La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el proceso judicial por las esterilizaciones forzadas cometidas entre 1996 y 2000, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, regrese a la Fiscalía Supraprovincial de Casos de Violación de Derechos Humanos para que formule una nueva denuncia penal.
Es decir, la Fiscalía tendrá que presentar nuevamente una denuncia penal, así como lo hizo el 31 de octubre de 2018 tras 16 años de investigación preliminar, para que en base a su sustento un juez decida si se abre el proceso o se archiva. También puede incluir nuevos hechos a la denuncia y un mayor número de personas agraviadas, como lo había solicitado en diciembre de 2021.
La decisión de la Corte Suprema se da a raíz de la demanda de acción de amparo presentada ante la Segunda Sala Civil de Lambayeque por el exministro de Salud del gobierno fujimorista, Alejandro Aguinaga, para dejar sin efecto la resolución que dispone que sea investigado judicialmente en este caso. Entre los argumentos que presentó, Aguinaga sostiene que se están vulnerando sus derechos constitucionales y que la investigación carece de motivación porque en las dos décadas que lleva el caso ha sido archivado ocho veces por falta de pruebas.
Como se recuerda, en diciembre de 2021, el juez Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado, dispuso que se inicie una investigación preliminar contra el expresidente Alberto Fujimori y altos funcionarios de su gobierno, como los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta; y el asesor Ulises Jorge Aguilar.
Se los acusa de ser autores mediados de la muerte de cinco mujeres: Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, Reynalda Betalleluz, Marpia Espinola y Celia Ramos, quienes tuvieron complicaciones luego de las operaciones realizadas bajo pésimas condiciones de salubridad y sin seguimiento de personal médico. También se busca que sean responsables por las lesiones cometidas contra otras 1,315 víctimas en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Esta investigación judicial empezó tres años después de que la Fiscalía presentara su denuncia penal. Una de las conclusiones a las que llegó el Ministerio Público fue que las esterilizaciones forzadas se trató de una política de Estado que tenía como objetivo reducir la pobreza a través de la disminución de la tasa de natalidad. En 1991, mediante una evaluación demográfica territorial, el Estado concluyó que existía “una relación negativa entre el crecimiento poblacional y el crecimiento económico”, principalmente en las mujeres de las zonas rurales de la selva y sierra.
Durante el gobierno de Fujimori fueron esterilizadas más de 272 mil mujeres y también 22 mil hombres como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Pese a que se desconoce el número exacto de operaciones sin consentimiento que se realizaron, en el Registro oficial de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hay más de 8 mil personas registradas.
La Fiscalía también ha documentado con testimonios, publicaciones periodísticas e informes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y el Congreso de la República, que el personal de salud obligó a las mujeres de bajos recursos económicos a ligarse las trompas bajo engaños, amenazas o la falsa promesa de entregarles alimentos.
La resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia fue notificada a los representantes legales de las víctimas de esterilizaciones forzadas este 6 de diciembre. Ese mismo día, el expresidente Alberto Fujimori salió de prisión gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que tuvo como origen su indulto de 2017. La excarcelación se dio a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado peruano que se abstuviera de esta medida para garantizar el derecho de justicia de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, casos por lo que fue condenado en 2009 a 25 años de prisión.
