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El 3 de enero de 2025, Laura Morales Jiménez recibió una carta del Programa Pensión 65. El documento, firmado por el entonces director ejecutivo Julio Mendigure, confirmaba que cumplía con todos los requisitos: tiene más de 65 años, no percibe jubilación del sistema público ni privado —porque trabajó toda su vida en circos— y su hogar, ubicado en Villa María del Triunfo, al sur de Lima, está clasificado como pobre extremo.
El detalle estaba al final del texto: “El proceso de incorporación es progresivo y se encuentra sujeto a disponibilidad presupuestal”. Es decir, aunque cumpla con todo, Laura no recibiría la pensión hasta que el programa cuente con los fondos necesarios.
Ese día no estaba en casa y fue un vecino quien le entregó el sobre. Como solo terminó el primer grado de primaria y no sabe leer con facilidad, Laura no entendió lo que decía. Nadie fue a explicárselo. A los pocos días, fue a la Unidad Local de Empadronamiento de la municipalidad para preguntar, pero solo le repitieron: “Espere, no más, que la van a llamar”.
Han pasado siete meses y esa llamada no ha llegado. Laura forma parte de una lista de espera que, a nivel nacional, ya alcanza a 171,733 adultos mayores, según datos de Pensión 65 analizados por Salud con lupa. Son personas que completaron todas las etapas del proceso de focalización y recibieron una carta que confirma su admisibilidad, pero no saben si accederán a la pensión en unos meses, en un año o nunca. En la mayoría de los casos, nadie les ha explicado que cumplir con todos los requisitos no garantiza recibir el pago de inmediato.
Por qué 250 soles pueden cambiar la vida de una persona mayor
Pensión 65 fue creado en 2011 como parte de una política pública para reducir la pobreza extrema entre las personas mayores de 65 años que no reciben ninguna jubilación. Se trata de una pensión no contributiva, es decir, que no requiere aportes previos. El monto asignado desde su creación ha sido de 250 soles cada dos meses, aunque este año el gobierno anunció un bono adicional temporal que eleva los pagos a 350 soles en algunos meses de 2025.
El programa fue pensado para cubrir a una población históricamente excluida del sistema de pensiones: personas que trabajaron toda su vida en la informalidad, sin derechos laborales ni acceso a la seguridad social. Muchas viven en zonas rurales o en barrios urbanos pobres, donde además hay mayores dificultades para acceder a servicios de salud, transporte o alimentación.
Su impacto ha sido importante. De acuerdo con evaluaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Pensión 65 ha contribuido a reducir la pobreza monetaria en los beneficiarios, aumentar el número de adultos mayores con cuentas bancarias activas y mejorar su acceso al Seguro Integral de Salud (SIS).
La evidencia apunta a que el apoyo económico, aunque modesto, tiene un efecto directo en la calidad de vida. Javier Herrera, economista del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Francia y exdirector de investigaciones sobre pobreza del Banco Mundial en Perú, lo ha resumido así: “Para muchas personas mayores, 250 soles pueden ser la diferencia entre comer o no comer”.
Un estudio reciente del Banco Mundial (2022) estimó que el 63 % de los adultos mayores en pobreza extrema que no reciben ninguna pensión podrían salir de esa condición si accedieran a una pensión básica universal. Esto refuerza la urgencia de ampliar la cobertura del programa, sobre todo ahora que más de 171 mil personas como Laura Morales —que ya cumplieron todos los requisitos— siguen esperando.
Más de 800 mil beneficiarios, pero el presupuesto ya no alcanza
Durante varios años, el número de beneficiarios de Pensión 65 se mantuvo casi estancado, con ligeras variaciones. Entre 2020 y 2022, el programa no superaba los 600 mil usuarios. Fue recién hacia fines de ese periodo que comenzó una expansión modesta, y en el primer trimestre de 2023 se alcanzó un nuevo techo de 627,924 personas beneficiarias, cifra que se mantuvo estable durante todo ese año.
No fue hasta comienzos de 2024 que ocurrió un giro importante, tras la aprobación de la Ley de Presupuesto en diciembre del año anterior. Esta norma permitió un incremento de la partida destinada a Pensión 65 y abrió paso a una expansión sin precedentes del programa. En apenas unos meses, se incorporaron más de 193 mil nuevos usuarios, lo que elevó el total de beneficiarios a 801,389 en febrero. Para junio de ese mismo año, la cifra alcanzó los 819,346 adultos mayores atendidos.
Sin embargo, esa expansión se detuvo tan rápido como empezó. Desde julio de 2024, el número de beneficiarios permanece congelado. Aunque miles de personas —como Laura Morales— han sido evaluadas y declaradas aptas para recibir la pensión, no pueden incorporarse porque ya no hay presupuesto para cubrir más cupos.
Actualmente, el programa destina 206 millones de soles cada dos meses para atender a los 824 mil beneficiarios. Para incluir a las más de 171 mil personas que ya están en lista de espera, se necesitan al menos 42 millones de soles adicionales por bimestre. Pero el gobierno no ha anunciado una ampliación de recursos para cerrar esa brecha.
En la práctica, eso significa que el ingreso al programa depende de que algún beneficiario fallezca. Solo así se libera una plaza y se puede incorporar a otra persona. Esta situación ha generado malestar y frustración entre adultos mayores que, como Laura, ya recibieron su carta de aprobación, pero siguen esperando indefinidamente.
Lo que falta para que Pensión 65 funcione mejor
Pensión 65 enfrenta hoy un problema que va más allá del presupuesto: muchas personas mayores que necesitan esta ayuda no pueden ingresar al programa, aunque cumplan los requisitos. Esto ocurre porque el acceso también depende del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que los clasifica según su nivel de pobreza monetaria. Sin embargo, como se evidenció en nuestro reportaje central, el diseño actual ya no se acerca adecuadamente a la realidad, especialmente en el caso de los adultos mayores en pobreza urbana.
Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, advierte que el modelo vigente se ha quedado corto. “La focalización es útil, pero no puede ser excusa para dejar fuera a personas que evidentemente lo necesitan”, señala en entrevista con Salud con lupa. Propone avanzar hacia un modelo más amplio para las personas mayores sin pensión, con mejores registros y procesos más claros y comprensibles.
Además del subsidio económico, Pensión 65 ha sumado en los últimos años una serie de servicios complementarios. A través del llamado “paquete integral de protección”, el programa organiza campañas de salud preventiva, jornadas de documentación y actividades de educación financiera.
En Perú, el 65 % de las personas mayores de 65 años no accede a ninguna pensión contributiva, según el INEI. En ese contexto, Pensión 65 no es un beneficio asistencial, sino una política pública esencial para garantizar una vejez con dignidad. Pero hoy, miles siguen esperando una respuesta que no llega.
