A través de tres salas especializadas en distintas materias, los vocales del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) resuelven controversias relacionadas con los usuarios de los servicios de salud, hospitales, clínicas, aseguradoras y administradoras de fondos de aseguramiento. Los vocales tienen una amplia trayectoria profesional y algunos de ellos mantienen nexos con estudios jurídicos que asesoran legalmente a empresas que tienen casos pendientes en el Tribunal, según corroboró Salud con Lupa tras analizar las cartas que presentaron para abstenerse de resolver procesos durante los dos últimos años.
De acuerdo al abogado Paul Castro García, especialista en derecho de mercado y protección al consumidor, el mecanismo de la abstención tiene como objetivo evitar un posible conflicto de interés, así como sesgos en la decisión del miembro del órgano resolutivo. Esta intención se aprecia en las 22 solicitudes que presentaron y con las que se mantuvieron a salvo de cruzar la línea de la irregularidad. De los ocho vocales actuales, la mitad registra abstenciones.
El vocal Enrique Varsi Rospigliosi reporta doce abstenciones entre el 2020 y noviembre de 2021. Diez de ellas están relacionadas a apelaciones, interpuestas ante la disconformidad con las resoluciones emitidas en la primera instancia administrativa; y las dos restantes, a procesos de quejas contra los órganos de la primera instancia —por ejemplo, la Intendencia de Fiscalización y Sanción—, por defectos de tramitación como lo son las demoras en un trámite.
Además de Varsi, otros tres vocales presentaron abstenciones. Uno de ellos es Leysser León Hilario, quien dio un paso al costado en cinco apelaciones y en dos procesos de quejas. En la lista siguen José Aróstegui Girano con dos abstenciones en procedimientos de apelaciones; y Christian Guzmán Napurí, con una abstención, también en un caso de apelación. Todos los vocales justificaron sus solicitudes en el numeral 6 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General que detalla que la autoridad puede abstenerse, por decoro, “cuando se presenten motivos que perturben su función”.
Es importante mencionar que, según la ley, la autoridad debe abstenerse de participar cuando sus “opiniones sobre el fondo de los procedimientos puedan influir en el sentido de las resoluciones”. Por ejemplo, cuando sea pariente de los administrados o de sus representantes, cuando el vocal o alguno de sus familiares posea un interés particular en el tema, o cuando mantenga o haya tenido relación de subordinación con las personas o empresas involucradas en los procesos. En tanto, el reglamento del Tribunal indica que debe abstenerse cuando labore en una empresa —sea socio, accionista o apoderado de ella— que asesora o haya asesorado en cualquier proceso a una persona o compañía que interviene en el caso.
En las abstenciones analizadas a partir de 2020, la mayoría de vocales señala mantener relación con estudios de abogados que brindan asesoría legal, directa o indirectamente, a clínicas y aseguradoras pertenecientes a los grupos económicos Auna o Pacífico, como se detalla a continuación.
Las razones de la abstención
Solamente en los dos últimos años, estos cuatro vocales han evitado participar en 22 procesos administrativos en dos salas que conforman el Tribunal: la primera y tercera, ambas especializadas en la defensa de los derechos en salud de los usuarios. Las justificaciones en las solicitudes de los abogados Enrique Varsi, Leysser León, José Aróstegui y Christian Guzmán revelan que son consultores o socios de estudios de abogados que asesoran a las empresas que tienen casos en el Tribunal, han sido directivos en algunas de las compañías participantes de los casos o han tenido algún familiar o amigo involucrado en los procesos.
El doctor en derecho Enrique Varsi fue consultor del estudio Lazo, De Romaña & Gafliuffi Abogados entre el 2008 y el 2016. Actualmente es profesor principal en la Universidad de Lima, investigador académico, vocal de Susalud desde el 2015, árbitro en la Cámara de Comercio de Lima y, de acuerdo a su declaración jurada de intereses, socio del Estudio Rodríguez Angobaldo Abogados con el 25% de acciones.
Esta última firma tiene como cliente al Grupo Auna, según detalla el mismo vocal en una de sus cartas, por lo que se abstuvo en septiembre del año pasado de participar en dos apelaciones que involucraron a las clínicas Bellavista y Vallesur, ya que ambas compañías forman parte del mencionado grupo económico. Varsi también se abstuvo en otros diez procesos debido a que el estudio de abogados donde es socio también asesora a otras clínicas y aseguradoras o a los grupos económicos de los que son parte estas compañías. La relación incluye a Pacífico Entidad Prestadora de Salud, Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, la Clínica Internacional, Rímac Entidad Prestadora de Salud, La Positiva Compañía de Seguros y Reaseguros, la Clínica El Golf y la Clínica San Borja.
Salud con Lupa revisó las resoluciones emitidas por el Tribunal durante el 2020 y 2021 que están publicadas en la página web de Susalud. En 209 procesos de apelaciones y quejas, Enrique Varsi participó, como presidente o vocal de alguna de las salas del Tribunal, en 63 de ellos. Dentro de este último grupo, aparece una apelación contra una resolución emitida en primera instancia que involucra a La Positiva Compañía de Seguros y Reaseguros, una empresa asesorada por el Estudio Rodríguez Angobaldo Abogados, según el mismo vocal informó en una de sus solicitudes. Aquí no se abstuvo, pese a que sí lo hizo en otras situaciones similares.
En este proceso, la apelante Lucía María Mercedes Cavero Belaunde solicita que se deje sin efecto la resolución que archivó el inicio de un procedimiento sancionador contra esta aseguradora y, finalmente el Tribunal le dio la razón a la ciudadana. Pero, ¿por qué no se abstuvo el vocal? Él indica que lo resuelto es desfavorable a la empresa, lo que demuestra su “total independencia e imparcialidad” de su participación. También argumenta que el estudio de abogados en el que labora no participó en ese caso en particular y que no mantiene ningún vínculo personal con La Positiva. No obstante, como lo argumentó en una de sus cartas, esta empresa mantiene una relación contractual con el estudio donde es accionista.
El segundo vocal con más solicitudes de abstenciones presentadas en los dos últimos años es Leysser León. A través de seis cartas, el doctor en derecho manifiesta no poder resolver procesos de quejas y apelaciones que incluyen a Pacífico Entidad Prestadora de Salud y a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros debido a que estas empresas forman parte del Grupo Pacífico. Este conglomerado es parte del Grupo Credicorp que recibe asesoría legal del Estudio Legal Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría donde él es consultor desde el 2018.
Además de estos casos, en otra carta de octubre de 2021, el vocal, quien también forma parte del Tribunal desde 2015, asegura que ese mismo estudio de abogados asesora al Grupo Rímac Seguros y por lo tanto se abstiene de resolver un proceso administrativo en el que participa Rímac Seguros y Reaseguros. Leysser León también es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El abogado León fue, el 2021, vocal de dos procesos de quejas en los que participó Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros. En un caso, esta compañía impugna, ante la Intendencia de Fiscalización y Sanción, la paralización del caso que sigue el órgano de la primera instancia para conocer si se inicia o no un procedimiento sancionador contra la aseguradora; sin embargo, el problema fue resuelto durante el análisis del Tribunal por lo que se declaró improcedente la queja. En el segundo caso, la misma aseguradora se quejó contra la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización por no pronunciarse dentro del plazo legal sobre una solicitud de prescripción de infracciones establecidas contra la empresa por parte de Susalud. El órgano informó que no lo hizo porque tenía varios casos por atender y poco personal. Finalmente, el Tribunal estableció que resuelva el trámite y emita una respuesta en diez días hábiles.
Como se aprecia, en ambos casos las quejas buscan resolver problemas de trámites que se efectúan en los órganos de primera instancia y, por lo tanto, en ellas no se resuelven problemas de fondo en los que, por ejemplo, se modifican sanciones a las empresas involucradas. A pesar de ello, el vocal León sí se abstuvo en un proceso similar de queja que también relaciona a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros.
María Alejandra Quintana, abogada de Caro & Asociados y especialista en derecho administrativo, argumenta que la abstención procede en un caso como este “porque hay una vinculación”; es decir, se tiene una compañía que es parte de un conglomerado económico que mantiene contrato con un estudio jurídico donde el abogado es consultor. “Esto pasa, con mayor frecuencia, en los cargos públicos cuando integras un colegiado o Tribunal. Tú no puedes pronunciarte sobre alguna empresa que tiene una vinculación contigo o que tú has asesorado”, añade la abogada.
Entonces, ¿por qué no se abstuvo en este caso? El vocal León asegura que no lo hizo por “la inexistencia de vínculos con la empresa y causales de abstención obligatoria; y la ausencia de razones para aplicar la abstención voluntaria y por decoro, ya que no se aborda el fondo de ninguna controversia: la empresa no busca que el Tribunal le reconociera derechos, justificar el incumplimiento de obligaciones o liberarse de ellas, o eximirse de responsabilidades”.
El tercer vocal es José Aróstegui y registra dos cartas de abstención. La primera corresponde a mayo del año pasado por haber sido directivo de la Asociación Peruano Japonesa y de la Clínica Centenario Peruano Japonesa, la cual forma parte de un proceso administrativo del que iba a participar. La segunda abstención involucra al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y Aróstegui prefiere no participar del procedimiento administrativo, “en aras de la imparcialidad que debe guiar toda actuación pública”, porque uno de sus parientes tiene un caso en curso con el hospital.
Al vocal le pertenece el 25% de acciones de la compañía Gobiz, dedicada a los servicios de asesoramiento empresariales, tiene poder de la empresa Fujita Corporation del Perú, dedicada al rubro de la construcción, y es coordinador parlamentario de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) desde 2018.
Por último, el abogado Christian Guzmán solamente registra una abstención, en un procedimiento en el que participa la Clínica Internacional, por ser amigo de María del Carmen García, que es abogada defensora y hermana de la apelante Verónica García.
Los vocales que no reportan abstenciones entre el 2020 y noviembre de 2021, según información brindada por Susalud, son Carlos Químper Herrera, docente universitario; José Rodríguez Brignarddello, asociado al estudio Ramirez & Gonzales Abogados; Juan Bustamante Zavala, asesor legal externo de la empresa dedicada a la venta de hielo Impex Rico; y Marlene Rodríguez Sifuentes, asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional desde 1996.
Estos son los perfiles y las abstenciones solicitadas por los vocales del Tribunal de Susalud, quienes son seleccionados mediante concurso público por un periodo de tres años que puede ser renovable por decisión unánime del Consejo Directivo de Susalud. Actualmente está vigente una convocatoria para elegir a los reemplazantes de la mayoría de ellos.
