NUESTRA SALUD
NO ES NEGOCIABLE

Desde que se inició la pandemia, el documento técnico para conducir el manejo ambulatorio de las personas afectadas por la covid-19 en el Perú ha sido modificado en nueve ocasiones a través de nueve resoluciones ministeriales.

A pesar de no contar con evidencia científica, en junio de 2020, en la séptima modificación, el Grupo de Trabajo que asesoraba al Ministerio de Salud dispuso la inclusión de la ivermectina y la hidroxicloroquina para tratar casos con factores de riesgo, aunque dejando su uso a consideración de los médicos. Una puerta entreabierta que, aunada a la opinión favorable de especialistas, políticos y líderes de opinión, facilitó la importación de estos fármacos en masivas cantidades (en el 2020 el Perú importó 500% de ivermectina en comparación al 2019) sin necesidad de que ninguno demostrara un beneficio palpable para combatir la enfermedad.

En octubre del mismo año, el Ministerio de Salud dejó sin efecto la guía clínica que autorizaba el uso de la hidroxicloroquina, la ivermectina, y la azitromicina en pacientes con covid-19 internados en hospitales. Sin embargo, se produjo una contradicción, pues estas medicinas se han continuado repartiendo en los kits de terapias ambulatorias a cargo de EsSalud. En noviembre, en la última actualización, se insiste en recomendar el uso de la ivermectina, un antiparasitario que, como se ha corroborado mediante diversos estudios, no previene ni cura la covid-19. Por todo ello es necesario una actualización. No puede dejarse a consideración del médico tratante.

Por otro lado, la propaganda de estos medicamentos ha elevado una práctica que lamentablemente no nos es extraña: la automedicación. No solo de fármacos que terminan siendo un placebo, sino de aquellos que pueden acarrear grandes consecuencias para el organismo como el uso de corticoides (dexametasona, prednisona, hidrocortisona) en la primera fase de la enfermedad. Urge diseñar campañas de comunicación masiva contra la prescripción de corticoides, pues si son suministrados a pacientes con cuadros leves más bien podría agravar su estado y aumentar el riesgo de mortalidad.

El pulsioxímetro, ese pequeño aparato con el que monitoreamos el nivel de concentración de oxígeno que tenemos en la sangre, salva vidas pues detecta con un día o dos días de anticipación a aquellos pacientes que podrían necesitar oxígeno medicinal y hospitalización. Proponemos que en el nuevo kit médico se incluya un pulsioxímetro en lugar de gastar recursos en medicinas sin evidencia probada para covid-19.

La mascarilla es el primer escudo sanitario de toda persona en la lucha contra la covid-19. A lo largo de todos estos meses, los peruanos se han protegido conforme a sus recursos y a la información que han podido obtener. Desde mascarillas de tela, pasando por las quirúrgicas, hasta las KN95. Cada una con características distintas y con distinto grado de protección. En el último tiempo incluso se ha impulsado el uso de la doble mascarilla como medida de contención.

Hay que entender que la evidencia científica apunta que el nuevo coronavirus se transmite potencialmente mediante partículas extremadamente pequeñas llamadas aerosoles que se liberan al toser, estornudar, cantar o simplemente hablar y respirar. Aerosoles que pueden quedarse suspendidos en el aire por un tiempo prolongado. En ese sentido, la KN95 es la única mascarilla que tiene la capacidad para protegernos de los aerosoles. No está de más decir que importa tanto el tipo de mascarilla como usarla correctamente. Desde cómo llevarla, cómo manipularla hasta cómo desinfectarla.

El Estado anunció en abril de 2021, un año después de la pandemia, una compra masiva de mascarillas que repartirá a la población. No solo se trata de una decisión tardía sino también objetable pues se ha resuelto invertir 45′320,000 millones de soles para adquirir y distribuir mascarillas quirúrgicas y de tela a poblaciones vulnerables.

Es clave que la KN95 se convierta en un instrumento disponible para todos. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC), una KN95 bloquea el 99% de aerosoles mientras una mascarilla de tela apenas el 59%. La diferencia es notoria. Un recurso válido es recurrir a la doble mascarilla, pero correctamente: una quirúrgica bien ajustada y encima una de tela. Los estudios preliminares de la CDC revelan que puede brindar una seguridad del 95%. Otra medida impuesta por el Gobierno peruano que duró muy poco fue el uso obligatorio del protector facial en establecimientos con riesgo de aglomeración como centros comerciales y supermercados. De acuerdo al CDC, un protector facial bloquea apenas el 2% de los aerosoles. Es fundamental tenerlo claro.

Ahora bien, no solo se trata de que las personas accedan al mejor escudo sanitario sino también de promover e implementar ambientes ventilados. Que la mayor cantidad de interacciones sucedan en espacios abiertos, pero que aquellas actividades que deban suceder en lugares cerrados tengan corrientes de aire cruzado para remover los aerosoles del ambiente. Se ha descartado que la ruta de contagio mediante superficies contaminadas sea significativa. Es decir, el ritual al que nos acostumbramos de rociar alcohol a todo lo que ingrese a la casa sirve de poco. Lo que sí funciona y debe seguirse practicando es la cultura del lavado de manos. Pero, como hemos mencionado, debemos dedicar nuestros esfuerzos a ventilar los espacios. Desde el transporte público hasta los colegios y demás dependencias públicas y privadas, porque solo así reanudaremos nuestras actividades. Así de grande es el reto, y así de necesario.

En abril de 2021, el laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia confirmó que una nueva variante del SARS-CoV-2 circula en el Perú y en Chile. La han denominado C.37 y presenta mutaciones muy parecidas a la P1, la variante que surgió en Manaos, Brasil.

Sin la vigilancia genómica este hallazgo no hubiera sido posible. Lo poco o mucho que sabemos sobre el virus que ha puesto de cabeza al mundo es esencialmente por el estudio de los genomas del SARS-CoV-2. Un genoma es el manual de instrucciones de un organismo. Una especie de ADN. Gracias a ese rastreo se puede conocer la incidencia del virus y entender cómo se transmite y cómo se mueve en el territorio. Es útil para determinar si algunas variantes específicas se están volviendo más transmisibles, y también para descubrir nuevas variantes.

Con la vigilancia genómica, un Estado puede tomar mejores decisiones acerca de qué medidas implementar en tal o cual región. Pero sin este respaldo es librar una batalla a ciegas contra el virus. Y es lo que ha sucedido en el Perú. No es una política de Estado sino esfuerzos institucionales que se sostienen con fondos escasos. Básicamente de universidades y del Instituto Nacional de Salud de parte del Estado. Por eso, mientras Reino Unido procesa 20 mil genomas por semana, el Perú ha secuenciado menos de mil genomas en toda la pandemia.

Pero tan valiosa es la cantidad como la descentralización de las pruebas. Recibir muestras de todas las regiones para tener un panorama completo de todo el país. La Universidad Peruana Cayetano Heredia se ha propuesto formar una red nacional de vigilancia genómica, pero sin voluntad política no podrá conseguirlo. Por el momento solo procesa muestras de tres regiones. Se necesita más presupuesto, pero también establecer alianzas estratégicas con el Estado, sector privado, cooperación internacional y más universidades para implementar laboratorios con capacidad de vigilancia genómica. A más apoyo, mayor volumen de muestras.

Si las pruebas de detección del SARS-CoV-2 fueran una torta, las pruebas moleculares serían apenas unas cuantas tajadas. A diferencia de los países vecinos, desde el inicio del Estado de Emergencia, el Perú ha basado su estrategia de diagnóstico en las pruebas rápidas o serológicas. El 75% de todas las pruebas importadas durante la pandemia corresponden a este tipo de pruebas. Estas no funcionan para realizar un diagnóstico preciso y oportuno. En gran medida, porque detectan anticuerpos luego de dos semanas de que el paciente haya desarrollado la enfermedad. Más que para un diagnóstico temprano y urgente sirven para un diagnóstico de infecciones pasadas.

Pero las autoridades del país se han demorado demasiado en entenderlo a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no alentó su uso desde abril de 2020. Se tratan de pruebas complementarias que si no se emplean correctamente pueden otorgar diagnósticos engañosos, como los falsos negativos que en lugar de aislarse y adoptar medidas de cuidado seguirán esparciendo el virus. Como se sabe, un diagnóstico oportuno hace la diferencia entre la vida y la muerte.

Es preciso descartar el uso de las pruebas serológicas y ampliar la capacidad de las pruebas moleculares y antígenas. Pero también acercarlas a la gente. Como estas pruebas escasean en los hospitales públicos y los centros del primer nivel de atención los pacientes deben recurrir a centros de salud privados, donde los precios se disparan y son especulativos. Lejano para un ciudadano común e imposible para un ciudadano en situación de pobreza.

Se requieren centros de tamizaje masivo, abaratar costos, y a mediano plazo tener la capacidad de producir pruebas moleculares y antígenas. El Instituto Nacional de Salud (INS) tendría que ser fortalecido para tener la capacidad de producirlas. Nuevamente se trata de un asunto de voluntad política y distribución de los presupuestos.

Si bien el Estado de Emergencia Nacional se declaró el 15 de marzo de 2020, recién el 10 de mayo el Gobierno aprobó la estrategia multisectorial para la protección y atención de los pueblos indígenas u originarios. Dos meses para recién dar la orden, y ver más allá de la capital. No solo eso. Hubo que esperar hasta el 8 de junio para que el Ejecutivo creara el Comando Covid Indígena para ayudar a las comunidades.

Respuestas tardías que solo exponen un olvido milenario. Un país escindido donde no todos acceden al derecho universal de la salud. El 70% de los pueblos indígenas asentados en la Amazonía peruana no contaba con un puesto de salud en su territorio cuando los sorprendió la pandemia. Y los que sí, denunciaron desabastecimiento de medicinas y ausencia de profesionales de la salud. El abandono ha sido tal que quedaron a merced de inescrupulosos, como en junio, cuando un grupo evangélico le suministró ivermectina veterinaria a cinco mil ciudadanos de Loreto.

Sin el soporte del Estado, los pueblos se ampararon en sus saberes ancestrales. Tal es el caso del Comando Matico, formado por un grupo de activistas shipibos, en la región Ucayali, quienes con antiinflamatorios y expectorantes naturales han atendido a un aproximado de 800 personas, entre indígenas y no indígenas. Es vital que los sistemas de salud tradicionales se cohesionen con los sistemas convencionales. En ese sentido, los promotores de salud deben ser reconocidos y potenciados por el Ministerio de Salud. Deben ser remunerados debidamente, pues son ellos quienes mejor conocen la realidad de su zona y, por lo tanto, son los más calificados para transmitir los mensajes correctos respecto a la salud.

Uno fundamental: que la vacunación es el mejor camino para vencer la covid-19. En este primer semestre de 2021, donde las vacunas están llegando lentamente a las regiones, es prioritario aclarar dudas y reforzar la confianza a través de campañas de información para que los lotes de vacunas no sean rechazados. Ello cuenta para las zonas rurales y urbanas en general donde se pueda incidir. Un promotor de salud, además, puede ser el enlace para organizar adecuadamente procesos que generaron aglomeraciones y los pusieron en peligro como el reparto de bonos económicos. Hasta noviembre, 961 mil hogares pertenecientes a pueblos indígenas se habían beneficiado con los subsidios, según el Ministerio de Cultura.

Cabe destacar que hasta la fecha, el Viceministerio de Interculturalidad aún no ha publicado el informe oficial sobre el estado de los pueblos indígenas. Se desconoce cuántos sabios perdieron la vida a causa del nuevo coronavirus. Ni cuál es el impacto real de la tragedia. Si no fuera por las organizaciones sociales, el desconocimiento sería aún mayor.

Por cada cama UCI que se libera hay una lista enorme de pacientes en espera. Al comienzo de la pandemia, el Perú contaba con 276 camas de cuidados intensivos para más de 30 millones de habitantes cuando el estándar internacional indica que deben ser 10 camas UCI por cada 100 mil habitantes. Y aunque esa cantidad se ha quintuplicado no es suficiente. Miles de peruanos mueren a diario sin recibir atención en una cama UCI. Las redes sociales son un reflejo: no hay día que alguien pida, con desesperación, una cama de cuidados intensivos para un familiar.

Pero no solo se trata de infraestructura, sino también de personal especializado. Por cada seis pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos debe haber un médico, tres enfermeras y dos técnicos intensivistas. Y si tomamos en cuenta que cada año egresan 50 médicos intensivistas como máximo, la solución a corto plazo no es implementar más camas UCI, aunque suene impopular, pues sencillamente no habría quiénes pudieran operarla. En abril de 2020, el país contaba con 700 médicos intensivistas registrados y alrededor de 2 mil enfermeras capacitadas para esa área.

La cama UCI es la última parada de alguien que lucha por su vida. Pero existe otro mecanismo capaz de evitar que las afecciones respiratorias progresen hasta volverse severas. Es el dispositivo de alto flujo, un método no invasivo a diferencia de la ventilación mecánica que proporciona al paciente oxígeno mediante una máscara a alta presión. En promedio, entre 30 a 60 litros por minuto. Se estima que este sistema reduce en un 30% las posibilidades de ingresar a una cama UCI. Actualmente, el Perú no supera los 600 dispositivos de alto flujo, y de acuerdo a cálculos de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, se necesitan 4,500 como mínimo para reducir significativamente los índices de mortalidad.

Estos dispositivos pueden instalarse en una cama hospitalaria y tienen la ventaja de ser menos costosos y menos dificultosos en su manejo que un ventilador mecánico. Debido a que en un corto plazo difícilmente se instalarán más camas UCI, la cama hospitalaria pasaría a ser el espacio para tratar a pacientes con cuadros graves. No obstante, a futuro no debe descuidarse la opción de ampliar la capacidad de médicos intensivistas y enfermeras en UCI a través de la cooperación internacional.

Hasta el 28 de julio, cuando concluya el gobierno de transición de Francisco Sagasti, el Perú habrá recibido 9.3 millones de dosis de vacunas contra la covid-19. El 20% de las 48.7 millones que ya ha adquirido. Ese proceso está en curso, y debe respetarse. Como también el proceso de vacunación gratuito a toda la población. Esa es una de las grandes incertidumbres que se ciernen sobre el próximo presidente de la República.

Las semanas posteriores a la llegada del primer lote de vacunas, en febrero de 2021, instalaron una discusión imposible: que el sector privado se encargue de comercializar las vacunas. Que en paralelo se abriera un mercado privado. Ello no es factible por tratarse de un bien escaso a nivel mundial cuya demanda es inmensamente superior a su oferta, pero también porque por el momento solo pueden producirlas los laboratorios que las desarrollaron. En el caso hipotético de que los privados pudieran venderla, el libre mercado podría encarecerlas hasta volverlas inalcanzables para varios sectores.

En el último tiempo algunas agrupaciones políticas han utilizado al proyecto de vacuna desarrollado por el laboratorio Farvet como un caballito de batalla. Lo cierto es que se trata de un proyecto que aún no ha iniciado su fase clínica. Es decir, su testeo en humanos. “En el mejor de los casos estaría lista en la segunda mitad del 2022”, declaró el presidente Sagasti siendo bastante optimista. Es en las fases clínicas donde se determina la seguridad, la inmunidad y la eficacia de una vacuna. En suma, la vacuna peruana es irreal en el corto plazo. Además, porque el país no cuenta con la infraestructura para producirla masivamente.

Por tal motivo debe reforzarse la adquisición de las vacunas que ya existen en el mercado. Las negociaciones con los laboratorios deben continuar.

Actualmente, el Perú se encuentra en pleno proceso de vacunación de sus adultos mayores. Después de algunos traspiés en la estrategia, se decidió que el padrón del Reniec fuera el único registro de vacunación y que el enfoque fuera por edades y territorial. Eso debe continuar, pero con igualdad. Mientras en Lima varios colegios profesionales vacunaron a sus miembros, muchos de ellos jóvenes que teletrabajan, y ya se ha programado la vacunación de los adultos mayores entre 70 y 80 años, en otras regiones del país el proceso es más lento. Cuentan con menos dosis disponibles y menos logística para llevarlo a cabo. La estrategia debe replantearse con urgencia.

El 30 de abril, el Perú superó el millón de vacunados. Un millón en prácticamente tres meses desde que arrancó el proceso de vacunación. Como puede observarse en el portal Our World in Data, en Sudamérica, apenas superamos a Paraguay y Venezuela en cuanto a tasa de población vacunada. Mientras el Perú ha inoculado al 3% de sus habitantes con una o dos dosis, Chile y Uruguay han logrado la protección del 50% de sus ciudadanos.

Motivos para padecer este escenario hay varios: la negligencia y la turbidez con la que las autoridades designadas asumieron las negociaciones con los laboratorios que no fueran Sinopharm; la vacunación en secreto de 470 funcionarios públicos, personajes influyentes y miembros del equipo de investigación del ensayo clínico fase III del laboratorio chino; las brigadas de vacunación que no se dan abasto y la insuficiente disponibilidad de cadenas de frío en las regiones del país para asegurar la refrigeración de la vacuna de Pfizer.

Solo siete regiones del Perú están preparadas para almacenar esta vacuna que requiere una rigurosa cadena de frío de -70°C: Lima, La Libertad, San Martín, Arequipa, Loreto, Cusco, Cajamarca. A ellas se suma la provincia constitucional del Callao. Es un limitante. De allí que se haya elegido a AstraZeneca como la vacuna para inmunizar a los ciudadanos de la mayor parte de regiones.

Mejorar los sistemas de refrigeración y almacenamiento debe ser una prioridad, así como aumentar el número de brigadas. Solo así se podrá asegurar una vacunación masiva. Una manera es incluir todo el personal de salud en las brigadas, previa capacitación. Otra es establecer alianzas con el sector privado para la distribución de las vacunas. Si bien las empresas no tienen la posibilidad de comercializar las vacunas sí cuentan con la logística para mejorar el reparto.

Con 71 infectados y ningún fallecido, el Gobierno decretó el confinamiento obligatorio de la población el 15 de marzo de 2020. De pronto, los peruanos nos recluimos en nuestras casas ante un virus desconocido e invisible. Todo indicaba que habíamos tenido buenos reflejos. Fuimos el primer país de la región en tomar medidas estrictas. Sin embargo, ello no impidió que en mayo nos convirtiéramos en el segundo país de América Latina con más casos de covid-19 luego de Brasil.

A raíz de esa paradoja, el Perú se convirtió en objeto de estudio. A fines de agosto pasó a ser el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo con 85.8 muertes por cada 100 mil habitantes. La gran explicación se resume en que no teníamos las condiciones para soportar una cuarentena tan prolongada. Más del 70% de la población económicamente activa obtiene su sustento de la economía informal. Vive del día a día y, por lo tanto, debe salir a la calle para conseguirlo. Además, apenas una de cada cinco familias en estado de pobreza cuenta con una refrigeradora para almacenar sus alimentos. Sin contar que doce de cada cien hogares pobres viven en casas hacinadas.

Una encuesta de CPI, de mayo de 2020, refleja el impacto inmediato de aquellos días: de una muestra de 6,780 personas a nivel nacional se concluía que habían disminuido sus ingresos familiares al mes en un 68%. En términos macroeconómicos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú sufrió una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) de 11.1% en el 2020.

Aún hoy, en plena segunda ola, se sigue cuestionando si las cuarentenas funcionaron. Lo cierto es que no hay que olvidar que fueron promulgadas para reducir la velocidad de contagios y, por ende, disminuir la demanda de un sistema de salud colapsado. En junio, el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud afirmó que gracias a la cuarentena se evitó un estimado de 900 mil contagios y 100 mil muertes. En el mismo lapso, una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que el 78% de peruanos consideraba que el confinamiento obligatorio había servido para evitar más muertes.

En el contexto reciente, en el que abril de 2021 se convirtió en el mes más mortal de la segunda ola con 304 decesos al día, se deben considerar parámetros epidemiológicos para reducir el tránsito de las personas, pero de forma focalizada y conforme a las características de cada población. Si el virus aún es incontrolable las cuarentenas bien llevadas pueden ser de gran ayuda. Cuarentenas inteligentes le llaman.

Los peruanos no pueden seguir sufriendo por la falta de oxígeno medicinal. Son demasiadas vidas interrumpidas y demasiadas familias deshechas. Según el repositorio de datos de la Universidad Johns Hopkins, tomando en cuenta que el 14% de los casos contagiados activos presentan problemas respiratorios, de marzo a agosto de 2020, 23 mil 533 pacientes habrían requerido oxígeno medicinal debido al nuevo coronavirus.

Una clara señal de que la pandemia nos sorprendió con un sistema de salud pública debilitado es la escasez de oxígeno. En marzo de 2020, el Perú contaba solamente con nueve plantas generadoras de oxígeno en los hospitales. Aunque el número se incrementó a 48 a finales de año, la implementación demoró en varios casos.

Una de las razones principales de esta escasez es que dos corporaciones dominan el negocio del oxígeno en el país: Air Products (Estados Unidos) y Linde (Alemania). Ambas, con sus respectivas compañías instaladas en el Perú, son los únicos proveedores que suministran oxígeno al Estado. En gran medida, porque se fijó como requisito que las instituciones públicas compraran oxígeno superior al 99% de pureza. Este hecho, según Indecopi, representó una barrera para aquellos proveedores que producen oxígeno con un grado de concentración del 93%.

Un caso insólito que evidencia la respuesta precaria del Estado es el contrato que se suscribió a fines de octubre con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para implementar 47 plantas de oxígeno. Contrato que finalmente se canceló porque Oxígena 47, como se llamaba el proyecto, solo entregó cinco de las 47 plantas tras cumplirse los plazos fijados.

Es prioritario que el próximo Gobierno amplíe la capacidad de oxígeno medicinal. Todas las regiones deben contar con sus propias plantas de oxígeno y el abastecimiento debe centrarse a nivel comunitario. Es fundamental que los pacientes que requieran oxígeno puedan atenderse en los centros de salud más cercanos en lugar de solo esperanzarse en encontrar un cupo en los grandes hospitales o atenderse en su casa con los riesgos que ello supone. Asimismo, debe crearse una línea de importación continua de oxígeno para acabar con el oligopolio del mercado y a su vez erradicar el mercado negro, que inescrupulosamente ha duplicado y hasta triplicado el precio real de los balones de oxígeno aprovechándose del dolor de las familias.

Una de las medidas equivocadas que se tomaron al comienzo de la crisis fue suspender la atención de las consultas externas en los ocho mil centros de salud y postas del país. El impacto no tardó en llegar: los grandes hospitales colapsaron debido a la cantidad de infectados que recibían todos los días, pero al mismo tiempo se hizo a un lado la atención de miles de pacientes aquejados por otras enfermedades, muchas de ellas crónicas.

En EsSalud, por ejemplo, solo se realizó el 38.07% de las consultas externas (7.9 millones) durante el 2020. Apenas el 65.55% de atenciones de pacientes diarios (1.4 millones), el 65.94% de atenciones por emergencias y tan solo el 52.29% de egresos de hospitalización general (282,561), entre otras cifras que demuestran el poco soporte que recibieron pacientes no covid-19 al cortarse los servicios presenciales.

Por eso es crucial implementar un óptimo servicio de telemedicina. El proceso de vacunación avanza lento y las otras patologías no esperan. Telemedicina para monitorear a los pacientes y también para brindar apoyo clínico a otros profesionales.

Fortalecer los centros del primer nivel de atención es una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia. Al punto que se convirtió en la propuesta infaltable de la mayoría de candidatos presidenciales en la primera vuelta. Pero no debe quedar refundido en el cajón de las promesas. El cerco epidemiológico se sostiene desde el primer nivel de atención. De tal manera que un ciudadano pueda recibir los cuidados necesarios en la posta de su barrio sin verse obligado a asistir a un establecimiento de mayor complejidad.

Otro indicador que ha causado alarma es el incremento de la mortalidad materna. Hasta abril de 2021 se registró un incremento del 69% de muertes maternas, lo que indica que no se han cumplido los controles prenatales.En parte porque se ha reducido al 30% de obstetras de los servicios del primer nivel de atención cuando debería reforzarse el número de profesionales a cargo de ejecutar esta política pública.

Aunque el nuevo coronavirus no distingue condición social, no afecta a todos por igual. No todos los peruanos tienen garantizado un plato de comida al día. Ni siquiera los servicios básicos, como el agua, fundamental para el lavado de manos. Según Oxfam, alrededor de ocho millones de peruanos no cuentan con agua potable. Y solo en Lima, 1,5 millones de personas carecen del servicio.Se trata de una brecha que debe de acortarse.

Con los servicios básicos y la seguridad alimentaria, las familias tendrán más posibilidades de vencer al virus en caso de contagiarse. Por eso debe garantizarse la continuidad de programas sociales como Qali Warma y dotar de recursos a los comedores populares y ollas comunes que han sido el soporte principal en las zonas de mayor pobreza.

En Lima Metropolitana existen más de 1,300 ollas comunes registradas. Al inicio de la segunda ola, cuando el Gobierno declaró la cuarentena, fueron las ollas quienes socorrieron a sus comunidades.

En una situación inédita como la actual pandemia, los procesos para elaborar las vacunas contra la covid-19 se aceleraron por la tecnología, pero también por la urgencia. Fases clínicas que podrían tomar años tardaron meses. Desde febrero de 2021, con el arribo del primer lote de Sinopharm, se dio inicio al proceso de vacunación, primero, del personal de salud y luego de los adultos mayores.

Aunque cada vacuna ha demostrado seguridad y distintos grados de eficacia es importantísimo monitorear posibles eventos adversos o secundarios en los vacunados. Para ello se necesitan de bases de datos pormenorizadas que incluyan fecha de vacunación, número de lote e incluso el personal asignado a cada vacuna.

Lamentablemente en el país se produjo una experiencia agria con los 12 mil voluntarios del ensayo clínico fase III de Sinopharm, quienes han quedado a la deriva tras estallar el escándalo internacional del Vacunagate. La farmacovigilancia es uno de los pilares de los procesos de vacunación, y el Ejecutivo tendría que proveer de sistemas accesibles para realizar el seguimiento de los pacientes.

Hasta el 30 de abril, 450 médicos fallecieron a causa de la covid-19, 13,073 se han contagiado y otros 35 luchaban por su vida en una cama de cuidados intensivos, según los reportes del Colegio Médico del Perú. Estas cifras nos han convertido en el tercer país de América Latina con más médicos caídos a raíz de la emergencia sanitaria. Nos superan México con 1,151 médicos fallecidos y Brasil con 727 médicos. Ambos países nos quintuplican en población.

El panorama de los enfermeros no es muy distinto: según el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud, más de 120 fallecieron por el nuevo coronavirus durante la primera ola y se infectaron más de 7 mil 700. Solo en el primer trimestre de 2021 perdieron la vida 53 enfermeras.

Si bien el proceso de vacunación en el caso de los profesionales de la salud sí ha avanzado con velocidad, es preciso proveerles Equipos de Protección Personal (EPP) a ellos y a todo el personal hospitalario en general. Pero también mejorar sus condiciones laborales. La inestabilidad campea en el rubro por contratos temporales que no brindan la tranquilidad debida a un profesional que arriesga su vida para cuidar de otros. Alrededor de 3,277 trabajadores de la salud fueron contratados por EsSalud durante la primera ola bajo la modalidad CAS Covid. Contratos que no se renovaron en su mayoría en diciembre de 2020. Uno de los motivos por los que la segunda ola ha causado mella.

Un reciente informe de la consultora Ipsos para el Foro Económico Mundial (WEF) ha puesto de manifiesto un efecto de la pandemia que como sociedad no estamos advirtiendo: después de Chile, el Perú es el país de América Latina con una salud mental más resquebrajada a consecuencia de la pandemia.

La encuesta realizada entre el 19 de febrero y el 5 de marzo a más de 21 mil adultos de todo el mundo arroja que el 50% de los peruanos encuestados asegura que su salud mental ha empeorado desde la aparición de la covid-19. Aunque cada proceso es personal y es pronto para procesar tantas emociones juntas: sensación de encierro, inestabilidad laboral, pérdida de familiares directos y amigos. No son pocos los casos de aquellos que no pudieron despedirse de los suyos mediante un duelo convencional.

Por eso es trascendental analizar los efectos de la salud a mediano y largo plazo. El Estado debe fortalecer los centros de salud mental comunitaria y destinar más recursos para esta política pública. Actualmente, el Ministerio de Salud destina menos del 2% de su presupuesto anual al área de salud mental, cuando lo recomendable es que sea al menos el 10% de los recursos.

Pero así como hay secuelas mentales, también hay físicas. Los llamados síndromes post-covid. Brindar el servicio de terapias respiratorias sería un punto a favor para superar un proceso que algunas poblaciones les toma más tiempo que a otras.

Aunque parezca una ironía, el 2020 fue el ‘Año de la Universalización de la Salud’ en el Perú. El entonces presidente Martín Vizcarra lo oficializó a través del Decreto Supremo N° 002-2020-PCM un par de meses antes de decretarse la emergencia nacional que desnudaría la ineficacia de un sistema de salud al que le cuesta diseñar estrategias sanitarias. Principalmente, porque la salud en el Perú es una institución de seis cabezas. Cada cual con diversos grados de autonomía: el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud (EsSalud), las direcciones regionales —dependientes de los gobiernos regionales—, los hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como las clínicas y centros de salud privados.

La reforma del sistema de salud es un planteamiento mayúsculo que debe perseguir la unidad. Un sistema único que acabe con esta dispersión y canalice el rumbo de la salud del país en una sola institución. De esta manera se fortalecerá el sector y podrán establecer asuntos de prioridad nacional, las compras corporativas sufrirán menos inconvenientes y el gasto público será más ordenado.

Aspirar a un sistema único de salud es un proceso que puede tardar más de un quinquenio pues se trata de una reforma estructural, pero el próximo Gobierno podría sentar las bases para lograrlo.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Perú se ubica en el puesto 23 de los 35 países del continente americano que tienen un gasto aproximado de 3,5% de su Producto Bruto Interno (PBI) en salud, cifra menor si se toma en cuenta que varios países latinoamericanos dedican hasta el 6%. En América del Sur, nuestro país se ubica por debajo de Brasil, Chile, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Colombia y Uruguay en salud pública.

Solo con una inyección de dinero al presupuesto se podrá descentralizar la salud, implementar programas, garantizar infraestructura y potenciar recursos humanos. Sin un incremento significativo difícilmente se podrán cumplir aspectos fundamentales.

La carrera sanitaria por definición está orientada a brindar un servicio de calidad a la población, cubrir sus necesidades de una atención óptima y oportuna. Ello debe suceder en un contexto favorable para el profesional de la salud, donde exista una legislación laboral justa y equitativa.

Durante varios años, los trabajadores sanitarios han exigido a los gobiernos de turno mayor presupuesto para la salud y mejoras en sus condiciones laborales. Sin embargo, pocas veces fueron atendidas sus demandas. Así, el personal nombrado del Ministerio de Salud y EsSalud es un pequeño porcentaje. La mayoría tiene contratos inestables. Además, se incrementa cada día a trabajadores CAS o peor aún por locación de servicios, sin contrato laboral, seguro de salud, ni beneficios laborales.

Es preciso establecer un sistema de promoción que permita reconocer las competencias de los trabajadores. Y además, garantizar incentivos en todos los niveles.

En el 2019, un informe del Ministerio de Salud reveló que el 70 % de establecimientos de salud primarios necesitaba renovar su infraestructura y tenía un déficit de al menos 24 mil trabajadores. Para que los centros de atención primaria se unieran a la primera línea de contención de la pandemia necesitaban adecuar sus locales y, sobre todo, sumar personal que atendiera la emergencia.

Solamente así podrían cumplir con las medidas que les fijaron en junio de 20201: tener zonas de triaje exclusivas para Covid-19 y apartadas del resto de pacientes, puntos de oxígeno fijos o equipos portátiles y trabajadores dedicados a reportar ante la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de su zona a los pacientes que requieran vigilancia telefónica de su evolución clínica o visitas en casa.

Y solo se conseguirá con más presupuesto y con una visión definida de lo que se necesita para que estos establecimientos puedan brindar un servicio de calidad y así impactar en su comunidad, que ya no tendrá que recurrir a un hospital demasiado tarde.

Desde que se abrió el mercado de la salud, hace 23 años, no existió un organismo público que supervisara la calidad de la atención prestada. Recién a partir del 2013, los pacientes cuentan con una entidad encargada de resolver reclamos y denuncias por abusos o negligencias médicas cometidas en el sector público y privado: la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud).

Antes de ese año, las personas afectadas por un mal servicio solo podían recurrir -al margen de iniciar una larga demanda en el Poder Judicial- al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Entre el 2010 y junio del 2020, esta entidad sancionó a 313 establecimientos de salud privados del país con multas y medidas correctivas por sus malas prácticas.

Sin embargo, el Indecopi no actuó como supervisor de la calidad de los servicios de salud privados, sino como árbitro a pedido de los pacientes afectados. A su comisión de protección al consumidor llegaron denuncias por cobros indebidos, malos tratos administrativos y demandas contra establecimientos que causaron daños irreversibles en la salud de sus pacientes.

Pese a que ahora SuSalud es la entidad pública encargada de proteger los derechos de los usuarios en los servicios de atención médica, su labor ha sido limitada, como se ha evidenciado en la crisis por la pandemia. Durante el 2020, varios medios reportaron denuncias de pacientes con covid- 19 atendidos en clínicas que condicionaron las atenciones de emergencia a pagos y cobraron facturas de entre 100.000 y 700.000 soles. En esos casos, SuSalud dijo que no pudo intervenir debido a que no está facultada como entidad evaluadora y reguladora de las tarifas de los servicios, sino solo como fiscalizadora de la calidad de la atención. Por eso, es necesario empoderar a esta superintendencia para garantizar la calidad de atenciones en salud de cada peruano.

Parte de la reforma de la salud es aspirar a un sistema de información en salud unificado. No es posible que en plena era digital las historias clínicas en el Perú no sean electrónicas. Este detalle por sí solo podría acelerar la atención de los pacientes y eliminar la burocracia. En ese sentido, podríamos obtener un panorama más claro del impacto de la pandemia. Actualmente existe un subregistro de los pacientes que han fallecido a causa del nuevo coronavirus, por ejemplo. Deben sincerarse los datos para entender mejor lo que está sucediendo.

La salud mental debe pasar a ser una prioridad, sobre todo en este contexto donde millones de personas han perdido a sus familiares sin poder saber mucho por ellos. Y sin haberse despedido de ellos como hubiesen querido. Eso sin contar la recesión económica. Conseguir que el Ministerio de Salud eleve del 2% al 10% el presupuesto anual que destina para la salud mental sería un paso enorme para sanar a un país golpeado que además estigmatiza a quienes piden ayuda profesional.