La emergencia desatendida en la cuenca del Río Ene

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La emergencia desatendida en la cuenca del Río Ene

Presupuestos ínfimos, postas de salud sin médicos, familias sin agua ni desagüe. A una semana de la masacre de San Miguel del Ene, un análisis sobre el desamparo en el que viven los centros poblados de la cuenca del Río Ene en materia de salud, educación y acceso a servicios básicos.

Asháninkas del Río Ene
La desnutrición crónica y la anemia son dos flagelos que golpean a la población infantil de las comunidades. Musuk Nolte

El 3 de octubre de 2015, en la desembocadura del río Yaviro, un afluente de la cuenca del río Ene, comenzó a existir Vizcatán del Ene, el noveno distrito de Satipo, en el departamento de Junín. Un territorio de 607.90 km2, a 430 metros sobre el nivel del mar, que por entonces contaba con 1,135 habitantes. Un territorio tristemente célebre desde hace dos domingos por el asesinato de 16 personas. Una masacre confusa que ha revivido estigmas y prejuicios en las horas finales de las elecciones presidenciales, en el año del Bicentenario.

Madres incineradas, niños incinerados, cuerpos semidesnudos y agujereados de hombres y mujeres. Algunos cerca de una puerta, al lado de una cama e incluso apoyados sobre un congelador. Alrededor botellas reventadas, charcos de sangre y una infinidad de casquillos de bala. Escenas de horror que el alcalde de San Miguel del Ene, capital de Vizcatán del Ene, asegura no haber visto antes. "Han lanzado fuego abierto. Han podido matarlos a todos", declaró Alejandro Atao al portal Sudaca.

Antes de que el gobierno de Ollanta Humala aprobara su creación como distrito, Vizcatán pertenecía a la Municipalidad de Ayahuanco, uno de los doce distritos de la provincia de Huanta, en Ayacucho. No tenía electrificación, servicios básicos y vías de comunicación. Se creyó que la distritalización acabaría con las carencias y trazaría la ruta del desarrollo. Pero no ha sido así. Hoy Vizcatán del Ene no solo es un distrito con 27 centros poblados que no cuenta con un solo colegio de nivel secundaria, además es el tercer distrito del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) con más hectáreas de coca: 2,596 arbustos, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Una zona liberada y a su vez un corredor del narcotráfico donde la seguridad del Estado brilla por su ausencia.

El último sábado, a raíz de los ataques, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, anunció la instalación de una base militar en San Miguel del Ene, la capital del distrito y el lugar donde sucedieron los hechos. Además, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas suscribió un acuerdo para cederle municiones y quince armamentos a su Comité de Autodefensa. Días atrás funcionarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma visitaron repentinamente San Miguel del Ene para cerciorarse de las condiciones de almacenamiento de los desayunos que reciben los niños del colegio inicial N° 656.

Cuatro días tardaron los efectivos de la Marina y de la Policía Nacional en hacerse presentes en San Miguel del Ene luego de la masacre. “Han venido a constatar los hechos y dar protección a los pobladores”, señaló la subprefecta de Vizcatán del Ene, Nélida Mancilla. Cuando el Estado llegó tardíamente, aún se velaban algunos cuerpos en la Plaza de Armas.

Vizcatán del Ene, una zona semicálida húmeda donde crece el café, la yuca y la pituca, es el municipio que cuenta con menos recursos de Satipo: apenas el 2,79% del presupuesto total de la provincia. Ello representa alrededor de S/.4,4 millones, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.

En este distrito que en el 2021 no supera los 6 mil habitantes, la desnutrición crónica alcanza al 19.1% de niños menores de 5 años, según un reporte del Instituto Nacional de Salud del Minsa de 2019. Asimismo, el 23.3% padece de anemia. Su acceso a programas sociales está lejos de ser el óptimo. En un estudio de los indicadores sociales del departamento de Junín elaborado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en mayo de este año, Vizcatán del Ene registra 60 hogares afiliados al programa Juntos, y solo tres usuarios que acceden a Pensión 65.

Si bien es una zona de colonos, es decir, de migrantes, en Vizcatán del Ene cohabitan los asháninkas y los nomatsiguengas. Los asháninkas son un pueblo guerrero desperdigado por la sierra central, la sierra sur y la amazonía peruana. Un grupo se asentó en la cuenca del Río Ene en los años sesenta debido a los abusos que ejercieron los colonos sobre ellos. Si bien casi no reportaron indicadores en el III Censo de Comunidades Nativas 2017, lo cierto es que la salud es un área desatendida para la población en general. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), el 55,8% no accede a la salud en Vizcatán del Ene.

En el contexto de la pandemia esta problemática ha quedado más expuesta. “La vacunación no ha llegado a los pueblos de la cuenca del río Ene. Con las justas ha llegado a Satipo, donde se está vacunando a la población mayor, pero no hay muchas expectativas de los centros poblados”, dice Roldán Ramos, un consejero municipal que creció en el centro poblado de Puerto Anapati, distrito de Pangoa, en Satipo.

Roldán Ramos vive en Puerto Ene, centro poblado de Río Tambo, que se ubica río abajo en la margen derecha del Río Ene, y que prácticamente está enfrente de San Miguel del Ene. Roldán habla con conocimiento de causa sobre lo difícil que es atender una urgencia médica. “El establecimiento más cercano está a seis horas del Río Ene en el distrito de Pichari (Cusco). Porque si te vas a Satipo terminas muerto. Hasta allá son ocho horas”, cuenta Roldán.

Cuando sucedió el ataque del domingo 23 de mayo, el Comité de Autodefensa de Puerto Ene se activó y, con ello, sus 45 ronderos. El alcalde Jaime Ramírez, quien vive en la comunidad nativa de Quimarupitari Alto, dio la alerta al escuchar los disparos. Ramírez se queja de que sus radios no funcionan al igual que su armamento. La última donación de retrocargas que recibieron ocurrió entre el 2001 y el 2002. Muchas de sus armas, de hecho, ya no percutan. “Ellos (terroristas) tienen armas de largo alcance. ¿Con qué nos vamos a defender si cruzan la raya?”, explica Ramírez.

Con la raya se refiere al Río Ene, que es lo que los divide. Ramírez, a quien apodan Parari (lobo marino en asháninka), presidió el Comité de Defensa del Río Ene, en toda su extensión, entre 1998 y el 2005. Sabe lo que es arriesgar la vida en un enfrentamiento y perder a un compañero. “Ellos solían saquear nuestros alimentos del PRONAA, así como nuestros comedores populares hasta que nos pusimos fuertes y ellos se internaron definitivamente en la zona de Vizcatán. Mucho tiempo hemos sigo engañados”, narra.

Ramírez establece una diferencia: los centros poblados que se ubican en la margen derecha del Río Ene y que pertenecen al distrito de Río Tambo, vale decir, Valle Esmeralda, Selva de Oro, Fe y Alegría y Puerto Ene se dedican en su gran mayoría al cultivo de cacao a diferencia de la margen izquierda donde son eminentemente cocaleros. “Nos han satanizado y eso nos ha impedido surgir”, dice este alcalde cuyo presupuesto anual es de 24 mil soles.

En Puerto Ene, donde según dice viven 1,500 personas entre colonos y nativos, no cuentan con ningún doctor. Solo cuentan con paracetamol y antalgina en el botiquín de su centro de salud. Centro de Salud que fue construido recién en el 2020. Durante la primera ola cerraron sus fronteras, tumbando árboles para cerrar el camino.

Ashaninkas
El último fin de semana los centros poblados de la margen derecha del río Ene se reunieron para fortalecer sus Comités de Autodefensa. Musuk Nolte.

Preocupaciones que también comparte Nino Espinal de la Cruz, alcalde de Fe y Alegría, un centro poblado con 1,800 personas, entre ellas cinco comunidades indígenas. Al igual que toda la zona no cuentan con los servicios básicos de agua y desagüe. La señal es por zonas y la electricidad solo beneficia a unas pocas familias.

Nino nació en Huancayo, pero vivió mucho tiempo en Mazamari, otro de los distritos de Satipo. Su Comité de Defensa, compuesto por 70 ronderos, está patrullando su pueblo todas las noches desde el atentado. “El valle no es malo. Pero falta convicción y la presencia del gobierno central. Los proyectos no se concretan y entonces como no hay oportunidades a la gente pobre y humilde no le queda otro camino que trabajar para el narcotráfico. No se hace nada por ellos”, enfatiza. Fe y Alegría tiene entrampado un proyecto de agua y desagüe, así como la construcción de un puente que los conecte con Pampa Alegre y una carretera de 42 kilómetros. Su presupuesto al mes no supera los cuatro mil soles. Y según él, disminuye ostensiblemente en cada visita que realiza a la provincia de Satipo.

El último fin de semana se realizó un congreso que reunió a todos los centros poblados de la margen derecha del Río Ene. Si bien se trataba de una cita ya pactada por los productores de cacao, la reunión en Shampitiari Alto sirvió para discutir las medidas que adoptarán frente a los últimos acontecimientos. Se habló de fortalecer los Comités de Autodefensa. Incluso de la posibilidad de formar un solo frente, pues actualmente no se encuentran tan interconectados. También de plantear una nueva distritalización. “Es una manera de recibir mayores recursos del Estado”, dice Nino Espinal de la Cruz.

Entre los 31 distritos de intervención directa y los 38 distritos de influencia, el Vraem está poblado por 467 mil habitantes según el Censo de Población y Vivienda de 2017 del INEI. El 1,6% de la población de todo el Perú que, además de no contar con lo mínimo para surgir, sobrevive en un permanente Estado de Emergencia al que se suma la exclusión y, como hemos visto últimamente, el aprovechamiento de los partidos políticos.

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