El pasado 7 de agosto, Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, inauguró un nuevo Hospital de la Solidaridad, en el distrito de Andrés Avelino Cáceres, en Huamanga, Ayacucho. Lo hizo frente a decenas de personas y medios de comunicación. Tras el corte de la cinta y una conferencia brindada en los exteriores del establecimiento, el alcalde se trasladó a otro local donde lo esperaba una gigantografía con su imagen, el logo de Renovación Popular —partido por el que llegó al poder— y la frase “Presidente 2026”. La jornada, presentada como un acto de salud pública, culminó con un evento partidario.
El caso de Ayacucho no es aislado. En sus tres años de gestión, López Aliaga ha viajado a nueve regiones fuera de Lima, donde no superó el 10 % de votos en su última campaña presidencial, para inaugurar locales donde funcionan Hospitales de la Solidaridad. Para ausentarse del sillón municipal, pide licencias y asegura que sus pasajes los paga de su bolsillo. Pero en cada parada, donde se presenta como alcalde, las ceremonias incluyen a autoridades vinculadas con Renovación Popular y de otros partidos afines a su gestión, empresarios con convenios vigentes con el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) y, en varios casos, actos políticos después de las inauguraciones.
Sisol fue creado en 2004 por ordenanza municipal por el entonces alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Lossio, como un organismo público descentralizado de la Municipalidad de Lima para “brindar servicios integrales de salud a la población” y con la posibilidad de extenderse a regiones previo convenio de cooperación y apoyo. Desde su creación, Sisol está liderado por el médico Luis Rubio Idrogo, quien solo dejó el cargo en los períodos en que Susana Villarán y Jorge Muñoz asumieron la alcaldía con los partidos Fuerza Social y Acción Popular, respectivamente.
El Sistema Metropolitano de la Solidaridad nació como una propuesta inusual para la atención primaria de salud: consultorios instalados en contenedores adaptados y en antiguos buses de transporte llamados Medi Buses. Con el tiempo, abandonó ese formato y empezó a operar en locales más amplios —propios o alquilados— bajo el nombre de Hospitales de la Solidaridad, muchos de ellos creados mediante contratos de asociación en participación con clínicas privadas, otras empresas e incluso personas naturales. Aunque está adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Sisol funciona con autonomía administrativa, rinde cuentas a la comuna limeña y opera bajo sus lineamientos institucionales.
El uso político de los Hospitales de la Solidaridad
Aunque se presenta como un sistema “solidario”, Sisol funciona bajo una lógica de mercado: cada consulta o procedimiento tiene un costo —más bajo que en una clínica privada—, que suele oscilar entre S/ 20 y S/ 50, frente a los más de S/ 100 que puede costar una consulta en el sector privado. Esta diferencia lo vuelve una alternativa atractiva para personas sin seguro o con bajos ingresos.
Liliana Medina, de 64 años, por ejemplo, prefiere acudir allí porque, dice, “la atención fue buena y más barata que una clínica”. Llegó por primera vez al Hospital de la Solidaridad de Villa María del Triunfo hace nueve años con su madre y volvió hace dos con su hijo para una consulta en Urología. También Abel Chávez, de 78, paciente oncológico, optó por Sisol para practicarse un examen que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) le recomendó, pero que tardaría semanas en programarle: “En una clínica me costaba más de S/ 400, pero en Sisol de Pumacahua pagué S/ 230”.
Estos precios accesibles, sin embargo, tienen límites: el sistema no ofrece hospitalización, ni garantiza continuidad en los tratamientos. Su sostenibilidad no depende de presupuesto público —aunque su estatuto lo permitiría—, sino de un modelo de autofinanciamiento en el que los profesionales de salud entregan a Sisol alrededor del 30 % de lo recaudado por cada atención.
Desde sus primeros locales, los Hospitales de la Solidaridad han sido más que un servicio de salud: también han funcionado como una herramienta política. No solo llevaban el nombre Solidaridad —asociado al partido Solidaridad Nacional, fundado por Luis Castañeda Lossio—, sino que su popularidad, basada en atenciones rápidas y de bajo costo, le permitió al entonces alcalde (fallecido en 2022) reforzar su imagen, reelegirse tres veces y tentar la presidencia de la República. En 2020, Solidaridad Nacional pasó a llamarse Renovación Popular y hoy es liderado por Rafael López Aliaga, quien fue regidor durante una de las gestiones de Castañeda (2007-2010). Las inauguraciones de los Hospitales de la Solidaridad en distritos populosos funcionaron como parte de una estrategia territorial que reforzaba su visibilidad política.
Dos décadas después, la fórmula se repite: López Aliaga inaugura hospitales Sisol con foco en las regiones. Combina actos oficiales con actividades partidarias y proyecta así su figura a escala nacional.
Para Jorge Jáuregui, abogado especialista en temas electorales, “lo que está haciendo el alcalde López Aliaga es infringir dos disposiciones constitucionales: el principio de igualdad en la competencia electoral y el de neutralidad”. Explica que, aunque formalmente aún no sean candidatos a presidentes, senadores o diputados, las autoridades tienen prohibido aprovechar su cargo o recursos públicos para difundir políticas públicas de manera que favorezcan su imagen personal.
De la inauguración al evento partidario
En Arequipa, la sede del Hospital de la Solidaridad funciona desde abril de 2025 en la Clínica Euroamericana, propiedad de Guillermo Vargas Bernal. En la inauguración participaron dos alcaldes distritales militantes de Renovación Popular: Jonathan Machado Rivera (Samuel Pastor) y Sergio Bolliger Marroquín (Yanahuara). Al concluir la ceremonia, López Aliaga y una portátil de su partido cruzaron la calle hacia el Colegio de Ingenieros, donde realizó un mitin con los congresistas Patricia Chirinos, Esdras Medina y Norma Yarrow, todos de Renovación Popular.
En Pucallpa, la capital de Ucayali, el Hospital de la Solidaridad atiende desde diciembre pasado en la Clínica Esmedic, dirigida por Moisés Acosta Flores. La inauguración reunió a la alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne Vásquez —afiliada a Renovación Popular—, y al decano del Colegio Médico Regional, Paul Herrera Zorrilla. En su discurso, el alcalde de Lima invitó a los asistentes a una “convención socialcristiana”, que en realidad fue un mitin partidario. Allí, vistió una cushma, prenda ancestral que representa al pueblo originario Shipibo-Konibo, con la frase: “Rafael López Aliaga Presidente del Perú”. También se hizo campaña a Antonio Marino Panduro, militante de Renovación Popular, quien aspira a ser gobernador regional de Ucayali.
En Piura repitió el mismo libreto. Durante la inauguración de un nuevo Hospital de la Solidaridad, el alcalde de Lima cortó la cinta vestido con un gorro que llevaba el logo de Renovación Popular. A su lado, como en cada evento oficial, el presidente de Sisol, Luis Rubio, lucía su característica corbata celeste, el color distintivo del partido. En Juliaca, Puno, el alcalde posicionó a su partido durante su discurso. “Diferentes provincias han ido a Lima a pedir no solamente temas de salud, sino una serie de propuestas para el plan de gobierno. El plan de gobierno de un partido que es Renovación Popular, un partido socialcristiano que prioriza el bien común, al que menos tiene (...) Que se sepa claramente, de punta a punta en Puno, qué cosa es Renovación Popular y para qué ha entrado en política. Ha entrado para servir”, exclamó, en tono de mitin.
Y en Huancayo, en plena inauguración del centro quirúrgico de Sisol, en el local de la Clínica Internacional San Rafael —que inició operaciones siete meses antes de la inauguración— el alcalde de Lima y Luis Rubio cedieron la palabra a Dimas Aliaga Castro, a quien presentaron como dirigente de la zona. Pero en realidad Aliaga Castro fue dos veces alcalde provincial de Huancayo y busca liderar el Gobierno Regional de Junín con Renovación Popular.
El poder detrás de Sisol
El alcalde Rafael López Aliaga colgó, el pasado 15 de julio, la Medalla de Lima sobre el pecho del médico Luis Rubio por sus “valiosos aportes a favor de la comunidad”. No se trata de un médico cualquiera, sino del presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol), pieza clave en la red política y empresarial que sostiene el servicio de salud municipal más grande del país.
En marzo de 2021, durante la campaña presidencial, el entonces candidato López Aliaga lo presentó como asesor técnico para instalar hospitales solidarios en todo el país y cumplir con una promesa populista de la época: traer vacunas contra la Covid-19. En 2023, ya al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, López Aliaga lo devolvió al cargo más alto de Sisol. Y al año siguiente, Luis Rubio formalizó su vínculo partidario al afiliarse a Renovación Popular.
La influencia de Rubio se extiende al terreno empresarial. Él, sus hijos Luis Rubio Marquina y María Rubio Rodríguez, así como su hermana María Sara Rubio Idrogo, constituyeron compañías ligadas a la salud. Algunas están inactivas y otras contrataron con instituciones públicas. En 2019, EsSalud adjudicó de forma directa a Metro Holding —donde su hijo Luis Rubio Marquina era gerente general— un contrato por S/ 43.6 millones para operar un policlínico en el Rímac. Su hermana, María Sara, es accionista de Corporación Salud Universal, empresa que, junto con su hijo Gary Llempen, alquiló en 2024 y 2025 equipos de rayos X al Hospital Regional de Trujillo por un total de S/ 82 mil.
En el corazón de Sisol, las decisiones estratégicas están en manos de un Consejo Directivo dominado por Renovación Popular. Cinco de sus siete miembros han estado o están afiliados a este partido; algunos han postulado a cargos públicos, otros regresan tras haber ocupado el mismo puesto en gestiones pasadas. Por ejemplo, Flor de María García Munive y Max Antonio Seminario Gorbitz —exmilitante de Solidaridad Nacional— ya integraban el consejo cuando Rubio lo presidía en la alcaldía de Castañeda.
Otros nombres que refuerzan la presencia partidaria son Víctor Paulini Sánchez, afiliado a Renovación Popular desde 2021, exregidor de Magdalena del Mar y candidato a alcalde en 2022. Es accionista mayoritario del Laboratorio Anatomopatológico Biolabc que obtuvo siete contratos estatales entre el 2020 y 2022. Paulini es también accionista de la Entidad Médica Financiera, que firmó un contrato con la Municipalidad de Magdalena del Mar.
Se suman a la lista Alexis Bañes Ríos, médico cirujano y excandidato a la alcaldía de Comas por Renovación Popular; y Luis Felipe Galindo Latorre, exmilitante de Solidaridad Nacional.
Un millón de soles en alquileres de locales que no funcionan
El Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) viene suscribiendo contratos millonarios para alquilar locales que promete convertir en modernos servicios de salud. Las fechas de apertura están fijadas, pero meses después la escena se repite: puertas cerradas, obras inconclusas y vecinos que esperan un servicio que no llega. Mientras tanto, los pagos por alquiler están en marcha. Sisol ya ha desembolsado casi medio millón de soles, según las órdenes de servicio publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Y en varios casos, los beneficiarios de las contrataciones directas tienen vínculos con Renovación Popular.
En la cuadra cuatro de la avenida Paseo de la República, en Miraflores, en Lima, un nuevo Hospital de la Solidaridad debía abrir en octubre de 2024. Diez meses después, las obras continúan. El médico a cargo de la implementación, Felizardo Osorio, atribuye la demora al cambio de zonificación: de residencial a comercial. Pero aun con el permiso, el local sigue lejos de estar listo. “En un mes y medio debería inaugurarse”, asegura el vigilante del edificio.
Sin embargo, el pago del alquiler no esperó. En mayo de 2025, la Contraloría alertó que Sisol ya había desembolsado S/ 490 mil de los S/ 2.5 millones pactados por tres años de arrendamiento. La beneficiaria es Rosalina Cano Altez, dueña del inmueble y hermana de Rubén Cano, alcalde de La Victoria por Renovación Popular. De acuerdo con el órgano de control, Sisol está pagando por un alquiler sin que se cumpla la finalidad pública: brindar atención médica a la población. Además, empezó tarde las obras de acondicionamiento en el inmueble alquilado.
En la región Piura, al norte de Perú, el problema se repite. En la avenida Grau debió inaugurarse en mayo de este año un Sisol en los pisos tres y cuatro de un predio que le pertenece a Flor Huamán García de Pongo, esposa del médico oftalmólogo Luis Pongo Águila. La familia respaldó la campaña presidencial de 2021 de Rafael López Aliaga y, según publicaciones en redes sociales, mantiene amistad con Luis Ciccia Vásquez, hermano de Miguel Ciccia, congresista de Renovación Popular. “Un abrazo grande y con todo cariño te deseamos lo mejor en este día, felicidades mi querido amigo”, fue una de las dedicatorias que le escribió Luis Pongo por su cumpleaños en Facebook.
Mientras el hospital no brinda atenciones, en los dos primeros pisos del mismo edificio funciona la Clínica Oftalmológica Pongo, dirigida por Luis Pongo y fundada en 2021 por sus hijos Jorge Luis y Vanessa Pongo Valderas. Sisol ya pagó S/ 162 mil, de los S/ 648 mil pactados por tres años de alquiler, sin ofrecer una sola consulta. En la fachada, una gigantografía anuncia un nuevo Sisol, que según personal que trabaja en la clínica, se inaugurará el 22 de agosto.
A siete minutos en auto, otro local en la avenida Cayetano Heredia—arrendado a la Beneficencia de Piura por tres años—debía abrir en diciembre de 2024. Hoy funciona allí un comedor popular y no hay rastros de obras. Sisol ya pagó S/ 260 mil, de los S/ 720 mil pactados. La administradora de la Beneficencia, Angelina Castillo Saldirraga, es militante de Alianza para el Progreso.
En Manchay, en el distrito de Pachacamac, en Lima, el patrón continúa. Se anuncia un hospital de seis pisos con 16 especialidades, pero en el edificio no hay señales de que pronto terminen las obras. El contrato de alquiler fija S/ 21 mil mensuales por tres años, que Sisol deberá empezar a pagar a finales de agosto de 2025 a los esposos Yanet Beltrán Huamán y Abraham Alfonso Loayza Durán. Este último es hermano de Juan Loayza Duran, quien en 2022 postuló sin éxito a regidor del distrito de Pucusana con Perú Libre.
Mientras los locales de Miraflores, Piura y Manchay permanecen cerrados, Sisol ya aprobó planes para nuevos hospitales en Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, en Loreto; en Huaycán, en el distrito limeño de Ate; y en José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, en Lambayeque. El guion parece listo para repetirse: rapidez para contratar y lentitud para atender.
Opacidad en la red de salud más grande del país
En la gestión de Rafael López Aliaga, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad ha acelerado su expansión fuera de Lima, abriendo sedes en distintas regiones a través de convenios con empresas y profesionales privados. Estas inauguraciones, según explica Virginia Baffigo, expresidenta del Consejo Directivo de Sisol entre enero y mayo de 2022, dependen de la afinidad política que exista entre el alcalde de Lima y los alcaldes al interior del país. Recuerda que en la gestión del alcalde Jorge Muñoz no se puso foco a la expansión de Sisol en regiones, como sucede ahora, porque la prioridad era atender la pandemia y fortalecer los servicios que ya existían en Lima.
El crecimiento de Sisol viene acompañado de un problema persistente: la opacidad. Los términos de esos acuerdos —desde los ingresos que se generan por servicios hasta los beneficios que obtienen los socios— no se publican de manera detallada. La información no se transparenta. Incluso la Contraloría, en un informe de junio de este año, advirtió que Sisol no entrega o lo hace de manera incompleta la documentación solicitada bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En octubre pasado, Salud con lupa solicitó los contratos y convenios firmados desde 2022 para el funcionamiento de los Hospitales de la Solidaridad, entre otros documentos y bases de datos. Un mes después, fuera del plazo legal, Sisol entregó información parcial. En enero de este año, tras presentar una apelación, el Tribunal de Transparencia le ordenó que enviara toda la documentación, pero aún así la institución ignoró la resolución. Lo mismo ocurrió con los nuevos pedidos realizados en lo que va de 2025.
A lo que se logró acceder fue a una relación de 1,142 contratos suscritos entre 2023 y 2024 para operar distintos servicios dentro de los Hospitales de la Solidaridad. De ese total, fueron identificadas 483 empresas y 144 personas que prestan servicios médicos en diversas regiones del país. En el caso de las empresas, se detectaron a sus representantes legales. Luego, se cruzó toda la información —tanto de personas naturales como de representantes de empresas— con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones. El análisis reveló que 123 contratistas tienen o han tenido militancia política, y al menos 12 de ellos están o estuvieron afiliados a Renovación Popular —antes Solidaridad Nacional—.
Aunque representan 2% de los contratistas hallados en los documentos, los ejemplos no son menores. El médico Marco Sotelo Gutiérrez, afiliado a Renovación Popular desde 2010, es gerente de Vital Médicos, que ofrece ortopedia y traumatología en el Sisol de Tacna. En Cusco, la empresa Cardio Mirsa —representada por Mirsaid Huamán Cruz, militante del partido desde el 2020— maneja el servicio de cardiología en la sede de Wanchaq. Hay también empresas dirigidas por exmilitantes de Solidaridad Nacional, como Katherine Yrribarren Salcedo, gerente de Corporación Boticas Perú, que opera farmacias en ocho sedes, entre ellas Camaná, Puente Piedra, Magdalena y Sullana.
La red Sisol ha servido también como espacio de continuidad para médicos que acompañaron a Luis Castañeda Lossio en los años 2000 y que hoy mantienen presencia con el respaldo de López Aliaga y su presidente del Consejo Directivo, Luis Rubio Idrogo. Es el caso de Luis Campana Olazábal, dueño —junto con su hija Priscilla— de Servicios Médicos Campana, que presta cirugía general en los Sisol de Surquillo y Camaná. Entre enero y abril de este año, además, Campana obtuvo tres órdenes de servicio para laborar como médico por S/ 5,800, mientras que su hija recibió una por S/ 3,000.
Otro caso es el de Mauricio Díaz del Olmo, que firmó en julio de 2024 dos convenios para ofrecer gastroenterología: uno como persona natural en Surquillo y otro a través de su empresa Mauricio Javier Díaz del Olmo García en Punta Hermosa. Ambos médicos han acompañado a López Aliaga y a Rubio en inauguraciones recientes en Huamanga y Arequipa.
En 2024, Sisol reportó ingresos por S/ 280 millones. El 70% (S/ 189 millones) se transfirió a los socios privados y el 30% restante (S/ 91 millones) quedó para la institución. Ese año, gastó S/ 70,7 millones en operatividad, es decir, ejecutó el 78% de sus ingresos. No hay, sin embargo, información pública que permita conocer la rentabilidad real de cada contrato ni cómo se decide la distribución de recursos en una red que concentra el 85% de sus atenciones en establecimientos de Lima Metropolitana y apenas un 14% en regiones.
Equipos inoperativos y mala gestión
La red más grande de salud municipal del país crece hacia las regiones, pero presenta deficiencias en su propia casa: Lima. En octubre de 2023, por ejemplo, el alcalde Rafael López Aliaga participó en la apertura de un Soli-Express en la avenida Camaná, en el Centro de Lima, que prometía atención rápida las 24 horas en especialidades como medicina interna, dermatología, nutrición, etc. Pero la promesa se incumplió: Soli-Express funciona de 7 a. m. a 7 p. m., como constatamos en una visita. Las palabras 24 horas fueron tapadas de su placa inaugural y de los letreros del establecimiento.
La Contraloría ha señalado varias deficiencias en diversos establecimientos Sisol de Lima y regiones. En febrero de 2024 advirtió que el local de Flor de Amancaes, en el distrito limeño del Rímac, mantiene siete ambulancias y una planta de oxígeno inoperativas. Encontró, además, que el personal tercerizado encargado de la limpieza no había pasado exámenes médicos periódicos ni contaba con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, a pesar de los peligros a los que está expuesto por su empleo.
En el Sisol de Puente Piedra, en agosto de 2024, la Contraloría halló en el área de tomografía —administrada por la empresa JJ Salud— 23 medicamentos e insumos vencidos en su carro de paro, esencial para la atención de paros cardiorrespiratorios. En septiembre de ese mismo año, alertó que la empresa Servicios Múltiples Médico Empres no había realizado el mantenimiento a la planta de oxígeno, la cual no estaba operativa desde hace dos meses en el establecimiento de Mirones, en el Cercado de Lima.
Las fallas en las atenciones e irregularidades de los proveedores no solo se evidencian en Lima. En Piura, en noviembre de 2024, apenas tres meses después de su inauguración, la Contraloría detectó que en el letrero principal del Hospital de la Solidaridad figuraba, en letras pequeñas, el nombre de la Clínica Norsalud. La coordinadora del establecimiento, Lourdes Zapata, explicó que el logo respondía a un contrato de asociación en participación: la clínica cede parte de su infraestructura para que Sisol opere. Sin embargo, esta coexistencia de marcas genera confusión entre los pacientes.
Un usuario denunció que acudió al servicio de emergencia —que Sisol no ofrece— creyendo que era parte de su cobertura, cuando en realidad pertenecía a la clínica. Cuatro servicios —farmacia, laboratorio, emergencia y terapia física— se promocionaban como parte de Sisol, aunque eran prestados por Norsalud. En el mismo establecimiento, se detectó otra irregularidad: Sisol emitía recetas médicas, boletas de venta e informes bajo la razón social “Hospital de la Solidaridad” sin haber comunicado su inicio de actividades a la Dirección Regional de Salud de Piura, como exige la normativa sanitaria.
En Sullana, la Contraloría halló en 2024 que tres equipos biomédicos —un desfibrilador, un esterilizador y un electrocardiógrafo— estaban inoperativos, y que otros dos —un aspirador de secreciones y otro desfibrilador— no recibían mantenimiento. La lista de irregularidades es extensa y no hay rendición de cuentas que permita conocer en qué condiciones reales se atiende a los pacientes ni cómo los socios privados cumplen con sus obligaciones. A ello se suma la promoción de estos locales como “Hospitales de la Solidaridad”, cuando en realidad se trata de establecimientos de primer nivel de atención, sin capacidad de internamiento.
¿Qué mejoras le urgen a Sisol?
La doctora Virginia Baffigo considera que la región Lima debería ser la prioridad del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Aunque reconoce que la expansión a otras regiones es posible, sostiene que “lo ideal sería concentrar el esfuerzo en mejorar la infraestructura existente, como contar con un buen establecimiento en Camaná, en el Cercado de Lima”.
Si tuviera la oportunidad de implementar cambios, ella empezaría por evaluar la calidad del gobierno interno del sistema: verificar si se cumplen las normas, revisar con el órgano de control qué anomalías ha detectado y darles solución. “Yo pondría el foco en esos aspectos, así como en la ejecución presupuestal: qué tanto se ha avanzado, si hay deudas, y en la calidad de los servicios, con un verdadero sistema de transparencia”, añade.
Para Óscar Ugarte, exministro de Salud y expresidente del Consejo Directivo de Sisol entre 2012 y 2014, no se debería incentivar el pago de bolsillo de los pacientes. Propone, más bien, que Sisol atienda a los asegurados de EsSalud y del Seguro Integral de Salud (SIS) bajo convenios que permitan que esas instituciones asuman el costo. “En mi gestión, cerca del 40% de quienes se atendían en Sisol eran asegurados de EsSalud. No nos parecía justo que tuvieran que pagar de su bolsillo”, recuerda.
Pero Ugarte también mira un tema de fondo: el rol que debería cumplir Sisol en el marco de la descentralización. Explica que la Ley de Gobiernos Regionales dispone que todos los servicios del Ministerio de Salud pasen a los gobiernos regionales. En el caso de Lima Metropolitana —que ejerce funciones de gobierno regional—, eso implicaría transferir los servicios del primer nivel de atención a la municipalidad. “Sisol tendría que ser parte de esa estructura municipal”, sostiene. Él mismo intentó impulsar ese traspaso cuando fue ministro, pero no se logró por falta de voluntad política: Luis Castañeda lo rechazó por considerarlo un problema.
El doctor Ugarte lo resume con claridad: mientras la transferencia al Minsa continúe siendo una promesa postergada —solo evaluada por Villarán, prometida por Jorge Muñoz y ahora ignorada por Rafael López Aliaga— el sistema seguirá atrapado en el limbo. A su juicio, la única hoja de ruta posible para un “nuevo Sisol” pasa por concretar ese traspaso y concentrarse en lo esencial: fortalecer el primer nivel de atención, la puerta de entrada al sistema de salud y la demanda más sentida por la ciudadanía.
El pasado 12 de agosto, Salud con lupa solicitó entrevistas tanto al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como al doctor Luis Rubio, presidente del Consejo Directivo de Sisol. Ninguno respondió. El silencio no es nuevo: forma parte del patrón de opacidad con el que han manejado los pedidos de acceso a información pública durante su gestión.
