DSM-Firmenich, una multinacional holandesa, y la familia Castro Yangali llevan seis años vendiendo arroz fortificado al programa de desayunos escolares Qali Warma, hoy rebautizado como “Wasi Mikuna”. Su éxito no ha sido una casualidad. El negocio que construyeron juntos despegó gracias a un funcionario que ahora forma parte del círculo más cercano de la presidenta Dina Boluarte: Fredy Hinojosa. Durante su gestión como director ejecutivo de Qali Warma, Hinojosa ajustó los requisitos del programa para que encajaran a la perfección con el producto de estos proveedores.
El arroz fortificado comenzó a distribuirse a los estudiantes de colegios públicos en 2019. Dos años antes, Gabriela Lock —quien era gerente de la filial peruana de DSM— participó en las reuniones donde se definieron las características que debía tener el producto para que pudiera ser comprado por los programas sociales. Pero DSM no quiso venderlo directamente al Estado. Eligió como único distribuidor en Perú a Insumos y Servicios Maquilak, empresa de Samuel Castro Yangali, uno de los tres hermanos de una familia dedicada desde hace años a vender alimentos al desaparecido Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y, posteriormente, a Qali Warma.
Con ese acuerdo sellado, la llegada de Fredy Hinojosa a la dirección de Qali Warma terminó por consolidar la ruta para que el arroz fortificado ingresara al programa. Entre marzo de 2019 y noviembre de 2022, aprobó normas que modificaron los requisitos de compra, adaptándolos al arroz fortificado de los Castro Yangali y su socio DSM. Este direccionamiento fue advertido por la Contraloría con dos informes publicados en 2020 y 2021. Salud con lupa pudo verificar que Hinojosa recibió y conoció estos documentos mientras dirigió Qali Warma, pero no tomó ninguna medida.
En el primer informe, hubo una advertencia contundente: el programa “orientó la adquisición del grano símil (insumo principal de este tipo de arroz) a empresas específicas, afectando la imparcialidad del proceso de compras”. En el siguiente informe, la Contraloría advirtió que los controles de calidad estaban fallando porque se incumplía con presentar “certificados de calidad realizados por un laboratorio acreditado del país de origen” del grano fortificado. Pese a los señalamientos, las compras continuaron incluso después de la salida de Hinojosa, beneficiando a los mismos actores.
Actualmente, la Fiscalía investiga a Fredy Hinojosa por presuntos pagos indebidos de proveedores del programa Qali Warma y ha ordenado el impedimento de salida del país. La investigación se inició en 2024 a raíz de una denuncia contra la empresa Frigoinca, acusada de distribuir alimentos en mal estado. En el curso de las diligencias, el Ministerio Público también ha identificado indicios de un posible trato preferencial hacia la familia Castro Yangali durante la gestión de Hinojosa, lo que habría derivado en decisiones que beneficiaron directamente sus intereses comerciales.
Tanto Hinojosa como los Castro Yangali han negado cualquier vinculación irregular. Sin embargo, el local de Maquilak —la empresa de esta familia que provee arroz fortificado a Wasi Mikuna— está ubicado en el mismo edificio donde funciona una sede del programa alimentario, que ya operaba allí cuando Hinojosa era su director ejecutivo.
En una entrevista televisiva de febrero de este año, Carlos Castro Yangali -hermano de Samuel, actual gerente de Maquilak- explicó que compraron el inmueble en 2021 debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, que les impedían acceder con facilidad a su almacén. “Yo no compro propiedades pensando en quiénes están o no están. Compramos locales según la oferta disponible”, afirmó el empresario y corredor de autos.
Entre 2020 y 2025, cinco empresas de los hermanos Castro Yangali ganaron, de forma individual o en consorcio, 150 contratos por la entrega de alimentos en colegios de Junín, Huancavelica y Lima. El valor total supera los S/560 millones. Ese negocio, que involucra el arroz fortificado producido por Maquilak, continúa generando ganancias tanto para los hermanos Castro Yangali como para su socia comercial, la multinacional DSM.
Aunque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) reemplazó Qali Warma por el programa Wasi Mikuna en diciembre de 2024, el arroz fortificado sigue siendo uno de los productos clave en la alimentación escolar. Sin embargo, no se distribuye de forma regular: solo 2 de las 7 entregas mensuales incluyen este arroz, lo que dificulta evaluar su impacto real. Aun así, este año se ha previsto repartir más de 6 mil toneladas para los escolares de 11 regiones del país.
Salud con lupa revela cómo los hermanos Castro Yangali y la multinacional DSM cocinaron una alianza estratégica para posicionar su arroz fortificado en el programa social con mayor presupuesto del Estado. La investigación también identifica a los exfuncionarios cuyas decisiones terminaron beneficiando directamente a esta sociedad empresarial.
Castro Yangali: los socios peruanos
Hace seis años, DSM era el único productor del grano símil en el país: un grano artificial enriquecido con vitaminas y minerales. Sin embargo, para que su negocio funcionara en Perú, necesitaba una empresa local que comprara ese grano, lo mezclara con arroz nacional y lo empacara para venderlo al programa Qali Warma. Los Castro Yangali lograron convencer a Gabriela Lock, entonces gerente de DSM Nutritional Products Perú, de que eran el socio ideal. “Manejamos el 60 % del negocio de Qali Warma”, le dijeron, según un testimonio recogido por Salud con lupa.
Los Castro Yangali han operado como proveedores de alimentos en programas sociales desde hace más de una década. Rafael Castro Sánchez, su esposa Ana María Yangali y el hijo de ambos, Carlos Castro Yangali, vendieron leche y galletas al desaparecido PRONAA entre 2010 y 2012, según los registros del sistema de contrataciones del Estado que revisamos.
Cuando Qali Warma reemplazó al PRONAA, Ana María Yangali y Nutriplus, la empresa de su hijo Carlos, siguieron contratando con el programa hasta 2013, año en que fueron inhabilitados por afectar la salud de estudiantes. Solo el caso de Ana María se hizo público, luego de que más de 100 escolares resultaron intoxicados en un colegio de Chilca, en Junín, la región de origen de toda la familia.
Pese a ese escándalo, el negocio no se detuvo. La familia continuó contratando con el programa con nuevas razones sociales creadas entre 2012 y 2017: PACSAC, Cadisel, Disaselv, Selva Distribución y Eduardo Castro Yangali. En un inicio, los hermanos Castro Yangali se turnaron la gerencia de estas empresas entre ellos. Con el tiempo, los cargos pasaron a terceros, pero el control real ha seguido en manos de la familia.
Una sexta empresa, Insumos y Servicios Maquilak, entró al negocio del arroz fortificado. Es la responsable de procesar el grano de DSM para convertirlo en arroz fortificado y venderlo a Qali Warma a través de esta red de proveedores controlada por la familia. De esa forma, DSM se protegió de cualquier sanción de Qali Warma ya que no figura en los contratos.
Quitar a la competencia
Durante más de dos décadas, Gabriela Lock fue gerente de la empresa DSM Nutritional Products Perú, la filial de DSM en el país. En ese tiempo, representó a la compañía en reuniones en embajadas y en eventos donde se promocionaba el arroz fortificado como una solución contra la anemia infantil. Pero su trabajo fue más allá de lo institucional: también participó en espacios donde se tomaban decisiones técnicas sobre las políticas públicas vinculadas a este producto.
Según fuentes conocedoras del proceso, entre 2017 y 2024, Lock asistió a reuniones con funcionarios de los ministerios de Salud y Agricultura, los programas sociales Qali Warma y Cuna Más, y el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAM), en las que se definieron las características que debía cumplir el arroz fortificado.
Sin embargo, de todas estas entidades públicas, Gabriela Lock tuvo una participación activa y directa en el CENAN, lo que fue clave para lograr que se modificaran las fichas de homologación del arroz fortificado, documentos esenciales para la compra de este producto, según distintas fuentes del sector que hablaron con Salud con lupa para este reportaje.
La primera ficha de homologación, aprobada en 2018, estableció que el arroz debía contener entre 1 % y 3 % de grano símil. Es decir, por cada 100 gramos de arroz fortificado, entre uno y tres gramos debían ser granos enriquecidos, y el resto, arroz blanco.
En 2019, el primer año de implementación del arroz fortificado, solo tres empresas abastecían de grano símil al programa Qali Warma. Ese año, DSM fue la que menos vendió, por debajo de la brasileña Urbano Alimentos y la chilena Proexa, según datos recogidos por la Contraloría. Más de 9 mil toneladas de arroz fortificado al 1 % fueron elaboradas con el producto de sus competidores, mientras que la compañía holandesa solo colocó 2 mil toneladas con su arroz fortificado al 2 %.
“Elegían a los otros proveedores porque ofrecían un menor precio”, contó una fuente de Qali Warma. ¿La razón? A mayor porcentaje de fortificación, se necesita comprar más grano símil para realizar la mezcla, lo que encarece los costos de producción.
Sin embargo, el 28 de octubre de 2019, Fredy Hinojosa —entonces director de Qali Warma— aprobó una resolución que exigía un grado de fortificación del 2 %, lo que encajaba perfectamente con la oferta de DSM.
Este cambio no se quedó solo en Qali. En 2022, se hizo oficial con la actualización de las fichas de homologación del CENAN, lo que fijó el requisito del 2 % de fortificación a nivel nacional. Desde entonces, todos los programas sociales que compran arroz fortificado deben ajustarse a ese estándar.
Salud con lupa recogió testimonios que señalan a Gabriela Lock como la persona que impulsó la inclusión de un porcentaje mínimo del 2 % en la nueva ficha de homologación, con el propósito de favorecer a su socio comercial y excluir a posibles competidores. Fue contactada para recoger su versión, pero no respondió.
Las circunstancias de ese momento también jugaron a su favor. Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, las empresas Urbano Alimentos y Proexa se retiraron del mercado peruano. Urbano Alimentos declinó brindar declaraciones para este reportaje.
Por su parte, Carla Vera, gerente general de Proexa, explicó por correo electrónico que su empresa ofrecía arroz fortificado con solo 1 % de mezcla porque tenía una ventaja competitiva: utilizaba menos insumos en su producción. Sin embargo, aseguró que “un laboratorio que era el principal competidor en el programa Qali Warma realizó gestiones para forzar un cambio en las bases de licitación, lo que implicó la imposibilidad de seguir participando”.
Fredy Hinojosa y su exasesora
Mientras el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable tomaba decisiones técnicas que favorecían a la multinacional DSM, en el programa Qali Warma ocurría algo similar. Fredy Hinojosa, entonces director ejecutivo del programa, adoptó medidas clave que terminaron beneficiando directamente a los hermanos Castro Yangali.
Su relación no era nueva. Cuando Hinojosa asumió la dirección del PRONAA en 2008, Rafael Castro Sánchez —fundador del grupo empresarial— ya era proveedor del programa. Además, tanto Carlos y Samuel Castro Yangali como Fredy Hinojosa compartieron afiliación política: ambos estuvieron inscritos en el Partido Aprista (Carlos entre 2008 y 2021; y Samuel e Hinojosa, entre 2010 y 2021).
Cuando estuvo al frente de Qali Warma, Hinojosa modificó los requisitos técnicos del arroz fortificado, lo que facilitó la participación de los Castro Yangali como proveedores principales. Para entender el impacto de estos cambios, hay que revisar primero lo que había dejado su antecesora, Sandra Cárdenas Rodríguez.
Durante su gestión, Cárdenas estableció un control de calidad más permisivo para verificar si el arroz fortificado cumplía con los nutrientes exigidos: bastaba con presentar una copia simple del certificado que emitía el laboratorio del propio fabricante del grano símil (su ingrediente principal). Esta regla eliminó cualquier verificación independiente —tanto en Perú como en el extranjero— y estuvo vigente durante las compras del 2019, el mismo año en que Hinojosa asumió la dirección del programa.
Luego de dejar el programa, Cárdenas continuó trabajando en el Estado: en 2020 laboró en el Ministerio de Educación y, cuatro años después, en el Ministerio de Economía.
Pese a la flexibilidad de la norma aprobada por Cárdenas, las empresas que usaron el grano de DSM ni siquiera cumplieron con ese requisito mínimo, según advirtió la Contraloría en un informe posterior.
El programa tampoco realizó por su cuenta ninguna verificación del contenido nutricional, ya que sus propias normas no lo exigían.
A fines de 2019, Fredy Hinojosa introdujo un nuevo cambio: dispuso que el análisis del grano símil lo realizara un laboratorio acreditado por ILAC (la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios), en lugar de cumplir con lo que en ese momento exigía el Ministerio de Salud: una prueba de laboratorio en el país de origen del grano.
Esta modificación benefició directamente a DSM, cuyo producto provenía de Costa Rica, ya que en ese país no había -y sigue sin haber- laboratorios acreditados para este tipo de análisis. Aunque la Contraloría recomendó revertir esta decisión, Hinojosa la mantuvo durante toda su gestión.
Salud con lupa revisó los documentos entregados a Qali Warma en 2020 y 2021 para 56 contratos en Junín y Huancavelica. Estos confirman que las muestras del grano de DSM fueron analizadas en el laboratorio Eurofins de Estados Unidos, acreditado por ILAC. Esto cumplía los requisitos impuestos por Fredy Hinojosa, pero no los del Minsa.
Hinojosa no tomó esta decisión solo. La resolución también fue firmada por la ingeniera Marisa Villagómez Izaguirre, entonces jefa de la Unidad de Organización de las Prestaciones, el área que define las características de todos los alimentos distribuidos por el programa. Villagómez había trabajado años antes en el PRONAA, primero como funcionaria en 2005 y luego como directora entre agosto y diciembre de 2011, tras la renuncia del propio Hinojosa.
En mayo de 2019, Hinojosa la nombró asesora de su despacho, y en septiembre le encargó temporalmente la jefatura de la Unidad de Organización de las Prestaciones, cargo que ocupó hasta enero de 2020. Aunque ese puesto duró menos de cuatro meses, Villagómez continuó como asesora de la dirección ejecutiva hasta julio de 2023, incluso después de que Hinojosa dejó el cargo en noviembre de 2022 y lo sucedieron tres directores distintos.
¿Qué pasó después de que Hinojosa y Villagómez se fueron de Qali Warma? El programa volvió a modificar los requisitos de calidad. Desde 2023, se exige que el grano símil sea analizado por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) en el país. Solo si no hay disponibilidad nacional, se permite acudir a uno acreditado por ILAC. Sin embargo, como en Perú no existen laboratorios acreditados para este tipo de análisis, los Castro Yangali siguen presentando certificados del laboratorio Eurofins, como lo han hecho desde el inicio.
Más puntaje en las contrataciones
Durante su paso por Qali Warma, Fredy Hinojosa tomó otras decisiones favorables para los Castro Yangali. En las compras del 2019, las empresas que ofrecían alimentos fortificados, obtenían 15 puntos extra en la evaluación. Aunque esta disposición fue aprobada un año antes por su antecesora, Sandra Cárdenas, él la mantuvo todo ese año.
En esa misma convocatoria, Qali Warma respondió a consultas de proveedores señalando que solo dos empresas —DSM y la brasileña Urbano Alimentos— podían abastecer la demanda de arroz fortificado del programa. Aunque no se excluía formalmente a otros postores, esta respuesta direccionó las compras hacia esas compañías. Christian Ampuero Gonzáles, que era el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de Qali Warma, advirtió el problema a Hinojosa el 2 de noviembre de 2020, pero su informe fue ignorado.
Ampuero elaboró un segundo informe sobre los controles de calidad del arroz fortificado en enero del 2021 y cuatro meses después, dejó el cargo. Actualmente, dirige el OCI del Fuero Militar Policial. Salud con lupa intentó comunicarse con él y le envió un correo electrónico para saber si Hinojosa respondió a sus advertencias o si estas fueron corregidas, pero Ampuero declinó dar declaraciones.
Fredy Hinojosa también reemplazó el puntaje por alimentos fortificados por un nuevo criterio: entre 2020 y 2022, se otorgaron 20 puntos adicionales a las empresas que ofrecieran productos regionales o macroregionales, es decir, alimentos elaborados o envasados en la misma región donde serían distribuidos, o en regiones contiguas.
Para acceder al puntaje, los fabricantes de los alimentos vendidos a Qali Warma debían tener una certificación de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). Maquilak, fabricante del arroz fortificado, intentó obtenerla en agosto de 2020, pero Digesa se la negó: no había acreditado que realizara los análisis microbiológicos y fisicoquímicos necesarios para comprobar que el producto no estuviera contaminado ni contuviera sustancias tóxicas. Logró la certificación en septiembre de 2021.
Otro requisito clave era el registro sanitario, también otorgado por Digesa. Maquilak la obtuvo el 24 de noviembre de 2020. A pesar que no contaba con estas dos certificaciones en buena parte del 2020 y 2021, Maquilak igual pudo ser proveedora de arroz fortificado para Qali Warma durante esos años.
Cumplir con todos los requisitos significó algo más para los Castro Yangali: les permitió expandir su negocio como abastecedores indirectos, vendiendo su arroz fortificado a otros proveedores del programa. Por ejemplo, a la Corporación UP en Arequipa y al Consorcio Fortaleza en Pasco. Según dos testimonios recogidos para esta investigación, los Castro Yangali ofrecían garantías a sus compradores: les aseguraban que, si elegían su producto, no tendrían problemas con las inspecciones de Digesa ni con las supervisiones de QaliWarma.
Esa supuesta influencia no es una simple percepción. Existen antecedentes concretos ocurridos entre 2018 y 2022, durante las gestiones de Sandra Cárdenas y Fredy Hinojosa en Qali Warma. En primer lugar, los requisitos del arroz fortificado fueron modificados a la medida del producto de los Castro Yangali.
En segundo lugar, se cambiaron las normas para la compra de conservas de pollo, pavo o pavita, eliminando la exigencia de contener almidón. Esta modificación dejó fuera del mercado a la empresa San Fernando y favoreció a los Castro Yangali, que importaban conservas de la empresa Crider INC desde Estados Unidos. En 2020, Digesa detectó que esas latas estaban contaminadas con metales pesados, pero solo impuso una multa de S/5,150. Qali Warma, por su parte, no tomó ninguna medida.
Actualmente, la Fiscalía ha logrado la detención de siete exfuncionarios de Qali Warma y uno de la Dirección Regional de Salud de Puno por el caso de las conservas de carne adulteradas distribuidas por la empresa Frigoinca. La compañía ha reconocido que mantenía una planilla de pagos paralela para asegurar que sus productos pasaran los controles. Aunque este caso no involucra a los Castro Yangali, deja al descubierto un sistema de corrupción instalado dentro de Qali Warma, que, según la tesis fiscal, alcanza al exdirector ejecutivo Fredy Hinojosa.
Salud con lupa solicitó una entrevista con Hinojosa a través de la Oficina de Comunicaciones del Despacho Presidencial, pero el funcionario decidió no responder.
Nunca se probó con escolares
Desde su implementación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no ha realizado pruebas con escolares para saber si el arroz fortificado es bien recibido. Salud con lupa pudo conocer que se planearon pilotos en las regiones de Lambayeque y San Martín, pero la pandemia de la COVID-19 frustró esos ensayos. Cuando se consultó al ministerio sobre este tema en mayo de 2025, sus voceros declinaron hacer declaraciones.
La única evaluación sensorial disponible fue hecha en 2017, cuando aún no se repartía el producto en las escuelas. Fue realizada por la Universidad Nacional Agraria La Molina, pero no con niñas ni niños, sino con personas de entre 16 y 30 años.
Tampoco hay evidencia técnica sobre cómo se comportan los nutrientes del arroz fortificado al momento de cocinarlo. El Ministerio de Salud asegura que no se pierden al lavar o hervir el arroz, pero en el Perú no existen estudios que lo confirmen. A eso se suma otra limitación: los controles que se hacen para verificar la presencia de los 10 micronutrientes (hierro, zinc, tiamina, niacina, piridoxina, vitaminas A, B12, D y E, y ácido fólico) se hacen solo al grano símil —con el que se elabora el arroz fortificado— y no al producto final que llega a las escuelas.
Este hecho no toma en cuenta que las vitaminas se degradan durante el proceso de cocción. “A diferencia de los minerales como el hierro o el zinc —que son más estables—, las vitaminas son sensibles al calor, la luz o el oxígeno, y pueden perderse antes de ser aprovechadas por el organismo”, explica Luis Olivera, doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente universitario.
Aunque las cantidades exigidas para cada micronutriente están fijadas como valores mínimos, estas podrían no ser suficientes precisamente por esa pérdida durante la preparación. Por eso, Olivera advierte que lo ideal sería realizar estudios de biodisponibilidad: investigaciones que permitan saber cuántos de esos nutrientes son realmente absorbidos por el cuerpo después de cocinar el arroz. Solo con esa información se podrían ajustar las concentraciones mínimas y máximas en función de su efectividad nutricional.
Las normas técnicas del arroz fortificado tienen otra falencia: no exigen un índice de gelatinización, una medida clave en los productos con almidón, como el arroz, los fideos o los cereales. Este proceso es determinante para lograr una textura adecuada: que el arroz no se deshaga ni quede duro, lo que influye directamente en su aceptabilidad entre los escolares. Lo llamativo es que Qali Warma sí exige este índice en otros productos como harinas y cereales, pero no en el arroz fortificado.
Esta omisión técnica ya tiene consecuencias. Entre mayo y junio de este año, en varios colegios de Lima, madres de familia recibieron arroz fortificado para prepararlo en casa, pero sin instrucciones claras. Al prepararlo, algunas de ellas observaron que el arroz se convierte en una masa espesa y pastosa, lo que desanima su consumo.
Salud con lupa solicitó entrevistas con Qali Warma y con el CENAN para consultar por qué estos aspectos técnicos no se consideraron en la formulación del producto, pero ninguna de las dos instituciones aceptó entrevistas.
Arroz fortificado por ley
En mayo de este año, el Congreso aprobó una ley que extiende el uso del arroz fortificado más allá del ámbito escolar: todos los programas sociales de nutrición deberán seguir entregrándolo, y además se permitirá su venta en el sector privado, como mercados y supermercados.
Sin embargo, el endocrinólogo Gustavo Gonzáles, presidente de la Academia Nacional de Medicina y profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), advierte que no existe evidencia concluyente que justifique seguir promoviendo el consumo masivo de arroz fortificado. Tras más de 15 años investigando la anemia, sostiene que este problema de salud pública no puede resolverse solo añadiendo hierro a los alimentos.
En su artículo más reciente, publicado en mayo de 2025, Gonzáles —junto a las investigadoras Cinthya Vásquez (USIL), Vilma Tapia (Universidad Peruana Cayetano Heredia) y el congresista Ernesto Bustamante— analiza las políticas de fortificación aplicadas en otros países, como Costa Rica, un modelo que Perú busca replicar, donde el arroz fortificado no contiene hierro.
En sus conclusiones, señala que la anemia es una condición compleja, estrechamente relacionada con la falta de agua potable, el acceso deficiente al saneamiento, la presencia de enfermedades infecciosas y la escasa educación nutricional en las poblaciones más vulnerables.
Gonzáles también advierte que distribuir alimentos enriquecidos con hierro a niños que no tienen deficiencia puede ser contraproducente. El primer riesgo, señala, es que niños sanos terminen desarrollando anemia.
Un ejemplo de esto ocurrió en el programa Juntos, que promueve la suplementación con hierro en menores de tres años a través de las “chispitas”, unos sobres que se entregan en los controles de salud. Sin embargo, en 2023 se detectó un problema: entre los niños que no tenían anemia a los seis meses, solo el 40% logró mantenerse sin anemia tras la suplementación. El otro 60% terminó desarrollándola.
“Consideramos que la academia debe estudiar esta población con la cual se obtienen estos resultados contradictorios”, dijo Jessica Niño de Guzmán, entonces directora del programa Juntos, según cita el informe La anemia infantil en Perú.
Además, Gonzáles alerta que el exceso de hierro en un niño con niveles normales puede afectar su crecimiento, su desarrollo cognitivo y su salud digestiva. “Si una persona se alimenta normalmente y sigue un patrón nutricional variado, no necesita este tipo de productos fortificados. ¿Por qué tendría que entregarse arroz fortificado a todos? No tiene sentido”, señaló el especialista, quien ya había presentado estas mismas observaciones ante el Congreso antes de que se aprobara el proyecto de ley.
Pese a las dudas técnicas y la falta de resultados comprobados, el Estado sigue promoviendo el arroz fortificado como una respuesta principal a la anemia. Mientras persistan la falta de evidencia científica y los intereses comerciales en su promoción, la política pública seguirá apostando por una solución incompleta frente a un problema cuya raíz va mucho más allá de lo que puede resolver un solo alimento.
