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Ante la falta de doctores y medicinas, los habitantes de San Antonio de Lomerío han tenido que recurrir a sus saberes ancestrales para calmar los síntomas del COVID-19. Hoy comercializan la infusión de kutuki, una planta que crece en su territorio, con la promesa de ser un remedio efectivo contra el virus.

A un año de Lima 2019, la infraestructura construida para el evento competitivo juega hoy un papel totalmente distinto: las sedes deportivas se han convertido en hospitales de campaña, un centro científico y una gran villa de aislamiento. La enorme inversión en un proyecto que en algún momento despertó críticas, hoy socorre a un país con el sistema de salud colapsado.

La farmacéutica Gilead Sciences, fabricante del antiviral remdesivir, fijó en más de dos mil dólares el precio de la terapia contra el COVID-19 con este medicamento pese a que su costo mínimo de producción es de al menos 10 dólares por dosis. Hace unos días, se promocionó que el actor Mel Gilbson se curó con esta medicina, pero revisiones de los estudios experimentales disponibles revelan que no hay suficiente evidencia que demuestre que reduce la mortalidad y evite que los enfermos tengan que ser conectados a un ventilador mecánico.

Ante la escasez y la alta demanda de respiradores mecánicos en todo el mundo, un grupo de científicos mexicanos empezó a restaurar los ventiladores inoperativos que antes solían desechar. Bajo parámetros muy cuidadosos, esta forma de reciclaje demuestra que es posible dar una segunda vida a uno de los equipos médicos más indispensables de la pandemia.

Los resultados del primer estudio del prevelancia de la enfermedad en Lima y Callao revelan que la cifra de contagiados es mucho mayor a la que figura en los reportes oficiales. Unas siete millones de personas están en riesgo de infectarse en la capital si descuidan las medidas de prevención contra el nuevo coronavirus.

La Academia Americana de Pediatría actualizó su guía para el cuidado de recién nacidos de madres infectadas con coronavirus tras evaluar que el riesgo de trasmisión es bajo si se toman medidas de seguridad para proteger al bebé. Además, su protocolo recomienda que pueden amamantar a sus hijos al no existir evidencia hasta ahora de la transmisión del virus través de la lactancia.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo un contrato con la empresa E-ZAY para abastecer de cinco millones de mascarillas al personal de salud, pero estos insumos no fueron entregados. En este negocio fallido estuvo involucrado un grupo de intermediarios que cotizó los insumos médicos casi al doble de su precio real y planeaba quedarse con el 18% de un contrato valorizado en más de US$5 millones.

Las investigaciones de las empresas Moderna, AstraZeneca y la Universidad de Oxford y Cansino Biologics están en la fase decisiva para conocer la eficacia de la vacuna contra el virus que causa COVID-19.

En los primeros cuatro meses de la pandemia, el gobierno porteño autorizó ocho compras de mascarillas de uso médico con precios muy diferentes pese a tratarse del mismo equipo. Se destinaron US$11 millones para conseguir más de 15 millones de tapabocas, pero dos de los ocho proveedores que consiguieron contratos por más de la mitad del presupuesto no pudieron entregarlas.

Desde abril un grupo independiente de expertos se encarga de subsanar el desfase que hay entre el conteo oficial y la cifra real de fallecidos por COVID-19 en el país. Su primer análisis reveló que hubo 3.688 personas que murieron por esta enfermedad y no fueron incluidas en el reporte oficial del Gobierno.