asociación que representa a las filiales peruanas de empresas globales vinculadas a pesticidas y semillas. Actualmente, la integran 23 compañías, entre las que se encuentran Syngenta, FMC, Summit Agro, Adama, Bayer, Corteva Agrosciences y UPL. 

En la gestión de sus intereses, Cultivida ha estrechado su relación con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la instancia que aprueba el uso de pesticidas en Perú, y a la que ha dado capacitaciones virtuales y talleres presenciales sobre el manejo y aplicación de agroquímicos, según los reportes de estas actividades que aparecen en su página web y redes sociales.

Asimismo, Cultivida integró en 2018 una mesa técnica dirigida por el Senasa en la que se desestimó una relación entre la mortandad de abejas y el uso de pesticidas a pesar de los estudios usados por la Unión Europea ese mismo año para prohibir tres pesticidas que afectan a los polinizadores: clotianidina, imidacloprid y tiametoxam, los cuales todavía están permitidos en Perú.

Precisamente, durante las reuniones de esta mesa técnica, se anunció que Cultivida estaba trabajando con el Midagri en herramientas para la evaluación de los plaguicidas utilizados en cultivos de tomate, maíz y espárragos. Desde entonces, la industria de agroquímicos ha difundido notas de prensa que resaltan que las autoridades de Perú y Colombia utilizarán dos modelos desarrollados por un equipo de científicos de la consultora Waterborne Environmental y las empresas afiliadas a CropLife -matriz de Cultivida-  con una inversión de US $107,000. 

El primer modelo, denominado “Herramienta Acuática Andina de Tamizaje”, cuantifica los niveles de residuos de plaguicidas que quedan en aguas superficiales por efecto de las lluvias. Este factor de riesgo es importante porque ha sido descubierto y denunciado en algunos plaguicidas como la atrazina, responsable de contaminar los suministros de agua de más de 1,000 comunidades de Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Missouri y Ohio en Estados Unidos.

La segunda propuesta es el “Modelo de Exposición de Plaguicidas en Agua (ANDES)” para calcular el impacto de las sustancias de los pesticidas en el suelo y las fuentes de agua que hay alrededor de los cultivos, como explica una guía publicada por CropLife. 

Cultivida propuso que el modelo ANDES se use como un criterio de evaluación previo al registro de un plaguicida, una tarea que pasa por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Midagri que emite los informes técnicos ambientales para autorizar la venta de cualquier pesticida en Perú. Es decir, esta organización que gestiona los intereses de los fabricantes de pesticidas quiere que el Estado peruano use un instrumento hecho por ellos para evaluarlos a ellos. “Son modelos que facilitan la evaluación de riesgos. Solo estamos buscando mejoras”, dijo Rubén Carrasco, director ejecutivo de Cultivida, a Salud con lupa. 

Entre febrero y mayo del 2023, hubo dos reuniones entre el entonces jefe de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Juan Carlos Castro Vargas, el exdirector ejecutivo de Cultivida, Carlos Benjamín Caballero, los especialistas en asuntos regulatorios Karen Lazo Villanueva (Bayer), Paola Livia Pumacayo Espinoza (Point Andina), Paula Leonor Castro Medina (Summit Agro), el jefe técnico de la empresa de pesticidas Drokasa Perú S.A. y Ximena Patiño, gerente de Seguridad Ambiental de Bayer. 

Una tercera reunión se registró en septiembre del 2023 a la que acudió la representante de Bayer, Karen Lazo Villanueva, y Patricia Parodi Macedo, especialista en temas regulatorios de Dow AgroSciences. En esta reunión también participó el ingeniero agrónomo Juan Carlos Rengifo Árevalo de la Dirección de Gestión Ambiental Agraria del Midagri, quien ha trabajado antes en las empresas Syngenta, Novagro y Neoagrum, de acuerdo a información que revisó Salud con Lupa. Además, Rengifo ha firmado por lo menos cuatro informes de impacto ambiental favorables para el registro de plaguicidas de Syngenta. 

El actual director ejecutivo de Cultivida le dijo a Salud con Lupa que todas estas reuniones fueron para coordinar los avances de las herramientas ofrecidas al Midagri. 

Una presentación a puertas cerradas

El último 11 de abril fue clave en el proceso de incorporación de las herramientas de la industria de agroquímicos al Midagri. En un auditorio del ministerio a donde acudieron representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, Agri Tierra y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú se presentó la plataforma web "Midagri previene" que incorpora una de las herramientas ofrecidas por Cultivida, el Modelo de Exposición de Plaguicidas en Agua (ANDES). Cultivida se encargó de difundir esta actividad a través de sus cuentas de redes sociales, como se observa en las siguientes imágenes:

Cuando consultamos por detalles, no hubo respuesta del Midagri. Sin embargo, a través de una nota de prensa publicada días después, el ministerio informó que la plataforma ayudará a las empresas de agroquímicos a conocer si sus productos serán aprobados y les permitirá ahorrar tiempo y recursos económicos durante la etapa de evaluación de riesgos ambientales. En ninguna parte de su comunicado, el Midagri menciona que la herramienta que utilizarán para la evaluación fue entregada por CropLife. 

CropLife también fue consultado por el acuerdo con el ministerio, pero se negó a dar una declaración. 

“El Midagri debe transparentar en qué términos se desarrolló esta herramienta y en qué medida compromete su independencia. Si realmente quiere hacer un control sobre los riesgos de los pesticidas, es mejor reunirse con expertos independientes, con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y otras entidades como el Instituto Nacional de Calidad. La industria de agroquímicos puede proponer una tecnología, pero comprometerse con ellos a hacer de manera conjunta una herramienta, puede ser peligroso”, advirtió Jaime Delgado, expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) y actual asesor de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. 

La entrega de regalos de parte de privados a entidades públicas no constituye un delito en Perú; sin embargo, no deben implicar un favorecimiento o contraprestación a cambio, explica la abogada penalista Romy Chang. Además, las entidades que reciben algún obsequio o donación deben hacerlo público. "No se puede esconder. No importa si es una herramienta o programa informático porque tiene un valor", agregó la especialista.

Cultivida está desarrollando otro proyecto con el Senasa que consiste en certificar a un grupo de capacitadores para que brinden información a los agricultores sobre cómo aplicar los pesticidas en sus cultivos. De esa forma, según la asociación, se podrían evitar las intoxicaciones por una mala manipulación de los pesticidas. Pero hay varios otros factores que afectan a los pequeños agricultores como no tener condiciones laborales formales, carecer de equipos de protección personal y evaluación médica permanente. 

Proyectos de ley rechazados por Cultivida

Cuando se han presentado proyectos de ley que afectan el mercado de pesticidas en el país, Cultivida ha tratado de frenarlos con advertencias sobre los impactos económicos para los agricultores. En abril y julio del 2023, dos propuestas legislativas fueron admitidas por la comisiones Agraria y de Salud para proponer un veto a las sustancias químicas peligrosas empleadas en la fabricación de pesticidas. En ambos casos, en cartas enviadas el 21 de septiembre y el 9 de noviembre al entonces presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo Rivas, Cultivida señaló que el Parlamento no puede usurpar las funciones del Senasa, ya que esta es la única entidad del Estado que prohíbe el uso de un plaguicida. 

Hasta la fecha, 42 sustancias han sido prohibidas por el Senasa entre los años 1991 y 2023, un número pequeño para todos los pesticidas peligrosos que ya están prohibidos en los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Frente a ello, la Comisión Especial Multipartidaria del Programa Hambre Cero presentó el proyecto de ley N° 04814 que plantea prohibir otras 11 sustancias químicas (methomil, oxamil, clorpirifos, glifosato, mancozeb, imidacloprid, thiametoxam, clotianidina, fipronil y cipermetrina). 

Sin embargo, Cultivida dijo que quitarlas del mercado implicaría cancelar el registro de 948 plaguicidas utilizados en una variedad de cultivos como papa, maíz, tomate, algodón y café. Además, impactaría en 91 empresas que tienen plaguicidas registrados con estas sustancias gracias a que no están patentadas y eso les permite combinarlas con otros plaguicidas y venderlos con nombres comerciales distintos. 

Con argumentos similares, Cultivida se opuso también al proyecto de ley N° 05630 que propone prohibir los plaguicidas clasificados como extremadamente peligrosos y altamente peligrosos por la Organización Mundial de la Salud. Además, la organización de fabricantes de pesticidas dijo estar preocupada por los agricultores: “Los que siembran papa, arroz u hortalizas utilizan el glifosato porque es barato, pero si le quitamos esa opción, no hay otro producto que tenga el mismo efecto”, afirmó Rubén Carrasco, representante de Cultivida. 

Por ahora, los dos proyectos de ley se han estancado en la comisiones Agraria y de Salud y por eso todavía no pasan a debate en el Pleno del Congreso. 

El acuerdo entre CropLife y la FAO

Mientras Cultivida gestiona los intereses de las empresas de plaguicidas a nivel local, su matriz CropLife lo hace a nivel internacional. En octubre del 2020 firmó una carta de intención con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el propósito de intercambiar conocimientos y tecnología para reducir los riesgos de los pesticidas. Sin embargo, detrás de este acuerdo, hay beneficios para la industria. Por ejemplo, Syngenta -unas de las compañías que componen CropLife- logró ser el mayor proveedor de pesticidas de emergencia en los países de Asia y África gracias a autorizaciones dadas por la FAO, de acuerdo a una investigación del medio alemán Das Erste. 

Bajo la dirección del biólogo chino QU Dongyu, la FAO ha redireccionado su política para buscar la colaboración y apoyo económico del sector privado. Sin embargo, este diplomático -que ha sido reelegido en 2023 para un segundo mandato- ha sido cuestionado porque facilitó desde la FAO que los países de África se abastezcan con tres de los pesticidas más peligrosos del mercado a pesar que causaban daños graves a los seres humanos, peces y mamíferos. La FAO ha rechazado estos cuestionamientos, justificando el uso de pesticidas convencionales como una solución rápida y eficiente para prevenir el daño en los cultivos. 

Apenas la FAO anunció la carta de intención con CropLife generó el rechazo de numerosas oenegés ambientales como Pesticide Action Network International, International Pollutants Elimination Network y el Instituto de Agricultura y Política Comercial, además de investigadores, académicos y científicos debido a los daños ambientales y el costo en la salud humana de cientos de miles de agricultores que causa la industria de pesticidas. 

“La FAO debe promover soluciones a la agricultura, pero sin sacrificar la salud y el medioambiente. Nos gustaría que tomara distancia de los intereses de las corporaciones porque ellos vienen con una ofensiva más amplia”, advierte Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, una de las organizaciones que se sumó a la petición colectiva en contra del acuerdo con CropLife. 

La industria de agroquímicos asegura que está comprometida con desarrollar nuevos productos seguros para los agricultores, pero la FAO no puede confiar únicamente en que la industria tomará la decisión más adecuada, dice Bejarano. 

La carta de intención también pone en duda la independencia y neutralidad de la FAO y afecta uno de sus objetivos más importantes como la reducción de la dependencia de los pesticidas en el mundo. “Es incompatible con sus obligaciones de defender derechos humanos como el derecho a una alimentación adecuada, a la salud, al agua potable, a condiciones de trabajo seguras y a un medio ambiente limpio y saludable”, advierten en un reporte las organizaciones Corporate Accountability y FoodFirst Information and Action Network (FIAN) International.