Brasil: doce hospitales temporales son investigados por corrupción

“El paciente es nuestra razón de existir”, dice un mensaje escrito a mano en una de las paredes del hospital de campaña construido en los exteriores del estadio Maracaná, en Río de Janeiro, para atender casos graves de Covid-19. La frase para motivar a su personal de salud ha perdido su significado desde el 18 de julio, cuando el último paciente fue dado de alta. Desde esa fecha, quince profesionales realizan turnos diurnos y nocturnos en el servicio de salud temporal más grande habilitado en esta ciudad, pero no atienden a nadie. Sus ambientes están vacíos a pesar de que Río de Janeiro es uno de los cuatro estados federativos con la más alta tasa de mortalidad por coronavirus en Brasil y registra un repunte de contagios desde agosto.

De ser el escenario de algunos de los juegos más emblemáticos del fútbol brasileño y mundial, el Maracaná cobró protagonismo durante la pandemia cuando el gobierno estatal anunció que sus instalaciones se usarían para abrir un hospital de campaña que funcionaría durante la emergencia sanitaria. En marzo, se anunció que se instalarían 400 camas hospitalarias como parte de un contrato de US$ 150 millones como precio inicial con la empresa Instituto de Atención Básica y Avanzada de Salud (Iabas), que se adjudicó la construcción y administración de los siete hospitales de campaña en la ciudad de Río. Pero nunca llegaron a construirse todas las instalaciones ni se compraron las camas planificadas.

Los hospitales de campaña -servicios temporales de atención sanitaria- debían reemplazar o complementar las atenciones médicas que no pudieran brindar los saturados hospitales generales por la crisis del coronavirus. Por eso, su infraestructura tenía que estar preparada para recibir emergencias y pacientes con necesidad de cuidados intensivos. Sin embargo, durante el pico de la pandemia en Río de Janeiro, el hospital de campaña del Maracaná no estuvo listo y ahora no funciona pese a que la ciudad tiene una media diaria de 544 personas contagiadas. El propio gobernador interino de Río, Claudio Castro, quien sustituye en el cargo a Witson Witzel - suspendido de sus funciones por investigaciones de corrupción relacionadas con los contratos de hospitales- dio positivo al nuevo coronavirus el último sábado.

Río de Janeiro acumula más de 280 mil casos de enfermos de Covid-19 y es el segundo estado de Brasil con la mayor cantidad de muertes al haber superado los 19.000 fallecidos, más de la mitad en la turística ciudad del mismo nombre. Junto a Brasilia, Mato Grosso y Amazonas, Río registra hasta la fecha una tasa superior a los mil muertos por cada millón de habitantes, lo que indica que la emergencia aún está lejos de ser totalmente superada.

Esta realidad no ha detenido el plan de reinicio de actividades que la alcaldía de Río empezó en junio para reactivar la economía. Todo sigue adelante con la confianza de que existen suficientes camas hospitalarias instaladas en este estado brasileño para atender a los pacientes. Los bares, restaurantes y playas ya reciben visitantes, así como los icónicos Cristo Redentor y el mirador del Cerro Pan de Azúcar. Sin embargo, desde los últimos días setiembre, las autoridades sanitarias han vuelto a sentir la presión de la emergencia por el Covid-19, ya que el 86 % de las camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se ocuparon de enfermos. “Con una población que no respeta el distanciamiento social podemos volver a picos de contagios”, advierte Christovam Barcellos, vicedirector del Instituto de Comunicación e Información en Salud.

En momentos que más se necesita un diagnóstico temprano y atención oportuna de enfermos por coronavirus, el hospital de campaña del Maracaná está vacío y el personal sanitario contratado pasa sus días inventando rutinas para no aburrirse mientras cumple su horario de trabajo.

Río de Janeiro es una de las ciudades donde hay más hospitales que en otras zonas del país. Su red de atención incluye 26 hospitales municipales, ocho estatales y nueve federales con un total de 7.702 camas hospitalarias. Pero antes de la pandemia se conocieron reportes de que había 1.700 camas hospitalarias que no estaban en uso por falta de personal y mantenimiento. Esta infraestructura debió estar habilitada para atender las emergencias por la crisis del coronavirus, pero el Gobierno optó por abrir hospitales de campaña. “Hubo un claro derroche de recursos públicos por falta de planificación”, sostiene Daniel Soranz, médico y profesor investigador de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Los profesionales y técnicos de salud que se requieren para el funcionamiento de camas hospitalarias han disminuido porque se recortó la inversión pública en recursos humanos en los últimos años. Entre 2017 y 2019, unos 6.500 trabajadores fueron despedidos de las unidades de salud. La mayoría trabajaba en atención primaria, institutos especializados y hospitales generales. Los 233 puestos de atención primaria tenían 1.200 trabajadores, ahora sólo cuentan con 900 para hacer una labor esencial en esta pandemia: promover la prevención del Covid-19 y otras enfermedades.

“En la red federal de hospitales, el último concurso público para contratación de personal fue hace 10 años; mientras que la red del Estado está en bancarrota. Los médicos no aceptan trabajar en sus hospitales porque los sueldos son bajos y los contratos les quitan derechos. En los últimos años, la alcaldía y el estado han estado involucrados en varias denuncias porque se dejaron de pagar sueldos”, dice el director de comunicación del Sindicato de Médicos de Río de Janeiro, Carlos Vasconcellos.

Cuando los casos de Covid-19 empezaron a multiplicarse en Brasil, esa falta de inversión en salud pública se hizo notoria en Río de Janeiro. No había personal para atender casos leves en la atención primaria, las emergencias de los hospitales colapsaron y los empleados hospitales de campaña no estaban preparados para manejar los casos de pacientes que requerían monitoreo en un área de cuidados intensivos.

Lucas Azevedo, profesor de historia de 23 años, perdió su trabajo una semana antes de que llegara la pandemia a Brasil. Al igual que varias otras personas desempleadas, vio en los hospitales de campaña una oportunidad laboral. Haber hecho un curso para atender emergencias en el pasado le ayudó a conseguir el puesto de camillero. En las dos primeras semanas de la crisis sanitaria, vio y cargó decenas de cadáveres. Pasaba cuatro horas al día entrando y saliendo de la morgue del hospital. Pero ahora sus días transcurren entre juegos de dominó y cartas con sus compañeros, supervisando los insumos del hospital o viendo la serie The Good Doctor.

“Antes había días en los que no podía almorzar y era necesario trabajar las 24 horas. Ahora llego, firmo una lista de asistencia y luego reviso todos los materiales que se requieren en caso llegue un paciente. Cuando estoy en mi tiempo libre aprovecho para estudiar y hacer simulaciones de atención con las personas que están aquí”, cuenta Azevedo.

La carpa donde solían ubicar a los muertos está vacía. El sector de triaje y atención a pacientes continúa con computadoras y sillas instaladas, pero sin empleados. Las habitaciones ahora sólo tienen camillas. De las 12 computadoras instaladas, solo una está en uso. La capilla habilitada para que los familiares reconozcan los cuerpos de sus fallecidos ya no tiene puertas. Lo que se mantiene es un mural de mensajes de despedida dejados en varias paredes por expacientes y trabajadores.

Según la Secretaría de Salud del Estado de Río de Janeiro, no se están enviando pacientes al hospital de campaña del Maracaná porque actualmente hay capacidad para la atención del Covid-19 en las unidades de la red de salud regular. "La planificación del cierre o reapertura de camas de atención a personas con esta enfermedad se basa en el análisis diario de los datos epidemiológicos en el estado y la demanda de camas hospitalarias", explicaron sus voceros mediante un correo electrónico a una consulta de Salud con lupa.

Lucas Azevedo fue uno de los pocos trabajadores que quedaron cuando el hospital del Maracaná dejó de funcionar a mediados de julio. El gobierno estatal suspendió sus operaciones con el argumento de que un día después terminaría el contrato con la empresa Iabas, responsable de la construcción y gestión del hospital. Entonces, el 19 de julio todos los pacientes fueron trasladados a otras unidades de salud de Río de Janeiro.

Pero la Defensoría Pública y el Ministerio Público de Río presentaron un amparo para que la Corte de Justicia reabra las puertas del hospital de campaña del Maracaná porque sí existe una demanda de salud no atendida. “No todo debe centrarse en los pacientes con Covid-19. Hay personas que presentan accidentes cerebro vasculares, infartos al corazón, complicaciones por cáncer y otras enfermedades que requieren una cama hospitalaria con mayor monitoreo. También hay quienes necesitan cirugías de emergencia e ingresar a la UCI. Tenemos una lista de 200 personas en espera”, sostiene la subcoordinadora de salud y protección colectiva de la Defensora Pública del Estado de Río de Janeiro, Alessandra Nascimento.

La Defensoría Pública sostiene que la ausencia de pacientes en el hospital de campaña del Maracaná no significa que no haya personas que necesiten camas. Un estudio realizado por esta entidad encontró que 730 pacientes murieron esperando una cama de cuidados intensivos en Río de Janeiro entre abril y junio. Solamente en las unidades prehospitalarias -como se denomina a los sistemas de emergencia que derivan personas a hospitales de mayor complejidad- 104 personas fallecieron antes de que se hiciera la solicitud de derivación.

Al hospital de campaña del Maracaná podrían llegar hasta cuarenta pacientes que requieran una cama hospitalaria y cuidados intensivos. El mantenimiento de esta infraestructura cuesta cerca de US$ 1.5 millones mensuales, pero el gobierno de Río no la utiliza porque los hospitales regulares no derivan pacientes a esta sede.

A mediados de mayo, antes de que cumpliera un mes en funciones, el hospital de campaña del Maracaná fue incluido en una investigación por corrupción abierta por la Policía Federal de Brasil debido a varias ‘anomalías’ que surgieron en el contrato entre el gobierno estatal y la empresa Iabas. Desde el inicio tuvo problemas porque se esperaba que esta instalación sanitaria estuviera lista en abril, pero tardó dos semanas más del plazo de apertura previsto y sólo habilitó 129 de las 400 camas anunciadas.

La empresa Iabas recibió por adelantado US$ 12.39 millones (70 millones de reales) del gobierno estatal para construir el hospital temporal en el Maracaná y otras seis instalaciones similares en el estado de Río. Según una investigación del Departamento de Salud, ese pago podría poner en riesgo el presupuesto público estatal porque Iabas sólo presentó el 1% del valor total del contrato como garantía financiera y hasta ahora no ha cumplido con sus obligaciones.

En este informe administrativo se observó también que la empresa no detalló los costos del servicio en la propuesta que hizo y que podría carecer de capacidad para entregar 1.300 camas para los siete hospitales de campaña a su cargo. El contrato fue un proceso acelerado, sin licitación y sin analizar la conveniencia de otras propuestas. El Tribunal de Cuentas de Río determinó después un recálculo en los precios del contrato inicial de US$ 150 millones a US$ 138 millones. Hasta la fecha, de los siete hospitales de campaña que la empresa prometió, solo ha entregado dos: el Maracaná y el São Gonçalo.

Iabas ya ha sido investigada por malversación de fondos en contratos con la alcaldía de Río de Janeiro por el Grupo de Trabajo de la Operación Lava Jato en Río de Janeiro, el Ministerio Público y la Policía Civil. Ha sido multada con US$ 5.6 millones y descalificada para participar en contratos con la ciudad por mala gestión de los recursos públicos y falta de atención a los usuarios. Pese a sus antecedentes siguió como proveedora de servicios de los estados Río, Sao Paulo y Mato Grosso do Sul. Hasta abril, recibió más de US$ 982 millones en contratos con la administración pública.

En una década, la empresa Iabas recibió del Municipio de Río de Janeiro un total de US$ 812 millones, de los cuales US$ 1.2 millones fueron por obras en las que hubo desvío de fondos públicos del área de salud municipal de Río, según la Policía Civil. Este caso llevó a la cárcel al ex representante de Iabas, Luiz Eduardo da Cruz, y a su esposa el pasado 23 de julio. Otras tres personas vinculadas a la empresa fueron detenidas, pero ningún funcionario público.

En cuanto a las investigaciones sobre los hospitales de campaña en Río, las pesquisas han llevado al Superior Tribunal de Justicia a solicitar la suspensión del cargo del gobernador de Río, Wilson Witzel, durante 180 días. La medida se cumple desde el 28 de agosto. Además, Witzel sería sometido a un proceso de destitución por la Asamblea Legislativa de Río y el Tribunal de Justicia del estado.

Hay varios profesionales de salud que consiguieron por primera vez un contrato con la red hospitalaria de la ciudad de Río en el hospital de campaña del Maracaná. Sin embargo, existen quejas de los pacientes por las malas condiciones de atención. Tres personas contaron para este reportaje que vieron morir a pacientes dentro del hospital por negligencia o falta de capacidad y experiencia de los trabajadores de sanidad responsables de la atención de personas que necesitaban ser conectadas a ventiladores mecánicos. A veces los equipos no funcionaban o el personal contratado no sabía cómo usarlos en medio de la emergencia. Tampoco estaba entrenado para cambiar la posición de los pacientes que pasaban semanas enteras en camas de cuidados intensivos.

La mayoría de los empleados que trabaja en los hospitales de campaña fue contratado en la segunda quincena de abril tras pasar por una prueba virtual y una entrevista. El único entrenamiento para empezar a trabajar en estas instalaciones fue por video. Todos los contratados fueron convocados a pasar un día de capacitación en un ambiente cerca del hospital, pero solamente algunos entraron para conocer las áreas y equipos donde iban a trabajar. El resto vio un video en el que la coordinadora del hospital les explica que es el Covid-19, cuáles son las reglas sanitarias y cómo ponerse Equipos de Protección Personal.

“Al principio, era un ambiente de guerra. No se nos explicó cómo era la organización [del hospital]. No hubo entrenamiento específico para cada equipo, no existía una rutina preestablecida. En fisioterapia empezamos aterrorizados porque los ventiladores mecánicos eran viejos. Hubo momentos en los que tuve que cambiar cinco veces el ventilador cuando intentaba intubar a un paciente”, describe la fisioterapeuta Maryanne Romero, de 31 años. Ella buscó, por su cuenta, tres cursos sobre Covid-19 en plena emergencia.

“Cada día era una rutina diferente, incluso cambiaba la ubicación de las entradas del hospital. Fue difícil cumplir mi trabajo, pero volvería a pasar por todo esto porque, aunque no nos hayan valorado como profesionales, siento que ayudamos a muchas personas y familias”, cuenta el técnico de enfermería Everson Lima, de 38 años.

Como varios de sus colegas, Lima recibió un mensaje en su celular para postular a un puesto en el hospital de campaña del Maracaná, se registró y se sorprendió cuando fue convocado. “Hice el curso técnico hace dos años, pero no encontraba trabajo en hospitales. Por eso trabajaba antes en atenciones domiciliarias, señala.

La empresa Iabas tenía proyectado convocar a 5.000 profesionales y técnicos en salud para los siete hospitales de campaña que se abrirían en Río, pero al final contrató a 3.700 trabajadores. A todos se les pagó por los días de abril que no trabajaron, pero luego pasaron tres meses sin recibir salarios. Muchos tuvieron que protestar frente al hospital de campaña en julio y consiguieron una orden judicial para que se les completaran los pagos . “Una gran parte renunció porque no recibió su sueldo y otros, como yo, optaron por quedarse porque era nuestra única fuente de ingresos”, cuenta un asistente administrativo de 28 años que prefiere no ser identificado.

El gobierno del Distrito Federal también anunció que el estadio nacional Mané Garrincha, la cancha más cara del Mundial de 2014, sería sede de un hospital de campaña que se construiría en quince días y tendría 197 camas. Este servicio sanitario temporal sería usado para atender a los pacientes que salían de cuidados intensivos, que necesitaban recuperarse y que no podían volver a sus casas. Pero al igual que el caso de Río de Janeiro, este hospital está siendo investigado por el Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios (MPDFT) por irregularidades en el proceso del contrato que ascendió a un total de US$ 14 millones con la empresa Hospital Serviços de Assistência Social Sem Alojamento LTDA.

La compañía tuvo el apoyo del personal de servicios públicos y firmó documentos sin que se cumplieran todas las reglas establecidas. Según la fiscalía, la investigación ha pasado a la instancia federal, pero el Ministerio Público Federal (MPF) ha dicho que no la ha encontrado en su base de procesos.

Una auditoría realizada por la Contraloría General del distrito federal halló que el proyecto básico del hospital no tenía la descripción en detalle de los equipos e insumos que debían ser comprados y que hubo una investigación insuficiente para contratar a la empresa responsable de la gestión. Apenas una candidata se presentó y fue elegida, pero no tenía capital de giro como se pedía en el contrato, es decir, que no podía probar que tenía el dinero suficiente para gestionar todo el contrato.

Además, uno de los socios de la contratada, Sérgio Roberto Bringel, había sido investigado por el MPF del Amazonas por desvío de recursos de la salud. Otro análisis de la Secretaría de Salud ha verificado que la empresa responsable por el hospital de campaña en el Mané Garrincha ha comprado respiradores inadecuados para el tratamiento del Covid-19.

El hospital de campaña del Mané Garrincha debía abrir sus puertas el 14 de abril, pero inició sus actividades el 22 de mayo. En una encuesta realizada el 15 de julio, el Consejo Médico Regional del Distrito Federal (CRM-DF) identificó que pacientes sin confirmación de Covid-19 estaban siendo remitidos a este hospital, lo que contradecía las funciones determinadas del servicio.

Desde marzo hasta la fecha, Brasilia ha registrado 173 mil casos de personas contagiadas de Covid-19 y más de tres mil muertos. Es una de las cuatro regiones del país que tiene más de mil fallecidos por cada millón de habitantes. Aquí también la emergencia aún está lejos de ser totalmente superada, pero el Distrito Federal ha relajado todas las medidas de contención del virus. Desde el último sábado, las autoridades locales eliminaron las delimitaciones de espacios entre las mesas de bares y restaurantes, que reabrieron hace más de un mes con restricciones.

Pese a la altísima tasa de fallecidos por Covid-19, el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, ha dicho que “es necesario recuperar la normalidad”. “No tenemos preocupaciones con una segunda ola de contagios", dijo Rocha en contra de muchos especialistas convencidos de que aún no ha acabado la primera.

En Brasil se construyeron 209 hospitales de campaña para complementar las atenciones de la red hospitalaria saturada por pacientes con Covid-19, pero fue una medida muy poco organizada. En mayo, el 47% de estas instalaciones estaban listas. Recién en junio, el Ministerio de Salud publicó una ordenanza con reglas y financiamiento para los hospitales de campaña cuando la pandemia ya había alcanzado su pico en ciudades como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza y Recife. Según la norma, esta infraestructura sólo debía construirse después de intentar aumentar las camas clínicas y de UCI en la red de atención en salud ya existente.

Esa falta de planificación permitió la corrupción. De los 209 hospitales de campaña, hay doce, ubicados en nueve estados y actualmente en funcionamiento, que tienen investigaciones abiertas por desvío de recursos o sobreprecios en los contratos.

La eficacia de los hospitales de campaña en la contención de la pandemia tampoco ha sido evaluada, pese a que Brasil es el segundo país del mundo más afectado por el Covid-19. “Para saber si fue una buena decisión o no se debería hacer un estudio entre los municipios que contaron con estas instalaciones y en los que no, pues hay experiencias muy diferentes en Brasil. Estos estudios no se están haciendo y es una oportunidad que se pierde”, dice el profesor de salud pública de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre, Airton Tetelbom. Hasta ahora no se sabe cuántas camas y equipos han ganado las redes de salud del país para funcionar después de la pandemia y atender las secuelas en los pacientes que sobrevivieron al Covid-19 y a otras enfermedades crónicas.

“Hay lugares donde los hospitales de campaña pudieron haber sido útiles y no se incluyeron en los planes, otros donde sí fueron bien utilizados y casos en los que, aunque fueron planeados, no se llegaron a construir. Están también los casos donde se desperdició dinero público”, explica Ana María Malik, profesora de la Fundación Getúlio Vargas (FGV). Ese último escenario parece ser el caso de Río de Janeiro, donde cinco hospitales de campaña ni siquiera han sido entregados hasta el momento y el Maracaná está abierto, pero no recibe pacientes desde mediados de julio. En Río la cifra diaria de contagiados de Covid-19 ha vuelto a subir al mismo tiempo que se han relajado más las medidas de prevención en calles abarrotadas de personas que no respetan el distanciamiento social, restaurantes y playas copados. La vida pareciera continuar como si no existiera temor a una segunda ola.