Ha pasado una semana desde que el derrame de unos seis mil barriles de petróleo contaminó el mar de Ventanilla, en el Callao. Y, en vez de que la multinacional española Repsol desplegara inmediatamente todos sus esfuerzos para contener el desastre, este se extendió y afectó a veintiún playas y a su biodiversidad, no solo en Ventanilla, sino además en los distritos limeños de Santa Rosa y Ancón, según informó la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). La contaminación se ha esparcido con el transcurso de los días y, a la fecha, también ha afectado a la provincia de Huaral, en Lima.
Hasta este sábado, de acuerdo a datos brindados por el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, en el Congreso de la República, son 1,8 millones de metros cuadrados de franja de playa afectados por el petróleo y 7,1 millones de metros cuadrados de mar. En total, esto equivale a unos 1257 campos de fútbol o a un poco más del doble del Central Park de Nueva York, en Estados Unidos. Lo que agrava aún más la situación es que también están implicadas zonas reservadas y humedales, como los situados en el distrito de Chancay, en la provincia limeña de Huaral, según advirtió el Colegio Médico Veterinario del Perú.
El derrame ocurrió durante el proceso de descarga de petróleo del buque Mare Doricum hacia la Refinería La Pampilla la tarde del 15 de enero. Y, de acuerdo a lo informado por la compañía italiana Fratelli D’Amico, que administra el buque, se debió a la ruptura de la tubería submarina. La empresa italiana no explicó las causas de la ruptura, pero la gerenta de comunicaciones de Repsol, Tine Van Den Wall Bake, dijo en RPP que la catástrofe se ocasionó como consecuencia de la erupción del volcán submarino Tonga en el Pacífico Sur. Según afirmó, debido al oleaje anómalo se rompieron los cabos de estribor y se produjo un movimiento brusco del buque; por ello, se paralizó la descarga y aplicó el plan de contingencia. Esta versión ha sido puesta en duda por testimonios que aseguran que el mar estaba calmo al momento del incidente.
De acuerdo al biólogo y director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, en derrames de este tipo se tiene que enviar buzos con protección especial a mirar qué ha sucedido, cerrar las válvulas para evitar que el petróleo continúe esparciéndose, y monitorear tanto la dirección como la magnitud del derrame para proceder con la limpieza. La gerenta de comunicaciones informó que siguieron el protocolo y, tras la exploración en patrullas, lanchas y drones, solo observaron iridiscencia en el mar, unos reflejos de colores similares al de un arcoiris, por lo que pensaron que era “una cosa leve” e informaron que el derrame no excedía un barril en un área de 2,5 metros cuadrados. Sin embargo, de acuerdo con su relato, el “producto viajó por el fondo del mar” y “recién pudieron verlo al día siguiente”. Hoy, este suceso se considera el peor derrame de petróleo ocurrido en Perú.
Con kilómetros de mar contaminado, animales intoxicados y muertos, y la paralización de labores por parte de los pescadores, artesanos y comerciantes de las zonas afectadas; Repsol debió proceder inmediatamente con la limpieza del hidrocarburo. Riveros detalla que se deben colocar alrededor de las manchas de petróleo barreras de contención –parecidas a salchichas gigantes– para impedir su desplazamiento. Luego, se recurre a una aspiradora conocida como skimmer o a mantas oleofílicas para absorberlo; y finalmente, de ser necesario, se aplican solventes para que el petróleo que haya quedado en las barreras de contención pierda sus propiedades de viscosidad.
Repsol sí tenía un plan de contingencia para la Refinería La Pampilla, pero por el impacto de los hechos pareciera que no lo aplicó adecuadamente y con la prontitud que ameritaba la situación. Según el documento, aprobado el 2015, la primera acción es detener la fuga del petróleo y evaluar la magnitud de pérdida de hidrocarburo; avisar a las autoridades competentes lo sucedido; identificar las zonas afectadas; y emplear maquinaria y personal para contener el derrame, limpiar las áreas contaminadas y salvar a los animales. Si contaba con todo este protocolo, que también detalla la contratación de empresas para distintas labores, ¿por qué permitió que el petróleo se siguiera esparciendo?
Ante su limitada respuesta, la sociedad civil se organizó, a través de las redes sociales, para “limpiar” el desastre, principalmente en su epicentro: la Playa Cavero de Ventanilla, una de las más afectadas. Durante los primeros días tras el derrame, muchas personas intentaban retirar el petróleo de las playas con rastrillos, baldes o recogedores, como si se tratase de una limpieza casera. La intención, tal vez, fue la mejor de todas, pero la responsabilidad le correspondía a la compañía española bajo la fiscalización de las autoridades peruanas. Además de tratarse de un trabajo inmenso, los voluntarios se exponen a la contaminación por no usar equipos de protección adecuados ni conocer la manera correcta de proceder con la limpieza.
Como una muestra de la improvisación con la que ha actuado, la compañía Repsol contrató personal no capacitado para la limpieza en playas y en el mar. Desde su cuenta en Instagram, Oceana Perú denunció que el personal recogía el petróleo de la playa y lo colocaba en huecos excavados cerca de la orilla para luego taparlos. En tanto, la periodista Manuela Camacho también advirtió en Tik Tok que “si los trabajos en mar no se aceleran, el trabajo en tierra será en vano”. Pese a las imágenes captadas en la zona mostraban escasa maquinaria y poco personal laborando, algunos con escaleras caseras, Repsol ha dicho que ha desplegado camiones para almacenar el petróleo que se recogía de las playas, 1350 personas para retirar el petróleo de la tierra y el mar, más de 2500 metros de barreras de contención y siete skimmers. La cantidad de maquinarias y personal aumenta con el transcurrir de los días, según su portal web, pero el trabajo aún es insuficiente.
La empresa no ha sido transparente desde el inicio del derrame y eso se demuestra con la información inexacta que brindó sobre la cantidad de barriles derramados. Tampoco se ha presentado en dos comisiones del Parlamento en la que fue citada para el 20 y 22 de enero. Sus comunicados al público también han sido tardíos y en ninguno de ellos explica qué nivel de respuesta está aplicando en base a su plan de contingencia. Por la magnitud de lo que se observa pareciera corresponder el nivel rojo, el más grave, para el cual debería intervenir Oil Spill Response Limited (OSRL), una compañía británica especializada en la gestión de derrames de petróleo responsable de esta tarea según el plan de contingencia. Sin embargo, en sus comunicados, Repsol solamente ha mencionado que recibe la asesoría especializada de Aiuká Consultoría Ambiental para el rescate de fauna marina, y de la empresa Environmental Resources Management (ERM) para el control de la emergencia, además de los servicios de Lamor Corporation, especializada en limpieza de playas. ¿Desde qué momento han intervenido estas empresas y cuál es el alcance de su labor? Salud con Lupa les hizo estas consultas, pero hasta el cierre de este informe no respondieron.
La evidencia también muestra que no ha habido una respuesta rápida, por parte de Repsol, para ayudar a los animales marinos. Decenas de personas se ofrecían de voluntarios para salvarlos, pero en la mayoría de casos no lo hacían de la manera correcta. En medio de este desastre, Repsol calcula terminar la limpieza de playas y zona marítima a finales de febrero.
Malas prácticas y reincidencias
La Refinería La Pampilla, operada actualmente por Repsol, registra un historial de malas prácticas en los últimos trece años, según comprobó Salud con Lupa en base a información del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Uno de los hechos graves, relacionado al derrame de petróleo, ocurrió el 2013 en la Playa Cavero de Ventanilla, en el Callao. Ese año, la refinería fue sancionada con S/ 250 mil de multa por brindar información inexacta sobre la cantidad de combustible derramado en el mar cuando se hacían operaciones de descarga en el buque Stena Chronos. La refinería informó que solamente se habían derramado siete barriles cuando en realidad fueron más de 190. La multa también incluyó el hecho de no controlar eficientemente el impacto negativo generado en el mar.
En total, desde el 2009, se produjeron 32 infracciones que incluyeron cinco multas. Además del caso de la Playa Cavero, el OEFA detectó infracciones por el inadecuado manejo de sustancias que podrían derivar en incidentes y la falta de prevención para manipular equipos. Por ejemplo, el 2014, la refinería no adoptó las medidas de prevención en la manipulación de la válvula de entrada de crudo al tanque, lo que causó un derrame de cerca de 5527 metros cuadrados de petróleo crudo en el suelo, dentro de sus instalaciones.
Otro hecho registrado por el OEFA ocurrió el 2009 y se refiere al almacenamiento inadecuado de residuos sólidos y peligrosos sin colocar etiquetas de advertencia. Esta situación pone en riesgo las actividades dentro de la refinería. En ese mismo procedimiento sancionador, se informó que la empresa no realizó un adecuado almacenamiento y manipulación de las sustancias químicas, lo que originó un goteo que supuso un riesgo de derrame. Sumado a ello, se evidenció que no contaba con diques antiderrames ni con equipos de dispersión.
Es importante recordar que la refinería tiene una capacidad para procesar 117 mil barriles de petróleo por día y concentra, a nivel nacional, el 54% de la capacidad de destilación.
En busca de la verdad
A raíz del derrame de petróleo, el presidente de la República, Pedro Castillo, escribió en su cuenta de Twitter que ya se han iniciado “acciones penales, civiles y administrativas a fin de cautelar la soberanía y bienestar del país”. Ello incluye investigaciones por parte de las distintas entidades del Estado para determinar qué ocasionó el derrame del petróleo, la cantidad exacta de crudo en el mar de Ventanilla, las demás zonas afectadas y si hubo o no negligencia durante la aplicación del plan de contingencia.
La Marina de Guerra del Perú, por ejemplo, comunicó el jueves que inició una investigación para determinar las causas del derrame y a sus responsables. Por otro lado, en una entrevista para Mongabay, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, dijo que se está preparando una demanda civil por parte del Estado peruano contra Repsol por todos los daños causados como consecuencia del derrame. Para ello, en conjunto con la Procuraduría General del Estado, reúne la evidencia necesaria para construir el caso.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEM) también ha iniciado una investigación preliminar, lo que, según la empresa española, no afectará significativamente el patrimonio, los negocios o las actividades de la Refinería La Pampilla. “No advertimos un pronóstico negativo en función a los hechos y argumentos de defensa que en su momento plantearemos en la investigación”, sostiene Repsol en una comunicación a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
En tanto, la Dirección de Investigación del Medio Ambiente de la Policía Nacional (Dirmeamb) también realiza investigaciones, de acuerdo a lo informado por el diario La República. Su labor consiste en la recolección de muestras de agua, suelo y atmósfera para realizar un posterior peritaje y determinar lo sucedido en el punto de desembarque del buque Mare Doricum.
Mientras se busca conocer todos los detalles del derrame, en cada una de las instancias correspondientes, el gobierno ya declaró la emergencia ambiental por 90 días en toda la zona de la costa afectada por el derrame. Ahora, lo primordial será continuar con las labores de limpieza y remediación de zonas afectadas, que además de haber impactado en la fauna marina también lo ha hecho en aquellas familias que subsisten diariamente de las actividades que realizan en el mar o cerca a él. Por ello, el OEFA ha dado un plazo máximo de ocho días hábiles, contados desde el 18 de enero, para que Repsol identifique las zonas afectadas, realice las labores de contención y recuperación del petróleo, y transporte y almacene de manera adecuada el combustible recuperado, con la finalidad de prevenir daños mayores.
En la Comisión de Pueblos Andinos del Parlamento, la gerenta general del OEFA, Miriam Alegría, informó que su institución aún se encuentra en la fase de supervisión de las acciones que debe realizar Repsol y, si no cumple con las disposiciones, emitirán las sanciones y multas de acuerdo a la gravedad de los hechos. Además, reiteró que su institución continúa evaluando el nivel de impacto en las zonas afectadas por el derrame de petróleo. Solicitamos una entrevista con la vocera de esta entidad para abordar el tema, pero no la concedieron.
La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, también se ha pronunciado sobre el desastre y este jueves anunció el impedimento de zarpar del buque Mare Dorium, al menos hasta que sus propietarios entreguen una carta fianza valorizada en 150 millones de soles.
