Una mañana de viernes de julio, las mujeres de la brigada de recuperación de la Red de Ollas Comunes de Pachacámac recorrieron los puestos de la Cooperativa de Plátano Túpac Amaru II, en San Luis. Algunos comerciantes ya las conocían y habían separado alimentos que no lograrían vender, pero que seguían siendo aptos para el consumo. Horas después, esos productos llegarían a Manchay para ser aprovechados en las cocinas de las ollas comunes.
Detrás de esas entregas hay años de trabajo. Julia Ninahuamán, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Pachacámac (REDOPA), comenzó a recorrer mercados y campos de cultivo durante la pandemia, en busca de alimentos que pudieran aprovecharse. Desde entonces, una parte importante de su labor ha sido construir relaciones de confianza con comerciantes y agricultores dispuestos a compartir sus excedentes.
Esa confianza también se alimenta de lo que ocurre después de cada entrega. Las brigadas comparten fotografías y videos de los platos preparados con los productos recuperados. Así, quienes los entregan pueden ver cómo los alimentos que quedaron sin comprador terminan en la mesa de familias que los necesitan.
En el puesto 16, Ramón Morales lleva cuatro años separando plátanos para las brigadas de las ollas comunes de Pachacámac. Le gustaría que fueran con más frecuencia. “Deberían venir una vez a la semana”, dice. Siempre queda fruta que todavía puede aprovecharse y que, si nadie la recoge, termina en la basura o “se va para el chancho”, como él mismo explica. Por eso, ha propuesto instalar un punto de acopio donde los comerciantes puedan dejar los productos que ya no venderán.
La iniciativa de estas mujeres surgió durante la pandemia, pero desde hace cuatro años existe una norma que busca extender la recuperación de alimentos y facilitar su desarrollo en el Perú. La Ley N.° 31477, aprobada en mayo de 2022, estableció mecanismos para que los productos aptos para el consumo lleguen a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad alimentaria. Su reglamento, publicado en abril de 2025, distribuyó responsabilidades entre ministerios, municipalidades, comerciantes y organizaciones receptoras.
También dispuso la elaboración de lineamientos para organizar la recuperación en los mercados, la actualización de una guía sanitaria y la implementación de un registro nacional de las entidades que reciben estos alimentos.
Sin embargo, varios de estos instrumentos siguen pendientes. Para conocer cuánto habían avanzado los sectores responsables, Salud con lupa solicitó entrevistas y presentó solicitudes de acceso a la información pública en septiembre de 2026. Las respuestas recibidas en octubre muestran que, mientras las mujeres sostienen las brigadas y la distribución de alimentos, los ministerios todavía no han completado medidas esenciales para aplicar la ley.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) no asignó un vocero y entregó cinco informes de seguimiento del reglamento, elaborados entre enero y septiembre de este año. Según esos documentos, la propuesta para implementar la recuperación en mercados de abastos aún no tiene versión final. El ministerio tampoco llegó a informar cuándo concluirá el trámite.
Mientras tanto, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud, remitió la guía técnica aprobada en 2021, pese a que el reglamento de 2025 le había dado 60 días para aprobar una nueva versión.
El caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) muestra otra demora. El reglamento le otorgó 120 días hábiles para implementar un registro nacional en línea de las organizaciones que reciben alimentos recuperados y habilitar el acceso de las municipalidades. Aunque en junio de 2026 anunció su puesta en funcionamiento, ante nuestra solicitud de transparencia confirmó que había creado el sistema informático, pero el registro todavía no estaba implementado.
Las municipalidades también tienen la responsabilidad de incorporar la recuperación de alimentos en sus planes o estrategias y facilitar su desarrollo. Sin embargo, pocas han aprobado disposiciones específicas para hacerlo.
En la revisión realizada por Salud con lupa, Pachacámac fue el único distrito donde encontramos una ordenanza de este tipo. La aprobó el 28 de marzo de 2025, seis días antes de la publicación del reglamento nacional, y creó Pachamikuy, un programa de seguridad alimentaria que contempla la recuperación de alimentos en mercados, supermercados y zonas agrícolas.
La norma encarga a la municipalidad facilitar la logística y procurar transporte y almacenamiento temporal, según su disponibilidad presupuestal. Pese a este avance, las mujeres de las ollas comunes siguen consiguiendo por su cuenta buena parte de los recursos necesarios para recoger y trasladar los alimentos.
Estas demoras ocurren en un país donde cada año se pierden o desperdician alrededor de 12,8 millones de toneladas de alimentos, equivalentes al 47,7% del suministro nacional, según un estudio académico sobre la cadena alimentaria peruana. Al mismo tiempo, en 2025, tres de cada diez personas tuvieron dificultades para acceder regularmente a alimentos suficientes, según el INEI.
Un beneficio mutuo
Para las ollas comunes, recuperar alimentos permite incorporar frutas y verduras que difícilmente podrían comprar con los recursos que reciben del Estado. A través del Programa de Complementación Alimentaria, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destina S/1,69 por ración, concebida para cubrir el 35% del requerimiento calórico diario de una persona adulta durante 20 días al mes.
Julia Ninahuamán cuenta que, con ese presupuesto, las ollas compran principalmente arroz, menestras, atún y aceite. El dinero, asegura, “prácticamente alcanza para 15 días”. Las carnes, frutas y verduras frescas quedan fuera de sus posibilidades o llegan en cantidades insuficientes.
La recuperación ayuda a mejorar la variedad de las comidas. Un estudio realizado en 2024 por el Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo (Ecosad), REDOPA y el Centro Internacional de la Papa (CIP) documentó la recuperación de 7.482,7 kilos de alimentos durante ocho jornadas en campos de Pachacámac y Lurín, con la participación de 24 ollas comunes que atendían a 1.749 personas al día. Con tres jornadas adicionales, el total recuperado en esos tres meses llegó a 9.395 kilos, según CEPES.
El análisis nutricional de esas jornadas encontró que la proporción de ollas que podía ofrecer frutas y verduras frescas a diario pasó del 9% al 36%. También registró mejoras en la ingesta de vitamina A, hierro, fibra y calorías. Con los productos recuperados, las mujeres elaboraron 52 preparaciones diferentes.
Los agricultores también encuentran beneficios en esta práctica. Al entregar productos que ya no pueden comercializar, evitan parte de los gastos asociados a retirar los excedentes de sus parcelas. En esas ocho jornadas de 2024, la recuperación les permitió ahorrar un estimado de S/1.617 en jornales para cosechar y limpiar los campos antes de volver a sembrar.
El giro del Mercado Mayorista
En el Gran Mercado Mayorista de Lima, en Santa Anita, las ollas comunes han experimentado dos formas distintas de recuperar alimentos. Primero ingresaban directamente a los puestos de los comerciantes para escoger los productos que necesitaban. Después, con el cambio de gestión municipal en 2023, pasaron a recibir principalmente los alimentos recolectados y seleccionados por otros.
Las primeras brigadas comenzaron a ingresar al mercado en 2021. Las mujeres recorrían los puestos, identificaban frutas y verduras aptas para el consumo y organizaban su traslado hacia las ollas.
La experiencia creció durante los meses siguientes. Entre enero y octubre de 2022, la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana reportó 61 toneladas recuperadas, suficientes para preparar unas 300.000 raciones y abastecer a más de 600 ollas comunes.
En septiembre de ese año, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó una ordenanza que creó el programa Lima Recupera y Alimenta y un registro de brigadas. También dispuso que los distritos de la provincia aprobaran normas similares para promover esta actividad. Sin embargo, condicionó su entrada en vigencia a la aprobación posterior de lineamientos mediante decreto de alcaldía.
En enero de 2023, con la elección de Rafael López Aliaga en la alcaldía de Lima, comenzó a funcionar otro modelo. La Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), encargada de administrar el Gran Mercado Mayorista, pasó a organizar la recolección y selección de alimentos mediante brigadas autorizadas.
Los productos recuperados se entregaban a la Fundación Lima, una entidad privada sin fines de lucro constituida por la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2001, cuya Junta de Administración es designada por el alcalde. La fundación se encarga de distribuirlos entre las organizaciones beneficiarias a través del programa Hambre Cero.
Esta reorganización también modificó la participación de las ollas comunes. Miguel Pintado, economista e investigador principal del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), y Beatriz Salazar, responsable de Cambio Climático y Agricultura Sostenible de la misma institución, describen la diferencia entre ambos modelos: “antes participaban directamente en la recolección, y ahora son principalmente receptoras”.
Según los investigadores, las convocatorias a las ollas pasaron a realizarse cada dos o tres meses y los puntos de acopio se centralizaron, con una mayor intermediación municipal.
El programa continuó desarrollándose bajo este esquema. En mayo de 2025, la Municipalidad de Lima inauguró el Centro de Servicio Logístico de Hambre Cero dentro del Gran Mercado Mayorista, en alianza con el Programa Mundial de Alimentos. Según la comuna, el espacio tiene capacidad para almacenar hasta 40 toneladas de alimentos.
Ese mismo año, Hambre Cero recuperó 1.335 toneladas de alimentos en el mercado, de acuerdo con el informe anual de EMMSA. La empresa municipal señala que todo ese volumen fue entregado a Fundación Lima, aunque el documento no precisa cuánto pasó por el nuevo centro logístico.
Ahora podría producirse otro cambio. Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, cuenta que la recuperación en el Mercado Mayorista está “en proceso de renovación” y que algunas organizaciones han vuelto a ser convocadas para participar.
Rescatar desde los campos
Mientras en el Gran Mercado Mayorista cambió la participación de las ollas comunes, las mujeres de Pachacámac mantuvieron una relación directa con los agricultores del valle de Lurín. Allí comenzaron a recuperar cosechas durante la pandemia, cuando productores que abastecían a restaurantes, hoteles y mercados se quedaron con alimentos que ya no podían vender.
Después de un periodo de recuperaciones esporádicas, en 2023 volvieron a organizar una brigada para trabajar directamente con los agricultores. Las mujeres coordinan las jornadas de cosecha, seleccionan los productos que pueden aprovecharse y organizan su distribución entre las ollas.
Esta forma de trabajo les permite decidir qué recoger de acuerdo con las necesidades de sus cocinas y la capacidad que tienen para trasladar los alimentos.
Con los años, las cantidades recuperadas han crecido. Según CEPES, la recuperación en campos de cultivo de Pachacámac pasó de 5 toneladas en 2020 a 10 en 2022, 21 en 2023 y 38 en 2024, y sumó 63 toneladas hasta agosto de 2025.
Julia Ninahuamán explica lo que representa una buena jornada para las 56 ollas que integran REDOPA. Cuando consiguen siete toneladas, pueden distribuir alimentos entre todas ellas. “Podemos alimentar a casi 9.000 personas con esta recuperación”, cuenta.
Para las familias, estos productos también permiten aprovechar mejor el presupuesto de las ollas comunes. Leonor Cáceres, integrante de la olla Dios Proveerá, lo explica con un ejemplo: “Digamos que hacemos un puré de papas y ya no compramos papas; y en vez de comprar las papas, compramos más huevos”. Las frutas pueden convertirse en postres o repartirse directamente entre los beneficiarios, especialmente niños y adultos mayores.
Pero recuperar cada vez más alimentos también ha planteado dificultades. En algunas jornadas reciben grandes cantidades de apio, cebolla, ají amarillo y otras verduras que deben distribuirse y consumirse rápidamente. A veces, las ollas tienen más productos frescos de los que pueden aprovechar antes de que se malogren.
Esa dificultad llevó a las mujeres a buscar una forma de conservar parte de lo recuperado y darle un uso durante más tiempo. “Justamente por eso creamos el banco comunitario”, explica Julia.
Un banco contra el desperdicio
En un local comunal de Villa Hermosa, en Manchay, Rafaela Guaita pela plátanos verdes que llegaron de una recuperación. Sobre una mesa está la bandeja donde los cortarán para convertirlos en chifles. Rafaela pertenece a la olla común Dios Proveerá y hace un año comenzó a capacitarse, junto con otras mujeres, para transformar alimentos.
Desde diciembre de 2025, ese espacio funciona como el Banco Comunitario de Alimentos de REDOPA. Allí, las mujeres aprovechan parte de los productos frescos que reciben para elaborar chifles, encurtidos, mermeladas, néctares y pasta de tomate. De esa manera, pueden conservarlos durante más tiempo y evitar que se desperdicien.
La organización ha establecido que el 80% de los alimentos recuperados se distribuya directamente entre las ollas comunes y que hasta el 20% restante pueda destinarse a la transformación. “¿Por qué lo hacemos? Porque queremos sostener el banco”, explica Erico Tueroconza, coordinador general del banco.
Los productos elaborados se ofrecen en ferias y los ingresos se reparten entre las mujeres que participan en su preparación y el mantenimiento del local, incluidos gastos como el agua y la electricidad.
Esta actividad también ha abierto una posibilidad de generar ingresos para mujeres que tienen dificultades para acceder a un empleo estable por sus responsabilidades de cuidado. Lizbeth Huamaní, integrante de la olla común Las Maravillas, cuenta que no tiene con quién dejar a su hija para salir a trabajar. En el banco comunitario, en cambio, puede llevarla consigo. “Yo acá tengo esa posibilidad”, dice.
Pero transformar los alimentos es solo una parte del desafío. Para sostener esta actividad, las mujeres también necesitan encontrar compradores. “Si queremos ser sostenibles, tenemos que buscar ferias u otros lugares para poder salir a vender”, señala.
El costo de recuperar
Aunque cuentan con agricultores dispuestos a entregarles sus excedentes, las mujeres de Pachacámac todavía deben dejar alimentos en los campos. Erico Tueroconza cuenta que en algunas jornadas logran recuperar entre cinco y siete toneladas y, al día siguiente, encuentran nuevas cosechas disponibles. Pero la falta de transporte, cajas o tiempo suficiente les impide recoger todo lo que podrían aprovechar.
Para financiar los traslados, las integrantes de REDOPA preparan y venden cachangas, pachamanca o caldo de mote durante los fines de semana. Destinan parte de lo recaudado a las jornadas de recuperación. “No es fácil sostener lo que hacemos”, reconoce Julia Ninahuamán.
Así, la cantidad de alimentos que logran recuperar sigue dependiendo, en buena medida, de los recursos que las propias mujeres consiguen reunir. Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, dice que las organizaciones avanzan “de a pocos” y resume lo que ha significado asumir estas responsabilidades durante años: “Es tarea del Estado, pero hemos tenido que encontrar nuestras propias formas de atender esta necesidad”.
