Durante los cincuenta años que prevaleció el fallo Roe, la interrupción del embarazo se convirtió en la norma de atención en muchas circunstancias médicas en Estados Unidos. Ahora, las leyes lo prohíben o lo hacen inaccesible en casi la mitad de los estados, generalmente con excepciones en caso de violación e incesto o para salvar la vida de la mujer embarazada. Mientras que unos pocos estados han intentado especificar las situaciones médicas que cumplen con estos criterios, en general las leyes son vagas y no han tenido en cuenta todas las posibilidades. Dado que los legisladores están queriendo regular los procedimientos médicos, los proveedores de atención sanitaria dicen que ahora ellos deben pensar como abogados.
Por ejemplo, en Wisconsin, un grupo de médicos y abogados está intentando crear lineamientos sobre cómo acatar una ley de 173 años de antigüedad, revivida hace poco, que prohíbe el aborto excepto para salvar la vida de una mujer embarazada. Se enfrentan a la abrumadora tarea de definir todas las urgencias y afecciones que podrían devenir en la muerte de una persona embarazada, y al hecho de que los médicos podrían ser castigados con seis años en prisión si un fiscal no está de acuerdo con el que aborto era necesario.
Un equipo de trabajo similar en un hospital de Arizona recomienda que haya un abogado disponible para ayudarles a los médicos a determinar si el estado de una mujer amenaza su vida al grado de justificar un aborto. El hospital ya ha añadido preguntas a sus formularios electrónicos a fin de que puedan usarse para argumentar que las pacientes a las que se les realizaron abortos habrían muerto sin esa intervención.
En Texas, los oncólogos dicen que ahora esperan a que las embarazadas con cáncer se enfermen más antes de darles tratamiento, porque el procedimiento estándar sería abortar el feto antes que permitir que los tratamientos lo dañen, pero la ley estatal permite el aborto solamente “con riesgo de muerte”. Algunos hospitales han establecido comités para evaluar si una complicación en el embarazo es lo suficientemente grave como para justificar un aborto.
Más complicaciones de salud
Dos meses después de que la Corte Suprema revocó el fallo de Roe contra Wade y el derecho constitucional al aborto, las consecuencias médicas se extienden mucho más allá de las clínicas de aborto y de las mujeres que buscan acabar con sus embarazos no deseados. Los médicos que nunca se consideraron “proaborto”, para usar el lenguaje de la decisión de la Corte, afirman que la criminalización del aborto está cambiando el tratamiento que reciben las mujeres que llegan a las salas de urgencias y de partos con embarazos deseados pero que presentan complicaciones.
“Muchos de nosotros nos convertimos en urgenciólogos por el imperativo de atender a todos los pacientes, tanto a la persona sintecho como al director ejecutivo, y estamos muy orgullosos de esa obligación médica de decir: ‘Aquí tengo al paciente enfrente de mí y voy a hacer todo lo que pueda por él o ella’”, afirmó Alison Haddock, urgencióloga en Houston y presidenta de la junta del Colegio Americano de Médicos de Urgencias. Ahora, dijo, “ya no basamos nuestro juicio en las necesidades clínicas de la mujer, sino en lo que consideramos que es la situación legal”.
Los médicos solían hablar con los abogados del hospital sobre la tutela cuando atendían a pacientes ancianos o psiquiátricos, dijo Haddock. Ahora, cuando las pacientes llegan con embarazos ectópicos, abortos espontáneos o hemorragias —todas situaciones en las que el aborto se había establecido como atención estándar— las preguntas para los abogados son más apremiantes: “¿Esperamos a que el feto esté definitivamente muerto, o basta con que esté casi muerto?”, preguntó. “Si nos dicen que esperemos a que el estado sea totalmente urgente, ¿cuánta hemorragia es demasiada?”.
“Tener que consultar a un abogado en una situación urgente es entrar en una arena totalmente distinta”, sostuvo.
Los médicos en Texas comenzaron a lidiar con esas interrogantes incluso desde antes de que la Corte Suprema revocara el caso Roe con su decisión en Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization. Una ley que entró en vigor hace un año prohibió casi todas las interrupciones al embarazo después de las seis semanas de gestación.
Algunos hospitales han instituido políticas que requieren que uno o dos médicos más revisen la decisión antes de que proceda un aborto. En estados como Indiana y Luisiana, la ley exige que dos médicos certifiquen que una mujer se enfrenta a una situación que pone en riesgo su vida antes de que se le pueda practicar un aborto.
Julie Kwatra, obstetra en Scottsdale, Arizona, enfrentó tantas preguntas de doctores y enfermeras el fin de semana de junio en que se dio el fallo Dobbs que ella y otros en su hospital formaron un comité para redactar lineamientos que buscaban proteger la salud de las pacientes y a los médicos de la responsabilidad jurídica. Una corte ha bloqueado una ley estatal que prohíbe la interrupción del embarazo, y el gobierno dijo que el aborto aún era legal. Pero el fiscal general del estado declaró que tenía la intención de hacer cumplir una prohibición que se había redactado antes de que Arizona se convirtiera en estado, por lo que los proveedores han dejado de practicar abortos casi por completo.
La confusión, comentó Kwatra, era “sin lugar a dudas predecible”, dado el número de situaciones en las que los médicos deben interrumpir embarazos a fin de proteger la salud o la vida de la embarazada. Pero incluso a ella le sorprendió el número y diversidad de empleados hospitalarios que se han presentado con preocupaciones.
Las enfermeras forenses que atienden a víctimas de abuso sexual en la sala de urgencias dijeron que ya no proporcionarían la píldora del día siguiente por temor a que se considerara un fármaco abortivo. Debido a que la vieja ley castiga a quienes “ayudan e instigan” a abortar, a un anestesiólogo le preocupaba la posibilidad de ser procesado por anestesiar a una paciente para que se le realice una interrupción al embarazo. Un neonatólogo se mostró preocupado de que lo hagan responsable por negarse a reanimar un feto que ya no se considera viable.
“De por sí trabajamos bajo la amenaza de que nos puedan demandar. Así es el trabajo”, dijo Kwatra. “Esto es diferente. Esto es responsabilidad penal, no civil. Esto es tiempo en prisión”.
Algunos médicos antiaborto sostienen que la preocupación sobre no poder prestar servicios de aborto que salven vidas es exagerada, “descaradamente absurda”, como opinó Christina Francis, presidenta de la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos Provida, en una audiencia en el Congreso en julio.
“Ni una sola ley estatal que prohíba el aborto evita que estos padecimientos sean tratados”, sostuvo Francis, porque hay excepciones para cualquier emergencia que amenaza la vida.
Lo grupos antiaborto sostienen que las situaciones médicas que ponen en riesgo la vida durante el embarazo son inusuales y pueden ser tratadas induciendo el parto o realizando una cesárea en lugar de un aborto. “Aunque el bebé no sobreviva, estos procedimientos humanitarios le permiten a una familia que pasa por una pérdida despedirse y mostrar su amor”, escribió Ingrid Skop, obstetra y directora de asuntos médicos en el Instituto Charlotte Lozier, un grupo antiaborto.
Varios casos de alto perfil de mujeres a las que se les negó la atención han llegado a los titulares y les han puesto los pelos de punta a los médicos, quienes afirman que estos casos extremos no son aislados, pues los hospitales con frecuencia niegan o retrasan tratamientos. Un estudio realizado en dos hospitales de Dallas en los nueve meses posteriores a la entrada en vigor de la prohibición en Texas descubrió que las mujeres tenían que esperar nueve días en promedio para que su estado se considerara lo suficientemente peligroso como para justificar el aborto. Muchas sufrieron graves consecuencias para su salud mientras esperaban, incluyendo hemorragias y sepsis, y una mujer tuvo que someterse a una histerectomía como resultado.
El gobierno de Joe Biden les escribió a los proveedores de servicios médicos en julio para recordarles que debían cumplir una ley federal conocida como Ley de Tratamiento Médico de Urgencia y Trabajo de Parto. La ley exige que las salas de urgencias proporcionen tratamiento estabilizador a cualquier paciente que llegue con una situación de emergencia o en trabajo de parto, o que le trasladen a un hospital que pueda proporcionarlo. Esto, según la carta, significa que “deben proporcionar” un aborto, incluso en los estados que lo prohíben, si es necesario para estabilizar la salud de una mujer.
El Departamento de Justicia también demandó a Idaho, alegando que su nueva prohibición del aborto hacía imposible que los proveedores cumplieran la ley federal. Un escrito presentado por una coalición de estados en apoyo a la demanda enumeraba casos en todo el país en los que los médicos de urgencias han tenido que realizar abortos para salvar la vida de las mujeres. Más allá de las complicaciones habituales, como el aborto espontáneo o la separación de la placenta, se trataba de afecciones cardíacas, trastornos renales, anemia falciforme, leucemia aguda y al menos un caso de preeclampsia tan grave que el hígado de la mujer empezó a fallar.
Sin embargo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al gobierno por dichas orientaciones sobre la ley federal, pues decía que era una maniobra para “convertir los hospitales y las salas de urgencias en clínicas de aborto sin cita previa”. Los tribunales de ambos estados llegaron a conclusiones diferentes: un juez federal de Texas le dio la razón al estado y bloqueó temporalmente la aplicación de la norma federal sobre el tratamiento de urgencia; uno de Idaho dio la razón al gobierno de Biden y bloqueó la ley estatal.
“Hay mucha confusión”, aseveró Allison Linton, una obstetra de Milwaukee, “y cuando los doctores escuchan sobre este riesgo de que se les pueda acusar de un delito, prefieren ser precavidos”.
El fallo Roe, que prohibía a los estados proscribir el aborto antes de la viabilidad, permitía a los médicos ofrecer a las pacientes opciones de cómo querían ser tratadas. “Ahora esa autonomía de la paciente ha desaparecido”, comentó Abigail Cutler, ginecóloga obstetra de la Universidad de Wisconsin-Madison.
“Estoy obligada por mi conciencia a prestar atención sanitaria para el aborto, y tengo la formación y las habilidades para hacerlo bien y con compasión”, afirmó. “Así que tener las manos atadas y no poder ayudar a una persona que tengo delante es devastador”.
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