En la crisis mundial de salud más grande del siglo, las vacunas son un bien esencial para reducir las muertes y hospitalizaciones causadas por el virus SARS-CoV-2. Más aún para países con sistemas de salud sin recursos ni infraestructura suficiente para responder adecuadamente el embate de la pandemia.
Así, desde el año pasado, los gobiernos iniciaron negociaciones con empresas farmacéuticas para la compra de las dosis de vacuna necesarias para inmunizar contra la covid-19 a su población. Dichas negociaciones se realizaron en medio de secretismo, con poca información pública disponible para la ciudadanía pese a que se trataba de compras hechas con fondos públicos. Apenas ahora, meses después del inicio de la vacunación a nivel mundial, se empiezan a conocer los términos en que los Estados lograron adquirir las cotizadas dosis.
La organización de defensa de derechos del consumidor Public Citizen analizó nueve contratos de la farmacéutica Pfizer y encontró que distintos Estados aceptaron guardar silencio sobre los acuerdos, renunciar a su inmunidad soberana y admitir que Pfizer controle donaciones de vacunas, reclame como suyos activos públicos en caso de arbitrajes y no enfrente ninguna penalidad frente a incumplimientos o reclamos por derechos de propiedad intelectual.
El informe analiza los acuerdos a los que llegó la farmacéutica con Albania, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, la Comisión Europea, Perú, Estados Unidos y el Reino Unido. Y si bien cada contrato es distinto, dos aspectos se mantienen como constante: la falta de transparencia en las negociaciones y el poder que se le otorgó a Pfizer.
Falta de transparencia
La confidencialidad es la constante más común en los contratos de Pfizer analizados por Public Citizen. Sin embargo, los términos en que se plantea dicha obligación no son los mismos para todos los Estados. Para Estados Unidos, por ejemplo, tanto los gobiernos como la misma empresa Pfizer tienen prohibido hacer anuncios públicos sobre su convenio o las transacciones que este contempla sin un consentimiento mutuo. En el caso de la Comisión Europea, los gobiernos que son parte no pueden incluir en ningún anuncio el precio de cada dosis o información que Pfizer considere importante si la farmacéutica no lo autoriza.
Para Brasil, sin embargo, las condiciones de confidencialidad van más lejos y no aplican para Pfizer; es el gobierno brasilero el que se encuentra prohibido de hacer cualquier anuncio público sobre la existencia, el contenido o los términos del contrato, o incluso comentar sobre su relación con Pfizer si es que la empresa no da permiso por escrito antes. De acuerdo al análisis de Public Citizen, no hay una cláusula así en los contratos de otros países de Latinoamérica, si bien todos tienen la obligación de confidencialidad de una forma u otra.
“Es inaceptable que se presione a gobiernos democráticos para que no actúen con transparencia, que no rindan cuentas y no admitan la veeduría ciudadana de procesos de adquisición de vacunas”, señalaron César Moreno y Manuel Machado, respectivamente director y subdirector de la ONG Misión Salud. En respuesta a un cuestionario enviado por Salud con lupa, esta organización también calificó como indebidas las presiones que los productores de vacunas ejercen en los gobiernos que buscan abastecerse de vacunas con urgencia.
Es importante recordar que la falta de transparencia en las negociaciones no es exclusiva de los contratos con Pfizer. En marzo, Salud con lupa realizó solicitudes de acceso a la información pública al gobierno peruano para conocer los términos del contrato con el laboratorio chino Sinopharm, cuya vacuna contra la covid-19 fue la primera en aplicarse en el país. La respuesta negativa que recibimos, tres meses después, apuntó que la información solicitada tiene carácter confidencial por estar referida a secretos comerciales.
A la medida de la empresa
El silencio o secreto impuesto por la farmacéutica Pfizer no se limita a anuncios oficiales. También las disputas contractuales y los eventuales arbitrajes entre la empresa y los gobiernos fueron considerados como asuntos confidenciales para ambas partes. En los contratos analizados por Public Citizen, se establece que los arbitrajes serían conducidos bajo las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). En el caso de Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú y Albania (en borrador), las disputas tendrían el arbitraje de la CCI aplicando la ley de Nueva York.
“Los arbitrajes privados reflejan un desbalance de poder. Permite a las corporaciones farmacéuticas como Pfizer pasar por encima de procesos legales domésticos. Esto consolida el poder corporativo y socava el estado de derecho”, indica al respecto Public Citizen.
En el caso de Perú, así como de otros países de América Latina, el contrato con Pfizer requiere que el gobierno renuncie a su inmunidad soberana. Para Brasil, Chile y Colombia, los acuerdos estipulan que los gobiernos renuncian a cualquier derecho de inmunidad que él o sus activos puedan tener o adquirir en el futuro. Además, para estos países, al igual que para República Dominicana, también se incluye renunciar a la inmunidad contra la incautación cautelar de cualquiera de sus activos. Pfizer tendría acceso a estos como garantía en el escenario de una disputa legal.
La solución postergada
En la situación actual, el poder del mercado de las vacunas lo tiene la industria farmacéutica, que decide en qué términos vender, a quiénes, cuántas dosis y en qué tiempos. El por qué de ese poder reside en el derecho a la propiedad intelectual que mantienen estas empresas sobre las vacunas en el contexto de la pandemia.
Cuando se creó el régimen global de la propiedad intelectual y las patentes, las figuras de monopolio normalmente excluían a bienes esenciales como los medicamentos, señala la farmacoepidemióloga Claudia Vaca, miembro del comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud. El motivo es que se reconocía un interés público por encima de intereses comerciales. "Siempre se pensó que cuando estuviéramos en una situación de pandemia, ese esquema estaría fuera de discusión", señala Vaca.
Lo que se esperaba, y era necesario, era la circulación libre de conocimiento para escalar a una rápida producción y distribución de vacunas. Pero esto no ocurrió. Por ese motivo, diversas organizaciones y miembros de la comunidad científica, sumados a la Organización Mundial de la Salud, plantearon la necesidad de liberar las patentes de las vacunas contra la covid-19 en octubre del año pasado. Un año después, el debate continúa y la respuesta de la industria farmacéutica sigue siendo negativa.
Claudia Vaca precisa que en su origen, los derechos de propiedad intelectual respondían al objetivo de premiar o incentivar la innovación. El premio en este caso es el monopolio durante un tiempo de las decisiones respecto al producto en el mercado. "Pero dar un monopolio, dar ese reconocimiento al invento, sin considerar que se trata de un asunto que tiene que ver con la vida, crea más problemas que los que se buscaba resolver", afirma la epidemióloga.
Para la ONG Misión Salud, las normas de propiedad intelectual y derechos de patentes han dejado de incentivar de manera genuina la innovación y se han convertido en mecanismos que bloquean la competencia en el mercado farmacéutico o que constituyen barreras para que se generen nuevas soluciones terapéuticas ante por ejemplo, enfermedades huérfanas.
A casi veinte meses del inicio de la pandemia por covid-19, podría pensarse que ya es muy tarde para cambiar este mecanismo. "Hay algunos que dicen '¿Ya para qué? Tenemos suficientes dosis, hay países con sobrantes y esas deben ir a los países pobres'. Esa es una falacia gigante", asegura Claudia Vaca.
Como consta en el informe de Public Citizen, los contratos de Pfizer analizados incluían en diversos casos cláusulas que prohíben las donaciones de vacunas a menos que la farmacéutica lo autorice. A esa situación se suma que aquellos países con vacunas sobrantes las están usando para aplicar terceras dosis a su propia población con factores de riesgo e incluso estarían considerando hacerlo de forma masiva. Mientras tanto, países de América Latina y África aún no tienen a la mayoría de su población protegida.
"Ahora que ya se generó una apertura de movilidad entre continentes y gran intensidad de viajes, la probabilidad de que se reactiven los contagios y se generen nuevas variantes existe aún. Todo lo que está sucediendo es hasta torpe desde el punto de vista científico", señala la epidemióloga Vaca.
Así, para ella y otros profesionales sanitarios, el sistema de patentes ya probó no ser el camino para la innovación. Y hoy, en medio de una pandemia que ha cobrado millones de vidas a nivel mundial, urge buscar un nuevo modelo.
