La Comisión de Producción del Congreso debatió el martes, por segunda vez, el pre-dictamen de un proyecto de ley que busca actualizar la ley general de la pesca para asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. Según explica la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en un comunicado, la aprobación de la norma es clave considerando que “la actual ley tiene 30 años de vigencia y hay varios aspectos que ya se encuentran desfasados o requieren de necesarias actualizaciones o mejoras normativas”.
Aunque los congresistas consensuaron sobre la urgente necesidad de actualizar la ley, la decisión final fue la de aprobar una cuestión previa a fin de crear un grupo de trabajo para incorporar al proyecto ciertas observaciones que permitan mejorarlo. Esta es la segunda vez que el proyecto es enviado a cuestión previa y deberá esperar agosto para que la nueva legislatura pueda evaluarlo mientras que algunos expertos advierten sobre la necesidad de actuar rápido.
“La reforma de la ley de pesca es urgente. Hay ya indicios claros de sobreexplotación. Necesitamos hacer cambios para que los recursos no se sigan depredando”, dijo Carmen Heck, directora de políticas de Oceana.
¿Cuáles son los puntos que en opinión de los expertos son beneficiosos y cuáles deberán ser revisados?
Los puntos centrales del proyecto
Una de las propuestas más destacables del proyecto es que, por primera vez, se incorporaría el concepto de recurso sobreexplotado. Actualmente, la normativa contempla diferentes grados de explotación de las pesquerías: inexplotado, subexplotado, plenamente explotado y en recuperación. Sin embargo, la categoría de “sobreexplotado”, es decir, cuando la pesca ha sobrepasado la capacidad natural de recuperación de la población, no existe en la ley actual a pesar de que, en la práctica, son varias las especies que están en esa situación. Por lo tanto, los expertos consideran importante que esta categoría sea incorporada a la ley, para así poder mostrar el estado real de algunas pesquerías y diseñar medidas urgentes para protegerlas y recuperarlas.
Otro punto importante del proyecto es la protección de las cinco millas como una zona de refugio y reproducción de las especies costeras. Según sostiene la SPDA, una de las principales amenazas que experimenta la pesca artesanal es el uso de artes de pesca de alto impacto (como son las redes de cerco) dentro de las primeras millas de mar, ya que ponen en riesgo la sostenibilidad de las pesquerías. Para solucionar este problema, el proyecto de ley propone prohibir la pesca con todo tipo de redes, ya sea de cerco o de arrastre, dentro de este espacio las primeras cinco millas, con excepción de aquellas que sean operadas única y directamente mediante el empleo de la fuerza manual, sin asistencia de ningún sistema mecanizado.
El proyecto también plantea una reclasificación de la flota artesanal para poder separar la flota de pequeñas embarcaciones como botes y lanchas, de la flota de menor escala que utiliza artes y aparejos mecanizados y con mayor poder de pesca. En otras palabras, la flota de menor escala ya no sería considerada artesanal. Con esto, “en realidad lo que se estaría haciendo es reflejar en la ley lo que ya sucede en la actualidad”, dice Heck.
El proyecto también propone que el Produce pueda promover la creación e implementación de zonas de reserva pesquera. Se trata de espacios claves en el mar que, debido a que son esenciales para la reproducción y crecimiento de ciertas especies, deberían recibir manejos pesqueros especiales que permitan asegurar la sostenibilidad de las pesquerías, pero sin transformarse en áreas naturales protegidas.
Además, el proyecto de ley contempla crear un Consejo Nacional de Pesca, que esté conformado por representantes del Poder Ejecutivo, Gobiernos regionales, gremios de pescadores artesanales e industriales, y que tenga la función de elaborar recomendaciones de mejora normativa, o de diseño o implementación de políticas públicas pesqueras.
También el proyecto incorpora al Código Penal el delito de “actos preparatorios de la pesca ilegal”, que castiga penalmente con hasta cinco años de privación de libertad a los operadores de los astilleros ilegales. Pese a que en 2006 el Estado prohibió la construcción de nuevas embarcaciones pesqueras artesanales y de menor escala, “se continúan construyendo embarcaciones en astilleros que, por lo general, operan en forma clandestina”, asegura la SPDA y que son “el primer eslabón de la pesca ilegal”, agrega.
Por otra parte, el texto legislativo busca fortalecer la fiscalización pesquera y evitar que se lleven a cabo “paquetazos pesqueros” como el que fue aprobado en mayo pasado por el Ministerio de la Producción que, con el argumento de los efectos económicos del COVID-19, disminuyó las multas impuestas por haber cometido infracciones pesqueras hasta en un 90 % “Este proyecto de ley establece que el Ministerio de la Producción nunca podrá establecer descuentos superiores al 40 %”, explica Percy Grandez, asesor legal de la SPDA.
Por último, entre los puntos destacados del proyecto de ley está el fortalecimiento de la participación ciudadana y de la transparencia a la información pública.
“Lo que nosotros estamos buscando con la aprobación de este nuevo proyecto de ley es que el pescador artesanal deje de estar detrás de la sombra”, dijo a Mongabay Latam, Alejandro Bravo, presidente de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP). “Nosotros no hacemos harina para alimentar cerdos en Europa, nosotros pescamos para alimentar a nuestros connacionales. Pero si miramos la ley actual encontramos apenas unos rezagos dedicados a la pesca artesanal, así es que hoy tenemos la oportunidad de que con esta nueva normativa los pescadores artesanales tengamos la tribuna que nos corresponde”, agregó.
Lo que pide el sector industrial
Son principalmente dos los puntos que el sector industrial espera sean revisados tras la aprobación de la cuestión previa.
Uno de ellos tiene que ver con que, de acuerdo a la propuesta, las empresas pesqueras que comuniquen que están extrayendo ejemplares juveniles sean sancionadas.
Los juveniles son los peces pequeños que aún no han alcanzado su madurez y que tampoco se han reproducido. Protegerlos es fundamental para poder asegurar la salud de las poblaciones de peces. Para hacerlo, en 2016 se estableció un decreto que busca que las empresas notifiquen a la autoridad cuando existe presencia de juveniles en sus faenas. De acuerdo a ese decreto, si las empresas realizan esa notificación a tiempo, es decir, antes de desembarcar, no son sancionadas. Lo que buscaba ese decreto, explica Heck, “era evitar el descarte (que consiste en devolver al mar la pesca capturada y que muchas veces ya está muerta) e incentivar a las empresas a que informen para poder cerrar las zonas de pesca con alta presencia de juveniles”, y establecer una veda.
El proyecto de ley, en cambio, sostiene que las empresas deberán seguir comunicando a la autoridad la presencia de juveniles, pero que de todas formas su captura será considerada una infracción y las pesqueras serán sancionadas.
Según explica Grandez, la crítica desde el sector industrial es que “eso más bien va a producir que nadie comunique este hecho a sabiendas que le van a poner una sanción administrativa”, y que ante la falta de información no se cerrarán las zonas donde haya presencia de juveniles para poder protegerlos.
Para la directora de políticas de Oceana, no obstante, que se busque atender el problema de la captura de juveniles es una buena señal, ya que el decreto de 2016 “suena bien en el papel” pero “lamentablemente no ha tenido los resultados esperados”. Asimismo, según la experta, “la extracción de juveniles sigue siendo bastante alta”. Así lo demostró, de hecho, una investigación de Mongabay Latam que reveló que en 2019 la empresa Diamante, una de las siete pesqueras más grandes del país, registró desembarques donde más del 90 % de la pesca eran pequeñas anchovetas.
Un segundo punto que la industria espera que sea reconsiderado son los plazos de los permisos de pesca. “En la actualidad los permisos de pesca de la flota industrial se otorgan sin un plazo definido. Básicamente no vencen nunca”, asegura Heck, quien sostiene que eso “debe cambiar porque son recursos naturales de toda la nación”.
Atendiendo a este problema, la propuesta de ley propone un plazo estandarizado de 10 años para pescadores artesanales, de menor escala e industriales, lo que ha sido criticado por este último sector. Aunque expertos coinciden en que se necesita establecer un plazo, creen adecuado que este pueda ser revisado y ser lo suficientemente extenso para que las empresas puedan recuperar sus inversiones. “Nosotros lo que sugerimos es que para los pescadores artesanales el plazo pueda ser de 10 años, para menor escala de 20 años y para pesca industrial, 30 años”, señala Grandez.
“Ahora lo que queda es esperar a la próxima legislatura y esperamos que los miembros de la comisión tengan la apertura y la voluntad política suficiente para poder tratar este tema con la urgencia y la importancia que esto amerita”, concluyó Heck.
El artículo fue originalmente publicado en Mongabay bajo la licencia Creative Commons
