La nueva Ley Agraria —conocida también como “Ley Chlimper 2.0”— está a punto de ser aprobada en segunda votación por el Congreso. Es el fruto de una campaña efectiva del sector agroexportador, encabezada por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que reúne a las principales empresas del rubro.
Si se aprueba, desde el 2026 y por los próximos diez años, empresas exportadoras de arándanos, espárragos, paltas y otros cultivos pagarán solo la mitad del impuesto a la renta. Esto representará una pérdida fiscal anual de entre S/1.850 y S/2.000 millones para el Estado. Un dinero que bien podría destinarse a sectores urgentes como salud, educación o seguridad ciudadana.
La nueva Ley Agraria propone reducir la tasa del impuesto a la renta para las agroexportadoras al 15%. Esto representa un retroceso frente al régimen actual, que establece una tasa del 25% entre 2025 y 2027, y del 29.5% a partir de 2028. En la práctica, lo que el Congreso está a punto de aprobar implica una pérdida significativa para el Estado, mientras empresas consolidadas —que ya no necesitan incentivos— obtendrán millonarios beneficios tributarios.
Para el economista y ex viceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros, no hay justificación técnica ni económica para esta medida. “El sector agroexportador ya no requiere una reducción a la mitad del impuesto a la renta. Es un sector consolidado, que ha crecido más de 1000% en exportaciones en los últimos 25 años y está compuesto principalmente por grandes empresas con fuertes capitales”, afirma.
Cuadros advierte que los incentivos fiscales propuestos en la nueva Ley Agraria contradicen lo establecido por la legislación vigente desde 2021, que planteaba un retiro progresivo de estos beneficios. Señala que en 2023, las utilidades de las grandes agroexportadoras crecieron en alrededor de 75%, lo que demuestra que el sector ya no necesita apoyo tributario para sostenerse.
Con esta nueva ley, estima que el Estado dejará de recaudar cerca de S/ 2,000 millones anuales, lo que equivale a una pérdida acumulada de S/ 20,000 millones en una década. “Ese dinero bien podría destinarse a mejorar la calidad de los servicios públicos como educación, salud y seguridad ciudadana”, subraya.
El reciente informe del Fondo Monetario Internacional ("Peru: 2025 Article IV Consultation – Press Release; and Staff Report") respalda esta preocupación: advierte que la medida le costará al país el 0.2% del Producto Bruto Interno cada año. Además, el FMI cuestiona la sentencia del Tribunal Constitucional que otorgó al Congreso capacidad de gasto, señalando que ello genera “costos considerables a mediano plazo” y debilita la credibilidad fiscal. También alerta que las medidas aprobadas recientemente están reduciendo la recaudación tributaria.
Pero esta victoria del sector agroexportador no habría sido posible sin el respaldo clave de figuras del Ejecutivo y el Congreso, que han acompañado desde el inicio la narrativa y los intereses de las grandes empresas agrupadas en AGAP. Uno de ellos es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.
Manero ha sido gerente general de la azucarera Andahuasi y gerente de operaciones de Sunshine Export S.A.C., ambas dedicadas a la agroexportación. Además, está casado con Silvia Sofía Wong Fu, fundadora, directora titular y gerente comercial de Sunshine Export, una empresa afiliada a AGAP. Este vínculo personal y profesional configura un evidente conflicto de interés, especialmente considerando que Manero ha sido uno de los principales impulsores de la nueva Ley Agraria desde el Ejecutivo.
Otra figura clave —aunque menos visible— es la congresista fujimorista Cruz María Zeta Chunga. El 16 de septiembre de 2024, la parlamentaria, que también presidió la Comisión Agraria del Congreso, presentó el Proyecto de Ley N°08924/2024-CR, que constituye la base del texto aprobado en primera votación el pasado 4 de junio y que ahora espera su aprobación final.
En su proyecto original, la congresista Zeta Chunga propuso reducir al 15% el impuesto a la renta para las grandes agroexportadoras desde 2025 hasta 2035. El texto aprobado por el Congreso mantiene prácticamente los mismos términos: solo se ha modificado el inicio del beneficio, que ahora regiría desde 2026 hasta 2035.
La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), que agrupa a diversas organizaciones de pequeños agricultores, ha expresado su rechazo a esta nueva Ley Agraria. No solo por el impacto fiscal que implica ni por los beneficios excesivos para un sector ya consolidado, sino también porque la norma no aborda las condiciones laborales de quienes hacen posible el auge agroexportador. Además, denuncian que el proyecto fue elaborado sin consulta previa ni participación de organizaciones del agro familiar.
“Desde 2019, el poder adquisitivo de los trabajadores agrarios ha caído casi 30%”, advierte el economista y ex viceministro de Empleo, Fernando Cuadros. “No tienen estabilidad laboral, no pueden sindicalizarse ni acceder a la negociación colectiva, que es la principal herramienta para convertir las mejoras de productividad en mejores salarios”.
Las reuniones previas
El mismo día en que la congresista Cruz Zeta Chunga presentó el proyecto que hoy es la piedra angular de la nueva Ley Agraria, participó en una mesa técnica junto al ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, y Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo de AGAP, entre otros actores del sector. Allí, el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, pronunció una frase que resumía el espíritu de esa jornada: “Necesitamos una ley que estructure y dé dirección clara a los agricultores, que muchas veces van de tumbo en tumbo sin conocer las condiciones del mercado”. Ese día fue un presagio de lo que ahora está a punto de concretarse.
Uno de los protagonistas clave en esta historia es Gabriel Amaro Alzamora. Antes de asumir la dirección ejecutiva de AGAP, ha transitado entre el sector empresarial y el aparato estatal. Fue gerente general de la Confiep y asesor en diversos ministerios —Economía y Finanzas, Producción, Transportes y Comunicaciones—, además de trabajar en Proinversión y ser director del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.
Amaro es un convencido defensor del modelo agroexportador. Es autor del libro Agro: la gran apuesta del Perú, prologado por Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. En el texto, destaca los cambios normativos impulsados desde los años noventa como claves para la atracción de inversiones y la consolidación de un “clima de negocios competitivo”. Entre esos hitos, resalta la Ley de Promoción Agraria promulgada al final del régimen de Alberto Fujimori, a la que atribuye una visión “de futuro”, encarnada —según sus palabras— en José Chlimper Ackerman”.
Hoy, dos décadas después, el Congreso se apresta a aprobar su heredera: la “Ley Chlimper 2.0”.
En una entrevista publicada por el diario Correo en noviembre de 2024, Gabriel Amaro expresó con claridad la visión del sector que representa: “Debe haber una nueva Ley Agraria, mejorada, que acelere el proceso del pequeño agricultor. Dar incentivos tributarios para que las empresas de la agricultura moderna puedan trabajar con grupos de pequeños productores que trabajen de forma asociativa”. Esa misma lógica —que plantea beneficios fiscales para las grandes empresas a cambio de una eventual articulación con pequeños productores— está reflejada en el espíritu de la nueva Ley Agraria que hoy avanza en el Congreso.
Una revisión realizada por Salud con lupa al registro de visitas del Congreso revela que Gabriel Amaro y el abogado Iván Aranda Moscol —representante de AGAP, fundador del extinto Observatorio Cívico Internacional y egresado de la Universidad Alas Peruanas— se reunieron en múltiples ocasiones con la congresista fujimorista Cruz María Zeta Chunga, principal promotora de la norma. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, Zeta Chunga recibió nueve visitas vinculadas a AGAP: siete de Aranda y dos de Amaro. Todas ocurrieron antes de la presentación del Proyecto de Ley N°08924/2024-CR, columna vertebral de la ley que hoy está a punto de aprobarse.
Las visitas de Iván Aranda al Congreso figuran registradas bajo el rótulo de “coordinador parlamentario”, mientras que las de Gabriel Amaro aparecen con motivos más vagos: una como invitado a un evento y otra simplemente como “normal”. Cabe resaltar que ambos se reunieron también con el congresista de Renovación Popular, José Cueto, el 21 de octubre de 2024, apenas un mes después de presentado el proyecto de Zeta Chunga. En esa reunión, según el registro oficial, Cueto mencionó la iniciativa de su colega fujimorista como parte del diálogo sostenido.
En paralelo, el ministro Ángel Manero recibió cinco visitas de representantes de AGAP entre abril y septiembre de 2024. La última de ellas ocurrió el 17 de septiembre, apenas un día después de que se presentara el proyecto de ley. En esa reunión participaron Gabriel Amaro Alzamora, presidente de AGAP, y Juan Carlos Paredes Rosales, también en representación del gremio agroexportador.
Estas reuniones, lejos de ser casuales, reflejan una articulación clara entre actores del Ejecutivo, el Legislativo y el sector privado. Todos ellos empujaron —desde sus respectivas posiciones— una misma agenda: aprobar una ley que otorgue beneficios tributarios millonarios a las agroexportadoras en un país con urgencias sociales aún sin resolver.
El camino de la nueva Ley Agraria
La nueva Ley Agraria, en su esencia, tiene origen en el proyecto presentado por la congresista Zeta Chunga en septiembre de 2024. En él se proponía reducir al 15% el impuesto a la renta para el sector agroexportador entre 2025 y 2035. Sin embargo, fue recién en diciembre de ese año que el texto actual tomó forma, con la acumulación de siete iniciativas legislativas provenientes de distintas bancadas, que luego ingresaron a la agenda del Pleno.
Los proyectos fueron presentados por congresistas de Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Renovación Popular, Perú Libre y Fuerza Popular. Es decir, la ley ha contado con respaldo político de casi todo el espectro partidario, revelando una alianza transversal —y poco debatida públicamente— en favor del sector agroexportador.
El 15 de abril de 2025, el Pleno del Congreso debatió un nuevo texto sustitutorio, que ya no incluía de forma explícita la reducción del impuesto a la renta al 15% durante los siguientes 10 años. Sin embargo, el dictamen fue devuelto a la Comisión de Economía para ajustes técnicos, y volvió a ser aprobado un mes después con las modificaciones necesarias para sostener los beneficios tributarios, aunque sin mencionarlos de manera directa.
El texto actual de la nueva Ley Agraria fue aprobado el 4 de junio de 2025 en primera votación, tras la desacumulación de dos proyectos de ley: uno impulsado por los congresistas Carlos Zeballos, Guillermo Bermejo y Roberto Kamiche, y otro por Segundo Montalvo Cubas. Desde entonces, el Congreso contaba con un plazo de siete días calendario para someterla a segunda votación. Todo indica que lo hará antes de que termine la segunda legislatura, el 15 de junio, consolidando una norma que beneficia directamente a grandes agroexportadoras y que ha sido promovida de forma coordinada desde la AGAP, el Ejecutivo y el Legislativo.
Aunque en diciembre de 2024 el propio Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que solo un grupo reducido de empresas sería beneficiado —lo que representaría una pérdida de más de S/ 1,800 millones anuales en recaudación—, esa postura cambió. En febrero de 2025, el entonces ministro José Salardi se desmarcó de la opinión técnica de su cartera y expresó públicamente su respaldo a la norma, ahora conocida como “Ley Chlimper 2.0”.
Expertos como el economista Eduardo Zegarra han advertido sobre el impacto fiscal y distributivo de la ley. En su informe El costo fiscal de la Ley Chlimper 2.0, sostiene que esta reforma “solo engrosará los bolsillos de un pequeño grupo de grandes empresas”. Y advierte, además, que la menor recaudación fiscal no solo afecta al Estado en abstracto, sino que termina por debilitar la propia expansión agroexportadora, al limitar los recursos para proyectos públicos de irrigación que han sido clave en su desarrollo.
A pesar de los reiterados pedidos de entrevista, ni AGAP ni los actores involucrados accedieron a responder nuestras preguntas. Mientras tanto, Congreso y Ejecutivo avanzan en la aprobación de una norma que puede marcar un grave retroceso fiscal, laboral y político para el campo peruano.
Para la elaboración de este reportaje, Salud con lupa solicitó entrevistas y envió cuestionarios a Gabriel Amaro, presidente de AGAP; a la congresista Cruz María Zeta Chunga, autora del proyecto de ley y ex presidenta de la Comisión Agraria del Congreso; y al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. Las solicitudes fueron tramitadas a través de sus respectivas oficinas de prensa desde el mes de mayo de 2025. Hasta el cierre de esta edición, no recibimos respuesta por parte de ninguno de los mencionados.
