Tras su visita al Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que concluye que durante las movilizaciones realizadas entre el 9 y 15 de noviembre en contra del régimen transitorio de Manuel Merino se produjeron diversas violaciones a los derechos humanos. Por eso, recomendó al Estado que garantice las condiciones para la investigación y sanción de los responsables de la violencia que generó cientos de personas lesionadas y los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
En ese contexto, la delegación remarcó que la justicia tiene que ir acompañada de reparaciones proporcionales a los daños. “Todo proceso de reparación debe adelantarse con plena garantía de la participación de las víctimas, otorgándoles un papel protagónico de acuerdo con sus perspectivas y necesidades concretas”, recomendó.
Los comisionados se entrevistaron con más de 120 personas, entre ellas el presidente Francisco Sagasti y 83 afectados durante las protestas en Lima que aportaron evidencia del abuso de la fuerza cometido por la Policía Nacional. Sobre la base de sus testimonios, la delegación de la CIDH, encabezada por Joel Hernández, dijo que observa con preocupación los procedimientos policiales ejecutados: detenciones ilegales, despliegue de técnicas intimidatorias, uso de armamentos no autorizados para el control de manifestaciones públicas, así como graves hechos de violencia contra periodistas, brigadistas médicos voluntarios y personal de la Defensoría del Pueblo.
La delegación estuvo en Perú del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Durante ese lapso constató la situación de los heridos en los hospitales, escuchó a las familias de los jóvenes fallecidos y se entrevistó con varias autoridades. En su informe deja constancia que la policía usó gases lacrimógenos y perdigones de manera indiscriminada, ininterrumpida y en ocasiones dirigida directamente al cuerpo de los manifestantes. Además, menciona que policías vestidos de civil del Grupo Terna detuvieron a las personas sin una clara justificación.
La CIDH incluye el uso de helicópteros que sobrevolaron a baja altitud durante las manifestaciones para generar “un clima de intimidación y miedo” a los jóvenes manifestantes. Pese a estos hechos, la delegación menciona que altos funcionarios del Gobierno de Merino felicitaron a la policía por sus procedimientos. El 14 de noviembre, la noche más violenta, la protesta terminó con la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado y unas 107 personas heridas por proyectiles de armas de fuego, inhalación de gases tóxicos y politraumatismos. Esa misma noche, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, reportaron 60 personas no habidas.
En el reporte se consignaron los abusos a los derechos humanos de algunas mujeres. Está registrado el caso de una adolescente de 14 años, que fue detenida, golpeada y sometida a vejaciones sexuales por la policía. Su hermana también fue víctima de maltrato. La comisión “comprobó que el lugar donde estuvo detenida era oscuro, sin acceso a ventilación y en deplorables condiciones higiénicas”. Otra mujer adulta contó a la delegación que también fue víctima de violencia sexual, desnudo forzado, tocamientos y trato humillante por su origen andino.
La CIDH recibió también información sobre actos de violencia contra los policías desplegados en las manifestaciones, como insultos, piedras y otros objetos contundentes. Esto ocasionó heridas leves a 21 agentes y destrozos de la propiedad pública y privada. Los comisionados indicaron que condenan enérgicamente la violencia, sin importar de dónde venga; pero recuerdan que “los Estados deben actuar en base a la licitud de las protestas, pues el hecho de que algunas personas actúen con violencia, no vuelve violenta la protesta”.
La delegación de CIDH expresó su voluntad y plena disposición para brindar asistencia al Estado y a las víctimas de abusos a los derechos humanos, en relación con la implementación de las medidas de reparación integral. Sobre la base de su informe, formuló las siguientes recomendaciones:
- Adoptar medidas para investigar diligentemente con miras a identificar, juzgar y sancionar a los responsables tanto penales como administrativos de todos los actos de violencia cometidos en el marco de las recientes protestas.
- Tomar las medidas necesarias para garantizar el cese del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú en el contexto de las manifestaciones. La CIDH recuerda que la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en el mantenimiento del orden público debe estar en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia. Para ello se deben llevar adelante las reformas al estamento policial, ajustar su marco normativo a los estándares y normas interamericanos, así como sus protocolos de actuación.
- Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y de la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo con los protocolos vigentes. Para ello se debe capacitar permanentemente a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos. Además, considerando la posición especial de garante de las personas bajo su custodia, el Estado debe garantizar que las condiciones de detención en comisarías sean acordes con el respeto a la dignidad, salud e higiene de las personas privadas de libertad.
- Tomar las medidas necesarias para establecer controles independientes y especializados relacionado con el tipo de armamento y municiones destinado a proteger y controlar las manifestaciones, con miras a garantizar su plena conformidad con los protocolos vigentes y a los estándares internacionales en la materia.
- Tomar las medidas necesarias para implementar, de manera efectiva y con respaldo legal, el anunciado mecanismo interministerial para tomar medidas de no repetición, protección y reparación personas que resultaron fallecidas y heridas en el marco de las protestas y a sus familias. Este mecanismo ha de contar con competencias claramente definidas; con recursos para su adecuado funcionamiento; con instancias de coordinación y seguimiento; y ha de integrar la participación de representantes de personas heridas y fallecidas durante las protestas y con la participación de representantes de la sociedad civil.
- Fortalecer las capacidades del Ministerio Público en materia de recursos humanos, financieros y logísticos que permitan llevar a cabo, de manera diligente y efectiva, las investigaciones y diligencias relacionadas con los hechos ocurridos en el marco de las protestas desde una perspectiva de derechos humanos. De manera particular, reforzar su capacidad investigativa y la conformación de un cuerpo técnico de investigación policial;
- Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que han denunciado diversas afectaciones en el marco de las protestas, así como a las personas que han rendido testimonio ante la CIDH.
- Garantizar atención en materia de salud, tanto física como mental, para todas las personas que han resultado heridas o afectadas en el contexto de las protestas, y particularmente, las personas que han resultado con alguna forma de discapacidad.
- La Comisión alienta a las autoridades a promover un diálogo constructivo entre los diferentes poderes del Estado, conforme a los valores democráticos, con miras a contribuir al fortalecimiento del Estado Derecho;
- Contar con la asistencia técnica de la CIDH para dar seguimiento a las presentes recomendaciones mediante un mecanismo conjunto convenido para tal fin.
