En la misma semana en la que llegó desde China el segundo lote de Sinopharm con 700 mil vacunas, y se encendía, acaso, una tibia esperanza para un país colapsado cuya gran parte de la población se ha aferrado en su desesperación a la ivermectina y los corticoides, se descubrió que 487 peruanos se habían vacunado en secreto desde hacía meses y semanas, gracias a un lote de 3,200 dosis (es decir, 1,600 dosis completas) que llegaron por aduana fuera del Ensayo Clínico Fase III a cargo de la Universidad Cayetano Heredia.
El espejismo mediático nos hizo creer que el primer vacunado en nuestro país fue Josef Vallejos, un médico intensivista que se pasó la pandemia habilitando más camas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loayza. Pero en realidad fue un consultor. Armando Gonzales Zariquiey, responsable del Laboratorio de Epidemiología y Economía Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor de San Marcos. A Vallejos le aplicaron la primera dosis de Sinopharm la semana pasada (el martes 9 de febrero de 2021) frente a la atención de un país. A Gonzales Zariquiey le aplicaron la primera dosis hace cinco meses (el 9 de septiembre de 2020) en el mutismo más absoluto.
La ficha con la que cayó el dominó no fue Gonzales Zariquiey sino Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República hasta la quincena de noviembre. El Gobernador Regional de Moquegua que sucedió a Pedro Pablo Kuczynski. El ingeniero civil cuya destitución provocó marchas multitudinarias. El mismo señor que el último jueves confesó que había sido vacunado entre octubre y noviembre, en una conferencia de prensa en Tacna. Lo hizo “oportunamente” un día después de que se rumoreara un gran destape en El perfil del lagarto. Radiografía de un político con sangre fría, libro del periodista Carlos Paredes que verá la luz en la primera semana de marzo.
Martín Vizcarra, todavía candidato al Congreso por el partido Somos Perú, no se vacunó solo. Se vacunó junto a su esposa, Maribel Díaz, una docente de educación inicial y su hermano mayor, César, también ingeniero y político. Todos en calidad de invitados y entorno cercano, dos clasificaciones que se repiten varias veces en la lista entregada por Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia a cargo del Ensayo Clínico en su fase III de la vacuna Sinopharm.
Málaga entregó la lista recién ayer 15 de febrero, una vez desatado el escándalo, en un sobre lacrado al doctor Raúl Timaná, director de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud (INS). Un supervisor de ensayos clínicos del INS que ha preferido mantener su nombre en reserva nos contó que el doctor Málaga y su equipo obstaculizaron las supervisiones realizadas. El mismo 15 de febrero no quiso dar la lista a los supervisores a pesar de que son ellos quienes tienen la función de vigilar los ensayos clínicos en el Perú. Una lista que Málaga mantuvo oculta durante medio año y sin fiscalización alguna. Una lista donde figura él evidentemente, pero también su esposa, Ana Zúñiga Rivera y su hija Ariana Málaga Zúñiga, de 22 años. Él se vacunó el 9 septiembre junto a Gonzales Zariquiey y diecisiete miembros más que integraron el estudio de la Universidad Cayetano Heredia. Su esposa lo hizo diez días después, el 19 de septiembre y su hija el 23 de diciembre, en la víspera de la Nochebuena.
“Mi único interés detrás de todo este proceso fue tener una cortesía con el mandatario, sinceramente no pensé en ninguna otra cosa que brindarle una potencial protección (…) Me he equivocado de buena fe”, dijo Málaga por videollamada ante el Congreso sobre las dosis que le inoculó a Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno, cuando aún era presidente del Perú.
La Fiscalía de la Nación ha iniciado las diligencias preliminares contra Vizcarra por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo mientras que Málaga afronta las investigaciones en calidad de implicado al menos por ahora.
Esta historia comienza el 13 de abril de 2020, a un mes de haberse decretado el Estado de Emergencia en el Perú a causa de la llegada del SARS-CoV-2 y, por lo tanto, del brote de coronavirus. Aquel día el Instituto Nacional de Salud (INS) aprobó la creación de un comité nacional de ética que tenía como objetivo principal evaluar los ensayos clínicos correspondientes al coronavirus. El 31 de agosto el comité dio el visto bueno para que Sinopharm, un laboratorio que pertenece al Gobierno chino, hiciera los ensayos de la Fase III de su vacuna en el país. Los resultados de sus Fase I y II en la revista médica The Lancet generaban votos de confianza debido a su seguridad.
Por esos días, Latinoamérica se había convertido en el epicentro de los ensayos clínicos contra la Covid-19. Sin embargo, Sinopharm solo había llegado a acuerdos con Argentina y en Perú en la región. Fuera del continente, había hecho tratos con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.
Hubo cambios en el proceso: en un principio se previeron 6 mil voluntarios, pero finalmente fueron doce mil debido a la adhesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 25 de septiembre. Si bien el médico Eduardo Ticona Chávez asumía funciones como investigador principal en la Decana de América, Germán Málaga continuaba siendo el investigador del ensayo en su conjunto.
El estudio se basaría en dos principios: sería aleatorio y tendría el carácter de doble ciego. Es decir, era una cuestión de azar que a un voluntario le colocaran una de las dos candidatas a la vacuna o placebo (una solución sin vacuna) y, además, ni el médico, ni el vacunador, ni el voluntario tendrían la certeza de haber sido inoculados con la vacuna o no. Todo en aras de la transparencia.
El 31 de diciembre de 2020, China aprobó la comercialización de la vacuna de Sinopharm tras concluir los ensayos de la Fase 3. Unos días después, el presidente de la República Francisco Sagasti, quien juramentó el 17 de noviembre, aseguró en conferencia de prensa la compra de 38 millones de dosis de Sinopharm. Perú por fin contaría con una vacuna para inmunizar a su población luego de una primera ola que infectó a un millón 17 mil 199 peruanos y se cobró la vida de 37 mil 724 durante el 2020.
La ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, señaló en ese mismo lapso de tiempo que por temas de índole logístico el primer lote no pisaría en enero, como adelantó el presidente Sagasti, sino en febrero, como finalmente fue. Las 300 mil dosis de Sinopharm arribaron a suelo peruano el domingo 7 de febrero.
Tres días después, la todavía Ministra de Salud, Pilar Mazzetti declaró en conferencia de prensa que sería la última funcionaria de su sector en vacunarse. Lo hizo además con una frase de antología: “Como corresponde, el capitán es el último en abandonar el barco”. El 12 de febrero, apenas 48 horas después, Mazzetti presentó su carta de renuncia un día después de que el expresidente Martín Vizcarra confirmara que había recibido las dos dosis de Sinopharm.
El exmandatario había dejado entreabierta una puerta hasta entonces desconocida. Los comunicados, las confesiones y las renuncias se sucedieron uno tras otro. Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud Pública; Elizabeth Astete, la canciller; y sí, Pilar Mazzetti, la ministra de Salud. Todos habían sido inoculados con la vacuna china de Sinopharm en secreto. Suárez Ognio alegó que, al igual que en otros países donde se realizaron las investigaciones en Fase III, se había puesto a disposición la vacuna candidata para proteger al equipo responsable de conducir la respuesta frente a la pandemia y a su entorno directo. Astete se justificó diciendo que se trataba de un remanente de vacunas a cargo de la Universidad Cayetano Heredia y que por haber asumido la estrategia de negociación para la adquisición de las vacunas desde noviembre “no podía darse el lujo de caer enferma”. Luego eliminó todas sus redes sociales. Mazzetti, en tanto, pidió perdón, excusándose en su inseguridad y sus temores. “Reconozco que fue el peor error de mi vida”.
Según nuestras averiguaciones no existen normas de investigación que indiquen que la dotación de un lote extra de vacunas por fuera de un ensayo clínico sea una práctica usual. Aunque mediante un comunicado, la Embajada de China rechazó que las 3,200 dosis de más sean calificadas como cortesía, donaciones o prebendas, la influencia en las negociaciones parece haber sido determinante. Dosis que ingresó al Perú el 2 de septiembre y que forman parte de un pedido de ampliación de productos con fines de investigación que realizó la Universidad Cayetano Heredia.
Además de funcionarios públicos y sus familiares, la lista de vacunados que ya es de conocimiento público implica a personajes que ni se encontraban en primera línea conteniendo el Covid-19 en algún centro de salud ni integraban el equipo que condujo la Fase 3 de los ensayos de Sinopharm. El rector de San Marcos, Orestes Cachay y el vicerrector Felipe San Martín Howard; el Gerente de Suiza Lab Sergio Orellana Marambio junto a sus dos hijos; la abogada y politóloga Cecilia Blume; el médico de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga; la investigadora y exministra de Salud Patricia García.
También figuran eminencias ahora desacreditadas como el infectólogo Eduardo Gotuzzo y Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú. Por si fuera poco, Gotuzzo Asociados, empresa de propiedad de Eduardo Gotuzzo, fue contratada para supervisar el estudio, según lo narrado por Germán Málaga hoy ante el Congreso. Ni más ni menos. Maguiña, en tanto, se contagió de Covid-19 durante la primera semana de enero de este año. “Tomé ivermectina, vitaminas y zinc”, le dijo a los medios de comunicación sobre cómo había superado al virus. Pero Maguiña, se conoció entonces -aunque pasó desapercibido para la prensa- también había sido vacunado en secreto.
La lista es larga. Se trata de 487 peruanos que sacaron ventaja. 487 que le fallaron al país, en un momento crítico, donde se han infectado 8 mil enfermeras y han fallecido más de 300 médicos. Vidas que cuidaron de otras y que necesitaban protección para seguir luchando. Protección que el Estado peruano no supo brindarles.
