La participación de la delegación mexicana en la más reciente cumbre de las Naciones Unidas sobre las enfermedades nos transmisibles tuvo una imprevista carga simbólica. Fue un reflejo de la manera en que se ha abordado en el país la lucha contra el sobrepeso y la obesidad: con una presencia desbordante de la industria en los espacios en que se definen las políticas públicas y pocos resultados concretos que mostrar.
México –el segundo país con la tasa de obesidad más alta del mundo– tenía la oportunidad de dar a conocer su inversión de 7,6 mil millones de dólares en programas para enfrentar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes en una cumbre internacional. Sin embargo, su delegación se limitó a ser oyente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, debido a que no incluyó representantes de alto nivel del gobierno.
Aquel 27 de septiembre de 2018 llegaron a la cumbre 77 jefes de Estado y 44 jefes de gobierno para hablar sobre lo avanzado con relación a las metas adoptadas, desde 2011, para reducir los índices de las enfermedades no transmisibles (ENT). En cambio, los representantes de México fueron, en su mayoría, cabilderos de las grandes firmas de alimentos y bebidas procesadas. La participación de especialistas y representantes de la sociedad civil fue mínima.
El entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, había declarado al país en emergencia epidemiológica debido al sobrepeso, la obesidad y la diabetes en 2016. De ese modo, resaltó la gravedad del problema. Pese a ello, no acudió a la cumbre: la Tercera Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las Enfermedades No Transmisibles. Tampoco lo hizo el secretario de Salud (SS), José Narro. Solo acudieron funcionarios de nivel medio y personajes vinculados a las empresas del tabaco y de los alimentos en México.
En vez de compartir las medidas tomadas como parte de su Estrategia para la Prevención y el Control del Sobrepeso, a la que se destinaron 146.577 millones de pesos en cuatro años, México asumió un papel marginal en la cumbre. Su delegación se dedicó básicamente a escuchar en las sesiones plenarias, en las que se habló del combate contra la obesidad, el cáncer, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades cardiovasculares. A decir de uno de los asistentes a la reunión, dejó en evidencia que “la salud no era un tema prioritario para su gobierno”.
Los nombres de los cabilderos
La delegación mexicana estuvo integrada por tres miembros de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin): Raúl Pedro Riquelme Cacho, Xóchitl Morales Macedo y Óscar Omar Mendoza Flores.
Riquelme Cacho ha trabajado para Sigma Alimentos, un conglomerado de marcas de carnes frías, yogurts, quesos y alimentos preparados, como Fud, San Rafael, Chimex y Bar-S. Además, es cabildero de Concamin en el Senado. En tanto, Morales Macedo trabaja para Mead Johnson Nutrition y Reckitt Benckiser, que venden fórmulas lácteas.
Organizaciones como la Liga de la Leche Materna México e International Baby Food Action Network han señalado que la industria, con el aval del gobierno, ha hecho creer a las madres que sus productos son necesarios y contribuido a desplazar el amamantamiento y los alimentos complementarios naturales. Asimismo, ambas organizaciones acusan a la industria de “secuestrar” la Semana Mundial de la Lactancia Materna en México, pues las compañías del ramo patrocinan las actividades organizadas con ese motivo.
El otro integrante de la Concamin dentro de la delegación, Óscar Mendoza Flores, es cabildero del gigante tabacalero Phillip Morris en la Cámara de Diputados.
Junto a ellos estaba Yolanda Elva de la Garza Casas, directora general del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT). Ella es académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y, al mismo tiempo, asesora del Instituto de Salud y Nutrición Kellogg’s, un organismo ligado a la conocida multinacional agroalimentaria que tiene su sede central en Michigan, Estados Unidos.
En la comitiva iban, además, Francisco Freyría Sutcliffe, director comercial de H&B Administradores, empresa que ofrece consultas, asesoría y seguimientos médicos vía online o telefónica; y Julio Madrazo García, director de la consultora De La Calle Madrazo Mancera. Madrazo también es integrante del Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza de México y presidente del Comité de Sustentabilidad de CI Casa de Bolsa. Asimismo, participó la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Ana de Fátima Masse Torres Tirado.
La única representación que tuvieron las voces críticas de la sociedad civil fue Ana Montserrat Larrañaga Flota, de la organización Contrapeso Coordinadora de Nutrición.
Como parte de la Misión Permanente de México ante la ONU estuvieron presentes Juan José Gómez Camacho, Juan Sandoval Mendiolea, Bruno Ríos Sánchez, Sylvia Paola Mendoza Elguea y Eva Romulus Ortega. La única funcionaria de la Secretaría de Salud que asistió fue Hilda Dávila Chávez, directora general de Relaciones Internacionales.
También acudió a la cita un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el doctor Simón Barquera, pero no como parte de la comitiva de México, sino invitado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El doctor Barquera es un profesional reconocido dentro y fuera de México por sus estudios sobre nutrición, obesidad y políticas públicas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) justificó la presencia de los representantes empresariales porque la Asamblea General “alienta a los Estados Miembros a considerar incluir en sus delegaciones nacionales representaciones multisector como parlamentarios, alcaldes, gobernadores, representantes de la sociedad civil, academia y sector privado”.
Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud no sufragaron los gastos de la delegación, salvo los viáticos de la directora Dávila Chávez. Integrantes de la comitiva confirmaron que los gastos de cada miembro de la comitiva fue sufragado por sus propias organizaciones.
No es la primera vez que México incluye en su delegación a personas del ámbito empresarial. Ello también ocurrió en la reunión del Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias, celebrada en Ginebra, Suiza, del 17 al 22 de julio de 2017. En esa oportunidad, asistieron Bertha Iliana Giner Chávez, de Elanco México, empresa que desarrolla productos y servicios para la salud, el bienestar y el rendimiento animal; y Javier Luna Carrasco, gerente senior del área de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé, así como Xóchitl Morales y Raúl Riquelme Cacho, de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche y Concamin.
Compromisos internacionales
La reunión fue encabezada por la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa Garcés; la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; y tenía como objetivo realizar “un examen amplio de los progresos logrados en la reducción del riesgo de muerte prematura por ENT”.
México no contribuyó a ese examen, solo pudo escuchar las experiencias de otros países. Para Fátima Masse fue decepcionante la participación de la delegación pues “ante la comunidad internacional se vio que la salud no es un tema prioritario para el país”. Solo pudieron intervenir en una actividad alterna, una mesa de diálogo en la que se habló del trabajo del OMENT.
Los compromisos a los que llegaron los países participantes fueron: contar con una legislación sólida y medidas fiscales para proteger a las personas del tabaco, los alimentos poco saludables y otros productos nocivos; limitar la publicidad de las bebidas alcohólicas; prohibir fumar tabaco en determinados espacios; y aplicar impuestos a las bebidas azucaradas.
En el encuentro se hizo un llamado a la industria agroalimentaria para que reformule sus productos y reduzca su contenido en sal, azúcares libres, grasas saturadas y ácidos grasos trans de producción industrial; para que utilice un etiquetado nutricional que informe a los consumidores; y para que limite la comercialización de alimentos y bebidas poco saludables entre los niños.
Después del encuentro, la Secretaría de Salud no divulgó ningún reporte o informe. De hecho, cuando lo solicitamos, fuentes de esta entidad respondieron que no tenían ninguno. Tampoco hubo cambios sustanciales en los ejes de la Estrategia para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes a raíz de él.
Los regulados establecen las reglas
La red de influencia de los empresarios se extiende más lejos que la de cualquier otra institución o ciudadano en México. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) tiene representantes en 347 organismos públicos y privados.
Una de las entidades en la que tienen una fuerte presencia es el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), creado para medir el desempeño de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD).
Al observatorio se le otorgaron 26,6 millones de pesos (1,4 millones de dólares) para divulgar periódicamente información del comportamiento de las enfermedades no transmisibles (ENT), en el ámbito nacional y estatal, basándose en fuentes de información oficiales. La idea era “constituirse como una plataforma pública, intersectorial, de carácter imparcial y de referencia nacional, que proporcione argumentos sólidos para la toma de decisiones y la política pública en enfermedades no transmisibles”.
Pronto quedó claro que el requisito de ser “imparcial” no se iba a cumplir. De veinte lugares en el consejo técnico del observatorio, diez fueron ocupados por la industria de alimentos y comida chatarra o por asociaciones con estrecha relación con el sector privado. El resto de los sitios fueron para asociaciones médicas, instituciones educativas, una organización de la sociedad civil y la Secretaría de Salud, que conservó dos plazas.
La Secretaría Técnica del Consejo Asesor estaba a cargo de Pablo Kuri Morales, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud hasta noviembre de 2018. Él acudía en pocas ocasiones a las mesas de trabajo; era sustituido por el director general de Promoción de la Salud, Eduardo Jaramillo Navarrete. Además, como ya se indicó, la directora general del observatorio es Yolanda Elva de la Garza, asesora del Instituto de Salud y Nutrición Kellogg’s.
Con la balanza claramente inclinada para un lado, los intentos de supervisar y modificar las medidas de la estrategia para hacerlas más efectivas fueron frenados. Yarishdy Mora, directora de Salud Crítica e integrante del observatorio, explica que el organismo nació “como respuesta a un problema, pero se discutían temas que ya estaban decididos. Estaba la industria, disfrazada de sociedad civil, tomando decisiones de política pública a nivel federal. No se puede poner al último eslabón de la cadena a decidir absolutamente todo. El que debe ser regulado no puede ser el que regula”.
Salud con lupa tiene en su poder la relatoría del grupo de trabajo 7, de OMENT, enfocado en “Criterios Nutrimentales”, el cual se reunió el 17 de enero de 2018. Las organizaciones de la sociedad civil plantearon establecer recomendaciones sobre azúcar, grasa, sodio y energía total; armonizar los criterios utilizados en las políticas de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes; regular la venta de bebidas y alimentos en escuelas; aplicar un etiquetado frontal en los productos envasados, que advierta de niveles excesivos de ciertos componentes; y regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños. Asimismo se pidió tomar en cuenta las recomendaciones de la OMS y de la Academia Nacional de Medicina.
El Consejo Mexicano de la Industria de Consumo (ConMéxico), que agrupa a 45 empresas de alimentos y bebidas, bebidas alcohólicas y productos de cuidado personal y del hogar, rechazó cada una de esas sugerencias en dicha reunión, incluso el pedido de considerar las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales.
Mora asegura que los representantes de la sociedad civil también tuvieron dificultades para acceder a la infomación de las dependencias federales sobre las acciones realizadas en el marco de la estrategia. No se la proporcionaron ni cuando recurrieron formalmente a las Unidades de Acceso a la Información.
Debido a la falta de lineamientos adecuados dentro del OMENT, los grupos de trabajo lograran pocos avances. Más aún: el pleno del consejo asesor se reunía con menos frecuencia que lo establecido. Entre 2017 y 2018 sesionó dos veces al año, en vez de las tres que se había acordado.
La falta de reglas claras permitió, por ejemplo, que la industria presentara una encuesta financiada por ella, levantada en Nuevo León, Yucatán, Querétaro y la Ciudad de México. Este sondeo concluía que el etiquetado nutricional promovido por las compañías privadas resultaba comprensible para los consumidores. Según testimonios recogidos, el secretario técnico de OMENT, Eduardo Jaramillo, le dio el mismo peso a dicho estudio que a la Encuesta Nacional de Salud Pública 2016, una investigación que abarcó todo el país, que fue llevada a por especialistas y que muestra justo lo contrario: que solo el 13 por ciento de los mexicanos comprendía el sistema de etiquetas vigente. Jaramillo consideró que, como no había consenso, no se debía seguir tocando el tema.
“Estábamos jugando a emitir recomendaciones. Se prefirió no llegar a acuerdos que reconocer que necesitamos unas políticas públicas mucho más fuertes y efectivas”, afirma Mora.
Un caso de estudio
El OMENT fue incluido como un estudio de caso de conflicto de interés en el libro Public health and the food and drinks industry: The governance and ethics of interaction. Lessons from research, policy and practice. La organización europea UK Health Forum publicó este libro en 2018.
El documento señala que es “frecuente que se considere como extremadamente positivo que los actores corporativos colaboren en la respuesta a las ENT, con una falta de consideración crítica del riesgo que implica”. El libro indica que se debe garantizar la participación de los grupos de la sociedad civil que representen el interés público y que ofrezcan un equilibrio “ante la gran cantidad de intereses comerciales”. También señala que se deben “adoptar procedimientos éticos institucionales robustos y estructuras de gobernanza para garantizar que las interacciones entre actores del sector corporativo y actores del sector de la salud púbica sean abiertas, transparentes, con rendición de cuentas y libres de conflictos, con el fin de proteger el interés público”.
La OMS alienta a los países a desarrollar instrumentos que les permitan resolver el conflicto de interés. Señala que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que no se ejerza influencia indebida sobre individuos o instituciones para resguardar la integridad y la confianza de la ciudadanía. En uno de sus protocolos definió que los conflictos de intereses pueden ser financieros o no financieros, y que antes de formular políticas públicas se deben evaluar los riesgos de la colaboración de los actores públicos y privados, tomando en cuenta las tácticas de las corporaciones. Estas pautas no se siguieron en México.
Desde 2011, México forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa suscrita por 75 países para promover la transparencia y reducir la corrupción. En ese contexto, durante el gobierno de Peña Nieto, se acordó crear un grupo multidisciplinario, con la participación de la sociedad civil, la academia y el gobierno, para elaborar una estrategia orientada a evitar potenciales conflictos de interés en las políticas públicas contra la obesidad. Dicha estrategia debía estar lista para julio de 2018. A diciembre de 2017 recién se había empezado a elaborar el borrador de los lineamientos que se debía presentar a OMENT para evitar los conflictos de interés. A la fecha, no se conoce que se hayan implementado estas nuevas reglas de juego.
Las denuncias de espionaje contra activistas que defienden el derecho a la salud mermaron aún más la confianza en que las autoridades mexicanas estaban genuinamente interesadas en actuar con transparencia e independencia al definir las políticas públicas. Este caso, referido al uso del malaware Pegasus, saltó a la prensa internacional por un reportaje del New York Times.
El 23 de mayo de 2017 las organizaciones que representaban a la sociedad civil en el Secretariado Técnico Tripartita de Gobierno Abierto en México abandonaron la mesa de trabajo. La razón fue la falta de respuesta del gobierno a su pedido de investigar el espionaje a Luis Manuel Encarnación, entonces coordinador de la Coalición Contrapeso, a Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y al doctor Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública.
El futuro del OMENT
Para el doctor Barquera, el observatorio ha sido “un instrumento de interferencia de la industria” en la construcción de políticas públicas más racionales. En la misma línea, Yarishdy Mora, directora de Salud Crítica, considera que no se debería permitir que los intereses empresariales sigan teniendo tanto peso en la toma de decisiones. “No puedes darle voto a la industria; puede tener voz, pero no voto. El Observatorio es un ente que no se debe volver a aplicar”, dice.
El doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), coincide con estas preocupaciones y asegura que en la presente administración se replanteará el OMENT. “[Este organismo] necesita tener mucha más presencia, con una participación mucho más plural; [se debe] reforzar la presencia de cuerpos académicos sólidos, que no estuvieron totalmente presentes durante la administración previa”, señala.
Según López Ridaura, el sector privado seguirá teniendo una participación en el observatorio reconfigurado, pero con un alcance más acotado, con una postura frontal contra el conflicto de interés y con reglas que impidan que la industria domine la definición de las políticas públicas. “El interés particular no puede ir en contra del interés colectivo”, sostiene.
