Los heridos del paro agrario no han vuelto a caminar

—Papito, ¿por qué te han hecho eso?

Los hijos de Isaac Ordoñez aún no comprenden cómo la vida de su padre cambió tanto en un instante. Desde hace un año está en una silla de ruedas, necesita usar un pañal y siente un severo dolor corporal por haber estado postrado durante varios meses.

Isaac Ordoñez llegó a Ica con su esposa y sus dos hijos, de 4 y 10 años, en setiembre de 2020. En esa región le habían ofrecido un trabajo como agricultor que le permitiría ganar más dinero del que recibía como ganadero en su natal Huancavelica. Aunque solo le darían 35 soles por ocho horas diarias de jornada, su meta era juntar dinero para llegar a Lima en pocos meses y poder ofrecerle una mejor educación a los niños.

El 23 de diciembre, Isaac sintió un fuerte olor a gas dentro de su casa, ubicada cerca a la carretera Panamericana Sur, donde días antes sus compañeros agricultores habían iniciado una protesta para reclamar por las malas condiciones laborales, que eran avaladas por la Ley de Promoción del Sector Agrario. Esta ley, que había sido extendida por 10 años más, a través de un decreto de urgencia, permitía bajos salarios (39 soles por día) e inestabilidad laboral con contratos temporales.

El joven agricultor tuvo que salir de su casa ante el temor de que él o su familia murieran asfixiados por la bomba lacrimógena que había caído en una de las habitaciones. Entonces caminó hacia la carretera para saber qué sucedía y luego avisarle por teléfono a su esposa si debían salir todos de su hogar.

“En la carretera vi tanques, helicópteros que sobrevolaban, los policías rodeaban todo. En eso, sentí un disparo en la zona de la costilla hacia abajo. Y entonces vi todo oscuro”, cuenta Isaac, quien no recuerda lo que ocurrió después de ese momento hasta que despertó en el Hospital Hipólito Unanue, en Lima, donde estuvo internado hasta la segunda semana de enero. Luego, volvió a Ica con su famila, pero nada ha sido como antes.

El disparo en el pecho que le atravesó el pulmón y se alojó en la médula espinal le dejó un pronóstico médico durísimo: no volverá a caminar. Si quiere movilizarse, debe hacerlo en una silla de ruedas, con la ayuda de su esposa o sus hijos. Luego de su operación, nadie se interesó por su caso, solo algunos de sus familiares y, desde hace unos meses, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, lo apoya con sus medicinas. “Mi economía está colapsada”, cuenta. Su única manera de solventar sus gastos son las polladas o 'truchadas' que hace su esposa.

Isaac Ordóñez espera que algún centro médico haga una evaluación de su caso porque no ha perdido la esperanza de ponerse de pie. A veces, cuando su celular funciona, entra a YouTube y busca ejercicios de rehabilitación. Su esposa también lo ayuda y trata de movilizarlo para evitar que vuelvan a aparecerle escaras.

Al menos una vez a la semana, Isaac comparte también su rutina de ejercicios con Andy Panduro, a quien nunca ha visto físicamente, pero siente que es la persona que más comprende su situación actual. Andy Panduro, de 24 años, natural de Pucallpa, es otro de los heridos del paro agrario, y tampoco ha vuelto a caminar. Fue herido el 22 de diciembre, un día antes que Isaac.

Llegó a Ica, junto a sus papás y hermanos, unos seis meses antes del inicio de las protestas, donde trabajó como agricultor en la empresa Agrokasa, por un pago de 280 soles a la semana. Quería juntar dinero para estudiar Contabilidad en una universidad de Lima. El día que lo hirieron, Andy Panduro jugaba con su hermano mayor. Su madre estaba haciendo el almuerzo y su papá lavaba la ropa cuando cayó una bomba lacrimógena en la casa que alquilaban, ubicada cerca a la carretera Panamericana Sur. Al igual que Isaac Ordoñez, Andy y su familia vivían en el Barrio Chino, una zona donde cientos de migrantes de la costa, sierra y selva llegan a trabajar por temporadas en las empresas agroexportadoras.

Cuando Andy sintió el gas asfixiante, salió junto a su hermano a pedir ayuda. Su padre se había desmayado minutos antes a causa del humo. “Vi muchos manifestantes corriendo, o mejor dicho escapando. Y yo me eché a correr. En eso, sentí un impacto en la espalda. Sentí una electricidad tan fuerte desde la puntas de mis pies. Era como si hubiera pisado un cable pelado, yo primero pensé que solo era eso. Me caí, ya no podía pararme”, recuerda el joven.

Andy debió esperar una semana para ser operado. Lo habían trasladado al Hospital Edgardo Rebagliati, en Lima, porque en los centros de salud de Ica no habían neurocirujanos. Luego, volvió a Ica, con el pronóstico de que nunca más volvería a caminar.

Solo permaneció otros dos meses en Ica porque en abril regresó a Pucallpa, junto a su madre, con la esperanza de que las plantas medicinales reviertan lo anunciado por los médicos limeños. “Yo sé que voy a caminar nuevamente, tengo mucha fe”, dice Andy en una llamada telefónica.

No ha recibido apoyo económico del Estado, solo de sus amistades y de su familia. En estos meses, está siendo evaluado en el SIS para que le retiren un cálculo grande de la vesícula, que apareció por el uso de la sonda con la que tuvo que convivir siete meses, según explica. En silla de ruedas trata de continuar con su vida. Algunas veces ayuda a niños con sus tareas del colegio y repara artefactos con sus conocimientos de mecánica. “Trabajé en un taller, siempre quise tenerlo, y creo que aún es una meta que puedo cumplir”, dice Andy.

Su madre, su principal apoyo, tiene 61 años, y a diario sale a vender chicha morada para traer algo de dinero a su casa. Pero no les alcanza. Un paquete de pañales, que cuesta más de 50 soles, le dura apenas cinco días.

El 31 de diciembre del año pasado, el expresidente Francisco Sagasti dijo que se sancionaría a los policías que violaron la prohibición de usar armas de fuego durante el paro agrario, que no solo se desarrolló en Ica, sino también en la región de La Libertad. “Nada justifica que la policía use armamento prohibido en estas circunstancias, va contra la ley y los reglamentos", señaló también el entonces ministro del Interior, José Élice. Pero hasta hoy, la búsqueda de justicia para Andy e Isaac está detenida. Ha pasado casi un año y ninguno ha podido dar su declaración ante la Fiscalía para que se investigue a los responsables de sus ataques.

Hace unos meses, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica citó a Isaac Ordóñez para que dé su testimonio, pero la diligencia fue suspendida. La situación de Andy Panduro es peor: aún no abre investigación fiscal sobre su caso. Por eso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha decidido darles asesoría legal.

Las protestas del paro agrario también dejaron tres fallecidos: Jorge Yener Muñoz Jiménez, de 20 años; Reynaldo Reyes Ulloa, de 27; y Kauner Rodríguez, de 16 años. Uno de los policías responsables de estas muertes, el suboficial José Hoyos Agip, se encuentra prófugo de la justicia mientras que el otro, Víctor Bueno Alva, afronta su proceso en libertad. La semana pasada, los deudos visitaron la sede de la Defensoría del Pueblo en Lima para conocer la situación del caso en Fiscalía y la posibilidad de una reparación económica para las familias.

Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, declaró a Salud con lupa que pedirá información a la Fiscalía y al Poder Judicial sobre lo actuado, para saber con detalle el estado del proceso.

El 14 de noviembre se publicó la resolución que reactivó la comisión multisectorial para hacer seguimiento de los compromisos a favor de las víctimas de las marchas de noviembre del 2020 contra Manuel Merino y del paro agrario. Sin embargo, de este último conflicto solo está incluido como víctima el fallecido Jorge Muñoz. “Vamos a emprender nuestro trabajo con la comisión para impulsar que se los incluya [a los otros heridos y fallecidos]”, señaló Castillo. El lunes 29 de noviembre, la comisión multisectorial, conformada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de las víctimas de la represión policial, tendrá una primera sesión, donde se discutirá ese asunto.

Violencia sistemática

Andy e Isaac son solo dos casos en una amplia lista de víctimas de la violencia policial en protestas. A pesar de que desde el 2003 solo está permitido el uso de perdigones de goma para restablecer el orden público, los policías han seguido usando municiones prohibidas que han causado la muerte o han dejado discapacitadas a decenas de personas. Desde 2011, la Defensoría del Pueblo ha reportado 85 fallecidos en medio de la represión policial en conflictos sociales. La Libertad, Arequipa, Puno y Piura fueron las regiones donde más casos se registraron.

Uno de los conflictos que dejó más muertos en la década anterior ocurrió en junio de 2011. El anuncio de la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja ocasionó fuertes protestas, pues iba a disminuir los recursos asignados a la ya existente Universidad Nacional de Huancavelica, que tenía dos facultades en Tayacaja. El conflicto dejó cuatro personas fallecidas.

Deyvis Huayllani Martínez tenía 14 años y era estudiante de secundaria cuando fue impactado por una bala. El proyectil fue disparado a corta distancia por la Policía, entró por su pecho y salió por su espalda. Otro de los fallecidos fue Oswaldo Quispe Lázaro, de 23 años, acribillado con 156 perdigones de plomo. Peter Sedano Condori, estudiante de 24 años que era sustento de su familia, también falleció por un impacto de bala en la cabeza.

El cuarto fallecido fue Ivanov Ccora, de 30 años, quien fue impactado por un proyectil de fusil AKM cuando se encontraba trabajando como vigilante. Otra de las víctimas fue Isaac Apari, un joven que perdió la vista al ser disparado con perdigones de plomo. Apari se suicidó dos semanas después. El 2014, el Primer Juzgado Penal de Huancavelica absolvió a los cuatro policías que venían siendo procesados por estas muertes, incluyendo al Jefe de la Región Policial Huancavelica, el coronel Edward Marín Grández. El juzgado argumentó que los policías estaban protegiendo su integridad personal. Sin embargo, la mitad de los fallecidos no participaron en la manifestación.

Ese mismo mes, en Juliaca, seis personas fallecieron y alrededor de cuarenta quedaron heridas en las protestas contra el proyecto minero de Santa Ana, de la minera canadiense Bear Creek, y en rechazo a la contaminación del río Ramis. En el conflicto, conocido como el "Azangarazo", fallecieron Félix Edwin Hirpanoca Turpo, de 20 años; Petronila Coa Huanca de Quispe, de 57; Raúl Cancapa Huaricallo, de 38; Antonio Campos Huanca, de 58; Gregorio Huamán Mamani, de 57; y Javier Perlacio Limachi, de 33.

Según las pericias balísticas del Ministerio Público, ellos fueron alcanzados por proyectiles de fusil y de pistola calibre 9mm. Se procesó a los mandos policiales de Juliaca, incluyendo al exjefe del Frente Policial de Puno, Ever Raúl Rosas, y al exjefe de la División Policial de Juliaca, Enrique Dávila, pero todo quedó archivado.

El julio de 2012, en Cajamarca, en medio de las protestas contra el proyecto minero Conga, cinco campesinos fallecieron y casi un centenar de personas resultaron heridas. Los manifestantes que murieron por la represión policial fueron Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez, José Antonio Sánchez Huamán, Joselito Vásquez Jambo y César Medina Aguilar, un colegial de 16 años que no estaba involucrado en las protestas, pero recibió un impacto de bala mientras salía de una cabina de internet.

Todo esto ocurrió en un contexto de detenciones arbitrarias y de Estado de emergencia. En 2019, la Fiscalía archivó el proceso argumentando que no se podía identificar a los policías que habían hecho los disparos. Ante esta decisión, los deudos decidieron llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Uno de los casos de violencia policial más recientes en la capital sucedió en el distrito de Puente Piedra, en enero de 2017. Cientos de personas protestaron contra el alza del peaje que administra Rutas de Lima, implicada en el escándalo de corrupción Lava Jato. En el operativo policial, los disparos de perdigones de plomo causaron lesiones oculares irreversibles en cinco personas. Entre ellas, el padre de familia José Bonifacio Herrera, quien recibió cien impactos de perdigones en el cuerpo y perdió un ojo. Otros heridos fueron el estudiante de gastronomía Luis Domínguez Secce y el fotoperiodista Atoq Ramón.

Varios de los policías que participaron en el operativo portaban uniformes sin identificación y dispararon directamente al cuerpo de los manifestantes. A pesar de la evidencia audiovisual de la violencia, el caso fue archivado por la Fiscalía. “Eso pasó porque la Fiscalía no quería investigar a los mandos, sino a los que dispararon y eso es casi imposible siempre”, explicó Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a Salud con lupa.

El 8 de agosto del año pasado fallecieron por disparos de armas de fuego tres ciudadanos kukama, en la comunidad de Bretaña, provincia de Requena, Loreto. Decenas de indígenas habían llegado a las instalaciones de la petrolera Petro Tal para protestar por la falta de servicios básicos en sus comunidades. Días atrás, el Estado había dado permiso a la empresa para volver a operar en la pandemia, pero no había hecho nada por mejorar las condiciones de vida de la población frente a la amenaza de la covid-19.

“Fue cuando estábamos unidos que nos apagaron las luces y empezó una ráfaga de fuego. No dispararon al aire, sino a matar”, contó James Rodríguez, expresidente de la Asociación de Comunidades Nativas Kukama Kukamiria (ACONAKKU) al día siguiente. En abril de este año, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) mostró los videos de las cámaras de grabación de la empresa de esa noche. Las imágenes muestran con claridad que William López, Chemilton Flores y Elix Ruíz fallecieron por disparos de la Policía.

Jorge Tacuri, abogado de los deudos, indicó a Salud con lupa que en agosto solicitó a la Fiscalía que requiera los nombres y cargos del personal de la empresa Petro Tal que participó y ayudó a la Policía a llevarse los cadáveres, alterando así la escena del crimen. Hasta hoy, no hay ninguna respuesta sobre estos pedidos. Al igual que en los otros casos, los deudos siguen esperando justicia.

¿Qué es lo que permite la impunidad de la violencia policial? Para Mar Pérez, la responsabilidad recae tanto en la Policía como en el Ministerio Público. El pasado 13 de noviembre, cuando se realizó una manifestación a un año de las marchas contra el régimen de Manuel Merino, los policías recorrían las calles sin mostrar una identificación visible en sus uniformes. Si un policía cometiera un acto de violencia, sería muy difícil determinar de quién se trató. “En otros países, los policías usan números en sus vestimentas, de esa manera es más fácil identificarlos”, dice.

La Fiscalía tampoco ha cumplido con hacer las diligencias de manera oportuna, ya sea por falta de voluntad, de recursos humanos o de preparación. Estas pueden tardar años y, mientras el tiempo pasa, las pruebas pueden ir desapareciendo. Pérez dice que, aunque el sistema de justicia todavía no llegue a una sentencia, el Estado debe responder con una indemnización a las víctimas de estos conflictos: “Cuando hay indicios sólidos de la responsabilidad del Estado, la reparación debe ser inmediata”, apunta.