La Asamblea Legislativa que recién se estrenó en El Salvador dio este miércoles una nueva sorpresa al proponer un decreto que blinda a los funcionarios involucrados en irregularidades de las compras de insumos para enfrentar la pandemia de covid-19.
La ley, aprobada con 63 votos, fue denominada “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de covid-19". Sin embargo, en el contenido de la misma lo que destaca es que ahora el Ministerio de Salud (Minsal) y todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud podrán hacer contrataciones directas fuera de las reglas que establece la Ley de Compras y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP).
“Las instituciones contratantes podrán suscribir y obligarse a través de pliegos de términos y condiciones vinculantes con los proveedores nacionales y extranjeros de forma previa a la firma de contratos definitivos”, establece el artículo 8. “Por ser una materia de orden público, la anterior autorización tendrá efectos retroactivos para todos aquellos pliegos de términos y condiciones vinculantes firmados por las instituciones contratantes con los proveedores nacionales o extranjeros desde la declaratoria de la pandemia covid-19 por la Organización Mundial de la Salud”, añade.
“De ninguna manera es de orden público proteger a personas por un manejo indebido de fondos”, señala el abogado Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, una organización que promueve la transparencia y la rendición de cuentas.
La OMS declaró el 11 de marzo que la transmisión del virus SARS-CoV-2 se había convertido en una pandemia. En ese entonces, quien fungía como ministra de Salud e hizo las primeras compras millonarias de equipos de protección e insumos médicos era Ana Orellana. El 27 de marzo, fue juramentado el doctor Francisco Alabí como ministro y es quien ha estado al frente de las decisiones, firmando la mayoría de contratos.
“Acá el punto es la impunidad, lo que hay de por medio es borrar cualquier posibilidad de que los implicados en el mal manejo de fondos públicos puedan ser investigados y llevados hacia los tribunales de justicia”, insiste Escobar.
Los diputados que se encargaron de defender el decreto dijeron que la emergencia sanitaria es excepcional. “Nuestras leyes quedaron cortas ante la pandemia”, dijo el diputado de Gana Guillermo Gallegos. El 14 de marzo de 2020 la Asamblea decretó Emergencia Nacional y con ello se ponía en marcha los criterios de compras directas para emergencia que establece la LACAP en sus artículos 70 y 72. Sin embargo, el gobierno no estuvo satisfecho e insistió en que necesitaba más flexibilidad y agilidad para acceder a los insumos necesarios, así fue como el 23 de marzo los diputados aprobaron reformas a la Ley de Emergencia (decreto 606), en el que se otorgó la potestad al Ministerio de Hacienda para que estableciera otros lineamientos de compras.
Gracias a estos lineamientos se dejaron de lado los principios de competencia y máxima publicidad que establece la LACAP, y los distintos ministerios comenzaron a hacer contratos directos para compras de mascarillas, equipos de protección y medicamentos con empresas nacionales y extranjeras sin revisar antecedentes, experiencia ni pedir garantías de fiel cumplimiento. Otra de las claves fue hacer transferencias del dinero a utilizar al Fondo de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMYD), ya que esta Ley permite ignorar, mientras dura la emergencia, la LACAP.
Una de las condiciones que pusieron los diputados es que los ministerios debían enviar informes detallados con montos y detalles de los proveedores. Dichos informes solo fueron entregados parcialmente el primer mes. Este tipo de controles molestaban al presidente Nayib Bukele y su secretario privado, Ernesto Castro, quienes señalaban que la oposición estaba entorpeciendo la tarea de salvar vidas al imponer estos requisitos. Castro fue electo diputado en febrero pasado y ahora es el presidente del Legislativo.
El virus de la corrupción
Gracias a uno de esos informes, Salud con Lupa siguió la pista y logró documentar que la puerta se abrió tanto que el Minsal violó las normas de la LACAP que prohíben a los funcionarios hacer negocios con el Estado. Solo en abril de 2020, el ministro de Salud, Francisco Alabí, adquirió 400 mil protectores faciales de material reciclado con un sobrecosto de más de medio millón de dólares. La empresa productora de los mismos es propiedad de quien entonces fungía como el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes). Jorge Aguilar, quien también regalaba los mismos protectores y explicaba que fueron elaborados con el material que el gobierno compró en una campaña de reciclaje, fue separado casi de inmediato por el presidente Nayib Bukele el 20 de junio de 2020.
Otras investigaciones periodísticas han revelado que hubo otros contratos que también estuvieron envueltos en irregularidades. La revista GatoEncerrado publicó que el ministro Alabí firmó un contrato de 225,000 dólares para comprar botas a una empresa familiar. En el extranjero, el gobierno hizo contratos millonarios con empresas que se dedicaban a rubros muy distintos del sector médico y que, en varias ocasiones, incumplieron con los plazos de entrega. El artículo 8 de la nueva ley también dice que las instituciones públicas podrán eximir a los proveedores de posibles daños que surjan en la administración o uso de los productos o servicios.
En noviembre del año pasado, las sospechas de corrupción llevaron a la Fiscalía a realizar allanamientos en el Ministerio de Salud, Agricultura y Ministerio de Hacienda para incautar documentación relevante a fin de establecer posibles delitos de negociaciones ilícitas por un monto de más de 150 millones de dólares. La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) que el mismo Bukele solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para evitar la corrupción en su gobierno participó en las investigaciones. Funcionarios del Seguro Social, Fosalud y otros ministerios usaron esa guía de compras sin mayores controles y también se verían beneficiados con esta ley retroactiva.
El artículo 21 de la Constitución de El Salvador establece que las leyes rigen hacia el futuro y no pueden tener efecto retroactivo, salvo en dos casos: cuando son de orden público o, en materia penal, cuando beneficien al reo.
“Al declararlo de orden público todos sabemos que tiene carácter retroactivo y entonces donde quedan todos esos casos irregulares en las compras públicas en el marco de la pandemia, que han ido en contra de los intereses de la población, porque se trata de fondos que pagamos a través de los impuestos. Y para agregarle, la mayoría eran recursos extraordinarios que provienen de deuda que aprobamos para que atendieran la emergencia, pero que ha sido utilizada de manera discrecional”, expuso la diputada Anabel Belloso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La diputada del partido de izquierda también reclamó porque la nueva Asamblea no está siguiendo el proceso de formación de ley, y se están aprobando leyes sin discutirlas en las comisiones de trabajo donde se pudo argumentar mejor cada uno de los 13 artículos de esta nueva normativa.
El desbalance de poderes
El 1 de mayo inició un nuevo periodo legislativo (2021-2024) en El Salvador. La Asamblea está dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, con 55 de los 84 escaños. El sábado, como primera acción, los diputados de NI y otros partidos aliados destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, aduciendo fallas en su trabajo durante la pandemia y, en el caso del fiscal, falta de independencia y vínculos partidarios.
Esta medida ha sido condenada por diferentes actores nacionales e internacionales porque violó los derechos de defensa y debido proceso. Algunos han calificado esta acción del presidente Bukele y su bancada como un golpe a la independencia de poderes y un quiebre del sistema democrático. En la noche del sábado y madrugada del domingo, después de la cuestionada elección, los magistrados y el fiscal impuestos fueron acompañados por el jefe de la Policía a las sedes de las instituciones para que tomaran posesión de sus oficinas.
La controversia constitucional sobre si este proyecto de ley de medicamentos es de orden público tendría que resolverla esta nueva Sala de lo Constitucional afín al poder Ejecutivo.
Inmunidad a proveedores
En la hora y media de intervenciones antes de someter la pieza a aprobación, los diputados oficialistas intentaron argumentar que la evolución de la enfermedad implica muchos retos y riesgos para los involucrados. De esta forma el artículo 4 dejó establecido que las personas o entidades “que operan en el sector de la salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos” utilizado por la pandemia de covid-19.
Los ministerios de Salud y de Hacienda deberán crear un fondo para hacerse cargo de las compensaciones necesarias por algún daño o perjuicio que hubiere de los tratamientos anticovid19. "la inmunidad no se aplica a una demanda por muerte o lesiones graves que haya sido causada directamente por la comprobada mala conducta o dolo de una persona", señala la Ley.
El gobierno mantiene en reserva los contratos de compra de vacunas por cinco años, por lo que se desconoce no solo el precio de las mismas, sino también las condiciones que han impuesto las farmacéuticas para la venta. El martes pasado, el presidente Bukele anunció que el gobierno había firmado un contrato con la farmacéutica Pfizer/BioNTech para adquirir 4.4 millones de vacunas. Además de las donaciones del mecanismo Covax, el Salvador ha comprado vacunas a la empresa china Sinovac y al Serum Institute de la India.
Además, el Minsal quedó facultado para crear los instructivos necesarios para el manejo operativo de esta nueva Ley.
