La red latinoamericana de chequeadores, LatamChequea, expresa su preocupación por la normativa aprobada en Perú que modifica la Ley 27.692, que reglamenta el funcionamiento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por el riesgo que presenta para la libertad de expresión y el impacto negativo que podría tener en el ecosistema de medios independientes peruanos que son asociaciones civiles.
La ley, que está pendiente de promulgación u observación por la presidenta Dina Boluarte, impondría la necesidad para las ONGs de una aprobación por parte de la APCI (un organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú) antes de ejecutar proyectos financiados por organismos internacionales, lo cual podría interferir con el desarrollo de sus actividades. También prohibiría que se inicien demandas contra el Estado en instancias nacionales e internacionales. Esto, además de impactar en la capacidad de llevar adelante litigios en defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, pondría en jaque la posibilidad de iniciar acciones legales para acceder a la información pública, una herramienta muchas veces necesaria para el trabajo periodístico.
Distintos análisis jurídicos independientes han establecido que las modificaciones planteadas vulneran una serie de garantías constitucionales como el derecho a la libertad de asociación, el derecho fundamental al acceso a la defensa gratuita de víctimas y sus familiares, e incluso el derecho al secreto profesional en el caso de medios que eventualmente queden sujetos al control previo de la agencia estatal para realizar sus tareas periodísticas. Además, impone trabas burocráticas excesivas y contempla sanciones desproporcionadas a situaciones descritas de manera ambigua.
Varias entidades, como organismos de las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros, ya habían manifestado su preocupación durante el tratamiento del proyecto de ley, justamente por los riesgos que representa para la autonomía de las organizaciones no gubernamentales. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación porque “bajo el pretexto de fiscalizar fondos extranjeros, la norma impone restricciones que podrían afectar a entidades independientes y medios que dependen de financiamiento externo para investigaciones periodísticas” y que, de aplicarse, “limita las libertades de asociación, pensamiento y participación política de las organizaciones civiles”.
Las restricciones impuestas por esta ley representan una amenaza directa a la labor de medios independientes y verificadores de hechos en Perú, quienes cumplen un rol esencial en la lucha contra la desinformación y la rendición de cuentas. Obstaculizar que accedan a financiamiento independiente y a herramientas legales para defender el derecho a la información equivale a debilitar el periodismo y socavar la democracia en la región.
Desde LatamChequea vemos con preocupación el impacto que esta normativa podría tener sobre el ejercicio de los chequeadores independientes del país, varios de ellos constituidos como asociaciones civiles, y que va en línea con otras iniciativas de la región que buscan controlar y limitar el periodismo independiente y de calidad.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de prensa y rechazamos cualquier intento de control estatal que limite el ejercicio periodístico y la labor de la sociedad civil.
LatamChequea es la red latinoamericana de chequeadores que reúne a 48 organizaciones de 21 países.
