Antes de autorizar la venta de pesticidas agrícolas en el Perú, el Estado debe evaluar sus posibles efectos sobre el ambiente. ¿Qué ocurre si estas sustancias llegan a los ríos o contaminan el suelo? ¿Qué riesgos representan para las abejas, los peces y otros organismos? Estas son algunas de las preguntas que debe responder la autoridad ambiental antes de emitir un dictamen favorable para el registro de un producto.
Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) acaba de eliminar de su lista oficial de trámites el procedimiento utilizado para solicitar esa evaluación. La decisión fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° D000434-2026-MIDAGRI-DM, firmada el 16 de octubre por el ministro Marco Vinelli y publicada este 21 de octubre en el boletín de normas legales de El Peruano.
La norma presenta el cambio como una simplificación administrativa, pero el procedimiento eliminado tenía una función importante: era la vía para solicitar a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Midagri la evaluación de los riesgos ambientales de los pesticidas antes de su registro ante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). La propia DGAAA explicó esta función en el proceso resuelto por el Tribunal Constitucional (TC).
La medida se conoció semanas después de que representantes de CultiVida, gremio que agrupa a fabricantes de pesticidas como Bayer, Syngenta, BASF y Corteva, se reunieran con el ministro Marco Vinelli y con el director de la oficina encargada de estas evaluaciones, Jorge Vásquez Acuña.
Las reuniones del gremio de fabricantes
Marco Vinelli llegó al Midagri como uno de los colaboradores de confianza de la presidenta Keiko Fujimori. Durante la campaña electoral dirigió el plan de gobierno de Fuerza Popular y luego encabezó su equipo de transferencia.
Vinelli había sido gerente general de la agroexportadora Allpu y, como director de un instituto de ESAN, participó en 2024 en la renovación de un convenio con CultiVida, según documentó Salud con Lupa.
Entre agosto y setiembre de 2026, representantes de CultiVida sostuvieron tres reuniones con altos funcionarios del Midagri: una con Vinelli y dos con Jorge Alexander Vásquez Acuña, director de la DGAAA, la oficina responsable de evaluar los riesgos ambientales de los pesticidas. El registro oficial de visitas del Estado peruano consigna los siguientes encuentros:
Tres reuniones con CultiVida antes de la decisión del Midagri
- Reunión con CultiVida
- Decisión del Midagri
- 28 jul
Marco Vinelli asume el Midagri.
- 18 ago
Reunión con el director general de Asuntos Ambientales Agrarios, Jorge Vásquez Acuña.Por CultiVida: Rubén Carrasco de Lama.
- 22 sep
Reunión con el ministro Marco Vinelli.Por CultiVida: Rubén Carrasco de Lama, Ana Gabriela Revollar Aramayo y Carlos Fernández Dávila Winkler.
- 24 sep
Reunión con el director general de Asuntos Ambientales Agrarios, Jorge Vásquez Acuña.Por CultiVida: Rubén Carrasco de Lama, Karen Lazo Villanueva, Martha Ximena Patiño y Ana Gabriela Revollar Aramayo.
- 16 oct
Vinelli firma la resolución que elimina del TUPA la evaluación de riesgo ambiental para el registro de pesticidas, con opinión favorable de la DGAAA.Se publica en El Peruano el 21 de octubre.
Fuente: Registro oficial de visitas del Estado (gob.pe) y R.M. N.° D000434-2026-MIDAGRI-DM.
En los tres casos, el motivo registrado fue una “reunión de trabajo”, sin precisar los asuntos discutidos. Sin embargo, existen antecedentes relevantes sobre la relación del gremio con la oficina encargada de evaluar sus productos.
Una semana antes de la reunión del 24 de setiembre, Karen Lazo Villanueva había presentado ante la DGAAA, como representante legal de Bayer, una evaluación del riesgo para las abejas de dos productos que contienen imidacloprid. En el documento solicitó que se aceptaran estudios de campo realizados en otros países. Días después, apareció en el registro de visitas como representante de CultiVida.
Tampoco era la primera vez que Lazo Villanueva y Ximena Patiño participaban en reuniones con la autoridad ambiental.
Una investigación anterior de Salud con Lupa documentó que ambas intervinieron en encuentros con la DGAAA en 2023. Entonces, Lazo Villanueva figuraba como especialista regulatoria de Bayer y Patiño como gerente de seguridad ambiental de esa compañía.
En aquellas reuniones, CultiVida promovió herramientas desarrolladas por CropLife, la organización internacional de la industria de pesticidas, para evaluar los riesgos ambientales de estos productos. Una de ellas, el modelo ANDES, terminó incorporada a una plataforma del Midagri.
Estos antecedentes muestran que el gremio mantiene una estrecha relación de trabajo con la oficina estatal responsable de evaluar ambientalmente los productos de sus empresas asociadas.
En plena reevaluación ordenada por el TC
La eliminación del trámite ocurre en un momento especialmente sensible para la vigilancia de los pesticidas en el Perú.
El 21 de julio, el Tribunal Constitucional declaró un “estado de cosas inconstitucional” debido a las graves deficiencias del Estado para vigilar y controlar los pesticidas presentes en los alimentos de origen vegetal destinados al consumo interno.
El tribunal ordenó al Senasa suspender temporalmente la venta, distribución y uso de productos con cinco sustancias activas (clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clotianidina) destinados a esa producción, y realizar una reevaluación científica de sus riesgos en 90 días hábiles.
El plazo comenzó a contarse desde la notificación al Senasa, el 21 de agosto, y vence el 31 de diciembre. Según el plan de trabajo de la entidad, los informes técnicos deberían estar concluidos a mediados de noviembre.
Esta reevaluación corresponde a pesticidas ya autorizados, mientras que el procedimiento eliminado del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) estaba relacionado con el registro de productos. Son procesos diferentes, pero ambos requieren la participación de la autoridad ambiental del Midagri.
Y precisamente esa autoridad ha tenido dificultades para determinar los riesgos de algunas de las sustancias cuestionadas.
Como informó Salud con Lupa, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) dejó en manos de la DGAAA la evaluación ambiental del imidacloprid y la clotianidina. Ambos son insecticidas que representan riesgos importantes para las abejas y cuyo uso al aire libre está prohibido en la Unión Europea desde 2018.
El 27 de agosto, el Senasa advirtió que cuatro opiniones técnicas de la DGAAA no permitían llegar a conclusiones claras sobre el nivel de riesgo y solicitó información complementaria.
Los informes remitidos por la DGAAA el 15 y el 18 de setiembre tampoco llegaron a una conclusión definitiva. En lugar de establecer claramente el nivel de riesgo, propusieron medidas como evitar la aplicación de estos insecticidas durante la floración de los cultivos y dejaron la decisión final al Senasa.
La importancia de controlar estas sustancias es vital. La clotianidina fue detectada en muestras de apio, un cultivo para el que no está autorizada, durante los monitoreos ciudadanos de pesticidas en alimentos en los que participó Salud con Lupa.
Un requisito vigente, pero sin un procedimiento claro
Aunque el Midagri eliminó el procedimiento administrativo, el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola sigue exigiendo un dictamen ambiental favorable para registrar pesticidas químicos por la vía ordinaria en el país. Esta obligación fue aprobada mediante un decreto supremo y no puede ser derogada por una resolución ministerial.
La resolución publicada el 21 de octubre indica que la propuesta de modificación del TUPA contó con la opinión favorable de la propia DGAAA. Sin embargo, no explica los fundamentos técnicos de la eliminación ni establece un procedimiento alternativo para solicitar la evaluación ambiental.
La incertidumbre se suma a consultas que la DGAAA ya había planteado al Senasa. El 25 de agosto preguntó qué debía hacer con las solicitudes de registro en trámite de pesticidas que contienen las sustancias cuestionadas por el Tribunal Constitucional. Reiteró la consulta el 15 y el 18 de setiembre y pidió “sincerar” el cronograma de la reevaluación.
Hasta el momento, tampoco está disponible el anexo que detalla las modificaciones al Texto Único de Procedimientos Administrativos. Aunque la resolución ordenó publicarlo el mismo día en los portales del Estado y del Midagri aún no figura en ninguno de ellos.
La eliminación de un trámite no supone automáticamente la desaparición de una evaluación. Pero el Midagri aún no ha explicado cómo garantizará ese control ambiental, precisamente cuando el Tribunal Constitucional le exige al Estado corregir las fallas de vigilancia de los pesticidas.
