El jueves 26 de marzo, el Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS) mostró un bajón notable en el número de resultados de pruebas moleculares para detectar COVID-19. El revuelo no se hizo esperar.
La reducción fue casi del 50% y resultaba insostenible ocultarlo. De 838 pruebas y 92 casos nuevos de COVID-19 el día anterior, Colombia pasó a 452 pruebas y 21 casos positivos nuevos. Tuvieron que transcurrir más de 24 horas para que el INS reconociera que la disminución tenía que ver con el daño de una máquina de extracción de ácido nucleico, fundamental para la prueba diagnóstica. La entidad explicó en ese momento que el aparato procesaba 100 muestras en una hora y 15 minutos y que era imposible arreglarla.
Pese al desesperanzador anuncio, el impasse fue solucionado en tiempo récord. Con asesoría de la farmacéutica Roche repararon la máquina. Para el 28 de marzo, el INS ya estaba procesando 1.413 pruebas, promedio que siguió manteniéndose en los días venideros.
El incidente puso los reflectores en el tema de la compra de pruebas en Colombia. Como lo ha contado Salud con lupa , de estas hay dos tipos que están siendo incorporadas en distintos países de América Latina para detectar casos de COVID-19. Las primeras son las llamadas moleculares o PCR. Estas no dan resultados de falsos negativos y son las que ha venido procesando el INS. De otro lado, están los test rápidos que funcionan como primer filtro para la detección.
La OMS ha dicho no en pocas oportunidades que la forma más eficaz para salvar vidas en tiempos de pandemia es romper la cadena de transmisión. Y para ello hay que hacer pruebas y cuarentena. “Una vez más, nuestro mensaje es: pruebas, pruebas, pruebas”, dijo el 17 de marzo pasado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la organización.
En ese sentido, ¿qué ha hecho Colombia para conseguir pruebas? El 25 de marzo, el gobierno emitió una circular mediante la cual despejaba el camino para ponerse al día en la compra de test rápidos en forma más masiva: de manera off the récord un funcionario aseguró que esperaban adquirir inicialmente 700.000 de estos test. De forma oficial, el Ministerio de Salud dijo que para el 1 de abril el país contaría con al menos 350.000 pruebas semanales. Sin embargo, pese a las gestiones que el gobierno ha hecho en materia de expedición de decretos, para esta fecha no estarán aún disponibles los test.
Al cierre de esta edición, el presidente Iván Duque confirmó mediante un tuit que hay negociaciones adelantadas con Abott. El laboratorio envió una carta en la que se comprometía a poner a disposición ya no 700.000 test rápidos sino 1’049.000. El primer lote sería enviado el 13 de abril.
¿Cuáles han sido los problemas?
El anuncio del pasado 25 de marzo configuraba una actualización en la estrategia para la detección temprana de COVID-19. Para el día en que se emitió el documento en el país había 470 contagiados de coronavirus y cuatro fallecidos.
Hasta antes de ese día, las guías del INS establecían que la presencia de fiebre en un paciente era una condición necesaria para sospechar la infección por el virus que provoca la gripe y neumonía COVID-19. Eso dejaba por fuera a las personas asintomáticas y las que evidenciaban el virus en su cuerpo con otras reacciones. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez aseguró en varios medios de comunicación que el país estaba tomando decisiones de acuerdo a fases distintas de la propagación del virus.
El escenario anterior a esta circular correspondía a la fase de contención, esto es, cuando el país solo contaba con casos importados y se necesitaba disminuir la velocidad de la expansión. Colombia se encuentra actualmente en la fase de mitigación, esa que según Luis Jorge Hernán, médico de la facultad de Medicina Universidad de Los Andes, se da cuando más del 10% de los casos en el país ya son autóctonos. El reporte del 31 de marzo indicaba que había 906 casos confirmados (446 importados, 316 relacionados) y 16 muertes.
¿Qué decía entonces la circular
del 25 de marzo?
El documento No. 0019 de 2020 consideraba que era útil para el clínico sospechar del virus con la presencia de dos o más síntomas respiratorios con o sin fiebre. El gobierno colombiano reconoció en esa misma circular que para el momento no había disponibilidad de test rápidos y que eran necesarios, no sin antes hacer una salvedad de que estos no eran pruebas confirmatorias de COVID-19 por lo que “su positividad debía ser corroborada con el estándar de otro disponible”.
Esto último quería decir que los test rápidos no era pruebas diagnósticas, sino de detección. Y lo que permitían era optimizar los recursos ayudando a los profesionales en salud en la toma de decisiones en cuanto a aislamiento, realización de prueba diagnóstica confirmatoria y tratamiento. Este tipo de test son más precisos descartando negativos, decía la circular.
Fuentes del gobierno colombiano aseguraron que esta compra no sería centralizada en un solo proveedor. Esta información, sin embargo, no pudo ser confirmada oficialmente. “Hay millones de test que están ofreciendo de distintas partes del mundo”, dijo esta persona consultada por Salud con lupa.
El primero en levantar la mano para ofrecer test rápidos a Colombia la semana pasada fue el laboratorio Abbott, que justo por esos días informó que la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos (FDA) les había dado luz verde para poner en el mercado una prueba llamada ID NOW COVID-19 que puede detectar casos positivos en cinco minutos y negativos en 13 minutos.
Salud con lupa consultó oficialmente a Abbott y esto fue lo que dijo Margarita García, directora de relaciones públicas para América Latina: “En este momento, la prueba ID NOW COVID-19, cuyo lanzamiento en los Estados Unidos fue anunciado el viernes de la semana pasada, solamente estará disponible en ese país, pues ahí es donde están la gran mayoría de los instrumentos ID NOW que se utilizan en la actualidad. Estamos desarrollando pruebas de COVID-19 en nuestras plataformas actuales y planeamos poder ofrecerlas pronto en otros países del mundo, incluyendo Colombia”.
Una fuente cercana al gobierno aseguró que en los primeros días de abril habría una oferta de parte de este laboratorio tras conversaciones en las que se había hablado de unos 6 dólares de costo por test rápido. Para que esto se lleve a cabo, el primer paso lo dio el Ministerio de Salud expidiendo el decreto 522 que reduce los requerimientos y tiempos para otorgar registros sanitarios para importar, comercializar y distribuir lo necesario para atender COVID-19. Allí incluyeron los test.
El siguiente paso –y es lo que está en trámite- es que el INS avale los laboratorios. Luego el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tendría que dar el visto bueno a las importaciones. Otro decreto, el 476, ya había flexibilizado procesos del Invima en cuanto a la aprobación expedita de permisos. Un riesgo latente es que, pese a los decretos, se presente un represamiento en las solicitudes. Así ha estado ocurriendo. El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, hizo un llamado al Invima para que otorgue rápidamente registros sanitarios para tener disponibles mas laboratorios que realicen pruebas. El funcionario también dijo que era importante obtener más reactivos.
El tema de la elección del proveedor es sensible. En España, por ejemplo, el gobierno adquirió el mes pasado pruebas a una empresa china que no tenía licencia. Además, los test no funcionaban bien: tenían una sensibilidad del 30%, lo que representaba una alta probabilidad de falsos negativos.
Otra pregunta que emerge en este escenario colombiano es de dónde saldría la plata para comprar los test. Según el ministerio de Salud, el dinero provendría de lo que en el país se llama Unidad de Pago por Captación (UPC). Estos son recursos que el gobierno paga año a año por cada uno de los afiliados al sistema de seguridad social en salud. En la práctica las prestadoras de salud privadas llamadas EPS serían las que harían las compras directamente. Se trataría de un negocio entre privados. Y estas entidades le recobrarían después al Estado.
Más allá de los test rápidos, Colombia también tendría que agilizar el ingreso de reactivos para pruebas moleculares o PCR para detectar COVID-19. El pasado 22 de marzo, el Invima informó de la entrada al país de 26.000 de estos componentes importados de Turquía. Dos días antes la entidad también había aprobado el registro sanitario para la llegada de 50.000 más provenientes de Corea. El fabricante de este último despacho fue el laboratorio SeegeneInc y el importador Annar Diagnóstica Import S.A.S. En la mañana del 31 de marzo el ministro Ruiz dijo que el país contaba con un stock de 30.000 pruebas moleculares disponibles.
Colombia está en cuarentena obligatoria hasta el 15 de abril. El INS está realizando en promedio unas 1.500 pruebas al día (el 31 de marzo se hicieron 4.047, esto es el 23% de las pruebas totales procesadas hasta ese día). Los casos van en aumento y lo que se vaticina es que la estrategia para contener la pandemia avance e incluso cambie cada día. Y para el momento que vive el país lo que aparece más conducente es que se lleve a cabo esa premisa del director general de la OMS: cuarentena y pruebas, pruebas y más pruebas.
