Los adultos mayores que el algoritmo no ve: las fallas del sistema que define la pobreza en Perú

Un día fueron al banco a cobrar… y ya no había nada. Ni en la ventanilla, ni en el cajero, ni en las agencias autorizadas de su comunidad. Presentaron su documento de identidad como siempre. Pero esta vez, la respuesta fue otra: “No hay depósito. Averigüe su situación”.

Así fue como miles de adultos mayores en Perú descubrieron que habían sido retirados de Pensión 65, el programa estatal que entrega una pensión bimensual a quienes viven en pobreza extrema. Entre 2020 y junio de 2025, el sistema excluyó a 250,912 personas. En muchos casos, se trataba de beneficiarios que ya habían fallecido. Pero otros miles seguían vivos y esa pensión era lo único que tenían para sostenerse. Para el Estado, sin embargo, su situación “había mejorado”: se les cambió la clasificación de pobres extremos a simplemente pobres. Y por eso, les quitaron el beneficio. Nadie los llamó. Nadie les explicó. Simplemente desaparecieron del sistema.

Solo 81,299 adultos mayores fueron reincorporados durante ese período. Varios tras presentar un reclamo, lo que confirma que nunca debieron haber sido excluidos. Pero esa cifra no cuenta toda la historia —y eso es lo que revela esta investigación de Salud con lupa, con el apoyo del Centro Pulitzer—: detrás de muchas de esas exclusiones hay fallas estructurales en el sistema estatal clasifica a los hogares según su nivel de pobreza en Perú.

Fallas que pueden parecer solo técnicas o administrativas, pero que en la práctica rompen la única red de apoyo que les queda a los adultos mayores más vulnerables del país. Errores que nacen de datos mal recolectados, fichas incompletas o desactualizadas, y de un sistema que confía en un algoritmo para tomar decisiones basadas en información equivocada. En este caso, el algoritmo es una fórmula automática que calcula un puntaje para estimar si una familia es pobre, pobre extrema o no pobre. Pero si los datos están mal desde el inicio, el algoritmo también falla.

Estos son solo algunos casos que identificamos y verificamos:

Cada una de estas exclusiones fue decidida por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el mecanismo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) usa para clasificar a los hogares según su nivel de pobreza en Perú. Para recibir Pensión 65, la persona adulta mayor debe pertenecer a uno calificado como pobre extremo. Esa condición puede cambiar sin previo aviso, y muchas veces no refleja la realidad de quienes más necesitan apoyo.

Filtros, visitas y un algoritmo que estima la pobreza

El SISFOH se basa en dos fuentes principales de información: la primera son los registros administrativos o bases de datos de distintas entidades públicas. La segunda son las visitas que realizan empadronadores municipales a los hogares. Pero antes de que una familia pueda recibir esa visita, el sistema aplica un primer filtro automático.

Este filtro cruza datos de instituciones como la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Si detecta, por ejemplo, que el jefe de hogar o su pareja tiene un seguro de salud privado, que algún miembro figura como propietario de un vehículo, que el consumo de electricidad supera ciertos parámetros establecidos o que los ingresos del hogar exceden un umbral definido, el sistema concluye que esa familia no es pobre. En consecuencia, ni siquiera llega a ser evaluada ni considerada para programas sociales como Pensión 65.

Solo si pasan ese filtro, pueden solicitar que un trabajador municipal —de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE)— los visite en su domicilio. La ULE es una oficina ubicada en la municipalidad distrital o provincial que se encarga de tramitar la clasificación socioeconómica en el SISFOH: recibe la solicitud, envía a su personal al hogar para recoger la información y la registra en el sistema para que el Estado asigne un nivel. En todo el Perú existen 1 890 ULE activas, por lo que prácticamente cada municipio cuenta con una de ellas.

Durante la visita, el funcionario conversa, de preferencia, con el jefe o jefa de hogar. Pero si no está presente, también puede recabar información de otro adulto que conozca bien la situación de todos los integrantes. En muchos casos, sobre todo cuando se trata de personas adultas mayores que viven solas, la entrevista se realiza directamente con ellas. Con base en ese diálogo y en lo que observa en la vivienda, el empadronador llena una ficha detallada con más de veinte preguntas.

Ahí se registran las condiciones de la vivienda: si es propia o alquilada, qué materiales tienen sus paredes, techo y suelo, cómo acceden al agua potable y a la electricidad, si tienen baño, pozo o letrina, y cuántos ambientes hay en la casa. También se anotan los bienes que posee la familia (refrigeradora, televisor, cocina, microondas, lavadora) y la información personal de todos los integrantes: edad, parentesco, ocupación, educación, seguro de salud y si reciben algún programa social.

Con esa información, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aplica un cálculo automatizado. Un algoritmo genera un puntaje conocido como Índice de Focalización de Hogares (IFH), que estima el nivel de pobreza monetaria. Ese resultado se compara luego con umbrales definidos según si el hogar está en zona urbana o rural, y según la región del país, tomando como referencia la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Así se clasifica a la familia como pobre extremo, pobre o no pobre.

Ese resultado se registra en el Padrón General de Hogares, la base oficial que utilizan todos los programas sociales del Estado para incorporar beneficiarios. Pero hay un punto crítico: todo el proceso depende de que los datos sean correctos y estén bien interpretados. Y eso no siempre ocurre.

El SISFOH fue concebido para evaluar la situación económica del hogar como un todo, no la de cada uno de sus integrantes. “Por eso, si un adulto mayor vive con familiares que tienen algún ingreso o ciertos bienes, el sistema puede asumir que no necesita ayuda, aunque en la práctica no cuente con recursos propios, no reciba atención adecuada o esté desamparado aunque compartan el mismo techo”, explica la economista Lorena Alcázar, investigadora principal de Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

El algoritmo que estima la pobreza monetaria del hogar no entiende las necesidades de un miembro de la familia: solo está diseñado para procesar los datos que recibe. Y si los datos están mal, el resultado también. Así, muchos hogares quedan fuera de los programas sociales no porque hayan mejorado, sino porque el sistema no logra ver que los adultos mayores que viven allí están realmente en abandono y pobreza extrema. Además, el sistema no permite anticipar quiénes están en riesgo de caer en pobreza ni responder con rapidez ante situaciones imprevistas, como enfermedades, pérdida de ingresos o desastres naturales.

Volver no es fácil: lo que enfrenta un adulto mayor

Para quienes son excluidos sin una justificación clara, el golpe no es solo económico. También es emocional. Los 250 soles que reciben cada dos meses son, para muchos, su única fuente de ingreso. Con ese monto compran medicinas, alimentos, gas o productos de aseo. Cuando la pensión se interrumpe de un día para otro, sin aviso ni explicación, sienten que el Estado los abandona.

Y volver al padrón no es sencillo. El proceso para presentar un reclamo es largo, poco claro y depende de que el municipio tenga personal capacitado para orientar. La persona afectada debe acudir a su municipalidad, solicitar una nueva evaluación de su clasificación socioeconómica, llenar formularios, actualizar documentos y esperar a que una Unidad Local de Empadronamiento programe una visita a su casa. Todo esto en oficinas públicas con tiempos lentos y poca empatía.

El trámite se complica aún más para adultos mayores que viven solos, tienen movilidad reducida o no cuentan con familiares que los acompañen. Muchos ni siquiera saben que pueden presentar un reclamo. Y otros se rinden en el camino: la burocracia y la falta de orientación los desaniman.

Incluso cuando logran reincorporarse, el temor a volver a ser excluidos persiste. Así le ocurre a Rosa Balarezo, quien volvió al padrón después de más de tres años, pero vive con la angustia de que una ausencia momentánea —como ir al comedor popular— sea suficiente para que la vuelvan a sacar del sistema. “Tanta vuelta para regresar… y ahora otra vez me quieren quitar”, dice.

La fragilidad del sistema termina trasladando toda la carga al ciudadano. Es el adulto mayor quien debe demostrar que es pobre extremo, que no tiene ingresos para cubrir sus comidas del día, que necesita ayuda. Pero en esa demostración, lo esencial —su vejez, su vulnerabilidad, su derecho a una vida digna— queda en segundo plano.

Un ejemplo concreto de esta situación ocurrió durante las visitas que realizan las Unidades Territoriales del SISFOH, que son oficinas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social encargadas de comprobar si la información sobre los hogares beneficiarios de programas sociales es verdadera. También reciben alertas del Reniec cuando una persona figura como fallecida, y deben ir a su casa para confirmar si eso es cierto.

Sin embargo, entre 2023 y 2024, la Contraloría detectó fallas graves en las Unidades Territoriales de Huancavelica y Junín. El Reniec había alertado que 17 adultos mayores beneficiarios de Pensión 65 figuraban como fallecidos. Los trabajadores fueron a verificar, pero no siguieron los pasos mínimos: se limitaron a recoger comentarios de vecinos o familiares —como “hace años que no lo vemos” o “dicen que murió en otra ciudad”—, sin comprobar si la persona seguía viva ni solicitar documentación como actas de defunción. Tampoco tomaron fotos u otra evidencia. A pesar de estas omisiones, las personas fueron retiradas del programa.

Estos usuarios no habían fallecido: simplemente no estaban en casa al momento de la visita o se encontraban temporalmente en otra región. Muchos fueron excluidos sin una verificación adecuada y luego debieron demostrar nuevamente que estaban vivos y que seguían cumpliendo los requisitos del programa. Desde noviembre de 2023, las desafiliaciones por causas operativas han ido en aumento: suman 11,035 casos hasta junio de 2025, según los reportes oficiales analizados para esta investigación. De estos, 9,717 corresponden a personas clasificadas como “no ubicadas tras tres visitas” y 1,318 figuran como “renuncias voluntarias”. Sin embargo, el programa no ha dado explicaciones públicas sobre las razones específicas detrás de estas renuncias, ni ha detallado los criterios o procedimientos con los que se las registra.

Lo que el sistema no ve

En el papel, no son pobres extremos. En la vida real, lo son. Así lo muestran las historias de Mirtha, Teodomiro y Pedro Pablo, que no fueron admitidos en Pensión 65 pese a necesitarla con urgencia.

Mirtha Bautista Balenzuela tiene 79 años, diabetes y problemas de visión. Vive con su hija y cinco nietos en una casa en Villa María del Triunfo, al sur de Lima, construida con madera, cartón y calaminas. “Yo diría que estamos en pobreza extrema, porque almorzamos y ya no cenamos”, dice en voz baja, como quien no espera que eso cambie pronto. Por las noches, si hay suerte, toma una taza de té; si no, se acuesta sin cenar.

Sin embargo, Mirtha no accede a la pensión porque el SISFOH clasificó su hogar como “pobre”, y no como “pobre extremo”. En su ficha no se tomó en cuenta que, aunque su DNI la consigna como casada, vive separada desde hace más de 30 años tras sufrir violencia de su pareja. Tampoco se contextualizó el estado real de los objetos en su vivienda: un refrigerador casi vacío, una lavadora y un microondas malogrados que ahora solo sirven como depósitos, y un balón de gas que apenas puede usar.

En el caso de Teodomiro Vilchez Narvaes, de 76 años, todo se decidió por una pregunta mal interpretada. En 2023, cuando un empadronador le preguntó si esa era su casa, él respondió que sí. Vivía allí, pero el inmueble no estaba a su nombre. Aun así, el dato fue registrado como si lo fuera. Ese detalle bastó para dejarlo fuera del programa, aunque lo necesitaba: la pandemia lo obligó a cerrar su taller de zapatos, y desde entonces los oficios que consigue apenas le alcanzan para comer. Cuando preguntó por qué no calificaba, en la Municipalidad de Independencia le respondieron: “Por tu casa”. Recién en 2024, tras insistir varias veces y presentar todos los documentos, lograron reevaluarlo. Le confirmaron que cumplía con los requisitos para acceder al programa, pero su ingreso quedó en pausa: está en lista de espera hasta que se libere presupuesto.

Pedro Pablo Cuayla, de 85 años, vive en el asentamiento humano Nuevo Ilo, en la región Moquegua. Cada mañana sale a recolectar botellas, fierros y objetos reciclables para conseguir algunos soles y cubrir la comida de cada día, tanto para él como para su esposa. “Me han dicho que no califico, que no soy pobre extremo. Pero no tengo casa, vivo en un cuartito alojado en la casa de mi hijo”, cuenta. Tiene limitaciones físicas y su edad lo expone a enfermedades, pero su solicitud de ingreso a Pensión 65 fue rechazada en mayo de 2025.

Estos casos evidencian las limitaciones del modelo de clasificación del SISFOH para identificar a las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema. El sistema se basa en un algoritmo que evalúa solo ciertos factores, y gran parte de su eficacia depende de que la información recogida durante las visitas a sus casas sea correcta y bien interpretada. Pero es justamente ahí donde suelen cometerse errores. Y si la visita falla, el algoritmo también.

Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, advierte que lo ideal sería contar con herramientas más precisas para evaluar la situación de cada persona, pero el Estado peruano tiene recursos limitados. “El SISFOH no realiza un seguimiento detallado del gasto mensual ni del consumo exacto de los hogares, como lo haría una encuesta de presupuesto familiar, y su resultado es solo una clasificación socioeconómica”, señala.

Además, subraya que el abandono —una situación común entre personas mayores— no es una condición económica, sino social. “Pensión 65 atiende a adultos mayores pobres extremos, y algunos de ellos están en abandono. Pero hay personas en abandono que no son pobres extremos. Si se quiere que el programa llegue también a esos casos, el cambio tiene que venir desde su diseño, no desde el SISFOH”, aclara.

Desde otro enfoque, Jonathan Clausen, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), propone una alternativa más acorde con la realidad de las personas mayores: un indicador de pobreza multidimensional diseñado específicamente para esta población. Su propuesta, publicada en junio de 2025 en The Journal of the Economics of Ageing, considera 15 indicadores distribuidos en siete dimensiones: conectividad social, educación, salud, empleo y protección social, vivienda, agua y saneamiento, y energía. Según este enfoque, una persona adulta mayor es considerada pobre multidimensional si enfrenta carencias en al menos tres de estas siete dimensiones.

Pero ningún sistema funciona bien si quienes recogen la información lo hacen sin preparación ni sensibilidad para entender la realidad que observan.

Un estudio elaborado por las investigadoras Lorena Alcázar, Milagros Alvarado y Emilio Legonía, a pedido del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ya advertía sobre un problema de fondo en 2017: muchos empadronadores de las ULE llenan las fichas de forma mecánica, cometen errores frecuentes y basan sus evaluaciones en observaciones superficiales o creencias erradas (como pensar que tener un préstamo o una deuda excluye automáticamente a una persona de ser clasificada como pobre extremo). “Esos errores se trasladan al sistema y terminan afectando el cálculo final”, señalaba el estudio.

Pero poco ha cambiado. En los últimos años, la Contraloría ha identificado fallas graves en varias de estas oficinas municipales, clave para definir la clasificación de los hogares y su acceso a programas sociales. En 2023, por ejemplo, la de Jaén, en Cajamarca, registró datos inexactos en las fichas socioeconómicas, lo que pudo haber permitido que hogares que no estaban en pobreza extrema recibieran beneficios del Estado.

En 2022, en Churcampa, Huancavelica, no se aplicaron correctamente las fichas a las familias empadronadas. Eso generó errores en la clasificación y redujo sus posibilidades de recibir apoyo. Y en 2021 los casos se acumularon: en San Juan Bautista, Loreto, no se registraron bien las solicitudes para actualizar o determinar la clasificación; en Sullana, Piura, la oficina funcionaba sin lo mínimo —ni movilidad, ni viáticos, ni equipos para el personal—; y en Oyotún, Lambayeque, ni siquiera contaban con empadronador ni espacio adecuado para archivar los documentos. En muchos casos, además, no había ningún tipo de seguimiento municipal al trabajo de estas unidades, lo que hacía imposible corregir fallas o implementar mejoras.

Además, varios adultos mayores entrevistados por Salud con lupa expresaron su malestar por el trato que recibieron durante las visitas de empadronamiento. Contaron que algunos trabajadores municipales mostraron poca sensibilidad al evaluar sus condiciones de vida y que, en varios casos, les anticipaban que no calificarían para Pensión 65 incluso antes de terminar la visita. Les decían, por ejemplo, que podían alquilar un cuarto porque veían una habitación vacía, o que tener artefactos —aunque estuvieran malogrados— no era compatible con una situación de pobreza extrema. También es común que no les expliquen en qué consiste la evaluación ni cómo ni cuándo conocerán el resultado.

―Entró a mi casa, miró, salió y me dijo: ‘Tú no eres pobre. Toda es tu casa, puedes alquilar un cuarto’. Eso me dijo, nada más―, recordó Alejandrina Limachi, de Villa María del Triunfo.

―Los inspectores que van a la casa no son sensibles. Por tener un televisor o una cocina que me regaló mi hija, ya no hay pensión. Las personas tienen que dormir en el suelo, en cartones y con una piedra como cabecera para que las consideren pobres―, dijo Pedro Villegas, desde el Callao.

―Mi casa estaba construida con ladrillo y sin techo. La señorita me dijo que fuera al Concejo y me apuntó. Me hizo ir cuatro o cinco veces. Me dijo: tú no puedes entrar a Pensión 65, porque la ayuda del Estado es para los más pobres―, contó Ignacia Guillén, también de Villa María del Triunfo.

Un sistema con arreglos temporales, pero sin reforma de fondo

Uno de los principales obstáculos para que los programas sociales lleguen a quienes más los necesitan es la falta de información actualizada y precisa sobre los hogares en situación de pobreza. Durante años, la base de datos del SISFOH —que orienta gran parte de esas decisiones— no se renovó de forma sistemática, lo que dificultó identificar correctamente a la población vulnerable.

La magnitud del problema se hizo evidente durante la pandemia, cuando el gobierno implementó bonos económicos para apoyar a los hogares más pobres. Sin datos actualizados, los errores fueron inevitables. Se creó de urgencia el Registro Nacional de Hogares con bases administrativas limitadas, y el resultado fue un 30 % de error de inclusión: hogares que no eran vulnerables recibieron el bono, mientras cientos de miles de personas en pobreza extrema —incluidos adultos mayores sin pensión ni ingresos— quedaron fuera.

En 2020, el SISFOH seguía operando con datos recogidos en 2012, durante un barrido censal. En 2016 debía realizarse una nueva actualización a nivel nacional, pero nunca se concretó. “Al gobierno le pareció que no era muy relevante, que era costoso”, dice la exministra Carolina Trivelli.

Ariela Luna, quien asumió el MIDIS entre octubre de 2019 y julio de 2020, también fue consciente de las limitaciones del sistema. Durante una evaluación interna realizada por investigadores que estudiaron el SISFOH, Luna relató que, en plena emergencia por la COVID-19, sabía que la base de datos estaba desactualizada y no cubría lo necesario: “Yo sabía que eso era desactualizado, que quedaba corto. Yo firmé y dije: ‘Que Dios me ayude’”, afirmó, graficando la tensión de tener que tomar decisiones urgentes con información incompleta.

Recién en 2022, el Estado aprobó una ley para fortalecer el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), que ahora incluye al SISFOH. El objetivo era construir una base de datos más actualizada y útil, no solo para situaciones de emergencia, sino también para mejorar el acceso a los programas sociales.

Con ese fin, en 2023 y 2024 se asignaron 77 millones de soles para realizar empadronamientos masivos —los llamados barridos focalizados— en distritos urbanos con altos niveles de pobreza y baja cobertura del sistema. Entre ellos estuvieron San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Villa María del Triunfo, en Lima. En total, se visitaron más de 3.4 millones de hogares.

Esta medida busca corregir un problema que se arrastra desde hace años: el SISFOH solo actualizaba la información cuando las personas lo solicitaban. Mientras tanto, la pobreza urbana crecía sin ser registrada.

Según datos del Banco Mundial, en 2019 el 56.7 % de las personas pobres en el Perú vivían en zonas urbanas. Pero en 2021, tras el impacto económico de la pandemia, esa proporción subió al 68.7 %. Además, casi tres de cada cuatro personas en riesgo de caer en pobreza vivían en ciudades.

Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder a 2004. Ese año, el Estado creó el SISFOH para mejorar la asignación de recursos públicos y evitar filtraciones en los beneficiarios de programas sociales. Para ello, se adoptó una metodología conocida como Proxy Means Test, promovida desde los años noventa por el Banco Mundial en países en desarrollo. Esta técnica estima la situación económica de los hogares a partir de indicadores indirectos —como las características de la vivienda, el nivel educativo, la tenencia de bienes o el consumo de servicios básicos—, en lugar de pedir una declaración directa de ingresos.

La necesidad de un sistema de focalización más preciso y estandarizado era evidente. Hasta entonces, el acceso a programas como el Vaso de Leche o los comedores populares dependía, en muchos casos, de una declaración jurada firmada por los propios solicitantes. Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2009, las filtraciones eran altas: el 51 % de los beneficiarios del Vaso de Leche no cumplía con los criterios de pobreza, y en los comedores populares la cifra era de 48 %, con picos aún mayores en zonas urbanas como Lima Metropolitana.

El SISFOH nació con tres filtros principales: el ingreso total del hogar, su calidad de vida (evaluada mediante la Ficha Socioeconómica Única) y el consumo mensual de servicios básicos. En 2010 se incorporó el cálculo del Índice de Focalización de Hogares, basado en un algoritmo que procesaba esa información. Con el tiempo, la metodología fue actualizándose. En 2014, por ejemplo, se adoptó el ingreso per cápita como criterio y se eliminó el consumo de agua potable por su baja cobertura. En 2015, se abandonó la calificación de “elegible” o “no elegible” y se estableció una nueva tipología: no pobre, pobre y pobre extremo. Y en 2016, tomando como base la ENAHO 2015, se sumaron variables como la tenencia de vehículos, la afiliación a seguros privados y nuevos umbrales de ingreso y consumo eléctrico.

Uno de los cambios más relevantes fue dividir al país en 15 ámbitos geográficos —zonas urbanas y rurales de la costa, sierra, selva y Lima Metropolitana— para reflejar mejor las diferencias territoriales en los niveles de consumo. Sin embargo, muchos problemas del sistema no se resolvieron. El barrido censal nacional que debía realizarse cada cuatro años fue suspendido en 2016 por considerarse muy costoso.

En 2017, el propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social firmó un acta de compromiso para mejorar el SISFOH en un plazo de un año, tras una evaluación técnica independiente. Se plantearon 12 metas concretas, como incorporar quintiles y deciles de pobreza, e identificar hogares vulnerables antes de que cayeran en pobreza. Ninguna de esas metas se cumplió.

Hoy, el SISFOH está conformado por los gobiernos locales, las entidades responsables de los programas sociales y el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), una unidad técnica que depende del MIDIS. El OFIS fue creado en diciembre de 2023 para corregir las fallas del sistema de focalización, mejorar la calidad y actualización de los datos sobre pobreza y fortalecer la coordinación entre municipios y programas sociales. Sin embargo, en los últimos cinco años, el propio MIDIS ha debilitado su capacidad técnica: ha tenido cuatro ministros distintos y crisis en su dirección, lo que ha frenado las reformas que este sistema necesita con urgencia.

Mientras tanto, miles de adultos mayores en situación de pobreza extrema siguen dependiendo de una herramienta que, además de operar con datos desactualizados o incompletos, arrastra limitaciones en su diseño. Y también de un Estado que, en lugar de prevenir, suele reaccionar cuando el daño ya está hecho.

Para esta investigación, ni la ministra Leslie Urteaga, ni el director de Pensión 65, ni las principales autoridades técnicas del MIDIS aceptaron dar entrevistas.

Un préstamo del Banco Mundial

El SISFOH revisa cada cierto tiempo la situación económica de los hogares: cada cuatro años si viven en ciudades, cada seis si están en zonas rurales y cada ocho si pertenecen a comunidades indígenas amazónicas. Si mientras tanto cambian de casa, varían sus ingresos o alguien entra o sale de casa, pueden pedir que se actualice esa información. Pero hay un problema serio: hay familias que nunca han sido evaluadas. No aparecen en ningún registro. Para el Estado, es como si no existieran. Y si no existen, tampoco pueden acceder a ningún tipo de ayuda.

Para enfrentar esta brecha, el Banco Mundial otorgó al Perú un préstamo de 55 millones de dólares en 2024. El objetivo es modernizar el Sistema de Focalización de Hogares: digitalizar procesos, mejorar el análisis de datos y contar con un padrón más actualizado y sensible. Además, Salud con lupa conoció por fuentes del MIDIS que se viene trabajando en una reforma metodológica que incorporará indicadores para identificar a los hogares en riesgo de caer en la pobreza y pobreza extrema.

Pero mientras esas mejoras llegan —y no serán inmediatas—, el acceso a programas sociales como Pensión 65 sigue dependiendo de un sistema que no siempre recoge bien los datos, tiene variables limitadas y un algoritmo que ya no alcanza para identificar con precisión la pobreza extrema. Un sistema que, muchas veces, falla justo donde más se necesita que funcione.

En palabras de Angelo Cozzubo, investigador peruano en políticas públicas y ciencia de datos en el NORC de la Universidad de Chicago, uno de los mayores desafíos es anticiparse a las caídas en pobreza y no esperar a que ocurran para intervenir. “No deberíamos necesitar como política pública que caigan en la pobreza para poder identificarlos. Ya lo podemos identificar con la vulnerabilidad”, explicó en una entrevista con Salud con lupa. Según sus estudios, la vulnerabilidad afecta a un tercio de los hogares peruanos. Sumando ese grupo con quienes ya están en situación de pobreza, se alcanza a la mitad de la población.

Cozzubo también advierte que el enfoque del SISFOH necesita actualizarse frente a una realidad más urbana: “El número de pobres urbanos ya es bastante mayor que el número de pobres rurales. Seguimos teniendo pobreza rural, pero la urbana nos ha explotado en la cara”. Para ello, se requiere una mejor gobernanza de los datos, mayor conexión entre sectores del Estado y nuevas herramientas analíticas. “Sí es posible incluir machine learning y técnicas estadísticas más avanzadas en los métodos de focalización”, señala.

El sistema, tal como está hoy, no solo debe renovarse tecnológicamente. También necesita un nuevo paradigma que le permita actuar con más agilidad y prevenir antes que excluir.