En el segundo piso de uno de los ambientes de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ocho personas esperan a que llegue su turno para que la doctora Yahaira Rodríguez, jefa del centro de salud Túpac Amaru de Chiclayo, las reciba. Detrás de un pequeño biombo, la médica termina de escribir una receta, se la entrega a un joven con breves indicaciones y se prepara para recibir a los demás pacientes. Para atenderlos, la doctora solo cuenta con algunas sillas de plástico y una mesa que fue prestada por la parroquia desde que se inundó el local del servicio de salud por las lluvias que provocó el ciclón Yaku, un fenómeno climático que ha dejado cuantiosos daños materiales en varias regiones del Perú.
Desde el 14 de marzo, el local parroquial funciona como servicio de emergencias, área de triaje, tópico y consultorio de odontología. El resto de servicios sigue funcionando en el centro de salud, aunque con ciertas limitaciones porque varios ambientes ya no se pueden usar. Esto ha hecho que los pacientes con tuberculosis tengan que ser atendidos en el consultorio que utiliza el personal de laboratorio y enfermería, muy cerca del área de atención a las gestantes.
“No nos han dado otra alternativa”, dice la doctora Rodríguez, preocupada por el futuro de su servicio de salud y los riesgos a los que están expuestos. “Ni el personal de salud ni los pacientes pueden usar los baños del centro porque han colapsado. Hemos encontrado larvas y mosquitos de dengue”, añade. El Centro de Salud Túpac Amaru ha enviado solicitudes a la Red de Salud de Chiclayo y a la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque para que asignen presupuesto para las reparaciones, pero no ha recibido respuesta.
No son pocos los servicios de salud dañados por las lluvias e inundaciones que se registran desde diciembre y que se intensificaron con el ciclón Yaku: 505 establecimientos de salud presentan problemas en su infraestructura, principalmente en Tumbes, Piura y Lambayeque. Así es como se encuentran para hacer frente ahora a El Niño Costero, un fenómeno climático que se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico Oriental que ocasiona lluvias por encima de lo normal en Perú y Ecuador, confirmado el jueves por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).
Ante ello, la ministra del sector Salud, Rosa Gutiérrez, ha informado que se rehabilitará en el corto plazo los hospitales, centros de salud y postas afectados con un presupuesto de cerca de S/ 10 millones.
En alerta roja, pero en malas condiciones
Mientras ministros y funcionarios recorren las regiones golpeadas por una combinación de fenómenos meteorológicos, los hospitales y centros de salud continúan funcionando pese a sus condiciones y a las limitaciones que tiene ahora el personal de salud para hacer frente a las emergencias. Son más de 24 mil establecimientos públicos y privados, en todo el país, que están en alerta roja con el fin de no suspender la atención de los pacientes. Todos están obligados a trabajar en “su máxima capacidad operativa”, pero están presentando varios problemas.
En Lambayeque, el servicio de traumatología del Hospital Regional Docente Las Mercedes -con 171 años de antigüedad- ha tenido que hacinar a sus pacientes en las áreas menos riesgosas porque las baldosas del techo pueden desprenderse de varios ambientes. Las normas indican que debe haber un metro o un metro y medio de distancia por paciente en camilla, pero lo que se observa entre cada camilla son menos de 50 centímetros.
Por ahora, el servicio de Rayos X está suspendido y a los pacientes que tenían cirugías programadas se les ha informado que deberán esperar unas semanas más. “Solo se atenderán las intervenciones quirúrgicas muy urgentes”, se lee en un letrero colocado al interior del establecimiento. En el Hospital Referencial de Ferreñafe, ubicado también en esa región norteña, el personal solo admite emergencias.
Los 36 médicos del hospital trabajan por turnos. La mayoría son médicos generales, pero tienen que reemplazar a los ginecólogos o cirujanos porque no hay suficiente personal. Hace unos días, se les comunicó que serían trasladados al local de la Red de Salud de Ferreñafe, pero ese espacio tampoco es adecuado, señala la jefa de obstetricia, Violeta Gonzaga. “Tiene también ambientes que presentan filtraciones por las lluvias. Se necesitan reparaciones urgentes”, contó la doctora.
La segunda posibilidad es que trasladen las áreas de emergencia, ginecología y otros cuatro consultorios en espacios del mismo hospital. Mientras se define esto, los trabajadores de limpieza continúan retirando agua que se acumuló en los terrenos baldíos del hospital, ubicados detrás de los consultorios. El personal de salud cree que, si no terminan pronto, se formarán criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad viral dengue.
Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), los casos de dengue, malaria y leptospirosis -una enfermedad que se contrae por contacto con aguas contaminadas de orina de ratas, perros y otros animales- podrían incrementarse debido a la ocurrencia de lluvias y otros eventos climatológicos. Por eso, es muy importante que se desplieguen equipos de respuesta rápida para identificar posibles brotes y se monitoree el acceso a agua potable durante los períodos en los que se interrumpa el servicio a fin de disminuir el riesgo de enfermedades diarreicas, contraídas por bacterias, virus o parásitos.
Si se presentan brotes epidémicos de estas enfermedades infecciosas, los servicios de salud no podrán atender en condiciones muy vulnerables, explica el experto en salud pública, Elmer Huerta. Además, nos recuerda que el 75% de las personas afectadas por las inundaciones sufren problemas de salud mental como ansiedad, psicosis, insomnio o depresión.
En lo que va del año, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), 220 personas han fallecido, 2,109 sufrieron lesiones y otras 66,105 han quedado damnificadas como resultado del desborde de ríos, activación de quebradas, ocurrencia de huaicos y lluvias.
“Tengo 32 años de servicio y siempre se han dado estos desastres. Vienen comisiones de Lima, del nivel central, nos ofrecen muchas cosas pero al final, se hacen pequeños arreglos en los servicios de salud. Entonces, año tras año, esto sigue igual”, dice la doctora Gonzaga.
No estaban preparados para desastres
Durante los peores años de la pandemia de covid-19, el Gobierno se comprometió a reforzar la infraestructura de los servicios de salud del primer nivel de atención, pero se hicieron muy pocas reparaciones. Ahora, ante una nueva emergencia, el 87.40% de los establecimientos de primer nivel de atención tienen ambientes hacinados, poca ventilación, equipos obsoletos, inoperativos o insuficientes. Hasta diciembre pasado, 8,297 postas y centros de salud continuaban funcionando en esas condiciones, según la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud (Minsa).
Esta información es parte del Diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios del sector salud, que alerta que la mayoría de hospitales en Perú supera los 40 años de antigüedad y se construyeron bajo normas menos exigentes frente a daños por sismos y otros desastres naturales. Además, como su infraestructura no ha recibido suficiente mantenimiento, los hospitales son ahora locales de riesgo para los pacientes y el personal de salud.
Esto sucede a pesar de la Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los desastres que se promulgó en 2017 y los cambios que se hicieron en las normas técnicas para el diseño de establecimientos de primer nivel y hospitales. Después de que El Niño dejara ese año 937 establecimientos de salud afectados y otros 16 inoperativos en 14 regiones del país, principalmente en Áncash, Lambayeque y Piura, el Minsa elaboró un plan de acción hacia el 2021. Así, el Estado se comprometió a elaborar planes de intervención para reducir su vulnerabilidad, aprobar una nueva normativa para evaluar la seguridad de todos los establecimientos de salud y una revisión periódica para los hospitales de acuerdo a su Índice de Seguridad Hospitalaria, un indicador que permite medir qué tan preparados están frente a emergencias y desastres.
A dos años de haberse fijado esos acuerdos, el Minsa estima que se necesita construir 1,760 nuevos postas y centros de salud en todo el país y aumentar de 156 a 383 la cantidad de hospitales en los próximos años. Pero hay dos grandes inconvenientes: el tiempo que toman las municipalidades, gobiernos regionales y el propio Minsa, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), para ejecutar estas obras, y la asignación oportuna de presupuesto. Solo en el caso de los hospitales, la ejecución puede tardar más de 8 años, según el diagnóstico de brechas.
Si se cumplen con las obras recomendadas, se ha estimado que al finalizar el 2026 habrá reducido de 225 a 198 la cifra de hospitales en malas condiciones. Además, el Ministerio de Salud tendría que superar las deficiencias que se han encontrado durante la construcción de centros de salud y hospitales, como inexactitudes en el expediente técnico de la obra -porque no se ajustan a las normas técnicas en salud- o falta de documentos como el saneamiento físico legal del terreno.
La abogada Mayen Ugarte, quien fue secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dice que las entidades públicas caen en la presión política de inaugurar lo más rápido estas obras, o confían que los problemas de saneamiento del terreno se resolverán rápidamente. “Pasa mucho con las obras de rehabilitación de hospitales y escuelas. Los terrenos fueron donados y la construcción original se hizo con una legislación diferente que no exigía que estuvieran saneados. Entonces, resolver ese problema puede ser muy complejo”, indica. La capacidad de los funcionarios que formularán los siguientes proyectos de inversión en salud-en los tres niveles de gobierno- es otro aspecto que se debe resolver.
57 obras en espera para mejorar la atención a los pacientes
La tarde del 10 de marzo, el personal médico del Centro de Salud Las Lomas de Piura dejó de atender a sus pacientes para resguardar las historias clínicas, computadoras, camillas y demás instrumentos médicos que se empezaron a dañar por la lluvia que se filtró de su techo. Con escobas y recogedores en mano, los médicos, enfermeros y personal administrativo empezaron a sacar el agua acumulada en el suelo.
Esta situación se hubiera evitado si el establecimiento de salud -que recibe a medio centenar de pacientes cada día- tuviera una buena infraestructura que impida la filtración del agua, pero ello no ocurre porque su construcción está inconclusa. El 25 de septiembre de 2020, el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) firmó un contrato -valorado ahora en S/ 6 millones- con el Consorcio San Juan para que mejore y amplíe el centro de salud en un plazo de cinco meses.
Dos años después, la obra fue paralizada con la tercera parte de avance porque la empresa estaba construyendo sin tomar en cuenta las ubicaciones de los desagües. Ante la falta de espacio y almacenes, hay sillas, mesas, colchones y otros equipos médicos que están amontonados a la intemperie, recibiendo sol y lluvia.
Este establecimiento forma parte de un grupo de 57 centros de salud, postas y hospitales cuyas obras de infraestructura -construcción, mejoramiento y equipamiento- se encuentran estancadas en 21 regiones del Perú y en las que se invirtió S/ 4,888 millones, de acuerdo al Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Treinta y dos están ubicadas en distritos declarados en estado de emergencia como consecuencia de la temporada de lluvias que inició en septiembre pasado. Algunas llevan meses detenidas y otras hasta cinco años.
En 29 casos, los contratos de obras quedaron sin efecto, principalmente por incumplimiento de las empresas. El resto se suspendió por conflictos sociales y fenómenos climáticos que impiden el traslado de maquinaria, además de problemas que encuentran los contratistas en los expedientes técnicos.
La principal razón de la paralización de obras, según explica Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, es la deficiencia en la elaboración de la propuesta para la construcción, que luego se traslada a las siguientes etapas, como la elaboración del expediente técnico. “Cuando al expediente técnico le falta información o esta es imprecisa, los contratistas se topan con escenarios que no estaban previstos, como interferencias en los predios o falta de claridad de quién va asumir los nuevos costos”, dice.
Situaciones como estas pueden derivar en laudos arbitrales o procesos judiciales, que no se resuelven rápidamente. Para Gaviño, es necesario mejorar la preparación del personal que se encuentra en el sector público. De acuerdo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), solo el 2% del personal que labora en las áreas técnicas de inversión pública está adecuadamente capacitado.
Mientras esto ocurre, en varios servicios de salud los profesionales tienen que ingeniárselas para atender a sus pacientes. En agosto de 2021, el Centro de Salud Las Lomas se trasladó temporalmente al colegio Nuestra Señora de Guadalupe, a unas 10 cuadras de su local. Allí se construyeron cuatro módulos de triplay para establecer sus servicios de obstetricia, psicología, covid-19, odontología, laboratorio, entre otros. Sin embargo, el centro de salud retornó a la infraestructura en construcción al año siguiente por el inicio de las clases.
En la región Piura hay otros seis servicios de salud con obras postergadas en los distritos de Ayabaca, Huarmaca, Piura, Huancabamba, 26 de Octubre y Chalaco en los que se invirtió S/ 409 millones en total. Uno de ellos es el Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2, ubicado en el distrito 26 de Octubre. En uno de sus ambientes, el personal de salud atiende a los pacientes con el riesgo de que se termine de caer el techo del pasillo por el que transitan.
Las obras en el Hospital Santa Rosa han avanzado menos de la mitad desde diciembre de 2o2o, cuando empezó su remodelación. Hoy llevan más de un año paralizadas, también porque se puso fin al acuerdo con el contratista.
Con las lluvias se han visto afectados varios de los servicios que estaban operativos -como la emergencia pediátrica- con techos al descubierto por donde filtra el agua y se empoza. “En casi todos los servicios, los techos que fueron adaptados para la protección con calaminón carecen de canaletas o tuberías, que deberían estar ubicados en lugares estratégicos para desaguar y no generar inundaciones. Y en otros ambientes es peor, porque la cobertura del techo ni siquiera existe”, cuenta la doctora Luz Martínez, directora ejecutiva del hospital.
Las lluvias obligaron al personal de salud a trasladar a los pacientes ubicados en carpas a otros ambientes del hospital porque el agua llegó hasta donde se encontraban ellos, junto a las camillas y equipos eléctricos.
Las obras de Piura se ejecutan con fondos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), creada tras el Fenómeno El Niño de 2017 para -entre otras funciones- restituir la infraestructura dañada de centros de salud, colegios, pistas y saneamiento. Sin embargo, tras seis años, es evidente su fracaso no solo por la infraestructura inconclusa, sino por la falta de obras de prevención que hubieran reducido los impactos de los fenómenos meteorológicos que ocurren todos los años.
En el grupo de las obras paralizadas también está el Hospital Regional de Cañete con un 98% de avance. Su construcción se inició hace 10 años y lleva detenida más de uno, mientras se resuelve un arbitraje entre la empresa contratista y el Gobierno Regional de Lima. El 2021, se entregaron algunas áreas, como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), pero no se podían utilizar por problemas técnicos y por la falta de agua y desagüe. Esta sede beneficiaría a más de 273 mil peruanos de la provincia de Cañete, 20 mil de Yauyos y 65 de Huarochirí.
El Ministerio de Salud se ha comprometido a brindar asistencia técnica a las unidades ejecutoras de las obras -entre las que se encuentran los gobiernos regionales y locales- para destrabarlas porque existe el riesgo de que “terminen costando tres veces más de lo previsto”. La meta planteada, según la ministra Rosa Gutiérrez, es terminar con al menos el 40% de los establecimientos este año y para el 2024 culminar todos. Salud con lupa solicitó una entrevista para tener más detalles de las acciones que se adoptarán, pero fue rechazada.
Entre las 57 obras estancadas en servicios de salud, hay 18 que se pueden acoger a la Ley de Reactivación de Obras Públicas Paralizadas que se promulgó hace cinco meses. De acuerdo con Mayen Ugarte, esta norma permite renegociar los acuerdos con los contratistas o, en caso no se pueda por un arbitraje o proceso judicial, dejar que siga su curso y buscar a un nuevo proveedor e incluso contratarlo directamente. Aún en esos casos, la especialista advierte que, si se contrata una nueva empresa, esta podría solicitar mayores costos.
En el caso de las obras que no apliquen a esta ley -como sucede con el Centro de Salud Las Lomas- el destrabe podría demorar más años y, mientras tanto, se siguen atendiendo a los pacientes en condiciones insalubres e inseguras.
Joe Quedena Álamo, jefe de este centro de salud, explica que ahora están recibiendo a sus pacientes en unos ambientes que no se llegaron a derrumbar, pero todo se está complicando porque el incremento de las enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores. “Cuando empiecen a llegar los pacientes por dengue no vamos a poder atenderlos, porque no tenemos el espacio debido”, advierte. Piura es la tercera región del país -después de Ucayali y Loreto- con más casos de dengue en lo que va del año: 2,953 personas se han enfermado, medio millar más de lo registrado en el mismo periodo de 2022.
