El Primer Monitoreo Ciudadano de Agroquímicos en Frutas y Verduras de Supermercados de Lima y Callao reveló la presencia de 36 plaguicidas en cantidades no aptas para el consumo humano debido a sus potenciales daños para la salud. Tras la publicación de los resultados, funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) se reunieron con miembros de las organizaciones que promovieron la investigación: Salud con lupa, el Consorcio Agroecológico Peruano, la Red de Agricultura Ecológica y el Consorcio para la Salud, Ambiente y Desarrollo.
El ingeniero agrónomo Josué Carrasco, quien lleva cuatro meses como director general de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Senasa, saludó la iniciativa ciudadana porque permite a los peruanos ser más conscientes de la importancia de consumir alimentos libres de contaminantes y porque evidencia la falta de acciones de control en toda la cadena agropecuaria: desde el cultivo de los alimentos hasta su venta en los mercados y supermercados.
El Senasa es responsable de la vigilancia sanitaria de los alimentos agropecuarios en el campo y durante su producción primaria, cuando son cortados, picados o empaquetados. Sus actividades incluyen revisar las concentraciones de plaguicidas mediante análisis de laboratorios y, en caso de hallar alimentos contaminados, puede retirarlos del mercado y suspender la autorización de la empresa que se encargó de la producción. Como parte de ese trabajo, realiza a nivel nacional monitoreos anuales de la presencia de residuos de plaguicidas y otros contaminantes en los alimentos. Sin embargo, los resultados se obtienen ocho días después cuando las frutas y verduras se comercializaron y consumieron.
Los informes de monitoreo del Senasa describen una reducción de muestras contaminadas (de 39.5% a 12.1%) entre el 2011 y 2022 a nivel nacional; no obstante, aún se observan dos grandes problemas: excesos de residuos de plaguicidas en las frutas y verduras, y el uso de sustancias que están prohibidas en el Perú. La fiscalización debería ser una herramienta para reducir estos problemas, pero el Senasa no se da abasto. “No estamos trabajando con 2 millones de inspectores en campo verificando si se aplican o no las normas, para cualquier país no sería viable”, añade Carrasco.
Para el funcionario, es necesario también que los municipios cumplan con sus funciones en este tema. De acuerdo a las normas peruanas, las municipalidades, con apoyo de los gobiernos regionales, tienen que supervisar el transporte y comercio interno local para que los alimentos se vendan en buenas condiciones de higiene. Además, los mercados y supermercados deben tener un rol activo en la inocuidad de los alimentos que venden. Por eso, se trabaja en una propuesta normativa de reglamento de mercados.
“Vamos a mejorar seguramente la propuesta, pero el espíritu es tener un control al ingreso del mercado para verificar si es que hay sustancias prohibidas o los residuos de plaguicidas están superando el límite máximo permitido, y a partir de ello tomar una medida que ayude a que ese alimento no llegue a la mesa del consumidor”, dijo Josué Carrasco.
Durante la reunión, realizada el último viernes por la tarde en las oficinas del Senasa, también participaron los funcionarios Benjamín Guizado, director de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria; Moisés Crispín, director ejecutivo de Lima y Callao; y Orlando Lucas, director de la Unidad del Centro de Control de Insumos y Residuos Tóxicos. Asimismo, estuvieron presentes Luis Gomero, Cecilia Mendiola y Juan Sánchez, representantes del Consorcio Agroecológico Peruano y de la Red de Agricultura Ecológica; Jason Martínez, cofundador de Salud con lupa; Jaime Delgado, autor de la Ley de Alimentación Saludable y promotor del monitoreo ciudadano; e Higinio San Martín y José Da Silva, del laboratorio Mérieux NutriSciences.
La necesidad de un trabajo articulado
El monitoreo ciudadano también evidenció la presencia en exceso de plaguicidas altamente tóxicos. De las 36 sustancias, dos están catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como sumamente peligrosas: el etoprofós y el oxamil; y otras cinco son muy peligrosas: abamectina, metomilo, ometoato, triazofós y carbofurano. Este último plaguicida se halló en el ají amarillo de Tottus y en el pimiento de Wong, pese a que su uso está prohibido desde septiembre de 2022.
27 de los 36 agroquímicos, además, ya no están autorizados en la Unión Europea, Estados Unidos, Chile o Colombia por sus efectos adversos en la salud de las personas, pero en Perú se siguen empleando. Así sucede con el clorpirifos -un plaguicida prohibido en la Unión Europea por sus posibles efectos genotóxicos y neurológicos- hallado en la cebollita china de Plaza Vea y la beterraga de Metro.
Pesticidas hallados en alimentos vendidos en supermercados
Los siguientes tipos de alimentos, vendidos en supermercados de Lima y Callao, superaron los límites máximos de residuos de plaguicidas permitidos para ser consumidos. Los resultados se basan en análisis multiresiduos de plaguicidas realizados por los laboratorios certificados Mériux NutriSciences-Perú y Normec Groen Agro Control. El símbolo significa que el alimento tuvo agroquímicos en exceso; mientras que el significa que no los tuvo o la cantidad hallada fue menor a los límites máximos establecidos por las normas sanitarias.
De acuerdo al ingeniero agrónomo y presidente del Consorcio Agroecológico Peruano, Luis Gomero, es necesario someter a un proceso de evaluación los plaguicidas de alto peligro para la salud para retirarlos del mercado. Sin embargo, para ello se requiere diálogo entre las tres autoridades competentes, algo que no se ha observado hace años. El Senasa tiene la potestad de prohibir el uso de ciertos plaguicidas, pero necesita las opiniones técnicas de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud, que evalúa el impacto en la salud, y de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura y Riego, que emite opiniones sobre las consecuencias de los plaguidicas en el medio ambiente.
“Cuando leí las justificaciones que prohibieron el uso en Perú del paraquat y el metamidofos por sus riesgos a la salud se mencionó la evidencia que existía hace 20 años. Decisiones tardías como estas nos traen costos ambientales y sociales. Se necesita decisión técnica y política”, sostuvo Gomero. El ingeniero agrónomo también explicó durante la reunión que existen alternativas para reemplazar el uso de ciertos plaguicidas, por lo que su prohibición no implica un riesgo en el trabajo agropecuario.
La prohibición de plaguicidas no necesariamente implica que se dejen de usar porque los agricultores pueden acceder a ellos por contrabando, por lo que también se requiere un trabajo articulado con la Fiscalía, la Policía y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
El jefe de la Dirección General de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Senasa coincidió en la necesidad de retirar del mercado los plaguicidas más peligrosos. Tras el monitoreo ciudadano, se reunirá esta semana con la Digesa y la DGAAA para establecer una ruta de trabajo. “El enfoque sistémico que requiere este tipo de temas no ha venido siendo abordado de esa manera, pese a que existe una normativa que así lo establece. Me parece que se está tomando por primera vez ese camino entre las tres autoridades para revisar temas pendientes”, añadió.
La semana pasada, el Senasa se reunió con representantes de Cencosud, la empresa que agrupa a Wong y Metro: Isabel Grimani, gerente de Gestión de Calidad y Control Operacional; Elizabeth Apcho, subgerente de Gestión de Calidad; y los abogados María Alvarado y Gabriel Rossel. También participaron representantes de Supermercados Peruanos, dueño de Plaza Vea y Vivanda, como Karin Gutiérrez, jefa de Calidad; y Gonzalo Casapia, apoderado de la compañía. El grupo de asistentes también lo integró Paola Fano, gerente general de Calidad de Hipermercados Tottus.
La preocupación de los supermercados, según detalló brevemente Carrasco, es que se tenga la sensación de que ellos son la única razón del problema y que el tema no se maneje de forma sistémica. El problema va más allá de los supermercados, pero ello no impide que tomen acciones para evitar la presencia de residuos de plaguicidas en las frutas y verduras que venden. De acuerdo a Jaime Delgado, coordinador del monitoreo ciudadano, esta es una oportunidad para que los supermercados impongan mayores exigencias a sus proveedores en beneficio de sus clientes y de la salud pública.
Mejorar la cadena agropecuaria
El uso excesivo de plaguicidas o su empleo sin respetar los periodos de carencia es responsabilidad de los agricultores. Por eso es importante que sean capacitados y también fiscalizados. Sin embargo, gran parte de los agricultores recibe capacitación de los propios vendedores de agroquímicos, según alertó Juan Sánchez, vicepresidente del Consorcio Agroecológico Peruano. Muchas de esas tiendas, además, no están autorizadas y se ubican al lado de negocios de venta de alimentos, de los colegios o de boticas.
Y cuando son capacitados por el Estado no necesariamente siguen las indicaciones para lograr alimentos libres de contaminantes. Moisés Crispín, director ejecutivo de Lima y Callao del Senasa, detalló que a raíz de los resultados de sus monitoreos de presencia de residuos de plaguicidas que realizan todos los años han acudido a las zonas donde los alimentos fueron desaprobados para capacitar a los agricultores en buenas prácticas, pero todavía siguen aplicando el plaguicida sin control.
En la práctica, el monitoreo del Senasa y sus actividades de fiscalización también deberían servir para sancionar las malas prácticas agropecuarias, pero ello no sucede. Solo entre enero de 2022 y marzo de este año, el Senasa impuso 67 multas por un total de 418 mil soles por incumplir sus normas sanitarias, pero ninguna de ellas fue por exceder los límites máximos permisibles de plaguicidas.
Así como mejorar el trabajo de fiscalización post capacitaciones a los productores agropecuarios, también debería haber mayor exigencias en el mercado. Este fue uno de los ángulos que se abordó durante la reunión. Moisés Crispín señaló que en el mercado nacional no existen exigencias en temas de inocuidad: “los mercados reciben de todo, incluido los supermercados” cuando podría haber una cadena de control para rastrear de dónde provienen los alimentos. Según explicó, las frutas y verduras deberían estar en almacenes, para luego tomar muestras de residuos de plaguicidas y recién liberar los productos, como sucede en otros países, pero lamentablemente no es así por la falta de infraestructura.
Josué Carrasco, de la Dirección General de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, comentó que este año se aprobó una operación de endeudamiento de más de 80 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo con la finalidad de potenciar la vigilancia sanitaria. Las acciones que realizará su institución incluirá la compra de equipos electrónicos que permiten detectar la presencia de plaguicidas en los alimentos agropecuarios. Estos instrumentos se colocarán en los principales mercados del país con la finalidad de evitar la venta de alimentos contaminados, ello mientras se continúa capacitando a los agricultores y realizando fiscalizaciones.
Luego de las reuniones que sostenga el Senasa con la Dirección General de Salud Ambiental del Minsa y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Midagri, sus funcionarios se volverán a reunir con los miembros de las organizaciones que promovieron el Primer Monitoreo Ciudadano de Agroquímicos en Frutas y Verduras de Supermercados de Lima y Callao para informar sobre las acciones concretas que se realizarán que deriven en el retiro de sustancias altamente peligrosas del mercado y la reducción de presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos.
Coordinan las instituciones
Las organizaciones que promovieron el monitoreo ciudadano también se reunieron con Marco Cárdenas, jefe de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), y Bertha Muñoz, especialista en higiene alimentaria de la Dirección de Control y Vigilancia. Durante la reunión, realizada el martes pasado en las oficinas de la Digesa, se les explicó a los funcionarios los resultados de la investigación y los estudios que se revisaron sobre los potenciales daños a la salud. “No estoy de acuerdo con el uso de productos no autorizados o de riesgo para la salud humana”, comentó Cárdenas. El funcionario mencionó que las reuniones que tendrá con el Senasa y la DGAAA apuntan a una política única coordinada para tomar acciones sobre la problemática del uso de moléculas prohibidas y el retiro de los plaguicidas de alto riesgo para las personas y el medio ambiente.
