“No hemos cocinado nada desde el lunes 7 de abril por temor a que los niños se enfermen”, cuenta una profesora del colegio Santa Rosa de Lima, ubicado en el distrito de Las Lomas, en Piura. El almacén de la escuela guarda 264 conservas de pescado, pollo y pavita, adquiridas a través del programa Wasi Mikuna, pero no pueden ser utilizadas debido a problemas de calidad. Estos productos están siendo investigados en relación con la intoxicación de más de 150 estudiantes en nueve regiones, incluyendo Lima, Piura, Loreto, Junín y Amazonas. La medida de suspensión, que afecta a más de 4 millones de escolares a nivel nacional, ha prohibido el uso de estos productos en todos los colegios del país.
Aunque las conservas representaban la principal fuente de proteína animal en la canasta alimentaria, Wasi Mikuna aún no ha definido qué productos las reemplazarán. Las empresas proveedoras no han recibido instrucciones claras. Tampoco los maestros y los padres de familia. En el colegio Santa Rosa de Lima, que atiende a 55 niños de 3, 4 y 5 años, los docentes decidieron, incluso antes de la orden oficial de Wasi Mikuna, inmovilizar las conservas como medida preventiva. Sin embargo, hasta este miércoles, seguían esperando la llegada de representantes de Wasi Mikuna para retirar estos productos. Aunque aún cuentan con un lote de arroz, leche y fideos, han preferido no usarlos por precaución.
La creciente incertidumbre en muchos colegios no solo se debe a lo que ocurrirá con los productos almacenados, sino también al futuro del programa alimentario. El Midis ha anunciado que Wasi Mikuna desaparecerá y será reemplazado por nuevos modelos de compra. Uno de ellos propone que las madres de familia, organizadas en comités, adquieran y preparen los desayunos escolares, priorizando la compra en mercados locales. Sin embargo, esta alternativa representa un reto mayor para el Midis: en los mercados resulta difícil rastrear el origen de productos como frutas y verduras, lo que complica asegurar que sean alimentos limpios y seguros. Además, si se adquieren productos envasados, el control se vuelve aún más complicado debido a la compra a menor escala y la gran variedad de marcas disponibles.
Por otro lado, los cambios anunciados por el Midis también han generado reclamos entre los trabajadores, que temen ser despedidos, y entre los proveedores, debido a la incertidumbre sobre los contratos ya aprobados para el 2025. Para abastecer a más de 67 mil escuelas públicas en todo el país, se firmaron 687 contratos este año, de los cuales al menos 60 podrían estar en riesgo por las decisiones tomadas por el Midis. Mientras el futuro del programa sigue en espera, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, enfrenta dos mociones de interpelación para acudir al Congreso. Estas están relacionadas con la respuesta tardía frente a los cientos de niños hospitalizados por consumir productos del programa y la falta de cambios efectivos para asegurar una adecuada nutrición.
¿Qué desayunarán los escolares?
La noche del 8 de abril, Wasi Mikuna anunció oficialmente la suspensión a nivel nacional del consumo de tres tipos de conservas —pollo, pavita y pescado— sin detallar si serían reemplazadas por otros alimentos ni por cuánto tiempo se mantendría la medida. Sin embargo, cuatro días antes del anuncio, varios colegios de Piura ya habían dejado de utilizar los alimentos del programa tras conocerse la intoxicación de más de 80 estudiantes de la escuela Elvira Castro de Quirós. El colegio María Clara Balladares, en el distrito de Tambogrande, cuenta con algunos insumos, pero estos no se usan desde hace una semana.
Salud con lupa consultó a Wasi Mikuna sobre cómo reemplazaría las conservas sin afectar el aporte de proteína necesario para los escolares, pero no obtuvo respuesta. Además, la línea telefónica gratuita habilitada para que profesores y madres de familia reporten incidentes proporciona información errónea. “Las conservas de pescado sí las pueden consumir”, indicó la operadora. En colegios de la región San Martín se ha reportado que, a pesar de la orden de suspensión, las conservas siguen siendo utilizadas.
La Asociación de Pequeños Productores e Industriales de Alimentos del Perú (AMPPIA), que agrupa a más de 100 empresas proveedoras del programa desde su origen como Qali Warma, asegura que no es viable entregar otro tipo de proteína a los estudiantes en el corto plazo. Aunque el charqui (carne seca) y el pescado salado son opciones aprobadas por el programa, no son ampliamente consumidos en todas las regiones, según explicó su vocero, Hugo Callan. Como alternativa, la AMPPIA propone sustituir estos enlatados por alimentos que ya forman parte del menú escolar, como legumbres, aceite, azúcar, fideos y arroz, y entregarlos directamente a los padres de familia para que las cocinen en casa.
Por su parte, Jessica Huamán, nutricionista y coordinadora nacional de la Plataforma de Seguridad Alimentaria, advirtió sobre el riesgo de no entregar proteínas a los niños, esenciales para proteger su sistema inmune y mejorar su crecimiento. “En los menores de 5 años, esto puede aumentar el riesgo de desnutrición crónica y anemia. El charqui o el pescado salado son buenas opciones porque son productos deshidratados, pero ¿cuántas escuelas tienen agua segura en su cocina para prepararlos adecuadamente?”, señaló la especialista. Huamán sugirió que, en lugar de las conservas, se podría optar por queso fresco, siempre que se mantenga la cadena de frío para que llegue en buen estado a las escuelas. Otra opción sería utilizar huevo deshidratado en polvo para hacer tortillas, pero esto solo funcionaría si se explica a los padres cómo prepararlo correctamente.
Fallas en las condiciones de higiene en las escuelas
Los numerosos casos de productos con observaciones de calidad pusieron en evidencia fallas en la supervisión de Wasi Mikuna. Funcionarios del programa, que debían vigilar a los proveedores contratados, y por otro lado la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), encargada de certificar a los fabricantes de los productos, estuvieron involucrados en prácticas irregulares. Así lo demuestra el caso de la empresa Frigoinca y sus conservas de carne de res adulteradas Don Simón, una investigación que aún no se ha cerrado.
Sin embargo, a estos problemas de supervisión se suma que las condiciones en las escuelas para almacenar y preparar los alimentos tampoco son las adecuadas. Entre abril y diciembre de 2024, 508 informes de la Contraloría destacaron fallas en los protocolos de limpieza e inocuidad. Por ejemplo, no había espacios adecuados para manejar la basura ni un control sobre el ingreso y salida de los productos. Además, las áreas no eran fumigadas, lo que resultó en la presencia de excrementos de roedores e insectos en algunos casos.
El personal encargado de preparar los desayunos, en su mayoría pagado con las contribuciones de los padres, no probaba los alimentos ni cumplía con las prácticas adecuadas de manipulación. Las cocinas y utensilios tampoco estaban limpios. Además, como la mayoría de las escuelas no cuentan con comedor, los niños desayunan en los mismos muebles donde se guardan los útiles escolares. “Estos problemas ya se han señalado para que se tomen medidas correctivas, pero seguimos encontrando lo mismo”, comentó Juana Llacsahuanca, subgerente de control de la Contraloría, ante la Comisión del Congreso que investiga el caso de intoxicación en escolares.
¿Qué pasará con Wasi Mikuna?
Aunque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha anunciado que se emitirá un Decreto Supremo para declarar en emergencia el programa y establecer nuevas modalidades de compra, el decreto aún no ha sido publicado.
Antes de ese anuncio, el 27 de febrero de este año, el propio programa aprobó un “modelo de gestión participativa” que delega a los padres de familia un rol más activo en la compra y preparación de los alimentos. Este modelo piloto ya se aplica en 35 colegios de Piura, Ayacucho y Cusco, donde comités conformados por padres reciben directamente el dinero para adquirir insumos, tanto perecibles como no perecibles, en mercados, ferias o centros de acopio.
Aunque deben rendir cuentas cada quince días ante las Apafas (Asociaciones de Padres de Familia), este sistema presenta riesgos importantes: no existen garantías claras sobre cómo se resguardará el dinero ni mecanismos para asegurar que los alimentos comprados cumplan con estándares sanitarios y nutricionales. Sin una supervisión efectiva, por ejemplo, podrían adquirirse productos procesados con octógonos de advertencia.
Durante su presentación ante la Comisión Investigadora del Congreso, el 8 de abril, la ministra Leslie Urteaga señaló que también se están evaluando otras modalidades: la instalación de módulos de cocina en las escuelas, la creación de núcleos ejecutores comunitarios para asumir la compra de alimentos, o incluso el uso de servicios externos como las ollas comunes y comedores populares, especialmente en Lima y Callao, donde están mejor organizados.
Para Paola Bustamante, exministra del Midis y actual directora de Videnza Consultores, es fundamental que el programa recupere su enfoque nutricional. Advierte que este objetivo se ha desvirtuado con el argumento de dinamizar la economía local, lo que terminó favoreciendo la creación de empresas proveedoras interesadas únicamente en contratar con el Estado, sin garantizar la calidad de los productos.
Mientras padres de familia y docentes aún no tienen claro cómo continuará el programa, las empresas proveedoras tampoco saben si sus contratos seguirán vigentes o serán cancelados. La crisis alcanza también a los propios trabajadores del programa, quienes temen despidos masivos. En regiones como Loreto, Junín, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad ya se han registrado protestas y exigencias de renuncia contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien, pese a la situación, continúa en el cargo.
