Francisco Alabí es probablemente el ministro con más actividades públicas en estos días de emergencia sanitaria en El Salvador. Sin embargo, aunque ya tiene cuatro meses en el cargo, aún no ha logrado sentarse en el despacho ministerial. El motivo no es el exceso de trabajo en calles u hospitales, sino que en plena pandemia por el COVID-19 y la crisis financiera del país, emprendió un proyecto de remodelación en las oficinas centrales con un costo tan alto, que supera la inversión que el Gobierno destinó para adaptar seis hospitales públicos con el objetivo de enfrentar la emergencia.
El lunes 18 de mayo, cuando el nuevo coronavirus ya se había cobrado oficialmente 30 vidas en El Salvador, el presidente Nayib Bukele exponía al país en conferencia de prensa la necesidad de obtener dinero para financiar la lucha contra la pandemia. Por eso, denunciaba ante el pueblo a los diputados que, según él, no habían dado a su gobierno “ni un solo centavo partido por la mitad” para atender la situación. Ese mismo día, el ministro de Salud, Francisco Alabí, salió al encuentro del presidente con un mensaje desde su cuenta de Twitter, en el que declaraba que ponía su salario a disposición. “Lo más importante es ganar la batalla al #COVID19 para eso debemos sumarnos y contribuir. Presidente @nayibbukele pongo mi salario a disposición para ayudar a la población salvadoreña”, escribió. Otros funcionarios tuitearon ofertas similares.
Al siguiente día, ese Ministerio de Salud sediento de fondos daría luz verde a un proyecto de remodelación de la oficina de Alabí que por ahora supera los 54 mil dólares, y que incluye un mueble a utilizar como “estación de café” valorado en 1.300 dólares.
El proyecto surgió apenas cinco meses después de que la antecesora de Alabí, Ana Orellana, terminara su propia remodelación del despacho, y su ejecución fue asignada a una empresa cuyo representante es hermano de la asistente del actual ministro, que obtuvo dos contratos: uno para las labores de demolición y construcción, y la otra para la adquisición de equipo y mobiliario.
Cuando el presidente Bukele reclamaba en televisión a los diputados la supuesta falta de apoyo para combatir la pandemia, la Asamblea Legislativa en realidad ya le había aprobado la emisión de una nueva deuda por 3 mil millones de dólares en el marco del COVID-19. Bukele, sin embargo, aunque nunca llegó a presentar un plan para contener y combatir la pandemia, seguía insistiendo en que si la Asamblea Legislativa le negaba los recursos financieros que pedía, los legisladores deberían eventualmente asumir las miles de muertes que podrían ocurrir por su indiferencia.
Ese día en el que el presidente incluso amenazó a los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia con dejar de transferir el presupuesto de ambos Órganos del Estado, fue importante también en la historia de la remodelación del despacho ministerial. El ministro Alabí había decidido que, justo a partir de ese 18 de mayo, sería la viceministra Karla Díaz de Naves la responsable de los contratos bajo la modalidad de libre gestión.
Por esa razón, fue Díaz quien firmó el primer contrato para la nueva oficina el 25 de mayo, y el segundo, para los muebles, un mes y medio después. Y, tal como ya se ha puesto al descubierto en otras contrataciones del Estado en el marco de la pandemia, en esta ocasión la sociedad a la que se otorgó los dos contratos también está vinculada a personas allegadas al funcionario.
Una adjudicación exprés
Al día siguiente de que Alabí tuiteara que ponía a disposición su salario, la viceministra Karla Díaz de Naves estrenaba su nuevo poder y lanzaba la convocatoria para presentar ofertas de remodelación del despacho ministerial, bajo la modalidad de libre gestión. El ministro tenía prisa: los interesados debían enviar su propuesta a más tardar al día siguiente, 20 de mayo.
La solicitud fue colgada en el portal de compras públicas del Estado salvadoreño (Comprasal) con el título: “Adecuación del Despacho Ministerial. Oficina Minsal, Nivel Central, San Salvador”. Los términos de referencia dejaban claro que este trabajo incluía demoliciones, albañilería, sustitución de pisos, techos, ventanas, puertas, aires acondicionados, acabados del baño e iluminación en 86 metros cuadrados. Cuando los martillos y cinceles comenzaron a sonar, quedó claro que estos correspondían al despacho del ministro.
Las compras públicas pueden realizarse en tres vías: Licitación Pública, Contratación Directa o Libre Gestión. Esta última opción es el procedimiento simplificado para obtener obras, bienes o servicios siempre y cuando la transacción no exceda los 240 salarios mínimos del sector comercio, es decir, 73 mil dólares para instituciones que no sean municipales.
El presupuesto estimado por la unidad de Infraestructura del Minsal era de 35 mil dólares. Según la LACAP, si el gasto sobrepasa los 6 mil dólares (20 salarios mínimos) debe quedar constancia en Comprasal de que se generó competencia con al menos tres proveedores. Eso no quedó reflejado en la convocatoria lanzada el 19 de mayo.
Solicitamos vía acceso a información los detalles de cuáles fueron las empresas participantes y los resultados de este proceso; pero luego de doce días, la Oficina de Acceso a Información del Minsal ni siquiera ha dado por recibida y notificado que iniciará la gestión de petición de información en la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones (UACI).
Aunque la ley lo manda, en el portal tampoco se ha informado cuál empresa ganó la adjudicación. Sin embargo, la decisión de quién tendría la misión de adecuar el despacho no tomó mucho tiempo. Salud con Lupa tuvo acceso al contrato que firmó, el 25 de mayo, la viceministra Karla Díaz por un valor de $32,303.89 con la empresa ARC Arquitectos.
Pedimos al arquitecto Rafael Tobar, quien también es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad José Matías Delgado, que evaluara la oferta realizada y el profesional expresó que “son notables, en cuanto a calidad, los cambios de puertas en madera de cedro, la ventanería en vidrio laminado y el mueble integrado al espejo para el baño”. Las tres puertas tienen un costo de 2.362 dólares, para las ventanas se desembolsará casi 2 mil dólares y el mueble con espejo para el lavamanos significará un desembolso de más de 400 dólares.
El negocio se queda en casa
El 25 de mayo fue convocado a firmar el primer contrato el representante de ARC Arquitectos, Richard Antonio Márquez Monge. Sus dos apellidos no son ajenos a los registros del Minsal: su hermana Bitia Marthely Márquez Monge se encarga de llevar la agenda y de acompañar al ministro de Salud a la mayoría de actividades porque es su asistente clave. Ella también se desempeña como suplente de Alabí en el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), según aparece en la memoria de labores publicada en junio pasado por esta institución.
La práctica de contratar empresas vinculadas a parientes o miembros del Gobierno ha salpicado en repetidas veces a Alabí. Por ejemplo, el 17 de junio Salud con Lupa reveló que el ministro había firmado contratos por un millón de dólares para adquirir protectores faciales a dos empresas, con un sobreprecio de 121 %. Una de ellas es propiedad del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar.
La Corte de Cuentas, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) se comprometieron a investigar el caso después de que el presidente Bukele separara a Aguilar del cargo, pero hasta la fecha ninguna de las instituciones ha mostrado avances o una conclusión de sus averiguaciones.
La revista Gato Encerrado reveló que Alabí benefició a sus primos, quienes poseen una empresa de repuestos para autos, con una orden de compra por 225 mil dólares para proveer botas de hule. El Tribunal de Ética anunció que el funcionario será investigado por esta acción.
También El Diario de Hoy, El Faro, La Prensa Gráfica y Revista Factum hicieron numerosas revelaciones que muestran cómo, en el marco de la pandemia, el Gobierno ha otorgado compras a allegados o a intermediarios que se beneficiaron con miles de dólares, sin dar garantías de calidad o el mejor precio.
El trabajo de remodelación del despacho no se enmarca dentro de estas compras de emergencia, sino como parte de la ejecución del presupuesto 2020.
El 3 de julio se autorizó un aumento de más de 3 mil dólares en el primer contrato, con lo que se elevó a $35,730.11 dólares. La argumentación fue que había necesidad de nuevas demoliciones de paredes y de reforzamiento estructural. Quisimos conocer por qué hubo necesidad de este ajuste a los planes originales, pero el arquitecto Márquez no contestó las llamadas al celular que aparece en la orden de compra, ni tampoco a los mensajes escritos a la página de Facebook del estudio de arquitectura. (Descarga aquí la Orden de Cambio N°1)
Pero ese mismo día también se publicó otra orden de compra por libre gestión para el amueblamiento del despacho ministerial. Esta vez, sí se invitó a tres empresas a presentar ofertas (como manda la LACAP) y se agregó una más.
Salud con Lupa consultó a Ambiente Modular, Arte y Madera y Muebles Molina (empresas dedicadas a la producción y distribución de mobiliario de oficina desde hace años), y las tres informaron que no aplicaron a la invitación. Una representante de Muebles Molina dijo que ni siquiera se dieron cuenta porque reanudaron actividades a finales de julio.
La cuarta empresa invitada por la UACI y ganadora fue ARC Arquitectos. La misma empresa que realiza la obra proveerá los muebles a un costo de $18,304.62. La solicitud insiste en que debe cumplirse un diseño específico de medidas y detalles de materiales y acabados. (Descarga aquí la Orden de Compra de Amueblamiento)
ARC es una empresa instalada en San Miguel, en la 4ª. Calle poniente y 9ª. Avenida Norte. Al consultar en la alcaldía, no aparece en los registros de la administración tributaria. En su cuenta en Facebook, inaugurada en marzo de 2019, se promociona como especialista en diseño y construcción: “Si lo que está buscando es que su negocio, vivienda o institución mejore su imagen, tenga estilo y mucho diseño, nosotros somos el equipo ideal.” La cuenta en Instagram fue creada en diciembre pasado. A diferencia de las otras tres empresas que llevan años ofreciendo sus servicios, ARC Arquitectos no parece acumular una gran experiencia en el negocio.
El último sábado, La Prensa Gráfica publicó una nota en la que detallaba la orden de compra de los muebles. Ante el escándalo, el ministro Alabí respondió por Twitter diciendo lo siguiente: “Lo que estamos construyendo no es ni mi oficina ni una estación de café. Es un moderno centro de monitoreo que nos servirá para un mejor control de esta pandemia.” Luego publicó una imagen del avance de la remodelación del centro de monitoreo, pero al cabo de unas horas la eliminó.
En la especificación de los muebles requeridos para la remodelación del despacho ministerial queda evidencia que había necesidad de acomodar diversos espacios, incluida una estación de café, sala de espera, un escritorio principal y una sala de reuniones. En los trabajos de albañilería y compra de insumos para el baño se está renovando totalmente y colocando acabados para que siga siendo un espacio individual y no colectivo.
En Comprasal no se ha publicado ninguna solicitud para adquirir equipo tecnológico para este “centro de monitoreo de enfermedades”, pero empleados de la institución confirmaron que ya se colocaron pantallas en esa área de reuniones, la cual está anexa a la oficina principal donde se supone estará colocado el “escritorio en chapilla y madera de dos colores” que tiene un costo $2,274.13, la silla ejecutiva de $338.44 y el resto de muebles solicitados.
Los Márquez Monge son una familia reconocida en San Miguel como dueños de la marmolería de mucha tradición en dicha ciudad. Otra de las hermanas del clan, Jasieli Márquez Monge, está casada con Cristian Flores, candidato a alcalde de San Miguel por el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, para las elecciones de 2021
Diario El Mundo mencionó a Cristian Flores en una nota publicada el 29 de junio en la que daba seguimiento a la orden de compra por 750 mil dólares firmada por el ministro de Salud, Francisco Alabí, para obtener protectores faciales sobrevalorados a la empresa SYGM.
Joel Martínez, la persona que firmó esa adquisición, es un camarógrafo que trabaja como productor del contenido que publica el candidato Flores en sus redes sociales, tanto en su faceta política como religiosa. Martínez reconoció a El Mundo su firma en el documento, pero argumentó que hizo labores de mensajería junto a otro amigo y, según él, solo firmaba algo de recibido y no una orden de compra por tres cuartos de millón, donde a la par estaba el nombre del ministro Alabí. “Nosotros entregamos paquetes en un sobre de manila, ahí un documento en donde me autorizaban para que yo entregara esa información, de ahí de lo que llevaba en el interior, la verdad, no sabemos”, afirmó. En una foto publicada por el candidato Flores en Instagram, en la que aparece junto a Joel Martínez, lo definió como su “compañero de mil batallas”.
El periódico El Diario de Hoy también reveló que los fundadores de SYGM tienen vínculos empresariales con Alejandro Zelaya, fundador de Nuevas Ideas, que hasta hace algunos días era el viceministro de Hacienda y recientemente ascendió al cargo de ministro de esa institución.
Ahora es Zelaya el responsable de supervisar los gastos y definir las prioridades para enfrentar los costos en salud y el resto de necesidades del país. El presidente Bukele nunca ha hecho un llamado a la austeridad, ni tampoco ha propuesto reducir salarios o a eliminar ministerios para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia, como ha sucedido en Costa Rica, México, Uruguay, Nueva Zelanda o Japón.
El clan Márquez Monge
La forma en que se contrató los servicios de remodelación y el equipamiento de la oficina, la velocidad con que se hizo y hasta el origen del dinero para financiar los trabajos y la compra de los bienes resultan, cuando menos, sospechosos para dos especialistas a quienes Salud con Lupa pidió que hicieran valoraciones sobre el proyecto.
Lisseth Guzmán, una especialista en derecho administrativo, identifica una violación a la LACAP cuando, para el primer contrato, no se dejó evidencia alguna de que se generó alguna competencia. “Cuando el jefe de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones (UACI) sube la información al sitio web, y como se trata de un monto mayor de los 20 salarios mínimos, es obligación girar invitaciones. Si usted no lo hace (porque se le olvidó o por la razón que sea) está violando la LACAP”, señala.
Además, le resulta curioso que en apenas dos días hábiles, y ya en plena emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud hiciera todo el trámite para otorgar el primer contrato. La convocatoria se hizo el día martes 19, y el miércoles 20 vencía el plazo para presentar ofertas. El contrato se firmó el lunes 25, de tal manera que tras el cierre del período para recibir ofertas, solo quedaron dos días hábiles, jueves 21 y viernes 22, para analizarlas y tomar una decisión. “Es difícil hacer una evaluación de ofertas y seguir todo el proceso de consultas con el departamento jurídico y las áreas involucradas en dos días hábiles que quedaron después del cierre de la convocatoria”, comentó Guzmán.
Intentamos conocer la posición de la viceministra Karla Díaz y se nos remitió al jefe de comunicaciones, José Urbina. Como ya es costumbre, Urbina no contestó su teléfono y tampoco responde a las peticiones que se le realizan vía mensajería.
El especialista en temas de transparencia, Jaime López, considera preocupante que en el contexto de crisis económica y de salud pública que enfrenta el país, el ministro haya considerado estos cambios como una prioridad: “Una remodelación solo para reemplazar mobiliario y mejorar la estética del lugar es desatinado. Es incongruente con las urgencias impuestas por la pandemia y las carencias en los servicios de salud.”
A esto hay que sumar que la oficina, ubicada en el edificio del Ministerio en la Calle Arce del Centro Histório de San Salvador, había sufrido modificaciones recientemente. La unidad de infraestructura del Minsal había gastado más de 5 mil dólares para renovar ese mismo espacio entre octubre y noviembre de 2019, cuando el cargo lo ocupaba la ministra Ana Orellana.
El gobierno, que no ha dejado de insistir públicamente en que tanto la Asamblea Legislativa como la Sala de lo Constitucional lo han dejado sin herramientas para combatir la pandemia, paralelamente ha publicitado algunos gastos ya hechos o por hacer en estos meses. Por ejemplo, ha destacado las remodelaciones recientes en hospitales de la red pública. Asimismo, con motivo de la tormenta Amanda, que afectó a miles de personas en mayo pasado, el presidente Nayib Bukele anunció el día 31 de ese mes que el Ejecutivo construiría 50 viviendas a personas que habían perdido todo debido a las lluvias.
Si cada una de esas viviendas valdrá 10 mil dólares, como anunció Bukele, con el dinero de la remodelación del despacho de Alabí se podría hacer una vivienda para cinco familias más. Con esa cantidad también podría costearse la adquisición de unos 3,174 trajes de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que siguen denunciando que no se les ha provisto del equipo de protección adecuado para atender a pacientes con COVID-19. Cada uno de esos trajes, según los precios publicados en la página de compras gubernamental Comprasal, ha costado al gobierno unos 17 dólares.
Y esos 54 mil dólares también son un monto similar a lo que significó las adecuaciones de algunos hospitales entre abril y mayo de 2020. “Frente a la pandemia hemos doblado esfuerzos para remodelar y equipar a los hospitales con todo lo necesario para la atención de los pacientes,” decía el ministro el 4 de junio.
Inversiones similares para adecuar hospitales
Los reclamos del personal médico por no contar con equipo de bioprotección o las condiciones adecuadas para la atención de los pacientes han sido frecuentes. Cada vez que estas demandas aumentan, el gobierno realiza una nueva gira de entregas en diversos hospitales. Una de las últimas fue el 13 de julio, previo a la celebración del Día del Médico. La encargada de hacer una maratón nocturna fue Karla Díaz, la viceministra de Operaciones en Salud, quien tiene muy poca presencia pública y se convirtió desde el 18 de mayo en la persona que firmaría los contratos por libre gestión.
Díaz llegó al Hospital de Suchitoto y entregó 500 trajes de bioprotección. Allí el gobierno invirtió 51.464 dólares en abril, un poco menos de lo que se invertirá en la oficina del Ministro, para que el área donde antes funcionaba la consulta externa se convirtiera en una zona de atención de pacientes con el COVID-19. El dato lo reveló el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en su segundo informe de gastos enviado a la Asamblea el 30 de mayo.
Otros cinco hospitales recibieron similar cantidad o incluso menos de 50 mil dólares para las acomodaciones de espacios. Por ejemplo, el lugar que al inicio de la emergencia funcionó como un caótico albergue para los que ingresaban al país y debían guardar cuarentena, meses más tarde se convertiría en el nuevo Hospital de Jiquilisco, con un desembolsó de un poco más de 40 mil dólares para las readecuaciones de parte del MOP.
Gastos para readecuar espacios de atención
Covid en hospitales
| Hospital | Monto |
|---|---|
| Jiquilisco | $41.625 |
| Gotera | $41.874 |
| Cojutepeque | $50.880 |
| Suchitoto | $51.464 |
| Ciudad Barrios | $53.264 |
| Sonsonate | $56.218 |
Fuente: Informe MOP
En junio pasado, algunos empleados del Hospital de Suchitoto quisieron llamar la atención de las autoridades y publicaron en redes sociales la necesidad de resolverles un par de detalles para desempeñar mejor su trabajo: una división acrílica entre el área de pacientes contagiados y la estación de enfermería, y la instalación de un aire acondicionado.
Atender a pacientes con trajes de protección personal se convierte en un desafío en ese municipio cuya temperatura suele sobrepasar los 30 grados Celsius durante el día. “Solo con que usted se esté vistiendo ya está sudando. Son equipos bien extremos”, dijo una de las personas que trabaja en el área COVID y pidió reserva de su nombre por temor a represalias. Las peticiones, hasta la fecha, no han tenido eco.
En el despacho ministerial, el año pasado se cambiaron aires acondicionados y, nuevamente, se ha incluido este gasto con un costo de más de 7.800 dólares en la remodelación para Alabí. “Se contempla la instalación de aires acondicionados tipo casete de tres y cinco toneladas. Hay que aclarar que, con excepción de este equipo, el resto de actividades no son técnicamente específicas. Se deja mucho a criterio del ofertante la calidad de lo que va a entregar”, valoró el arquitecto Rafael Tobar al revisar la petición del proyecto de remodelación del Minsal.
El presidente lleva cinco meses requiriendo fondos para enfrentar al nuevo coronavirus, que según las cifras oficiales, ya tenía casi 20 mil casos confirmados para el 8 de agosto y había causado la muerte a 536 personas. “Nuestro pueblo necesita que ampliemos la capacidad del sistema de salud paupérrimo que nos heredaron. Autoricen los recursos hoy, o carguen con esas muerte en sus espaldas”, decía Bukele el 23 de julio para seguir presionando a los diputados con más desembolsos.
Alabí, mientras tanto, sigue en un sinfín de actividades públicas y atendiendo entrevistas en algunos medios de comunicación, pero aún no ha podido sentarse en el espacio asignado para la máxima autoridad del Ministerio de Salud. Esa oficina que, si la remodelación se hace como se detalla en los contratos y no se proyectan nuevas modificaciones, le permitirá eventualmente trabajar en un escritorio de 2.274.13 dólares y acceder a un baño cuya renovación costó más de 1.200 dólares, incluido un inodoro de 362 dólares.
¿Una partida equivocada?
El especialista en transparencia, Jaime López, señala que también se debería de investigar si en la remodelación del despacho se hizo un uso correcto de la partida presupuestaria número 2020-3200-3-01-03-22-1-61101, de donde se obtuvo los 35 mil dólares para la remodelación.
El presupuesto se clasifica por áreas de gestión y, en este caso, se trata del área de “desarrollo social”. El número 01-03 corresponde a financiamiento para gestión técnica normativa. “Esto no incluye al despacho del ministro de Salud, porque éste cuenta con su propia asignación presupuestaria, la 01-01 dirección superior, que tiene USD 6.5 millones para 2020”, señaló López.
Según la Ley de Presupuesto, otras actividades que también podría financiarse con esa partida presupuestaria de donde se obtuvo dinero para la nueva oficina ministerial, son: “Evaluar la introducción de nuevos medicamentos y otras tecnologías sanitarias, realizar investigaciones científicas en salud en apoyo a la toma de decisiones, fortalecer la capacidad resolutiva del Laboratorio Nacional de Referencia y fortalecer las acciones de monitoreo y vigilancia de la red de servicios de salud”. Muchas de ellas, necesidades apremiantes en estos momentos de pandemia.
Hacer un replanteamiento de los gastos planificados para 2020 luego de la llegada del COVID-19 debió ser una prioridad, porque toda la dinámica del país cambió, considera el economista Ricardo Castaneda. “Por poner un ejemplo, se había pensado en pintar un edificio, eso en estas circunstancias ya no se vuelve prioritario.”
Si se hubiera realizado este ajuste y eliminados gastos en seguros privados, publicidad, viáticos, armas y equipo militar, el gobierno habría obtenido unos 120 millones de dólares para las readecuaciones de hospitales o insumos médicos, asegura. “Eso era el deber ser. ¿Qué fue lo que pasó? El Ejecutivo planteó la necesidad de endeudamiento y a partir de allí presentó una propuesta a la Asamblea Legislativa”, expresa Castaneda, también representante en El Salvador del Instituto de Estudios Fiscales (ICEFI).
Debido a la falta de actividad económica, los ingresos del país han disminuido en más de 600 millones de dólares, y para finales del año se estima que la pérdida de ingresos tributarios supere los 900 millones de dólares, según informó el ex ministro Nelson Fuentes. La deuda de El Salvador, que actualmente ronda el 70% habrá superado el 90% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a los cálculos de este exfuncionario que renunció al gabinete económico el 28 de julio pasado.
Con información de David Bernal
*Esta nota tiene una modificación respecto a la versión publicada originalmente en la que, por error, se decía que con los dos contratos se evitó abrir licitación pública debido al techo de la LACAP para contrataciones por libre gestión. Decía que el techo es $48.600, cuando en realidad es $72.000. La información errónea fue suprimida.
