Las clínicas que te salvan solo si pagas primero

En una ambulancia, una mujer de 83 años espera echada en la camilla. Aunque parece estar consciente, solo logra comunicarse con balbuceos y no puede pararse. Hace varios minutos que el vehículo llegó a la puerta de emergencias de la Clínica Tezza, en el distrito de Surco, pero la reja sigue cerrada. Son las 10 de la noche. “Me empecé a poner ansiosa, necesitábamos que la vea un médico ya mismo”, recordaría Rosario*, su hija, quien iba con ella en la ambulancia.

Una hora antes, el hermano de Rosario encontró a su madre en el piso, con señales de haberse caído y haber vomitado luego. Sospechando que podría haber sufrido un derrame, llamó a una ambulancia, la cual se dirigió al establecimiento de salud más cercano, la Clínica Tezza. Pero han pasado varios minutos y siguen delante de la reja. Dentro de la ambulancia, Rosario no entiende nada. Solo cuando su hermano llega y presiona para entrar a hablar con el personal, recibe una explicación: la clínica exige el pago de 50 mil soles para recibir a su mamá.

La Ley General de Salud establece que “toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, atención médico quirúrgica de emergencia cuando lo necesite". Así lo recordó el ministro Hernando Cevallos, en documentos enviados a la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) para ordenar que se investigue una denuncia hecha por redes sociales sobre la falta de atención pronta a un adolescente en el servicio de emergencia de la Clínica Javier Prado.

En un video difundido el lunes 6 de diciembre se observa que el personal de este establecimiento mantiene a un adolescente de 15 años que fue víctima de un atropello y está en estado inconsciente en la puerta de emergencias. Mientras la prioridad de los bomberos y paramédicos que le dieron auxilio es que el adolescente sea atendido en la clínica, la prioridad del personal parece ser obtener los datos necesarios para activar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de la empresa Mapfre. Ello permitirá a la clínica recuperar lo invertido en la atención médica.

—¿Cómo hago? ¿De dónde saco la información del paciente? —dice una trabajadora.

—¿Necesitas información del paciente para poder estabilizarlo, ponerle una vía y todo eso? —responde un bombero.

—No, no. Estoy diciendo si en caso quiere ingresar por SOAT, caballero. Llame al seguro e infórmese bien.

A través de un comunicado, la Clínica Javier Prado señaló que el paciente fue atendido en todo momento y que la identificación del adolescente como asegurado por el SOAT se realizó mientras se realizaba la atención. El video difundido lo desmiente.

El Ministerio de Salud dispuso una investigación de esos hechos el jueves por la tarde. Horas después, otro establecimiento, la Clínica Tezza, fallaba en dar respuesta rápida a una emergencia y condicionaba la atención a una mujer de la tercera edad al pago de una elevada suma de dinero.

— Eso es ilegal, además de inhumano. Nosotros pudimos tener una tarjeta de crédito [para pagar los 50 mil soles], pero si éramos una familia que no tiene tarjeta de crédito, ¿qué hacen? ¿La dejan morir detrás de la reja del hospital? —pregunta Rosario.

Legalmente, las personas que acudimos a servicios de salud por una emergencia médica, quirúrgica o psiquiátrica, tenemos derecho a que la atención no sea condicionada a un pago o a la presentación de algún documento. Pero solo en esta última semana, lo ocurrido en las clínicas Javier Prado y Tezza muestra que ese derecho no se respeta. No se trata de casos excepcionales.

Atenciones de vida o muerte

María Elena Gonzales salió de un almuerzo en una cevichería en el centro de Lima y tomó un taxi rumbo a su casa. En medio del viaje, empezó a sentir cómo la garganta se le inflamaba y —considerando que es alérgica al erizo de mar— supo que se trataba de un proceso de intoxicación. “Le dije al taxista que cambie de ruta y me lleve a la clínica más cercana”, recuerda.

Apenas tenía voz o aire para respirar cuando llegó a la puerta de emergencias de la Clínica Javier Prado. Ahí, una trabajadora le dijo que tenía que dar una tarjeta de débito o crédito para ingresar. María Elena, que en ese momento tenía 21 años, no lo podía creer. “A pesar de ver mi estado deteriorado, no me atendieron”, dice en diálogo con Salud con lupa.

Era el año 2000, pero la escena resulta parecida a la de los casos ocurridos la semana pasada. En pleno proceso de intoxicación, Maria Elena Gonzales sentía que se ahogaba afuera de la Clínica Javier Prado. Para su suerte, el taxista que la había llevado hasta ahí, no la abandonó. Subieron al vehículo y fueron directamente al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Ahí María Elena ingresó sin problemas. “Ni siquiera me pidieron el DNI. Me miraron, abrieron campo, me subieron a una camilla y de frente, adrenalina a la vena”, dice. Esa atención, que una clínica le negó, le salvó la vida.

Una emergencia se define como cualquier situación patológica que amenaza la vida de los pacientes. “El paro cardiorrespiratorio es la emergencia más grave por excelencia. Otros ejemplos son los infartos al miocardio, los infartos cerebrales, la insuficiencia hepática aguda y los sangrados masivos”, señala Guillermo Reyes, cirujano de emergencia en el Hospital Guillermo Almenara. En suma, cualquier situación que, de no ser corregida, puede terminar en un desenlace fatal.

Para determinar si una persona que acude a un establecimiento de salud está en situación de emergencia, el personal sanitario realiza un triaje, una evaluación inicial. Esto implica tomarle las funciones vitales al paciente, valorar su estado de conciencia y definir su situación integral para orientarlo hacia los servicios que requiere.

Un paciente con hipotensión (presión arterial demasiado baja), por ejemplo, sería clasificado como inestable y pasaría a la unidad de shock-trauma, donde se atiende a los pacientes más graves en una emergencia.

Una reacción alérgica puede ser una emergencia si la vía aérea está comprometida, lo que se manifiesta con hinchazón en la garganta e insuficiencia respiratoria aguda. Justamente lo que experimentó María Elena Gonzáles. “Esa es una emergencia que se tiene que solucionar ya”, indica Reyes. Pero como vemos, la atención en una clínica privada parece quedar en segundo plano cuando la prioridad es recibir un depósito o confirmar el pago de un seguro.

En el caso del adolescente de 15 años que fue llevado a la Clínica Javier Prado luego de ser atropellado, los bomberos que lo llevaron señalaron que estaba en estado de inconsciencia. “Todo paciente inconsciente debe ser considerado una emergencia, porque no se sabe la índole o la causa de esa pérdida de conciencia”, apunta el cirujano Guillermo Reyes. Podría tratarse de una contusión cerebral, un sangrado masivo o un estado convulsivo. Todo eso se considera en la evaluación del paciente, a quien hay que estabilizar, sin necesidad de que medie un pago o la presentación de un documento.

En la experiencia de Guillermo Reyes en la unidad de emergencia del Hospital Almenara, de Essalud, un paciente que llega en estado inconsciente y con presión baja, pasa al área de shock-trauma antes de saber su nombre, su edad o si tiene documentos. Mientras el personal asistencial se encarga de evaluarlo y estabilizarlo, el personal administrativo indaga por sus datos y documentos. La atención siempre tiene —o debería tener—la prioridad.

La madre de Rosario seguía en la ambulancia cuando el personal de la Clínica Tezza pidió un depósito de 50 mil soles para que fuera atendida. Solo después de hacer ese pago, la mujer de 83 años pasó a ser evaluada y se le hizo una tomografía que confirmó que había sufrido un derrame y que necesitaba una operación de emergencia para liberar la presión en su cráneo. Sus hijos recibieron esa noticia antes de la medianoche del jueves, y aprobaron la cirugía. Sin embargo, la craneotomía recién fue realizada a las 4:37 a.m., como le informó el médico de turno a Rosario.

Si los casos listados fueran denunciados penalmente, el Ministerio Público buscaría determinar la responsabilidad del personal de salud o del personal administrativo que negó la atención. De acuerdo al abogado Mario Ríos, las situaciones descritas por Salud con lupa encajan con el delito de omisión de auxilio, que es sancionado con menos de tres años de prisión suspendida. “Si además de eso deviene en un daño posterior, por ejemplo, una lesión grave, ahí estamos hablando del delito de lesiones graves”, precisa Ríos. Si la persona fallece por no haber sido atendida de emergencia, se trataría del delito de homicidio.

A nivel administrativo, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) evaluaría la responsabilidad del establecimiento, no del personal en específico. La multa máxima que aplica esta entidad es de 500 unidades impositivas tributarias, lo que actualmente equivale a S/ 2.200.000. Además, puede ordenar el cierre temporal o definitivo de la institución prestadora de salud, o restringir alguno de sus servicios por un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, difícilmente se aplican las máximas sanciones a menos que se pruebe que hubo un daño al paciente. Si, pese a la falta de atención, la persona finalmente se recupera y no resulta con secuelas en su salud, es poco probable que haya una sanción o reparación.

Las trabas para un cambio

El jueves 9 de diciembre, personal de Susalud se comunicó con Rosario para registrar su solicitud de denuncia luego de conocer que la Clínica Tezza le había pedido pagar antes de atender por emergencia a su madre de 83 años. Como parte de las investigaciones, Susalud le pidió autorización para acceder a la historia clínica de la paciente. Como explica el abogado Mario Ríos, esa documentación se requiere para determinar si hay una relación causal entre la demora de atención y el avance de la enfermedad. De forma adicional, Rosario o sus familiares también podrían presentar una auditoría médica externa que evidencie el daño causado.

Guillermo Reyes, cirujano de emergencia en el Hospital Guillermo Almenara, comenta a Salud con lupa que ha sido testigo de lo inquisitiva que puede ser Susalud en sus investigaciones. “Ahora, lo ideal sería que Susalud recorriera hospitales para identificar problemas en la atención, no que sea solo algo guiado por una queja”, apunta. Sin embargo, una fiscalización a gran magnitud se dificulta por la falta de recursos.

En 2019, Susalud advirtió al Ejecutivo que el presupuesto que se le había asignado resultaba suficiente para poder cumplir idóneamente sus funciones. Por ello, solicitó al Ministerio de Economía S/ 33 millones adicionales, pero estos no fueron concedidos. Y como vimos el año pasado, la llegada de la emergencia sanitaria por la covid-19 generó un escenario en el que era clave fiscalizar que se garantizara la atención de pacientes en establecimientos privados.

En casi dos años de pandemia, cientos de personas reclamaron por redes sociales que las clínicas condicionaban la atención de pacientes covid-19 al pago de las tarifas establecidas o a la firma de pagarés. Cuando la familia ya no podía cubrir los costos, las clínicas indicaban que debían llevar al paciente a un hospital del Estado, en un contexto en el que los establecimientos públicos estaban desbordados.

Según el reporte oficial de Susalud, el presupuesto con el que contó en 2020 le permitió contratar a doce supervisores temporales, por meses específicos. Con ese equipo visitaron servicios de salud para intervenir en casos de falta de información a usuarios, problemas para el acceso a servicios de salud, reclamos sobre la atención, entre otros. Pero un punto sobre el que esta entidad no tiene facultades para intervenir son las tarifas que establecen las clínicas por los servicios que ofrecen.

Así como a Rosario le pidieron 50 mil soles como tarifa de ingreso a la Clínica Tezza, durante la emergencia sanitaria, familiares de pacientes covid-19 denunciaron públicamente que las clínicas les exigían pagar entre S/ 100 mil y S/ 700 mil por la atención completa.

El año pasado la situación llegó a un punto tan crítico que el expresidente Martín Vizcarra, dio un ultimátum a las clínicas: si no negociaban un convenio sobre las tarifas de atención por paciente covid-19, los establecimientos de salud privados pasarían a ser gestionados por el gobierno por necesidad pública. Finalmente se llegó a un acuerdo pero, según el Seguro Integral de Salud (SIS), solo nueve pacientes fueron derivados de hospitales del Estado a clínicas entre junio y noviembre de 2020. Fueron más las personas que terminaron endeudadas para salvar la vida de sus familiares o que los perdieron por la demora o la falta de atención. Aún en medio de una emergencia sanitaria global, la salud sigue pareciendo privilegio de quienes pueden pagar por ella.

*La identidad de la entrevistada se mantiene en reserva