En el barrio El Golf, uno de los centros corporativos más lujosos de Santiago, Stephan Jarpa arrienda una oficina compartida. “Es mucho más conveniente”, asegura. En una de las salas de reuniones cierra su computador y se dispone a hablar de su trayectoria, marcada por su rol como director del Instituto de Salud Pública (ISP), organismo encargado de autorizar y fiscalizar el funcionamiento de medicamentos y otros objetos de uso médico, de acuerdo a una amplia potestad de control sanitario en el país. Fue un rol breve: entre octubre de 2013 y marzo de 2014, los últimos seis meses del primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Antes de llegar al ISP, Jarpa ya tenía una carrera de más de 10 años en la industria farmacéutica. Había trabajado para Recalcine de Abbott, para Farmacias Ahumada y para Farmacias Benavides, una empresa mexicana que en agosto de 2002 fue controlada por Farmacias Ahumada. En el marco de ese proceso de compra, Stephan Jarpa fue enviado a México junto a otros ejecutivos chilenos a hacerse cargo de distintas áreas operativas, explica.
Con ese conocimiento del mercado, Stephan Jarpa, quien es químico farmacéutico de la Universidad de Valparaíso, creó en 2006 una empresa consultora llamada Inhouse Consulting Limitada. Según consigna el Diario Oficial, Jarpa es dueño del 90% de la sociedad que constituyó con su entonces esposa, la también químico farmacéutico Solange Bulat Uhart. Esta empresa consultora ofrece asesoría en asuntos regulatorios y de recursos humanos, atendiendo al mercado farmacéutico y de salud.
“Fui ejecutivo de una de las grandes cadenas de farmacias del país, entonces sé muy bien cómo se mueve y cómo se maneja un retail farmacéutico, no solo acá en Chile sino que también en México”, explica Jarpa.
En 2010, cuando ocupaba la gerencia general de su empresa, su carrera dio un giro hacia el sector público. Jarpa fue llamado por el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera para trabajar como asesor del gabinete de la ministra Camila Merino Catalán (Evópoli) en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, donde abordó materias de negociación y conflictos, diálogo social y asuntos laborales. Según su perfil de LinkedIn, nueve meses más tarde, en enero de 2011, fue nombrado jefe de recursos humanos del Ministerio de Agricultura, bajo la dirección de José Antonio Galilea (RN).
En 2013, Jarpa retornó a su área de expertise –la industria farmacéutica– pero desde el mundo público. En octubre de ese año asumió la dirección suplente del ISP, luego de la renuncia voluntaria de la doctora María Teresa Valenzuela Bravo, hoy vicedecana de Investigación y Postgrado de la Universidad de Los Andes.
Jarpa se mantuvo en el cargo hasta marzo de 2014, cumpliendo seis meses de gestión en la institución científico técnica que fiscaliza y vigila la calidad de los productos de salud en Chile. Este paso por el mundo público le dio un mayor conocimiento interno del sistema, reputación y amplia visibilidad en medios de comunicación, lo que facilitó la consolidación de su carrera como consultor y conferencista internacional en temas regulatorios de medicamentos.
Implementación de la Ley de Fármacos I
Stephan Jarpa asumió la dirección del ISP en un momento clave. “Para mí fue un gran orgullo cuando logramos sacar la Ley de Fármacos”, asegura Jarpa, refiriéndose a la Ley. 20.724, promulgada en enero de 2014. Esta normativa introdujo importantes cambios que apuntaron a disminuir el precio de los medicamentos para la población. Una de estas reformas fue la obligación para los médicos de informar al paciente sobre las alternativas bioequivalentes de los medicamentos recetados, y de poner estos mismos productos a disposición de los pacientes en farmacias, ya que el bioequivalente puede ser considerablemente más barato que el medicamento de marca.
Por instrucción de la Ley de Fármacos I, estos medicamentos bioequivalentes deben reunirse en una lista, la que debe quedar a disposición de los pacientes en farmacias y establecimientos de expendio de medicamentos. Para identificar este tipo de medicamentos, el ISP ha dispuesto el logo de una “B” roja con fondo amarillo, que se encuentra visible en los mesones de las farmacias.
Según la definición del mismo ISP, el medicamento bioequivalente o equivalente terapéutico es aquel que, “habiéndose registrado como copia de un medicamento innovador, ha demostrado mediante estudios biofarmacéuticos que posee la misma eficacia y seguridad que el producto innovador, y que por ende son intercambiables”. Por ejemplo, en el caso del Tylenol, un medicamento cuyo principio activo es el paracetamol, se puede afirmar que los productos Kitadol, de Laboratorio Chile, Cotibín, de Laboratorios Andrómaco, y Gesidol, del Laboratorio Medipharm, son equivalentes terapéuticos.
Para garantizar que estos medicamentos bioequivalentes cumplan con los estándares de calidad y eficacia del producto original, los laboratorios deben acudir a centros de bioequivalencia, los que son certificados por el Instituto de Salud Pública. El artículo 96 de la Ley de Fármacos -que modifica el Código Sanitario en lo referido a la regulación de farmacias y medicamentos- determinó que el ISP sería el organismo encargado de autorizar y fiscalizar a las instituciones y establecimientos regulados por la nueva normativa, siendo esta autoridad la encargada, en todo el territorio nacional, del control sanitario de los productos farmacéuticos.
En medio de la implementación de esta ley, con miras a su entrada en vigencia en febrero de 2014, Stephan Jarpa introdujo una serie de cambios tendientes a adaptar el organismo a la nueva normativa. Entre otras cosas, creó un comité de expertos que contribuye a la evaluación de cada producto en circulación en Chile, y por lo tanto, su conformación y reglamentación es de gran importancia para los actores del sistema.
De vuelta al mundo privado
Al terminar el primer gobierno de Sebastián Piñera, Stephan Jarpa dejó su cargo en el ISP y volvió al mundo privado. Según la información laboral en su perfil de LinkedIn, en abril de 2014 asumió la dirección general de la consultora Agencia Inhouse, que creó con su ex esposa en 2006, y de la que reconoce no haberse desvinculado durante su paso por el servicio público. Ésta presta asesoría a diferentes empresas del rubro farmacéutico y sanitario. Es decir, por la naturaleza de sus funciones, los clientes de Inhouse se relacionan directamente con el Instituto de Salud Pública.
También según su página de LinkedIn, en mayo del mismo año, Jarpa asumió la dirección de la Asociación de Empresas de Biotecnología de Chile (Asembio), una asociación gremial.
Sin embargo, consultado por su transición desde el ámbito público al privado, el químico farmacéutico asegura haber tomado la decisión personal de hacer lo que denomina una “veda”. “Yo no hice nada en tres meses, a mi costo. No trabajé, no trabajé para la industria, ni para un gremio, no trabajé para nadie”, dice.
Según el abogado Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional y director del Centro de Regulación y consumo de la Universidad Autónoma de Chile, la transferencia inmediata del mundo público al privado contraviene lo estipulado en la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que en su artículo 56 establece que “son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo”.
Contreras explica que este artículo es una de las pocas regulaciones a la puerta giratoria existentes en Chile, ya que se le impone al exfuncionario un periodo de congelamiento de hasta seis meses después de haber cesado sus funciones en el Estado, donde no debería mantener una relación laboral con las entidades del sector privado que su organismo debía fiscalizar. En el caso de Stephan Jarpa, su rol como director de Inhouse y Asembio fue asumido antes de ese plazo. “Eso, en cualquier estándar OCDE, no resiste ningún análisis”, asegura el abogado Contreras.
Stephan Jarpa explica que hizo un diplomado en Transparencia, Probidad y Buen Gobierno en la Universidad Católica. “Me aprendí de memoria el tema anticorrupción”, sostiene. Y añade: “Me preparé para el ámbito público lo mejor que pude”. Sin embargo, asegura que los tres meses en que no trabajó fueron producto de una decisión propia y que “no conocía” la norma que establece seis meses de congelamiento, ni ninguna otra que limite en Chile el regreso al mundo privado luego de ocupar un cargo público.
“No sé (sobre las normas de congelamiento post empleo), no las tengo, ni las tuve ni las tienen hasta la fecha un montón de gente, mucho más sinvergüenza. Aquí hay gente que ha sido ministro y al día siguiente –no a los dos meses, no a los tres meses– están trabajando. O en una clínica, o en un laboratorio farmacéutico en el caso de mi área. Para mi gusto, y para mi foco, creo que no es un aprovechamiento ni del cargo ni de la posición. Lo que a mí me tocó es salir a trabajar”, explica Jarpa.
El profesor en Derecho Constitucional Pablo Contreras, asegura que la restricción de seis meses es difícil de aplicar por la ausencia de mecanismos para fiscalizar y sancionar las infracciones. “No solo tienes que poner un plazo de prohibición, no solo tienes que compensar, sino que además tienes que tener un modelo de enforcement o cumplimento de esta regla, ya sea otorgándole la competencia a un órgano para que fiscalice o estableciendo un mecanismo de infracciones o sanciones que sea efectivamente disuasivo para que las personas no incurran en estas conductas”, explica. Contreras agrega que este tipo de mecanismos está siendo discutido en los proyectos de ley que actualmente se debaten en esta materia.
“Un ministro de Energía puede estar trabajando en Chilectra mañana, ¿por qué? porque en Chile eso no está normado (…), no tiene un tema ni punitivo ni restrictivo, y sigue siendo así. Yo por mi parte opté por no hacer nada con respecto a eso en los primeros tres meses, y después de esos tres meses voy y formo mi propia agencia”, justifica Jarpa.
La exposición pública durante los seis meses de trabajo de Stephan Jarpa como director del ISP le trajo también una legitimación mediática, transformándose hasta hoy en fuente experta en regulación de salud para diversos medios nacionales. Desde implantes mamarios hasta infecciones intrahospitalarias, la gama de temas abordados por el exdirector en la prensa es amplia.
Además de la dirección de Agencia Inhouse y Asembio, Jarpa se unió a la Organización de Farmacéuticos de Ibero-Latinoamérica (OFIL), una asociación sin fines de lucro donde se reúnen profesionales del área provenientes de América, España y Portugal. Esta proyección internacional se consolidó con su asistencia a diferentes seminarios y conferencias en México. Los contactos lo llevaron a sumar a su consultora a la Cámara de Integración Chileno Mexicana en abril de 2018, entidad sin fines de lucro dedicada a incentivar las relaciones comerciales entre ambos países, luego del Tratado de Libre Comercio firmado en 1998.
En febrero de 2019, el vínculo con México se fortaleció con la fundación de Aló ProScience, una organización sin fines de lucro que se define como una asociación de profesionales latinoamericanos en asuntos regulatorios. En el sitio web de esta agrupación con sede en México, el perfil de Stephan Jarpa como miembro fundador destaca que en su experiencia profesional “se ha desempeñado tanto en el sector público como privado”, mencionando su breve paso por el Instituto de Salud Pública.
Stephan Jarpa reconoce que hubo una mejora en sus proyecciones profesionales luego de su labor en el ISP: “Cuando a uno le tocó, ya sea por Alta Dirección Pública o por una designación, ya seas nombrado subsecretario o ministro, obviamente que tu salto profesional es muy alto y es muy bueno”. Asocia este progreso a su formación académica y a que “se ha ido valorando mi carrera profesional en función del tiempo”.
El potencial conflicto de interés
Según los registros de la Ley del Lobby -que rige las reuniones entre funcionarios públicos y gestores de interés o lobbistas- luego de dejar su cargo en el ISP, Jarpa acudió dos veces a la institución como representante de su empresa Inhouse, que entre sus servicios ofrece “relación con las autoridades sanitarias del país”. En octubre de 2015 se reunió con el entonces director Álex Figueroa -quien ocupaba el cargo que Jarpa había tenido bajo el gobierno del presidente Piñera- para presentarle su agencia Inhouse.
Tres años después, el 10 de julio de 2018, Jarpa regresó a las oficinas del ISP para hablar con Isabel Sánchez Cerezzo, entonces directora del departamento de la Agencia Nacional de Medicamentos. El motivo de la reunión era discutir asuntos regulatorios relacionados a las iniciativas para modificar la ley 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas). Uno de los clientes de Inhouse, el laboratorio Knop, había desarrollado el producto Cannabiol® Solución Oleosa; un medicamento sujeto a control de estupefacientes que, según el laboratorio, es coadyuvante en dolor oncológico, cuidados paliativos y calidad de vida. Jarpa asistió junto a Cecilia Knop Pisano y Germán Knop Valdés, como representantes directos del laboratorio. Según los registros de la reunión “(los gestores de interés) indica(n) que están preocupados por la modificación al código sanitario respecto de autocultivo (de marihuana con fines medicinales) y manifiestan que requieren el apoyo del ISP para poder optar al adecuado registro del producto por ellos formulado”.
Consultados por su relación con la Agencia Inhouse, Knop Laboratorios aseguró que solicitaron la asesoría de la consultora para la elaboración de informes con la “opinión de un experto técnico”, lo que fue pedido expresamente por el ISP para la tramitación del registro sanitario del Cannabiol. Agregan que la Agencia Inhouse elaboró una opinión técnica y que ésta fue entregada a la autoridad sanitaria “vía oficina de partes y reunión complementaria”. Esta fue la reunión registrada por la Ley de Lobby. Laboratorios Knop declinó referirse al rol de Stephan Jarpa en la elaboración de este informe y aseguraron que ya no mantienen relaciones comerciales con la Agencia Inhouse.
Según el registro de Infolobby, entre 2016 y 2018, la Agencia Inhouse se reunió en 32 ocasiones con diferentes organismos del Estado, como el mismo ISP, Cenabast, Fonasa y la Seremi de Salud Metropolitana. Los clientes representados por Inhouse son de diversa índole, desde la polémica empresa CMPC –conocida como “la Papelera” – involucrada en la colusión del papel higiénico, hasta Laboratorios Prater.
Mientras Stephan Jarpa les prestaba servicios de consultoría desde la Agencia Inhouse, algunas de estas empresas fueron sometidas a diversos procesos de fiscalización y regulación por el ISP. Por ejemplo, en marzo de 2016, antes de cumplir dos años fuera del organismo público, se dictó sentencia en un sumario sanitario a la empresa CMPC (ver documento) y Stephan Jarpa la asesoró durante el proceso.
“Me llamaron porque efectivamente había una sospecha de contaminación de unas toallitas higiénicas. Fue un caso incluso mediático. Y ellos me dijeron, ‘Stephan qué hacemos, nosotros no sabemos qué hacer’. Y yo les dije, ‘te tienes que denunciar’”, cuenta. Jarpa asegura que sugirieron a la CMPC iniciar un proceso de autodenuncia: “Los tomamos de la mano, se pidió esta autodenuncia y la figuración del sumario. Se hizo el sumario y se resolvió correctamente, porque se retiró toda la mercadería (…). La verdad es que fue muy bueno”, explica.
Sin normas que regulen o supervisen la puerta giratoria, el potencial conflicto de interés de Stephan Jarpa como exdirector del ISP y posterior asesor de estas empresas, queda en la incertidumbre, debido a que la actual legislación no contempla mecanismos para limitar el uso privado de información adquirida en virtud de un cargo como funcionario público. Por eso, Stephan Jarpa pudo ofrecer sus servicios de asesoría en temas regulatorios de salud sin restricciones después de salir del Instituto de Salud Pública, organismo que determina las condiciones bajo las cuales opera la industria en Chile.
