En audiencia pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó a los abogados y familiares de Celia Ramos, una peruana de 34 años que murió luego de ser esterilizada sin su consentimiento en una posta de salud de Piura. Es el primero de los más de 300 mil casos de esterilización forzada en Perú que llega a una corte internacional después de 30 años de investigaciones archivadas y apelaciones en el sistema de justicia peruano. El caso representa un hito judicial por dos razones: abre el primer juicio internacional por esterilizaciones forzadas en el país y se da en un contexto político adverso, donde el actual régimen de Dina Boluarte ha aprobado una ley que impide que las organizaciones de derechos humanos defiendan a víctimas en denuncias contra el Estado.
Celia Ramos era parte de una familia extensa: madre de tres hijas, fuerte, activa y generosa. Su vida acabó el 22 de julio de 1997 después de 19 días de estar internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica de Piura. A ella nunca le explicaron los riesgos de someterse a una ligadura de trompas. Los trabajadores de salud que la visitaron reiteradas veces en su casa en el caserío de La Legua le dijeron que era un procedimiento sencillo, “como sacarse una muela”. “Nadie sabía la magnitud de lo sucedido. Nunca más pudimos verla”, contó Marisela Monzón, hija mayor de Celia, frente al jurado de la Corte IDH.
La muerte de Celia desarmó por completo a su familia. Su madre, Baltazara, dejó todas sus actividades para dedicarse a criar a sus tres nietas, de 10, 8 y 5 años. Su esposo, devastado, denunció al equipo médico en julio de 1997, pero la Fiscalía Provincial Penal de Piura archivó el caso. En 2010, la organización DEMUS lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en 2021 el organismo internacional declaró la responsabilidad del Estado peruano. Hoy, además de DEMUS, la familia está representada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos.
Durante la audiencia, los abogados de la familia señalaron que el Estado nunca ofreció una reparación ni atención psicológica. Marisela Monzón también precisó que su madre no tenía antecedentes médicos ni enfermedades preexistentes, y que nunca fue sometida a exámenes preoperatorios que pudieran justificar las complicaciones que sufrió. Las condiciones en las que fue operada eran precarias, y la posta no estaba equipada para enfrentar ninguna urgencia médica.
El caso de Celia Ramos evidencia las consecuencias de una política de esterilización forzada impulsada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entre 1996 y 2001, más de 300 mil mujeres indígenas y campesinas fueron presionadas para someterse a esterilizaciones sin recibir información clara, en condiciones sanitarias deficientes y con personal médico que debía cumplir metas impuestas por el Estado. Aunque el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) solo cuenta con 6,982 casos registrados hasta febrero de 2025, la cifra real de afectadas es mucho mayor.
“Detrás del discurso de control de natalidad existió un sesgo racista que consideraba a estas mujeres incapaces de decidir sobre sus propios cuerpos”, explicó Kimberly Theidon, antropóloga médica de la Universidad de California y perita en la audiencia.
Su investigación, basada en documentos oficiales del Ministerio de Salud, informes de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, además de diversas investigaciones periodísticas, muestra que médicos y enfermeras aplicaron prácticas coercitivas, intimidaciones y engaños. Aprovechando la vulnerabilidad y pobreza de las mujeres rurales e indígenas, les ofrecían alimentos a cambio de su consentimiento para la esterilización. Incluso, condicionaban la esterilización al acceso a otros servicios de salud. Además, el Estado pagaba bonificaciones a los médicos de entre 4 y 10 dólares por cada mujer esterilizada, prometía ascensos al personal que cumpliera las metas y amenazaba con despidos a quienes se negaran.
En Piura, donde fue esterilizada Celia Ramos, 97 médicos denunciaron al Ministerio de Salud la presión para realizar 250 cirugías en solo cuatro días, con un solo quirófano disponible. Consideraron que esta exigencia era imposible de cumplir y una falta de respeto tanto para la dignidad de las mujeres como para el ejercicio ético de la medicina. Este episodio refleja la magnitud de la política coercitiva, que sobrecargó al personal y violó derechos fundamentales.
Durante la audiencia, la defensa del Estado peruano presentó por primera vez un supuesto consentimiento firmado por Celia Ramos, cuya existencia había negado anteriormente. Sin embargo, los jueces de la Corte IDH advirtieron que el documento no detallaba claramente el procedimiento ni los riesgos asociados. Además, las abogadas de Celia señalaron que el documento carecía de la firma del jefe del puesto de salud y del sello oficial del Ministerio de Salud, lo que pone en duda su validez.
Carlos Llaja Villena, procurador público especializado supranacional de la Procuraduría General del Estado peruano, afirmó que la muerte de Celia Ramos fue debidamente investigada y que no fue resultado de negligencia médica, sino un suceso infrecuente e imprevisible.
La defensa de Celia Ramos exige que la Corte IDH declare la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos de Celia y su familia. Además, pide sancionar a quienes obstaculizaron el acceso a la justicia y garantizar que estas violaciones no se repitan mediante la implementación de una política pública integral de derechos sexuales y reproductivos. Esta política debe asegurar el consentimiento libre, previo e informado, especialmente respetando el derecho de las mujeres a recibir información en su propia lengua materna. Este caso no solo representa la búsqueda de justicia para Celia Ramos y su familia, sino también un llamado urgente a reconocer y reparar las violaciones sistemáticas que sufrieron miles de mujeres peruanas.
