Hace una semana conocimos que más de 400 personas se beneficiaron de un lote de vacunas de Sinopharm, fuera del ensayo clínico formal que se realizaba en el Perú a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hasta hoy sabemos que están involucrados 122 funcionarios públicos; 8 negociadores, dos ministras y un expresidente que violaron las reglas sobre imparcialidad al intervenir o no detener el tráfico de estas dosis.
¿Quiénes pidieron ese lote de vacunas contra la Covid-19 para que sea usado por fuera de un estudio? En agosto de 2020, antes de que se aprobara el protocolo para el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en Perú, este laboratorio chino ofreció de forma gratuita un lote adicional de vacunas experimentales “para inmunizar al personal peruano que trabajará en el proyecto (del gobierno, UPCH, etc.)”. Lo hizo a través de la embajada de Perú en China, como revelan comunicaciones difundidas por los diarios El Comercio y La República.
Según el actual canciller peruano, Allan Wagner, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Ministerio de Salud aceptaron la oferta de Sinopharm y establecieron que se necesitaban 2 mil dosis de vacunas para los investigadores que realizaban el ensayo clínico y para el personal de apoyo. Sin embargo, fueron 3.200 dosis las que llegaron al Perú, pues otras 1.200 dosis se enviaron a la Embajada de China en Perú. ¿Cuántas de esas se aplicaron y a quiénes? Son las preguntas que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha enviado formalmente a la embajada, pero aún no se conoce la respuesta.
En ese momento, la vacuna de Sinopharm no contaba con aprobación para su uso fuera de ensayos clínicos. Tampoco se contempló en ningún protocolo que serían inmunizados familiares de funcionarios del Estado o de los investigadores del estudio. Por eso, las repercusiones del caso denominado ahora ‘Vacunagate’ son administrativas, legales y bioéticas. Además del uso de vacunas experimentales sin registro sanitario, hoy se investiga un presunto favorecimiento al laboratorio Sinopharm -el primero con el que el Estado peruano contrató para la compra de vacunas- y el evidente favorecimiento a los familiares de funcionarios públicos y el entorno cercano de los responsables del ensayo clínico. Salud con lupa indaga en las instancias desde las que se buscan respuestas:
Un presidente y el inicio de la investigación
‘Vacunagate’ empezó a descubrirse cuando se reveló que Martín Vizcarra había recibido dosis de la vacuna de Sinopharm cuando era presidente del Perú. Si bien él dijo que había sido voluntario del ensayo clínico, la Universidad Peruana Cayetano Heredia lo desmintió. Además, el expresidente admitió que junto a él se habían vacunado su esposa y su hermano. Así, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Vizcarra el 14 de febrero, por los delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Luego, la investigación se amplió para incluir a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por los mismos delitos. Ambas confesaron que sí habían sido vacunadas en secreto.
Los delitos investigados son provisionales y podrían cambiar conforme se conozcan más hechos. De acuerdo a la tesis presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, hay dos delitos que encajan en el caso: el delito de concusión, que se configura por la conducta del servidor público que abusa de su cargo para inducir u obligar a una persona a dar o prometer un bien o beneficio, para sí mismo o para otros. Y el delito de negociación incompatible, que responde a la relación entre la vacunación irregular y un presunto interés en que se suscriba el contrato con el laboratorio chino Sinopharm para la compra de vacunas.
El 17 de febrero, el fiscal adjunto supremo Ramiro González realizó diligencias en las dos universidades donde se llevó a cabo el ensayo clínico de Sinopharm: la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde indagó sobre los procedimientos y sistemas de registro que se utilizan para la aplicación de vacunas dentro del ensayo y fuera de él.
Funcionarios públicos en la mira
La difusión de la lista de personas vacunadas irregularmente reveló que no solo investigadores y personal vinculado al estudio clínico de la vacuna de Sinopharm accedieron a las dosis secretas. De acuerdo a los resultados preliminares de la investigación de la Contraloría General de la República, se ha identificado a 122 funcionarios públicos beneficiados. Además, la lista entregada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia revela 26 grupos familiares, de los cuales el 75% corresponde a funcionarios públicos. “Es decir que 19 funcionarios públicos no solo se han vacunado, que en sí mismo ya es irregular, además han hecho abuso de su posición y de su cargo para vacunar a sus familias”, señaló el contralor Nelson Shack.
En palabras de Shack, los hechos en el caso apuntan a un presunto tráfico de vacunas. Sin embargo, esta entidad no tiene capacidad sancionadora y se centra en establecer responsabilidades administrativas de funcionarios públicos, no de privados involucrados como el doctor Germán Málaga, investigador responsable del ensayo clínico de Sinopharm y autoridades de la Universidad Cayetano Heredia.
La otra instancia dedicada a investigar la participación de funcionarios del Estado en este caso de vacunación irregular es la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, que también abrió una investigación preliminar para descubrir a los responsables de la presunta comisión del delito contra la administración pública. Sin embargo, cabe aclarar que la investigación de altos funcionarios del Estado -quienes tienen la prerrogativa de antejuicio político- sigue estando a cargo del Despacho de la Fiscalía de la Nación.
El viernes 19 de febrero, el fiscal provincial Marco Carrasco realizó intervenciones en la sede del Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Nacional de Salud, encargado de la supervisión de ensayos clínicos con personas en el país. Estas diligencias también se realizaron en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), entidad que autoriza la importación de vacunas, y las universidades Cayetano Heredia y San Marcos. En el marco del operativo, se incautó documentación para obtener datos sobre las vacunaciones realizadas al margen del estudio clínico de la vacuna de Sinopharm.
Yudith Villegas Espinoza, procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que también requiera la detención preliminar de los integrantes de la Comisión Multisectorial encargada de adquirir las vacunas contra la Covid-19. Como explica Villegas, miembros de esta comisión se habrían aprovechado del cargo para beneficiarse con las vacunas de Sinopharm.
Dicho petitorio incluye a Germán Málaga, investigador responsable del ensayo clínico; Carlos Castillo, señalado por Málaga como personal de enlace del Minsa; Mario Tavera, asesor del Minsa; Alejandro Bussalleu, vicerrector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; Orestes Cachay, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Jorge Jarama, director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería; y Óscar Suárez, diplomático que ejercía el cargo de cónsul de Perú en Canadá. Todos fueron vacunados con dosis experimentales de Sinopharm a la par que gestionaban la adquisición de las vacunas del laboratorio chino.
La Comisión Carbone
En forma paralela a la Fiscalía, el lunes 15 de febrero, el Ministerio de Salud instaló una comisión sectorial para investigar a los funcionarios del Estado que se aplicaron la vacuna experimental de Sinopharm. Esta es presidida por Fernando Carbone, exministro de Salud que se desempeñó como asesor durante la gestión de Pilar Mazzetti.
Los otros integrantes de la comisión son representantes de gremios de salud y del Minsa: Mario Carhuapoma, del Colegio Químico Farmacéutico; Miguel Ponce, del Colegio de Enfermeros del Perú; Eden Galán Rodas, del Colegio Médico del Perú; Bernardo Ostos, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; Percy Minaya, viceministro de Salud Pública; y Mario Camacho, director ejecutivo de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción del Minsa. Todos ellos firmaron una declaración jurada de intereses, lo que implicaría que ante un conflicto, se inhibirán de participar en las acciones de la comisión. Ello luego que la Federación Médica Peruana pidiera que Fernando Carbone no presida la comisión por haber trabajado en el equipo de la exministra Mazzetti, una de las principales investigadas.
El objetivo de la comisión, según señaló el actual ministro de Salud, Óscar Ugarte, es descubrir qué otros funcionarios están implicados. Para ello, se han dedicado a cruzar distintas listas de personas vacunadas irregularmente: del Instituto Nacional de Salud, de las universidades y del Ministerio de Salud. Si la nómina entregada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia aparentemente apuntaba a 487 personas, el registro presenta inconsistencias -reportadas por Salud con lupa- por lo que aún no queda clara la cifra real de vacunados al margen del ensayo clínico de Sinopharm. “Para aproximarse a la verdad y cerrar las heridas tenemos que reunir todos los datos posibles y cruzarlos, no nos podemos fiar de una sola fuente”, dijo Carbone, quien también anunció que el comité entregará el informe final al Ministerio de Salud el jueves 25 de febrero.
Cabe señalar que aún no se ha aclarado el rol del Instituto Nacional de Salud en la investigación, siendo la entidad pública directamente responsable de los ensayos clínicos en Perú. Fueron las autoridades del INS las que aprobaron la modificación al protocolo del estudio del laboratorio Sinopharm que permitió el ingreso de las dosis extra de vacunas aplicadas luego de forma irregular.
La documentación entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud revela que los cambios en el protocolo se solicitaron y se aprobaron el mismo día: 26 de agosto de 2020. Esa aprobación hizo posible lo que hoy se conoce como ‘Vacunagate’.
Desde el Parlamento
El Congreso de la República también ha emprendido una investigación del caso. Este lunes 22 de febrero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por unanimidad las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete. Se trata de dos informes de calificación: uno para las denuncias constitucionales que califican como juicio político y otro que resultará en antejuicio político. Estos informes serán derivados a la Comisión Permanente del Congreso, y podrían terminar en la inhabilitación de los acusados para ocupar cargos públicos.
Los voluntarios que participan en el estudio de Sinopharm exigen respuestas
Mientras las pesquisas siguen su rumbo y los hechos en torno al caso se esclarecen, un importante grupo de personas pide ser escuchado: los 12 mil voluntarios del ensayo clínico de Sinopharm, quienes pusieron el hombro para aportar a la investigación y ahora se sienten traicionados. Hoy exigen que se programe la vacunación de todos los que recibieron placebo, pero sus reclamos sólo reciben silencio.
En respuesta a los destapes de ‘Vacunagate’, tres altos cargos de la Universidad Peruana Cayetana Heredia renunciaron: el rector Luis Varela; el vicerrector académico José Espinoza y el vicerrector de investigación Alejandro Bussalleu, quien aún figura como presidente de la Academia Nacional de Medicina. Mientras que el médico Germán Málaga, investigador principal del ensayo clínico, fue suspendido. Pese a ello, aún no se ha designado un nuevo encargado o vocero que responda ante los voluntarios. En San Marcos, la otra universidad que participó en el estudio, los alumnos ya han salido a las calles para exigir la renuncia del rector Orestes Cachay, también vacunado con las dosis secretas.
Recientemente se supo de la muerte por Covid-19 de un segundo voluntario del ensayo Sinopharm, y su familia no sabe si recibió vacuna o placebo. A los voluntarios no se les escapa que mientras 4 mil recibían placebo como parte del ensayo, más de 400 personas fueron inmunizadas sin ningún tipo de regulación. Familias enteras de funcionarios que cuentan con la protección de una vacuna hace meses, mientras que voluntarios y personal de primera línea exponía sus vidas, esperando su turno.
Desde distintas instancias del gobierno, se investigan las implicancias legales de los funcionarios que accedieron a una vacunación irregular. Pero las consecuencias bioéticas y sanciones por aplicar dosis de vacunas experimentales a personas que no forman parte de un estudio regulado y supervisado, además de perjudicar el ensayo clínico de Sinopharm, son otra tarea a determinar. Una tarea que le corresponde al Instituto Nacional de Salud, entidad que comparte responsabilidad por ‘Vacunagate’.
