La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi revocó hace un mes una sanción impuesta a la empresa Panificadora Bimbo del Perú por no colocar en los empaques de uno de sus productos la advertencia de contener grasas trans. El favorecimiento a Bimbo generó polémica a tal punto de que el Ministerio de Salud impugnará la decisión al considerar que contradice la Ley de Alimentación Saludable y, por lo tanto, la advertencia debe ser colocada en todos los productos que contengan este tipo de grasas, sin importar su cantidad.
Este caso tiene un trasfondo que hasta hace poco pasó desapercibido: la vocal Silvia Hooker Ortega, miembro de esta sala y quien votó a favor de eliminar la sanción de unos S/ 26,400, era a la vez gerenta de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), un gremio que representa a diversas corporaciones, entre ellas a Bimbo. La resolución, más allá de la multa, deja precedente para que la industria alimentaria no advierta que sus productos contienen grasas trans si la cantidad es menor a 0.5 gramos.
A raíz de este hecho, el presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín, solicitó al Órgano de Control Interno Institucional evaluar posibles conflictos de intereses en la entidad. “No puede ser que una servidora pública despache en la mañana en el Indecopi y por la tarde, como funcionaria de la Sociedad Nacional de Industrias”, señala Palacín respecto al caso de la abogada.
Pero Hooker no es la única vocal que labora en el sector privado. En Salud con Lupa revisamos los perfiles de los miembros de las salas del Tribunal del Indecopi para identificar a aquellos funcionarios, o sus familiares, que mantienen o han tenido vínculos con la industria. Bancos, mineras y estudios de abogados son algunos de los nexos hallados.
Vinculados al sector empresarial
A través de cinco salas especializadas en distintas materias, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi resuelve, en segunda y última instancia administrativa, las apelaciones presentadas en las comisiones y órganos resolutivos de esta entidad. Si bien estos temas, como la publicidad engañosa o el mal etiquetado en los productos, afectan a los consumidores, el tratamiento que se les da en estas salas parece enfocarse en la repercusión empresarial. Si alguna de las partes queda disconforme con la decisión, puede impugnar el caso ante el Poder Judicial.
Las salas están conformadas por vocales que son designados por cinco años mediante resoluciones supremas firmadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) luego de que el Consejo Directivo del Indecopi le proponga miembros. Este Consejo, que considera las opiniones del Órgano Consultivo de su institución, lo integran dos representantes de la PCM, uno del Ministerio de la Producción y otro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Uno de estos vocales, desde el 2017, y presidente de la Sala Especializada en Protección al Consumidor es Javier Villa García Vargas. Según su declaración jurada de intereses de noviembre pasado, es árbitro en la Cámara de Comercio de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó como magíster en Derecho Constitucional. Villa García Vargas también reporta poseer el 8% de participación en el Estudio Aurelio García Sayán Abogados, que tiene como cliente al Banco de Crédito del Perú.
Esta entidad bancaria otorgó un poder a Javier Villa García entre el 2008 y 2019. Dos años después, la sala que preside revocó una resolución que sancionó al Banco de Crédito por haber retenido los fondos de uno de sus clientes. El abogado también está vinculado a mineras: tiene poder de la Compañía de Minas Buenaventura desde el 2010 y el 0.01% de acciones en la Minera Poderosa desde el 2009. “Si van a resolver temas de protección al consumidor o temas de competencias deberían mantenerse ajenos a todo tipo de compromisos con el sector empresarial”, apunta el especialista en derechos del consumidor, Jaime Delgado.
Una sala especializada está conformada por cinco vocales, quienes deben poseer cinco años de experiencia en temas relacionados a las materias en las que trabajan y “contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional”, de acuerdo a las normativas.
Oswaldo Hundskopf Exebio es otro de los vocales de la Sala Especializada en Protección al Consumidor. Su declaración jurada de intereses de marzo de este año muestra que no solo es socio y gerente general del estudio de abogados Sparrow, Hundskopf, Villanueva & Asociados, sino que también es director de una compañía que comercializa productos pesqueros congelados, llamada Industrial Pesquera Santa Mónica, y director tesorero del Club de la Banca y Comercio. Su hija, Érika Hundskopf, es gerente comercial en Avianca Perú.
El vocal más reciente de esta sala es Julio Durand Carrión, quien manifiesta haber asesorado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento y haber sido árbitro de la Cámara de Comercio de Lima mientras cumplía sus funciones en el Indecopi.
En las demás instancias el panorama no es distinto. La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas tiene como a uno de sus miembros a Orlando Vignolo Cueva. Él posee la mitad de las acciones de Vignolo & Reyes Arrese, el estudio de abogados que representó a la universidad Telesup para que la Sunedu revise nuevamente el fallo que le denegó la licencia de funcionamiento. Además, Telefónica del Perú y la Empresa Nacional de Puertos son dos de las compañías que le han otorgado poderes.
Parte del equipo de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual está integrado por el abogado Fernando Raventós Marcos, accionista en el terminal de carga aérea Shohin, y Sylvia Bazán Leigh, gerenta administrativa de la empresa N. Leigh encargada del transporte de piezas de arte, y cuyo esposo está asociado al estudio Arbe Abogados. En tanto, en la Sala Especializada en Procedimientos Concursales labora el vocal José Palma Navea, quien posee el 50% de participaciones en Arróspide & Palma Abogados y a la vez es asesor legal de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (Accep).
Además de Silvia Hooker, la Sala Especializada en la Defensa de Competencia la integran el vocal José Perla Anaya, quien ha sido durante 20 años socio del estudio de abogados Ernesto Perla Velaochaga, y Juan Luis Avendaño Valdez, vicepresidente del Consejo Directivo del Touring y Automóvil Club del Perú y exsocio de Miranda & Amado, un estudio de abogados que asesora a empresas como MasterCard y Repsol. Su hijo, Juan Luis Avendaño Cisneros, actualmente es socio de ese estudio.
Solamente en estos nueve perfiles, de los veinticinco* que conforman las salas del Tribunal del Indecopi, se han identificado a cerca de veinte organizaciones con las que tienen nexos. De los vocales que laboran actualmente, casi la mitad forma parte de estudios de abogados que asesoran a empresas en las distintas materias que resuelve el Indecopi como protección al consumidor, barreras burocráticas o libre competencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema lo permite.
Las puertas giratorias
A raíz de la decisión del Indecopi de investigar los posibles conflictos de intereses de los vocales y otros miembros que resuelven procesos que repercuten en millones de peruanos, la Sociedad Nacional de Industrias suspendió las actividades de Silvia Hooker sin detallar hasta cuándo. Además, resaltó que desde el 2002 ya se desempeñaba como miembro de diferentes instancias del Indecopi, doce años antes de asumir su gerencia de Asuntos Internacionales. Para Jaime Delgado, la vocal debería renunciar.
La normativa señala que los vocales pueden abstenerse de participar en la resolución de una apelación ante diversas situaciones, como un posible conflicto de intereses. Sin embargo, ello no siempre sucede tal como se aprecia en el caso de Hooker. Salud con Lupa reveló que la sala integrada por esta abogada favoreció a través de nueve resoluciones a compañías de la industria alimentaria en los últimos tres años. Aún existen más casos por informar que prueban este accionar sistemático.
Por ejemplo, el 2018, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia confirmó una resolución que halló responsable de engaño a Laive por promocionar con el término “libre de grasas trans” a la margarina “La preferida”, ya que el estudio que validaba ese mensaje lo hizo después de lanzar el producto al mercado.
Sin embargo, esta sala anuló la sanción de 1.7 millones de soles, impuesta por el engaño, debido a que la primera instancia calculó la multa en base a un porcentaje de los ingresos de la venta de “La Preferida”, pero sin haber sustentado la metodología para estipular ese porcentaje. A cambio de esto, solo le impuso una amonestación; es decir, un llamado de atención. Laive es una de las empresas agremiada a la SNI.
Según la declaración jurada de ingresos de Silvia Hooker, el 2020 recibía del sector público S/ 8 mil al mes y S/ 20 mil del sector privado. En marzo de este año no registró ningún otro cargo en el ámbito privado. ¿Por qué optó por continuar en el Indecopi? Tal vez porque, para la industria, su presencia sea de más utilidad en este sector estratégico. Tras revisar datos de la Contraloría General de la República, de cada uno de los diez personajes mencionados en este informe, encontramos que el 70% de ellos reporta ingresos mensuales mayores en el sector privado comparado al estatal.
Los vocales pueden laborar a tiempo parcial o completo en el Indecopi, dependiendo de cómo lo establezca el Consejo Directivo, y el cargo puede ser ejecutado también por funcionarios que desempeñen otras actividades en el Estado. Sin embargo, normalmente asisten por horas a las sesiones para resolver las controversias de la sala en la que se encuentran y cobran una dieta por cada una de ellas. Es así que un vocal puede llegar a ganar, aproximadamente, hasta S/ 12 mil al mes.
Como no hay restricciones para que ejecuten otros cargos a la vez, incluso en el sector privado, los vocales suelen realizar, en base al análisis realizado por Salud con Lupa, otras actividades en sectores que incluso podrían representar conflictos de intereses. Sin embargo, hasta hoy no se ha profundizado en esta realidad. La Defensoría del Pueblo ha recomendado al Parlamento, a la PCM, a la Contraloría y al mismo Indecopi “reevaluar la composición y funcionamiento de los órganos resolutivos, y regular requisitos e incompatibilidades para asumir o permanecer en estos cargos”, con el fin de mantener la neutralidad en cada uno de ellos.
También se ha pronunciado el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, Crisólogo Cáceres, para proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la reorganización y depuración de los integrantes de los órganos resolutivos.
“¿Cómo vas a nombrar a una persona en el cargo sin antes averiguar quién es, en un cargo que va a resolver justicia de consumo? Es una locura, pero así funciona el país”, recalca Cáceres en relación a la investigación que viene realizando el Órgano de Control Institucional del Indecopi. Juan Palacín ha adelantado que el 48% de comisionados y vocales serían investigados por la Contraloría ante posibles conflictos de intereses.
*Si bien son veinticinco los vocales distribuidos en las cinco salas del Tribunal, al cierre de este informe hay dos puestos libres según las consultas realizadas por Salud con Lupa a cada sala especializada del Indecopi.
