37 agroquímicos peligrosos para la salud fueron hallados en frutas y verduras de supermercados

El almuerzo de los niños de primaria del colegio N° 82311 del caserío Redondo, en Cajamarca, no parecía tener un aspecto distinto al de cualquier otro día de la semana: un plato de arveja, conserva de anchoveta y arroz. Pero el 20 de septiembre de 2011, a pocos minutos de que terminara la hora de la comida entregada por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), escolares y maestros mostraron síntomas de una grave intoxicación: náuseas, mareos, vómitos, dolor de estómago y diarrea. Todos fueron llevados de emergencia a los centros de salud, pero tres estudiantes fallecieron esa noche. Las necropsias evidenciaron la presencia de carbofurano, un agroquímico muy peligroso utilizado para controlar las plagas de insectos en los cultivos.

El carbofurano puede afectar el sistema respiratorio, el aparato digestivo y los ojos de una persona dependiendo cómo ingresa a su cuerpo. Si la exposición es alta, ocasiona la pérdida de coordinación, espasmos y hasta un paro respiratorio. Los alimentos almacenados en el colegio no tenían plaguicidas, según los exámenes toxicológicos realizados, por eso se presume que la contaminación se debió al uso de un recipiente con restos del agroquímico durante la preparación de la comida.

Por ser un producto altamente peligroso para la salud y el medio ambiente, además de estar incluido en el Convenio de Rotterdam -un acuerdo que alerta a sus países miembros sobre la comercialización de químicos peligrosos-, el uso del carbofurano se prohibió en Perú desde septiembre de 2022. Se restringió en nuestro país quince años después de que lo hiciera la Unión Europea; trece años Estados Unidos, diez Canadá y dos Chile.

No obstante, este insecticida está aún presente en los alimentos que consumimos. En el Primer Monitoreo Ciudadano de Agroquímicos en Frutas y Verduras de Supermercados de Lima y Callao (Plaza Vea, Wong, Metro, Vivanda, Tottus y Minka) comprobamos la presencia de carbofurano en algunos alimentos, así como de otros 36 plaguicidas, entre ellos oxamil, etoprofos, abamectina, metomilo, ometoato y triazofós, clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como sumamente peligrosos y muy peligrosos.

Las cantidades de agroquímicos hallados en alimentos analizados superaron hasta 249 veces los límites máximos permitidos de las normas sanitarias peruanas. Se evaluaron muestras de pimiento, cebollita china, ají amarillo, tomate, fresa, apio y beterrega. Por ejemplo, un kilo de ají amarillo o de pimiento puede contener como máximo 0.002 miligramos de carbofurano. Sin embargo, las muestras de ají amarillo recogidas en el supermercado Tottus superaron 13.5 veces los límites permitidos; mientras que en las muestras de pimiento de Wong se encontró 10 veces más carbofurano de lo permitido.

Este estudio ha sido realizado por Salud con lupa, el Consorcio Agroecológico Peruano, el Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo, y la Red de Agricultura Ecológica. Las muestras fueron analizadas en diciembre de 2022 en los laboratorios certificados Groen Agro Control y Merieux Nutrisciences Peru.

Cuatro intoxicados con plaguicidas por día

Para que una fruta o verdura deje de ser apta para el consumo humano, tiene que superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas permitidos por la ley peruana vigente desde 2017. La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud estableció límites al uso de agroquímicos en el cultivo de 43 alimentos, aunque sus criterios son más flexibles que los de otros países. En el monitoreo hallamos 27 tipos de plaguicidas en las muestras de alimentos recogidas en los supermercados, sustancias que aún se usan en Perú, pero que están prohibidas en países de la Unión Europea por sus riesgos para la salud.

Si se presentara algún caso no regulado a nivel local, Perú sigue en este orden las siguientes normas: los estándares del Codex Alimentarius -un conjunto de reglas internacionales que buscan proteger la salud de las personas-, los de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos y los de la Unión Europea, que están al final de la lista por tener las leyes más exigentes.

Las personas que están más expuestas a los agroquímicos son los agricultores, pero el peligro alcanza a los consumidores cuando se realiza un uso indiscriminado de plaguicidas durante los cultivos de alimentos y existen malas prácticas sobre el desecho de los envases de estas sustancias. Al menos cuatro personas acuden cada día a los servicios de salud por intoxicaciones agudas relacionadas con plaguicidas, como clorpirifos y carbofurano, ambos de uso frecuente en los cultivos por sus bajos costos y alta efectividad. Desde enero hasta el 18 de marzo de este año, se reportaron 494 casos -37% más que en el 2022-, la mayoría en Lima, Junín, Arequipa, Cusco, Amazonas, La Libertad, Piura, Ayacucho y Lambayeque, de acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Minsa.

Siete de cada diez intoxicaciones ocurren porque las personas, gran parte agricultores, tuvieron contacto con los plaguicidas por vía oral o por la piel. Los trabajadores del campo suelen emplear estas sustancias para proteger sus cultivos de las plagas y también para aumentar su rendimiento, aunque a veces lo hacen sin los equipos de protección adecuados y en cantidades excesivas, lo que genera que queden cantidades de residuos mayores a las permitidas en las frutas y verduras que comemos.

Los efectos a largo plazo por la exposición a plaguicidas incluyen enfermedades como el cáncer y alteraciones en la reproducción. Estos daños son silenciosos y no son monitoreados de manera exhaustiva. En el organismo van acumulándose diminutas cantidades de plaguicidas, que no necesariamente producen síntomas, pero que van a estar relacionados a enfermedades con el paso del tiempo. En el 2008, una norma técnica del Ministerio de Salud determinó que los plaguicidas organofosforados y carbamatos eran responsables de casos de insuficiencia respiratoria, vértigos, confusión mental y secuelas neurológicas en los agricultores.

Jhon Astete, médico ocupacional con más de veinte años de experiencia y jefe de la Unidad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, explica que una de las enfermedades ocupacionales asociada a la agricultura y al uso de plaguicidas es la neurotoxicidad. Esta es una afectación a los nervios periféricos del cerebro encargados de controlar los movimientos. Para determinar una relación de causa-efecto es necesario realizar estudios a los trabajadores durante un determinado período de tiempo, pero pocas veces se ha hecho en el país. Las empresas que contratan agricultores suelen hacer monitoreos ocupacionales, pero la gran mayoría de personas dedicadas a esta actividad trabaja de manera independiente. “Hay plaguicidas que pueden estar generando un problema hepático o renal, pero el agricultor recién comienza a tener síntomas de la enfermedad diez o veinte años después”, explica Astete.

Una revisión de literatura científica publicada entre 1991 y 2018 sobre los efectos en la salud de los agricultores latinoamericanos, evidenció que la exposición prolongada a agroquímicos les produce trastornos psiquiátricos, disminución de la visión y audición, y alteración de la tiroides, una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello que interviene en la regulación de la temperatura corporal, el metabolismo, la frecuencia cardiaca, entre otras funciones.

Cancerígenos y genotóxicos

Para tener una idea clara de cómo pueden afectar los plaguicidas a la salud de las personas, revisamos estudios científicos disponibles de cada uno de los agroquímicos detectados en las muestras de alimentos recogidas en los seis supermercados de Lima y Callao.

De los 37 agroquímicos detectados, once son capaces de alterar la estructura o el número de cromosomas de una persona, la parte de la célula que contiene nuestra información genética. A estas alteraciones se les conoce como aberraciones cromosómicas y se han asociado con “cáncer, envejecimiento, retraso mental, entre otras enfermedades” durante pruebas realizadas a personas expuestas por años a estas sustancias debido a sus oficios, según el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional de Costa Rica.

En este grupo se encuentra el clorpirifos, registrado en Perú desde hace 27 años y utilizado para acabar con las plagas de insectos en más de doce cultivos, como la alcachofa, la papa, la cebolla y el pimiento. Se detectó en 1.1 veces más que los límites máximos permitidos en las muestras de beterraga del supermercado Metro.

El clorpirifos puede contribuir al desarrollo del Parkinson, una enfermedad que se manifiesta usualmente entre los 50 y 70 años de edad y que se caracteriza por “temblores en uno o ambos lados del cuerpo”, de acuerdo a estudios epidemiológicos y experimentales. Este agroquímico está asociado también a problemas en el desarrollo cognitivo de los niños si sus madres estuvieron expuestas a altas concentraciones durante su embarazo.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria prohibió el uso de este plaguicida y el de su primo, el clorpirifos metil, en 2020 por no cumplir con los “criterios aplicables para proteger la salud humana”; es decir, por sus posibles efectos genotóxicos y neurológicos. El clorpirifos, además, ha sido catalogado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como un posible carcinógeno en seres humanos.

Otro agroquímico presente en los alimentos analizados para esta investigación es el diazinón. Se halló 0.7 veces más cantidades que los límites máximos permitidos en las muestras de pimiento recogidas en Wong y en 0.5 veces más en las muestras de pimiento de Vivanda.

El uso doméstico de este plaguicida puede perjudicar el peso y la talla de los recién nacidos, según un estudio publicado en la revista Environmental Health Perspectives en el que se midieron los niveles de diazinón y clorpirifos en la sangre del cordón umbilical luego del parto. En 2000, después de esta investigación, se prohibió su uso en Estados Unidos. Además, sobre la base de otros ensayos clínicos con ratas y conejos expuestos durante el periodo embrionario, se halló que el diazinón es capaz de causar malformaciones esqueléticas.

Peligrosos para el ecosistema

La exposición a los plaguicidas resulta nociva para las personas y también para el medio ambiente y otras especies de nuestro ecosistema como las abejas, responsables de asegurar la reproducción de las plantas al hacer posible la polinización, un proceso del que depende el 75% de especies del planeta, explica el biólogo y docente de la Universidad Científica del Sur, José Iannacone. Por eso hay ciertos plaguicidas que han empezado a prohibirse en el mundo para evitar estos daños.

Uno es el fipronil, prohibido en la Unión Europea desde el 2013, para el tratamiento de las semillas de maíz y de girasol, y en Colombia hace solo un mes. Este agroquímico, de color blanco y sin olor, tiene autorización para usarse en Perú desde 1996. Su uso es recomendado para acabar con las plagas de la mosca minadora del arroz, el gorgojo de los andes en la papa y la caracha del espárrago. Sin embargo, también puede acabar con las abejas al provocarles convulsiones, temblores y parálisis.

Esta sustancia se encontró en cantidades que superaron los límites permitidos en las muestras de apio, ají amarillo, cebollita china, tomate y pimiento recogidos en los supermercados incluidos en esta investigación. Por ejemplo, las muestras de la cebollita china de Wong contenían 37 veces más de fipronil con respecto a los límites máximos permitidos y las de Metro 33 veces más. En el caso de las muestras de apio de Minka y de pimiento de Vivanda se halló cuatro veces más al fipronil que el límite permitido.

El análisis detectó también restos de clotianidin, un agroquímico incluido en el grupo de pesticidas conocidos como neonicotinoides, que tienen mayor facilidad para adherirse a las hojas y permanecer más tiempo en el suelo. Se halló 39 veces más cantidades de clotianidin que lo permitido en las muestras de apio recogidas de tres puestos de Minka; y 1.2 veces por encima de la cantidad máxima permitida en las muestras de ají amarillo de Metro. En Perú se sigue usando este pesticida mientras que 28 países de la Unión Europea lo prohíben desde 2018.

Las muestras de cebollita china de Metro y Wong también superaron hasta en 3.8 veces el límite máximo de plaguicida que establecen las normas sanitarias para el imidacloprid, otra sustancia que está presente en más de cien productos registrados para acabar con las plagas de la caracha en el pimiento y espárrago, de la cigarrita del arroz, entre otras. El imidacloprid ha sido prohibido en la Unión Europea desde hace cinco años.

Controles insuficientes

Si bien la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud aprobó los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas en los alimentos agropecuarios, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, es responsable de los controles sanitarios de estos productos.

Sin embargo, a través de un cuestionario, el Senasa dijo a Salud con lupa que no es responsable de vigilar las condiciones de las frutas y verduras que se venden en los mercados y supermercados. “Esa tarea le corresponde a las municipalidades y también a los proveedores de alimentos”. Es decir, el control del Senasa se queda en las etapas de producción y procesamiento primario de estos alimentos para verificar que cumplan los estándares sanitarios.

Esto incluye capacitaciones a los agricultores en el uso de los agroquímicos para el control de plagas y controles sobre las cantidades de plaguicidas usados. El problema está en que la labor de vigilancia del Senasa es limitada y los resultados no se difunden para los ciudadanos, sino que son reportes técnicos que se acumulan en la página web de la entidad.

Para Jaime Delgado, autor de la Ley de Alimentación Saludable, el Senasa “está más interesado en apoyar al mercado de la agroexportación que en mejorar las condiciones de producción y uso racional de agroquímicos para el mercado interno”. Además, las municipalidades no han asumido la función de vigilancia y usualmente se escudan en que “no tienen recursos ni capacidad técnica para hacerlo”, apunta el exlegislador.

El Senasa ha capacitado hasta ahora a 62,485 productores en 3,968 escuelas de campo del país para no exceder los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos, entre otras acciones que también incluye la construcción de un laboratorio valorizado en S/ 13 millones para realizar pruebas a los alimentos. Sin embargo, resulta aún complejo cumplir con un proceso de trazabilidad o rastreo de las frutas y verduras contaminadas por agroquímicos que llegan a los hogares de los peruanos.

En ese contexto y para conocer en qué condiciones nos venden estos productos en seis supermercados, realizamos el Primer Monitoreo Ciudadano de Residuos de Agroquímicos en Alimentos de Supermercados.

Batallas perdidas para limitar plaguicidas

Desde hace treinta años, el Senasa ha prohibido el uso de más de 40 plaguicidas por sus riesgos para la salud, desde el DDT (diclorodifeniltricloroetano) en 1991 hasta el carbofurano en el 2022. Hay otros de alta peligrosidad que aún se utilizan para combatir las plagas en los cultivos. Por eso hay iniciativas que buscan restringirlos en el país.

Una fue planteada en un proyecto de ley presentado en febrero de 2021 por el entonces parlamentario Roberto Chavarría. El objetivo del legislador era evitar el uso de todos los plaguicidas agrupados por la Organización Mundial de la Salud como sumamente peligrosos y muy peligrosos, por sus riesgos para la salud y el medio ambiente, como el oxamil, clorpirifos, glifosato e imidacloprid. Planteó también que el Senasa implemente programas intensivos de capacitación a los agricultores sobre el uso adecuado de los plaguicidas. Sin embargo, su propuesta fue archivada seis meses después y no se ha vuelto a presentar ninguna otra con los mismos objetivos.

En 2021, la Asociación de Productores y Comercializadores Agroecológicos Chackramanta de Apurímac y la Asociación Apurimeña de Consumidores y Usuarios demandaron al Senasa y a los ministerios de Salud y Agricultura para que prohiban el uso de plaguicidas de alta toxicidad (clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clotianidin) por sus daños a la salud. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2022, la Corte Superior de Justicia de Apurímac rechazó la demanda al considerar que la venta de estos plaguicidas no es una amenaza para la vida, sino su uso inadecuado e incorrecto. Además, se destacó que el Senasa tiene la facultad para prohibir el uso de los plaguicidas y anular sus registros siempre que haya razones técnicas para hacerlo, como sucedió con el carbofurano. La sentencia ha sido apelada.

Hace más de dos años, la Unión Europea prohibió la importación de alimentos que contengan residuos agroquímicos de clorpirifos al estar asociado a efectos neurológicos en el desarrollo de los niños. En Perú, el Senasa dijo que iba a someter “a un proceso de revaluación a varios plaguicidas”, entre los que se encontraba el clorpirifos. Para ello solicitó la opinión de la Digesa, en relación a los riesgos para la salud, y de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Midagri, sobre el impacto en el ambiente. No obstante, a tres años de esta solicitud, aún no terminan los informes técnicos. “En tanto no concluya este proceso, legalmente no podemos adoptar una medida unilateral”, señaló el Senasa.

Mientras las evaluaciones siguen su curso, en el país se utilizan agroquímicos que no son recomendados por sus altos niveles de toxicidad y que incluso han sido prohibidos en otros países que tienen normas más exigentes. Así es como llegan varias de las frutas y verduras a nuestra mesa sin que lo notemos y estemos plenamente informados de los riesgos por las autoridades.