Perú exporta alimentos seguros, pero usa 27 plaguicidas prohibidos en los productos para el consumo local

Los alimentos que exporta Perú llegan a mercados internacionales con la etiqueta “premium” como garantía de que han superado estrictos controles de calidad y se han seleccionado los mejores productos. El mango, que figura en el ránking de exportaciones, necesita pasar por evaluaciones nutricionales y revisiones a las características del suelo donde se cosecha antes de ser vendido en España o Estados Unidos. Para la quinua se requieren también ciertos cuidados como el uso de semillas mejoradas genéticamente y el deshierbe manual, mientras que el pimiento tiene que cultivarse en campos protegidos donde se pueda regular la temperatura a fin de no usar insecticidas contra la mosca de la fruta, una de las plagas que puede afectar la producción.

Según reportes del Ministerio de Agricultura y Riego, más de 20 productos agropecuarios se exportaron durante el 2022, entre los que figuran arándano, mango, pimiento, cebolla y fresa. Estos alimentos, sin embargo, tienen residuos de plaguicidas que superan los límites máximos permisibles cuando se venden en el mercado nacional. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que es la autoridad competente en materia de inocuidad agroalimentaria en Perú, realiza controles anuales, pero son limitados muestreos, no se alerta en forma oportuna a los consumidores sobre lo que comemos y hasta se permite el uso de agroquímicos prohibidos en otros países. 

Por ejemplo, un lote de ají amarillo puede ser retirado de Suecia si se detectan residuos de clorpirifos, un plaguicida prohibido en la Unión Europea por daños potenciales a la salud humana, principalmente al sistema nervioso. En cambio, en los supermercados de Perú se vende apio, cebollita china y beterraga con altas concentraciones de este agroquímico, tal como demostró el Primer Monitoreo Ciudadano de Agroquímicos en Frutas y Verduras de Supermercados de Lima y Callao. 

Esta investigación ha permitido comprobar que 27 plaguicidas aún usados en Perú ya no están autorizados en la Unión Europea, Estados Unidos, Chile y Colombia debido a recomendaciones emitidas por sus agencias sanitarias sobre la base de estudios científicos que advierten sus efectos adversos en la salud de las personas.

Consumimos a diario frutas y verduras con altas cantidades de residuos tóxicos, pero ninguna autoridad se refiere a este grave problema de salud pública y tampoco se buscan alternativas sostenibles para hacer viable una agricultura con menos pesticidas. El 51% de los productores en Perú utilizan plaguicidas para sus cultivos sin mayor supervisión, según la última Encuesta Nacional Agropecuaria.

Distintas reglas de juego

El principal requisito que deben cumplir las empresas peruanas para exportar alimentos es el certificado fitosanitario que emite el Senasa. Para obtenerlo, se tienen que someter a las reglas del país a donde se dirige el producto. Algunos, por ejemplo, solicitan una certificación del campo de donde proviene la fruta o verdura o una certificación de la planta empacadora de los productos. Solo pasará si el alimento no tiene niveles de plaguicidas por encima de los permitidos o está libre de una lista de sustancias químicas prohibidas.  

La presencia de plaguicidas en las frutas y verduras se mide a través de miligramos de sustancia química por kilogramo de alimento (mg/kg), conocido también como Límite Máximo de Residuos (LMR). En el caso de los tomates que se exportan a España, la concentración máxima de metalaxil -un insecticida de amplio uso- es de 0.2 mg/kg, mientras que en Perú, la cantidad necesaria para vender este alimento es menos rigurosa: 0.5 mg/kg. 

Otra regla imprescindible es que los productos no contengan plaguicidas que no están autorizados en el país receptor. Si comparamos el caso del insecticida metomilo, su uso está prohibido en la Unión Europea desde 2019, pero en Perú está permitido para varios alimentos como el pimiento y la fresa. Cada país puede actualizar las restricciones sobre el uso de plaguicidas en la agricultura basado en estudios o reportes sobre sus efectos en el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana.

En Estados Unidos, la opinión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) se volvió determinante para autorizar la venta de cualquier plaguicida luego de que el Congreso enmendó la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas en 1972. Los gobiernos estatales -como Florida- y locales (condados) también pueden agregar restricciones siempre y cuando sean tan estrictas como las que contempla la ley federal. 

Además, el Departamento de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU. cumple el rol de supervisar que se cumpla la cantidad tolerable de residuos de pesticidas que ha fijado la EPA. Para ello, aplica un programa de monitoreo a una variedad de alimentos que son producidos o importados en su territorio, y cuenta con un estudio que registra periódicamente los niveles de plaguicidas en los productos que están en la dieta promedio de los norteamericanos.

Aún con todos estos controles, la EPA puede corregir sus reglamentos si un tribunal federal se lo exige. Así sucedió en 2018, durante la administración de Donald Trump, cuando el Tribunal de Apelaciones del Circuito de San Francisco ordenó el retiro del insecticida clorpirifos tras una demanda hecha por grupos que promueven una agricultura sin plaguicidas. De acuerdo al fallo, hay suficiente evidencia científica de que esta sustancia puede dañar el cerebro de los bebés incluso con pequeños niveles de exposición. 

La Unión Europea, que también prohibió esta sustancia hace dos años, realiza controles igual de exhaustivos a través de un doble sistema: las evaluaciones que hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y las autorizaciones que aprueba cada estado miembro en su propia jurisdicción. Los límites máximos de residuos de plaguicidas están recogidos en el Reglamento N° 396/2005, pero este documento se renueva con las nuevas disposiciones que aprueba la Unión Europea.

Además de esos cambios, la EFSA -que funciona desde hace más de dos décadas- puede absolver  consultas de la Comisión Europea cuando se evalúa renovar la autorización de un plaguicida. Para ello, sus áreas de investigación -integradas por científicos de toda Europa- pueden realizar estudios independientes aplicados a su propio contexto. 

El ingeniero agrónomo Luis Gomero Osorio, docente y presidente del Consorcio Agroecológico Peruano, explica que con la aparición de nuevos plaguicidas, las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, muchos países reconsideraron su uso. “En 2015, se advirtió que el glifosato, que ahora pertenece a la empresa Bayer, tenía un potencial cancerígeno, pero antes se pensaba que era un herbicida inocuo”, explica. 

¿Por qué somos más permisivos?

En América Latina, hay pocos ejemplos sobre una adecuada regulación en el uso de plaguicidas y sus concentraciones tolerables en los alimentos. Sin embargo, Chile logró  actualizar en 2020 los límites máximos permitidos para más de 180 plaguicidas después de diez años de vigencia de la anterior ley (la Resolución N°33/2010). La revisión fue hecha por un equipo integrado por 23 instituciones, que incluyó grupos independientes como la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, la Universidad de Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

En octubre de 2022, el gobierno chileno aumentó a 31 el número de plaguicidas prohibidos al incorporar las sustancias clorpirifós-etilo, clorpirifós-metilo, dicloruro de paraquat y metomilo por sus altos niveles de toxicidad. 

En Perú, hay más de 40 sustancias de uso agrícola prohibidas por el Senasa. Las últimas resoluciones, para prohibir los plaguicidas forato, dicofol y carbofuran, fueron emitidas en 2021 en base a la opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios -una oficina que depende del Midagri- y de información emitida por la Dirección General de Salud Ambiental o Inocuidad Alimentaria (Digesa). Salud con lupa consultó a Digesa si ha emitido recomendaciones para la restricción de nuevos plaguicidas, pero sus voceros no aceptaron una entrevista. 

¿Por qué nuestro país sigue utilizando plaguicidas que están prohibidos en otros países? El Senasa nos respondió que no regula sus acciones de vigilancia -como el control y regulación de plaguicidas- “sobre la base de la normativa de otros países que hacen sus políticas según sus intereses”. “Las medidas internas que un país adopte por cualquier tema no obligan a que otros Estados tomen medidas similares”, agregó. 

Para Luis Gomero, el Senasa basa sus decisiones conforme a los intereses de  empresas dedicadas a la elaboración y venta de plaguicidas, así como a los productores agropecuarios que exportan estos productos. “No le interesa cómo afectan los agroquímicos a los pequeños agricultores. Antes, las grandes empresas exportadoras eran las que usaban más pesticidas, pero como el mercado global se ha vuelto más exigente, ellos ya usan racionalmente estas sustancias. Saben que si sus productos tienen residuos de plaguicidas, pueden ser rechazados”, explicó.

Un negocio que funciona sin controles 

En cualquier ciudad del Perú, adquirir un plaguicida es bastante fácil. Si bien las tiendas que pueden venderlo tienen que estar autorizadas por el Senasa desde el 2015, la informalidad en este negocio termina ayudando a que los productores agropecuarios compren plaguicidas vencidos o con etiquetas adulteradas. El ingeniero químico Jorge Loayza Pérez, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dice que algunos locales suelen descartar la información del envase original del plaguicida cuando venden la sustancia en cantidades más pequeñas. 

Ese no es el único riesgo. “En Perú se venden plaguicidas que están prohibidos gracias al mercado negro”, agrega Loayza. Esos productos, que son de menor costo, suelen pasar a través de la frontera con Brasil, Ecuador o Bolivia. Esto hace que los productores agropecuarios ignoren los riesgos a la salud si el producto no es aplicado correctamente y, sobre todo, el nivel de toxicidad del plaguicida (por ejemplo, los que son altamente peligrosos tienen una franja roja en la etiqueta). 

Otro problema está en las dosis que recomienda cada marca de pesticida para las plantaciones. Las empresas que producen estos insumos no siempre coinciden en las cantidades que se debe aplicar por hectárea, lo que podría interpretarse erróneamente si los agricultores no reciben asesoría de un ingeniero u otro profesional especializado. 

Lo que ocurre en la práctica, señala el ingeniero agrónomo Luis Gomero, es que los pequeños y medianos productores agropecuarios aplican mayores dosis de plaguicidas de las que sugiere la etiqueta, debido a que algunas plagas se han vuelto resistentes. “Ellos no aplican un solo producto, sino diferentes agroquímicos en cada etapa. O también los mezclan, como un cóctel. (...) Los agricultores subestiman el problema de los plaguicidas y como no hay un acompañamiento en el campo, esa situación sigue sin ningún tipo de control”, apunta. 

Tras comprar Monsanto por 63,000 millones de dólares, la alemana Bayer se consolidó como una de las empresas más grandes en la producción y venta de agroquímicos. Otras corporaciones que también manejan el mercado mundial de plaguicidas son BASF, Dow Chemical, Corteva y Dupont, cuyas ventas sumaron más de 230 mil millones de dólares en 2022. Los productos de todas estas empresas están presentes en el mercado peruano, a través de empresas distribuidoras. 

El uso desmedido de plaguicidas deja una huella que perdura por años en el campo, volviéndolo incluso menos productivo. Los países que incrementaron sus prohibiciones al uso de plaguicidas han estudiado ampliamente este tema, pero las empresas que lideran la producción de agroquímicos no tienen reparos en seguir vendiendo sus productos en Perú porque aquí las restricciones son mínimas. Esto hace la gran diferencia entre la calidad de los alimentos que Perú exporta y los que se consumen en el país.

¿Es posible una agricultura sin pesticidas?

La estrategia más apoyada por organismos internacionales para reducir los plaguicidas en los alimentos es el manejo integrado de plagas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación publicó en 2010 una guía para que los países apliquen este modelo que recomienda a los productores usar variedades de semillas resistentes o tolerantes a plagas o que roten los cultivos -por ejemplo, entre maíz y trigo- ya que así pueden mantener nutrido el suelo e interrumpir la aparición de maleza. Parte de este modelo de agricultura es priorizar los métodos de control biológico en lugar de las sustancias químicas. De esa manera, los plaguicidas se utilizarían parcialmente, en niveles mínimos o en casos muy específicos. 

Hay distintas técnicas que aplican el enfoque de manejo integrado como el uso de trampas para insectos y el deshierbe manual. Sin embargo, uno de los más conocidos y estudiados es el control biológico a través del uso de insectos, parásitos y microorganismos que pueden funcionar como enemigos naturales de las plagas. En 2016, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una entidad del Gobierno argentino, ideó un sistema para criar artificialmente avispas y liberarlas en el campo. El experimento demostró que tenían la capacidad de depredar a la carpocapsa, una plaga que ataca los cultivos de manzana y pera. 

Otra opción que tienen los agricultores es usar feromonas sexuales que dispersen a los insectos. Desde hace algunos años, ambas técnicas están siendo divulgadas en Perú, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria, con el fin de beneficiar los cultivos de quinua (con el uso de feromonas) y algodón (mediante la entrega de avispas). Sin embargo, si ninguna se ha popularizado aún es porque la mayoría de productores -sobre todo, en la pequeña agricultura- están acostumbrados a usar sustancias químicas tan rápido como aparecen las plagas. 

“Los agricultores están aplicando plaguicidas de manera muy frecuente, algunas veces cada semana, especialmente en los cultivos frescos. Y eso es contraproducente para la biodiversidad, para el suelo e incluso para la economía”, advierte Luis Gomero. 

Contrario a lo que muchos podrían creer, reemplazar los plaguicidas convencionales no es algo costoso, pero requiere mucha capacitación a quienes cultivan la tierra. “Las plagas siempre van a existir, pero si su presencia no está en niveles de preocupación, no es necesario el uso de plaguicidas. Se pueden usar otros mecanismos preventivos, naturales, para potenciar a la planta y que pueda resistir. La mejor manera de proteger a la planta es nutrir el suelo, con abono, balance nutricional”, apunta Gomero.