Esta semana se cumplieron un año y siete meses de las muertes de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado en las marchas de noviembre de 2020 contra el régimen de Manuel Merino. Para las familias, el día de conmemoración se tiñó de indignación y angustia ante la posibilidad de que la investigación a los presuntos responsables se vea frustrada.
La semana pasada el congresista de la bancada de Avanza País Alejandro Cavero presentó ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República un informe que recomendaba archivar la investigación que realiza la Fiscalía de la Nación a Manuel Merino, a Ántero Flores Aráoz –expresidente del Consejo de Ministros– y a Gastón Rodríguez –entonces ministro del Interior– por las los heridos y fallecidos en las marchas. Documento que será debatido este viernes 17 de junio.
Por eso, los familiares de las víctimas realizaron este martes una conferencia de prensa en el Congreso para alertar sobre un posible blindaje a los acusados. “Hemos sentido impotencia. Nosotros como familia veíamos venir este pedido de archivamiento, pero no esperábamos que este informe tenga tantas irregularidades”, contó Quilla Sotelo Camargo, hermana de Inti, a Salud con lupa. “Pensamos que se viene el archivamiento. Por eso vamos a acudir a organismos internacionales de derechos humanos”, dijo.
"Mi hijo un día salió a marchar en defensa de la democracia. Le sacaron diez perdigones de su cuerpo. Hubo perdigones también en otros jóvenes. ¿De dónde sacan que son casos aislados?”, cuestionó Óscar Pintado, padre de Jack Bryan. Pintado indicó a Salud con lupa que el informe está tratando de negar que hubo una gran cantidad de hechos de violencia en las marchas.
Juan José Quispe y Jimmy Sotomayor, abogados de las familias Sotelo y Pintado, respectivamente, destacaron que el documento presentado por Cavero tampoco ha tenido en cuenta los testimonios de las víctimas sino solo de los acusados y su entorno.
Tal vez lo más desconcertante del informe es que llega a una conclusión que pretende sustituir la investigación fiscal: dice que no habría evidencia concluyente que demuestre que los acusados podrían ser responsables. En realidad, la subcomisión solo debe evaluar si existen los indicios necesarios para que la investigación continúe. Acusar a alguien de un delito solo le corresponde a la Fiscalía; determinar la culpabilidad o inocencia, al Poder Judicial.
Además de eximir de responsabilidad a Merino, Flores Aráoz y Rodríguez, también concluye que no hay evidencia de que los policías hayan sido culpables de los heridos y fallecidos, lo que es materia de otra investigación fiscal. “Es evidente que el objetivo ya no es solo limpiar de responsabilidad constitucional a estas personas sino generar una suerte de narrativa y decir que ahí no ocurrió nada. Esa es la parte más peligrosa del documento”, afirma Carlos Rivera, abogado de la familia Sotelo.
Las conclusiones que buscan justificar el archivamiento
El informe de Alejandro Cavero presenta, en resumen, tres conclusiones principales que desestiman la responsabilidad de Merino, Flores y Rodríguez y de los policías. Salud con lupa las contrasta con la evidencia recogida por la Fiscalía, el Mininter y medios periodísticos durante más de un año. Esta información fue dejada de lado o tergiversada en el documento presentado a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
1.El informe Cavero dice no descartar casos de “violencia policial aislada”, pero niega que esta corresponda a alguna orden o plan operativo.
El primer hecho que el informe Cavero quiere negar es que la violencia policial en las marchas de noviembre haya sido generalizada. Indica, por el contrario, que las lesiones ocasionadas por la represión fueron casos aislados. No obstante, son tres los informes realizados por organismos internacionales que señalan que la violencia de esos días fue sistemática.
Tanto las Naciones Unidas (ONU), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONG Human Right Watch concluyeron que la Policía violó los protocolos internacionales de uso de la fuerza contra manifestantes y que hubo un uso indiscriminado del armamento antidisturbios contra ellos. La ONU llegó a recoger el testimonio de más de 200 personas que resultaron heridas durante las movilizaciones. De ellas, 78 sí llegaron a presentar una denuncia ante la Fiscalía.
Salud con lupa publicó el año pasado un mapa en el que se identificaban todos los lugares en los que los denunciantes habían sido heridos con perdigones de goma, canicas, bombas lacrimógenas y perdigones de plomo, según los testimonios que recogió la Fiscalía. Se encontró que hubo lesionados a los largo de toda la zona de intervención policial durante el 12 y 14 de noviembre.
El propio Ministerio del Interior reconoció que el modo de actuar que tuvo la Policía violó su reglamento sobre el uso de la fuerza y su manual de derechos humanos para la función policial. Un informe emitido en enero del año pasado por su Oficina General de Integridad concluyó que la Policía “no empleó sus armamentos para dispersar a la multitud sino para atacar a los manifestantes”, incluso a personas que no representaban ningún peligro, como periodistas y brigadistas de la Cruz Roja.
El informe del Mininter analizó también el número de municiones empleadas por la Dirección de Operaciones Especiales (DIROPESP) y la División de Servicios Especiales (DIVSEESP) de la PNP el 12 y 14 de noviembre, las fechas con mayor número de manifestantes. Ambos días se usaron un total de 2908 cartuchos de perdigones de goma y 4259 cartuchos de gas lacrimógeno. Para entender el desborde de la violencia, el Mininter realizó un estimado de las municiones usadas en las dos horas que —según sus cálculos— duró el enfrentamiento de la Policía y los manifestantes cada día. Encontró que el día 12 los efectivos policiales realizaron un disparo cada 1,7 segundos; y el día 14, un disparo cada 2,4 segundos.
Recordemos que diversos estudios indican que las municiones catalogadas “no letales”, como los perdigones de goma, sí pueden ser potencialmente letales o causar heridas muy graves si se hace un mal uso de estas. Y se ha visto en numerosos casos recogidos por la Defensoría del Pueblo que estas municiones fueron disparadas a partes vulnerables del cuerpo. De hecho, según un documento de dicha institución, más del 70% de los heridos a los que hicieron seguimiento (de 85) presentaron lesiones en la parte superior del cuerpo.
Otro punto importante por aclarar es el relacionado a los planes operativos que la Policía realizó para las marchas. En un análisis que él considera “clave”, Cavero llega a la conclusión de que, como no se estableció en dichos planes un uso de la fuerza fuera del reglamento, entonces la violencia no fue producto de una orden y, por tanto, los acusados no serían responsables. Esta es su lógica:
“No se ha podido encontrar información irregular contenida en los planes operativos policiales o alguna otra disposición operacional que promueva el alejamiento del actuar de los efectivos policiales de la regulación al uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. Este análisis es clave en torno a la presente denuncia ya que, si bien es notoria la situación de convulsión social y violencia que hubo durante las manifestaciones posteriores a la vacancia (...), estas fueron ajenas al proceder institucionalizado delimitado por el Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Por esta razón, no se ha podido encontrar una prueba que vincule los hechos de violencia que ocurrieron durante las manifestaciones con alguna orden concreta o plan operativo, poniendo en juicio la responsabilidad que pudieron haber tenido los imputados (...)”.
Además de lo disparatado que es esperar que una posible orden abiertamente ilegal esté registrada en un documento oficial, los planes operativos que se realizaron para estas marchas tampoco son fuentes precisas. Según la investigación de la Oficina de Integridad del Mininter, hay una “presunción razonable” de que los días 9, 10, 11 y 13 los policías intervinieron sin un plan previamente diseñado. Por otro lado, en los planes del 12 y 14, no se estableció claramente la organización y línea de comando de las unidades policiales; así como tampoco se desarrolló el capítulo de logística, donde se debía fijar el número de efectivos, de uniformes, de material antidisturbios, etc. Fueron documentos elaborados con irregularidades, que no dan cuenta de lo sucedido realmente esa noche.
Lo cierto es que todo uso de material antidisturbios en terreno se realiza previa orden del jefe o comando operativo, precisa el informe del Mininter. Por ello, concluye que se puede “presumir razonablemente” que el uso indiscriminado de las municiones contra los manifestantes fue ordenado o, por lo menos, permitido por los oficiales al mando de las operaciones policiales.
2. Según el informe, Inti Sotelo y Bryan Pintado fallecieron por heridas causadas por perdigones de plomo pero no hay evidencia de que estos hayan sido disparados por la Policía.
El informe de Alejandro Cavero reconoce que tanto Inti Sotelo como Bryan Pintado murieron por perdigones de plomo, pero indica que no hay certeza sobre la procedencia del disparo. Específicamente sobre el caso de Inti, señala que no queda del todo claro “si podría haberse tratado de un disparo al aire realizado por un arma de fuego o algún tipo de armamento artesanal”.
Sin embargo, el Ministerio Público descartó hace más de un año que el perdigón haya salido de un arma hechiza o artesanal. Según un informe pericial de balística forense realizado por la oficina de Peritajes del Ministerio Público, el proyectil no tenía ningún rastro de rozamientos o ranuras, las cuales se producen al salir a través de tubos galvanizados, propios de armamentos artesanales.
El perdigón de plomo que se encontró en el cuerpo de Inti medía 8 mm de diámetro, y fue el mismo tipo de munición que se encontró en Jon Cordero y Oswaldo Palomino, dos jóvenes heridos el 14 de noviembre. Los tres recibieron el disparo cerca a la Estación Colmena del Metropolitano. Según la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, que lleva la investigación contra once policías por los lesionados y fallecidos en las marchas, este tipo de proyectil viene en cartuchos de medida “00” que contienen en total 9 perdigones.
¿Hay registro de alguno de esos disparos? Sí. El 2020, IDL-Reporteros publicó un reportaje que demostró, a través de videos, fotos y testimonios, que Inti y Jon habían sido heridos al mismo tiempo cerca a la estación Colmena. Además, obtuvo el video de la cámara de seguridad de la Municipalidad de Lima que muestra la secuencia completa de cuando Jon fue impactado.
Luego de correr hacia el lado opuesto a donde estaban los policías, Jon se quedó parado de espaldas a ellos. Es ahí cuando recibe el disparo y se desploma. El certificado médico corroboró que el perdigón de plomo de 8 mm entró por la espalda y se quedó en su médula espinal.
La Primera Fiscalía Penal Suproprovincial, a cargo de la fiscal Jhousy Aburto, también ha reunido varios testimonios de manifestantes que pudieron ver el momento exacto en el que la Policía les disparaba. Como el de Jean Franco Cabrera Cano, quien le dijo al personal policial “tranquilos, no me disparen” y luego fue impactado por una lacrimógena en el rostro. O Arturo Vilca Mina, quien vio al policía apuntarle. “Nunca me voy a olvidar, me apuntó y me disparó; para él fue simple, quiso eliminarme”, contó Vilca ante la Fiscalía. El joven recibió tres perdigones de plomo en el pulmón derecho, uno en el omóplato derecho, uno en la cabeza y otro en la garganta.
¿Todos los disparos vinieron de la Policía? El mismo Ministerio del Interior ha reconocido que no existe ninguna evidencia de que los manifestantes hayan portado armas de fuego. De todas las detenciones que se realizaron, en ninguna se incautó algún tipo de arma. Y en los cientos de fotos y videos que circularon en redes y medios de comunicaciones, de distinta fuente, no se ve a ningún manifestante con armas artesanales o escopetas. Los únicos que tenían armas de fuego esa noche eran los policías.
A pesar de todo lo mostrado, el informe de Cavero indica que “No existe evidencia concluyente que demuestre que las lesiones sufridas por los manifestantes fueran producidas por la PNP, en tanto estas fueron producidas por elementos que no son utilizados ni fueron entregados a los efectivos policiales”.
Al respecto, es necesario señalar que el Mininter reconoció, en enero del año pasado, que toda la evidencia indicaba que los disparos habían provenido de la Policía. Y que las municiones prohibidas no salieron de los almacenes de la PNP, pero pudieron ser llevadas personalmente por los efectivos a la marcha.
Habría que recordar también que no es la primera vez que la Policía utiliza municiones prohibidas en protestas sociales, dejando decenas de heridos y fallecidos. La Defensoría del Pueblo ha reportado al menos 85 fallecidos en medio de la represión policial en todo el país desde 2011 hasta 2021, ocasionadas —en varios casos— por municiones ilegales. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos compartió con Salud con lupa las pericias balísticas que muestran que se han usado, incluso, balas de fusiles.
3. El informe concluye que no hay pruebas de que Merino, Flores Aráoz y Rodríguez hayan ordenado de alguna manera la violencia policial.
El informe repite en varias oportunidades que no hay evidencia de que los acusados hayan ordenado la violencia en las marchas. No toma en cuenta que la Fiscalía les imputa ser presuntos autores por omisión impropia de homicidio y lesiones graves y leves. La acusación completa es la siguiente:
Es decir, se les acusa de que conocían los hechos y aún así no hicieron nada por detenerlos. El abogado de la familia Pintado, Ronald Gamarra, lo resume con claridad:
“La tesis de la Fiscalía consiste en que, cuando los acusados asumen sus cargos, la Policía ya estaba haciendo uso desproporcionado de la fuerza y había informes de inteligencia que decían que esto se incrementaría. Por lo tanto, ellos conocían lo que estaba ocurriendo y lo que podía ocurrir; y, teniendo el deber de impedirlo, no lo hicieron. Esa es la imputación: no es haber ordenado, es no haber parado lo que se avecinaba”.
Es sabido que ni Merino, ni Flores Aráoz, ni Rodríguez realizaron alguna acción para tratar de detener la escalada de violencia. ¿Cuál es su justificación? “No estuvimos pendientes de las marchas, no vimos las marchas, sabíamos de ellas pero imaginamos que eran protestas que terminarían pronto (...) y cometí el error de apagar la televisión, de no ver lo que sucedía afuera”, se ha defendido Merino en su libro El verdadero golpe, publicado el año pasado.
Pero, ¿hay evidencia de que los acusados sí sabían lo que ocurría? A través de testimonios, registros de visitas y documentos, la Fiscalía ha reconstruido en una detallada línea de tiempo las acciones que realizaron desde que asumieron los cargos de gobierno aquella semana de noviembre. Salud con lupa expone las más resaltantes, que cuestionan la versión de Merino.
Las movilizaciones sociales comenzaron el 9 de junio, día en que se vacó al expresidente Martín Vizcarra. El 10 de junio se registraron los primeros detenidos y heridos. Periodistas que cubrían la protesta denunciaron haber sido agredidos por la Policía. Los hechos también fueron difundidos por medios internacionales.
El 11 de noviembre por la mañana, Carlos Villafuerte, el jefe de la División de Servicios Especiales de la Policía y uno de los mandos policiales en las marchas, ingresó a Palacio de Gobierno. Ese mismo día juró como presidente del Consejo de Ministros Ántero Flores Aráoz. En la noche, Jorge Lam Almonte, entonces comandante general de la Policía, sostuvo una reunión con Merino sobre la actuación policial en las marchas. Se les unió luego Nelson Montenegro, director de Inteligencia de la Marina de Guerra.
El 12 de noviembre, Merino tomó el juramento a su gabinete, en el que se encontraba Gastón Rodríguez. Luego del primer consejo de ministros del gobierno, Rodríguez —ya en el cargo de ministro del Interior— se reunió con Jorge Cayas, jefe de la Región Policial Lima; Roger Arista, director de Inteligencia del Mininter; y Jorge Lam. El objetivo era recibir información sobre cómo se actuaría ante la movilización que estaba anunciada para la noche.
Ese día también ingresó a mesa de partes de la Presidencia del Consejo de Ministros una nota de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) con información sobre las marchas. Estaba dirigida al entonces presidente Manuel Merino.
La movilización del 12 de noviembre fue la más multitudinaria y la que dejó más heridos hasta ese día. Fue tanta la represión policial que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado donde exhortaba al Estado peruano el cese inmediato del “desproporcionado y excesivo uso de la fuerza” contra los manifestantes. Este se sumaba a pronunciamientos emitidos por Amnistía Internacional, Unicef y la Defensoría del Pueblo, también en ese sentido.
A pesar de ello, al día siguiente los policías fueron felicitados y respaldados por Ántero Flores Aráoz. La mañana del 13 de noviembre, Gastón Rodríguez recibió en su despacho al primer ministro. Estaban presentes, además, Jorge Lam, Jorge Cayas y Roger Arista, quienes informaron a los altos funcionarios sobre lo ocurrido en la marcha del día 12.
Luego, el grupo se dirigió a la sede de la Región Policial Lima, donde Flores Aráoz dio un mensaje de apoyo a los policías. “En mí encontrarán un defensor”, dijo. El momento fue grabado y pronto conocido por la opinión pública. Jorge Lam declaró ante la Fiscalía que en esa oportunidad, el presidente del Consejo de Ministros les dijo “que tanto él como el presidente Merino estaban con la Policía, que no se les baje la moral por los ataques que venía sufriendo la PNP por la prensa porque nosotros sabemos que están actuando correctamente”.
Ese día, luego de la reunión, Rodríguez y Lam acudieron al Hospital Almenara, donde se les informó también de heridos por canicas de vidrio. Por la noche, se realizaron algunas manifestaciones que, aunque con menos gente, dejaron otro grupo de lesionados. Ante lo ocurrido, las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento donde su preocupación por la actuación policial de los últimos días.
El 14 de noviembre, fecha en que se había convocado una segunda marcha nacional, Ántero Flores Aráoz se reunió con Manuel Merino y otros ministros en su domicilio. Asimismo, Rodríguez tuvo una reunión con Cayas y Lam sobre las movilizaciones. A mediodía, ingresó a Palacio de Gobierno —con la autorización de Merino— Nelson Montenegro, el jefe de Inteligencia de la Marina.
En la noche, mientras se realizaban las manifestaciones en el centro de Lima y en otras regiones del país, Merino convocó en Palacio a una reunión para que la DINI realizara una exposición sobre las marchas. Participaron también Flores Aráoz y Rodríguez. Durante la reunión, Rodríguez recibió una llamada en la que se le informó de un manifestante fallecido. La única reacción de Merino fue pedir otra exposición actualizada para el día siguiente a la DINI.
Al terminar, procedió a reunirse con su bancada de Acción Popular. Poco después recibió la información de un segundo fallecido.
Hay, por lo menos, fuertes indicios que apoyan la tesis de la Fiscalía. Sin embargo, si este jueves 17 de junio, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales vota a favor de aprobar el informe de Cavero, la esperanza de las familias de un proceso justo se vendrán abajo. Representaría un paso hacia la impunidad.
El abogado Carlos Rivera indica que se podrían tomar dos vías si el Congreso finalmente archiva la investigación. Una es acudir al sistema interamericano de justicia. “Es un procedimiento largo, costoso, que dificulta el acceso a la justicia a las víctimas”, dice. La segunda opción sería esperar a que terminen los cinco años de inmunidad de los acusados.
Salud con lupa buscó comunicarse con el congresista Alejandro Cavero pero, hasta el cierre de esta nota, no contestó nuestras llamadas ni mensajes. La subcomisión de Acusaciones Constitucionales está integrada, además de Cavero, por Rosio Torres (APP), Martha Moyano (FP), María Acuña (APP), Ernesto Bustamante (FP), Waldemar Cerrón (PL), Jorge Flores (AP), Hernando Guerra (FP), Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), José Jeri (SP), Elizabeth Taipe (Perú Libre), Wilson Soto (AP), Edgard Reymundo (CP-JP), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Alfredo Pariona (PL) y Alejandro Muñante (RP).
