Dos empresas importaron 120 toneladas del pesticida clorpirifos pese a prohibición

Desde hace dos décadas, Perú es uno de los países destino del clorpirifos, un peligroso pesticida que varias investigaciones científicas relacionan con los daños en el desarrollo cognitivo de niños de madres que estuvieron expuestas a esta sustancia química durante su embarazo. A través de los puertos del Callao, Tumbes y Tacna han ingresado toneladas de clorpirifos envasadas en botellas de plástico de un litro o en cilindros metálicos para luego ser utilizadas en el control de plagas de insectos de una variedad de cultivos, entre hortalizas, frutas y cereales.

Este pesticida ya está prohibido en 40 países del mundo. Recién en julio de 2023, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) prohibió los plaguicidas que contengan clorpirifos, aunque la medida entrará en vigencia recién a partir del 1 de agosto de 2024, un plazo dado para agotar las reservas de este agroquímico que estaban en nuestro país o en tránsito cuando se dio la norma.

La resolución que publicó inicialmente el Senasa ordenaba, en su artículo 2, "prohibir la importación, fabricación y/o formulación de plaguicidas químicos de uso agrícola y productos que contengan el ingrediente activo clorpirifos". Pero el fe de erratas que se publicó unos días después en el diario oficial El Peruano cambió este artículo, dejando solo la prohibición de importar pesticidas que estén elaborados con esta sustancia. Aunque la norma no lo dice, este cambio le da la posibilidad a las empresas de traer el insumo -es decir, el ingrediente clorpirifos- y una vez en el país envasarlo y venderlo, ya que la comercialización estará prohibida a partir del próximo año.

Con los reportes de Aduanas, Salud con lupa construyó una base de datos de las importaciones del clorpirifos y halló que Agro Klinge, del Grupo Syngenta, y Aris Industrial ingresaron 120 toneladas de clorpirifos entre el 29 de setiembre y el 5 de octubre del 2023. La primera trajo 100 toneladas de este pesticida cuando ya estaba vigente la nueva disposición del Senasa, mientras que la segunda 20 toneladas. Según las declaraciones únicas de importación que deben completar las empresas, la mercancía que importó Aris Industrial fue fabricada el 10 de agosto del 2023 en tanto que la de Agro Klinge, el 12 del mismo mes.

Ambas importadoras son parte de una lista de 40 empresas que han registrado en el Perú el insecticida clorpirifos bajo diferentes nombres comerciales: “Agromil”, “Pyrigrol”, “Clorfos”, “Insectofos”, entre otros. En teoría, todas tienen un plazo de casi 17 meses -que concluirá a comienzos de diciembre del 2024- para retirar sus productos del mercado peruano.

En catorce años, entre 2009 y octubre de 2023, ingresaron 11 mil 150 toneladas de clorpirifos al Perú, una cantidad suficiente para usarlo en más de 6 millones de hectáreas agrícolas. Entre las principales importadoras están Adama Agriculture Perú, que pertenece al Grupo Syngenta; Farmex, de la española Grupo Fierro; Drokasa Perú, filial de la guatemalteca Duwest; y la matriz peruana de la compañía BASF, de origen alemán, como se detalla en el siguiente cuadro:

El 82% de las importaciones procede de China, el principal fabricante de pesticidas a nivel global. Por debajo de este país, están India y Colombia (donde el clorpirifos está prohibido desde julio del 2023 por una orden judicial).

Detectado en alimentos de supermercados y mercados

El clorpirifos fue registrado en Estados Unidos en 1985 por la empresa Dow Chemical Company para venderlo como un insecticida doméstico. Su efectividad en el control de las cucarachas, pulgas y termitas lo hizo muy popular hasta que en el año 2000 fue prohibido por la amenaza para la salud que representa para los niños. Aún así, el clorpirifos continuó siendo utilizado en la agricultura para combatir no solo insectos como el pulgón verde que ataca las plantas de melocotón y la polilla de la manzana, sino también contra ácaros y gusanos.

Desde 2003, cuando el Senasa permitió su comercialización en el Perú, el clorpirifos ha sido vendido para el control de plagas de más de 10 cultivos diferentes, como el arroz, la cebolla, la papa, el tomate, el pimiento, la palta, la uva, el café y el cacao. Sin embargo, uno de los problemas más graves ha sido su uso en dosis no recomendadas, lo que provoca que los residuos que quedan en los alimentos excedan los parámetros fijados como umbrales seguros.

En abril del 2023, durante el Primer Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos, identificamos muestras de cebolla china y betarraga procedentes de supermercados de Lima que superaron hasta cuarenta veces los límites de residuos de agroquímicos permitidos en la norma peruana. Durante el segundo monitoreo que presentamos ahora detectamos trazas de clorpirifos en muestras de apio, cebolla china, lechuga, tomate y pimiento recogidas de mercados y supermercados de las ciudades de Huánuco, Huaraz, Arequipa y Cusco.

Como el clorpirifos no se disuelve fácilmente en el agua, los residuos de este pesticida pueden acumularse en el fondo de ríos y del mar, lo que hace que entre en contacto con los peces. En ensayos de laboratorio se ha demostrado que el clorpirifos atraviesa sus branquias y se desplaza por todos sus órganos, alterando su sistema inmune y endocrino. Esto pondría en riesgo a toda la cadena alimenticia.

Esa fue parte de la evidencia que utilizó el Gobierno argentino cuando prohibió en junio de 2023 el uso de clorpirifos en sus campos de cultivo. El informe técnico que estuvo detrás de esa decisión también consideró los estudios científicos que vinculan al clorpirifos con la reducción de las poblaciones de abejas, esenciales para la agricultura, ya que permiten la supervivencia de casi el 90% de las plantas. Al igual que Argentina, Chile cerró sus puertas al uso de este insecticida en octubre del 2022.

Dos años antes, en agosto del 2021, el gobierno de Estados Unidos prohibió el clorpirifos después de una batalla judicial impulsada por organizaciones que defienden el medio ambiente. Sin embargo, las autoridades norteamericanas ya conocían de los riesgos vinculados a este pesticida desde mucho antes. En un informe del 2011, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) mencionó tres estudios -elaborados por las universidades de California, Columbia y la Escuela de Medicina de Monte Sinaí de Nueva York- sobre problemas en el desarrollo neurológico de recién nacidos, lactantes y niños en edad escolar a causa de la exposición prenatal al clorpirifos.

Posteriormente, la EPA reconoció que los niños estadounidenses menores de 3 años estaban expuestos a niveles de clorpirifos 140 veces mayores de los que se consideran seguros y que todos los trabajadores que mezclan y aplican este pesticida se encuentran en riesgo incluso si usan equipos de protección personal. Estas advertencias no impidieron que las empresas Farmex y Adama Agriculture Perú importen clorpirifos desde Estados Unidos, entre los años 2018 y 2021.

La Unión Europea vetó el clorpirifos en 2020 y rechaza constantemente lotes de productos exportados con trazas de este pesticida. A pesar de ello, no tiene problemas en seguir enviando productos tóxicos a países de América Latina. En el caso del Perú, identificamos que la filial de BASF importó 43 toneladas de productos elaborados con clorpirifos procedentes de Dinamarca entre 2009 y 2014.

Aunque no forma parte de la Unión Europea, Suiza prohíbe el uso del clorpirifos ​​desde julio del 2020. Sin embargo, las empresas que allí producen este insecticida pueden enviarlo a otros mercados. En 2022, un lote de clorpirifos fabricado en Suiza salió a Shangai (China) y desde allí fue enviado al puerto marítimo del Callao. Esta importación fue de la empresa Aris Industrial que vende una gran variedad de insecticidas, fertilizantes y herbicidas en nuestro país.

Los daños estudiados

Desde finales de la década de los ochenta se han desarrollado estudios para explicar los efectos neurológicos que produce el clorpirifos desde la etapa prenatal, sobre todo después de que científicos de Estados Unidos advirtieron que los niños que viven en zonas agrícolas fumigadas con este tipo de pesticidas, del grupo conocido como organofosforados, tienen un mayor riesgo de exposición y de sufrir daños a su salud. Las investigaciones más recientes han aportado nuevas evidencias al identificar que los residuos de clorpirifos pueden hallarse en la sangre del cordón umbilical, la leche materna e incluso en el cabello de las mujeres y niños expuestos a esta sustancia.

Los estudios en humanos realizados en 2011 por la Universidad de Columbia, la Escuela de Medicina de Monte Sinaí y la Universidad de California en Berkeley han sido relevantes. Los dos primeros se enfocaron en analizar a gestantes y niños de zonas urbanas de Nueva York durante un período de 4 y 7 años, respectivamente, mientras que el tercero analizó muestras de orina en familias de trabajadores agrícolas expuestos a pesticidas en una comunidad de California.

Sus conclusiones advierten que la exposición temprana de los niños al clorpirifos, incluso desde el embarazo, está asociada a retrasos en el logro cognitivo y problemas de atención y comportamiento social. Tras las publicaciones, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dijo que los métodos que habían utilizado los investigadores eran “válidos y fiables”.

Prohibir su fabricación

Según los registros de Aduanas, 26 de las 31 compañías que han importado clorpirifos al Perú entre 2009 y octubre del 2023 se abastecieron de China, de fábricas como Shandong Weifang Rainbow Chemical, Nanjing Red Sun Group y Ningbo Sunjoy Agroscience, que se ubican entre 30 empresas líderes en el negocio de pesticidas, de acuerdo a una lista publicada en 2022 por la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos de China.

India es otro país que compite en la producción de este agroquímico. Las empresas Drokasa Perú, Farmex, Serfi, Tecnología Química y Comercio, Agrevo Andina, Soluciones Técnicas del Agro, Corporación Green Valley, Crop Business, Farmagro, y Agritop (esta última de Ecuador, pero con una filial en Perú) importaron 519 toneladas de pesticidas fabricados en India durante ese mismo período.

De Colombia se han importado al país otras 1,074 toneladas de pesticidas que contienen clorpirifos a través de las empresas Adama Agriculture Perú y Agro Klinge, ambas del Grupo Syngenta, y Profiandina Perú. Todas registran envíos del producto “Pyrinex”, un insecticida que produce la sucursal colombiana de Adama Agriculture.

Ante el crecimiento del mercado de pesticidas y de empresas que no se hacen cargo de los impactos de sus productos, varias organizaciones no gubernamentales están presionando a los países de la Unión Europea, donde se ubican las matrices de las más grandes compañías de agroquímicos, para que aprueben un veto definitivo a la fabricación y exportación de clorpirifos. Francia y Bélgica son los únicos países que han mostrado interés en adoptar este cambio.

Otra alternativa que se ha evaluado es la inclusión del clorpirifos en el grupo de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) que están regulados en el Convenio de Estocolmo, un acuerdo internacional que obligaría a los países miembros a eliminar esta sustancia de sus jurisdicciones.

Una investigación periodística publicada por ProPublica y The Guardian reveló que durante la 18va reunión del Comité de Revisión de Productos Químicos del 2022, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se unió a varios países para poner en duda si el clorpirifos es lo suficientemente dañino para pasar a la lista de productos químicos prohibidos. Sin embargo, este año el Comité acordó que en su próxima sesión -anunciada para el 2025- volverá a plantear que sea incluido.

Empresas no quieren retirar pesticidas peligrosos

En abril del 2023, la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero del Congreso presentó un proyecto de ley que proponía retirar el clorpirifos y otras nueve sustancias tóxicas de la lista de plaguicidas autorizados por el Senasa. Sin embargo, la iniciativa despertó el rechazo de dos gremios empresariales -Cultivida y la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú)- que argumentaron que la propuesta interfiere con las funciones del Senasa por ser la única autoridad que puede regular el uso de plaguicidas químicos.

El 30 de octubre, Cultivida, que representa a 23 empresas como Bayer y Syngenta, envió un oficio a la Comisión Agraria del Congreso, es decir, cuando Senasa ya había aprobado prohibir el uso del clorpirifos, en el que asegura que el proyecto vulnera acuerdos internacionales como los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, además de los procedimientos establecidos por la Comunidad Andina. Por ello, deslizaron que si se prohíben estas 10 sustancias químicas, las empresas que lo importan y comercializan pueden demandar al Estado Peruano, “quien podría verse expuesto (...) al pago de una indemnización por la afectación de sus derechos”.

Entre todos sus argumentos, Cultivida aseguró que limitar la fabricación, importación y venta de determinados plaguicidas “no garantiza en lo absoluto que se consuman alimentos inocuos y que exista una agricultura sostenible”. Por el contrario, agrega, esta medida provocará que los agricultores utilicen productos similares que no están prohibidos o sean víctimas del contrabando de sustancias peligrosas. Estos problemas, sin embargo, ya afectan a muchos productores peruanos, sobre todo aquellos con menos recursos que no logran acceder a tecnologías que les ayuden a reemplazar los pesticidas.

La posición de Comex Perú -que agrupa a las principales empresas agroexportadoras del país- fue bastante parecida a la de Cultiva, según se lee en el documento que enviaron el 14 de junio y donde solicitan que se archive el proyecto.

Una tercera organización que opinó en contra de la propuesta legislativa fue la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que criticó que no se haya evaluado el impacto económico que provocaría una medida de esas características en la pequeña agricultura.El presidente de este gremio, Gabriel Amaro, afirmó que los plaguicidas mencionados en el proyecto no implican ningún riesgo de dejar trazas en los alimentos porque son utilizados antes de la cosecha. Una postura que se contradice con los monitoreos del Senasa que detectan cada año residuos de pesticidas en frutas y vegetales por encima de lo que se recomienda para su consumo.