Este viernes 12, en el aniversario de la primera Marcha Nacional contra el régimen de Manuel Merino, los familiares y víctimas del 14N recuperaron la esperanza de encontrar algún tipo de justicia en corto tiempo. El Tribunal de Disciplina Policial dispuso anular la resolución de Inspectoría que absolvía a 11 efectivos por las faltas cometidas en las marchas de noviembre pasado, que dejaron más de 100 heridos y 2 jóvenes fallecidos. ¿La razón? En el proceso se había omitido indagar sobre importantes indicios de faltas graves perpetradas por los policías.

Ahora la investigación volverá a empezar y deberá incluir hechos que fueron dejados de lado. Se trata de un fuero administrativo, cuya máxima sanción es la inhabilitación de los que sean encontrados responsables. Aún así, para los familiares —que saben que las investigaciones en Fiscalía demorarán al menos tres años antes de llegar a algún puerto— representa la oportunidad más cercana de alcanzar la verdad y lograr alguna sanción para los culpables.

La represión policial contra el estallido social de la segunda semana de noviembre fue el más violento visto en décadas en la capital. Hubo un uso de la fuerza indiscriminado y desproporcionado contra los manifestantes que dejó más de 200 heridos y 2 jóvenes fallecidos. Ha pasado un año desde entonces y ningún policía ha asumido su responsabilidad. Incluso varios de los implicados se han mostrado esquivos a colaborar con la Fiscalía.

Si bien se registraron heridos desde el 10 de noviembre, fueron los días 12 y 14 aquellos en los que más casos de represión se denunciaron. En ambas fechas se alertó también sobre el empleo de municiones prohibidas en protestas: canicas de vidrio y perdigones de plomo. Según la Fiscalía, solo el 14 de noviembre, 13 personas fueron impactadas por esta clase de perdigones, incluyendo a Inti y Jack. Los policías aún siguen negando haber utilizado esta clase de municiones.

Pero también se violó el reglamento al emplear el armamento considerado “no letal”: gases lacrimógenos, granadas lacrimógenas, pelotas y perdigones de goma. Estas municiones fueron disparadas al cuerpo, a una distancia no autorizada. En un informe, la Defensoría del Pueblo indica que 70% de manifestantes que dieron su testimonio ante la institución sufrieron impactos con ese tipo de municiones en la parte superior del cuerpo. De todos los heridos que se conoce, solo 78 llegaron a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

^{11 policías investigados}

^{+200 heridos totales}

^{78 heridos denunciantes en Fiscalía}

^{19 heridos con municiones prohibidas}

^{2 fallecidos por perdigones de plomo}

En el terreno

Hay dos investigaciones que buscan encontrar las responsabilidades de los policías y que se han desarrollado en forma paralela. Ambas coinciden en que el uso indiscriminado de la fuerza fue sistemático y que fue apoyado por todos los mandos policiales. Una está a cargo de la fiscal Jhousy Aburto, de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima. Esta se encuentra en etapa de investigación preparatoria e involucra a once policías, incluyendo altos mandos. La segunda, la del Ministerio del Interior, estaba en su etapa final, pero fue regresada a cero por el Tribunal de Disciplina Policial.

La investigación preliminar del Mininter tuvo importantes hallazgos sobre la operación policial. Uno de los principales: lo establecido en papeles fue modificado en el terreno. Las disposiciones del plan de operaciones —hecho con varias irregularidades— fueron reemplazadas por nuevas medidas tomadas sobre la marcha por los jefes policiales.

¿Quiénes fueron los que ordenaron que se abra fuego contra los manifestantes? ¿Quiénes permitieron este uso excesivo de la fuerza mientras estaban al mando de los batallones?

Salud con lupa recopiló, a través de pedidos de información pública, los reportes que un grupo de policías entregó a sus superiores luego de participar en las operaciones de esas violentas noches. En ellos detallan las acciones que realizaron en las calles frente a los manifestantes. Esta información fue contrastada con lo recogido en la denuncia fiscal del caso y en los informes del Mininter. Presentamos ahora el mapa de la represión policial en plena operación. Quiénes fueron los jefes de cada zona, quiénes dieron las órdenes de disparar y quiénes resultaron heridos producto de esas acciones.

Una de las principales zonas de represión el 14 de noviembre fue el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola.

El teniente general Jorge Lam Almonte había asumido la comandancia general de la Policía por encargatura; y era la máxima autoridad policial esos días. Le seguía en la jerarquía el general Jorge Cayas Medina, jefe de la Región Policial Lima. Ambos estuvieron el 14 de noviembre en la avenida Abancay con Nicolás de Piérola antes del enfrentamiento con los manifestantes, aproximadamente a las 5:20 de la tarde.

El jefe de toda la operación fue el coronel Carlos Villafuerte Salas, que también se encontraba en esa intersección y estaba bajo las órdenes de Cayas. Según sus reportes, él estaba supervisando las acciones en las diferentes zonas esas noches de noviembre. El comandante Luis Castañeda Urbina era el responsable específico del sector avenida Abancay con Nicolás de Piérola y estaba a cargo de 205 efectivos, entre ellos, 32 escopeteros. Lam, al ver cómo crecía el número de jóvenes en las protestas, le ordenó que debía aumentar el número de personal policial con el de reserva.

Según Jorge Cayas, a las 7 de la noche, los manifestantes estaban por tirar la segunda reja, por lo que dio la orden de comenzar a disparar. Castañeda Urbina narra que acató e hizo uso primero de bombas lacrimógenas, de las granadas de mano y, por último, de los perdigones de goma. Este enfrentamiento duró alrededor de dos horas.

En ese periodo de tiempo, en ese lugar, fue acribillado Jack Bryan Pintado, con 10 perdigones de plomo en el cuerpo. También otros 36 heridos —del total de denunciantes ante la Fiscalía— recibieron impactos de cartuchos de bombas lacrimógenas, canicas, perdigones de plomo y goma en el cuerpo.

En esa zona también se encontraban el mayor José Luis Solari Chillce y el comandante Gulianno Arguedas Pérez con 80 policías bajo su mando. Ellos reportan que iniciaron los disparos por órdenes de Castañeda, que a su vez, cumplía con las órdenes de Cayas. Solari y Arguedas estaban inicialmente en otras posiciones pero fueron enviados al lugar porque la cantidad de manifestantes estaba en aumento en esa intersección. A las 9:30 p.m., el general Cayas y el coronel Villafuerte se retiraron del lugar.

Otro de los puntos donde se registraron más heridos fue el cruce del jirón Lampa con Nicolás de Piérola.

El mayor Guido Solis Chorres relata que ese día estuvo a la altura de la Estación Colmena del Metropolitano con una escuadra de personal femenino de Servicios Básico y dos escuadras de personal policial de la Unidad de Servicios Especiales (USE), al mando del mayor Efraín Velit Ortiz y el capitán Ungria Chávez García. Solís Chorres contaba con 30 efectivos y dos escopeteros.

A las 8 de la noche, un gran número de manifestantes se acercó a derribar las rejas metálicas. Según Solis, “estaban agrediendo a los policías con objetos contundentes”, por lo que se hizo uso de cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones de goma. A las 8:30 p.m. llegó al lugar el oficial Jesús Bedoya Añares, a cargo de 19 suboficiales para apoyar a Velit. Para entonces, según los informes, más de 800 manifestantes se acercaban a la ubicación de la Policía, por lo que se siguió empleando los insumos químicos. Al ver que los manifestantes no se calmaban, a las 8:50 p.m., el coronel Percy Tenorio Gamonal —jefe de la Dirección de Operaciones Especiales— ordenó al capitán Mario García Chávez ir al lugar con los 140 efectivos que estaban a su cargo, entre ellos, 30 escopeteros.

García Chávez también era un escopetero de perdigones de goma. “Los manifestantes enardecidos habían superado la contención de la USE”, afirmó Chávez. Por eso, ordenó el uso de gases. Como los manifestantes no se retiraron, se emplearon perdigones de goma. Esto tampoco funcionó como una medida de contención. Como se estaban quedando sin municiones, decidieron avanzar para dispersarlos con ayuda del personal con escudos y con las pocas municiones que les quedaban. Lograron avanzar hasta la altura del cruce de los jirones Lino Cornejo con Lampa. Entonces llegó el general Cayas al lugar y les indicó que retornen a su punto inicial.

En jirón Lampa con avenida Nicolás de Piérola, Inti Sotelo recibió un perdigón de plomo en el pecho. Jon Cordero, Bryan Pérez y otros 8 manifestantes declararon ante la Fiscalía haber sido heridos también en este cruce de calles.

Los jefes de las unidades en cada zona cambiaron los días de la marcha pero una cadena de mando se mantuvo constante: la de los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Villafuerte, que le daban cuentas al general Jorge Cayas, quien a su vez respondía ante Jorge Lam. Todos los policías mencionados forman parte de la investigación fiscal de Jhousy Aburto por homicidio calificado, lesiones graves y leves, y abuso a la autoridad.

"No estamos ante hechos aislados o ante simples excesos individuales que solo debería involucrar a los ejecutores directos, la información recabada permite verificar que por la forma de ejecución de los disparos, la magnitud y gravedad de las lesiones, la cantidad de lesionados, el tipo de armamento y municiones prohibidas, y el uso arbitrario de la fuerza, estamos ante un patrón de comportamiento que obedeció a una orden emanada de la alta superioridad policial, que involucraría directamente a los altos mandos de la PNP, y que presuntamente habría sido de conocimiento de otras altas autoridades estatales", se lee en la denuncia fiscal.

Cabe recordar que Jorge Lam, Jorge Cayas y Carlos Villafuerte estuvieron presentes cuando el entonces primer ministro Ántero Flores Aráoz visitó la sede de la Región Policial Lima y dio las gracias a la Policía por su labor en la marcha del 12 de noviembre. "En mí encontrarán siempre un defensor", dijo en aquella oportunidad frente a 100 oficiales y suboficiales. Lam narró ante la Fiscalía que Flores Aráoz señaló que "tanto él como Merino estaban con la Policía, que no se les baje la moral por los ataques de la prensa y que sabían que estaban actuando correctamente".

¿Qué tan lejos están las familias de alcanzar un veredicto a nivel judicial? La fiscal Jhousy Aburto tiene 8 meses de investigación preparatoria, que puede ampliarse por 8 meses más. Durante este tiempo se realizarán las diligencias que falten: toma de declaraciones, pedidos de información, pericias, etc. Al finalizar, la fiscal Aburto tendrá que presentar una acusación penal ante el juez o, de lo contrario, pedir que se archive el caso. Luego, el juez realizará su propia indagación para dar o no la razón a la fiscal. Si está de acuerdo con ella, recién se podrá pasar al juicio oral. “No hay límite de tiempo para el juicio oral, puede durar un mes, puede durar cinco años”, explica Ronald Gamarra, abogado patrocinador de la familia del joven fallecido Jack Pintado.

Mientras tanto, la otra investigación fiscal, que tiene como denunciados a Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez como presuntos presuntos autores (por omisión impropia) de homicidio y lesiones graves y leves, está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sin fecha para que se evalúe y vote. Si se aprobara, tendría que pasar a la comisión y luego al Pleno. Solo con la autorización del Congreso, la Fiscalía podrá continuar con la investigación.