El 23 de octubre, CultiVida, gremio que agrupa en Perú a fabricantes de pesticidas como Bayer, Syngenta, BASF y Corteva, envió una carta notarial a Salud con lupa en la que exige retirar nuestro informe «Tras reunirse con fabricantes de pesticidas, el Gobierno elimina el trámite para evaluar sus riesgos ambientales», publicado el 21 de octubre.
La organización también exige eliminar de las redes sociales el informe escrito por nuestro colega Jason Martínez y publicar una rectificación. Califica la información de falsa, injuriosa y difamatoria. Un día antes de que recibiéramos la carta, el 22 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) publicó en X un mensaje en el que calificó nuestro reportaje de «fake news».
Ambos cuestionan algo que no afirmamos: que el Midagri haya eliminado la evaluación de riesgos ambientales de los pesticidas. Nuestro reportaje informó la eliminación del procedimiento administrativo «Evaluación de Riesgo Ambiental para el Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola» del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Midagri. Esta información está respaldada por la Resolución Ministerial N.° D000434-2026-MIDAGRI-DM y por la propia nota de prensa del ministerio.
Hasta la fecha, el Midagri no ha explicado cómo se solicitará en adelante esta evaluación, qué requisitos y plazos se aplicarán ni cómo garantizará que el control ambiental no se debilite.
La medida se produce, además, en un contexto en el que el Tribunal Constitucional ordenó reevaluar cinco sustancias activas utilizadas en pesticidas —clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clotianidina— y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios aún no ha llegado a una conclusión sobre su nivel de riesgo. Al menos eso reflejan sus informes del 15 y 18 de setiembre, a los que accedió este medio.
Las reuniones de CultiVida y el Midagri
Nuestro informe no afirma que CultiVida haya redactado, negociado o aprobado la resolución, que las reuniones fueran ilegales ni que exista una relación causal demostrada entre esos encuentros y la decisión del ministerio. Lo que documenta es una secuencia de reuniones entre representantes del gremio y autoridades del Midagri, consignadas en el registro oficial de visitas del Estado:
- 18 de agosto: Rubén Carrasco, director ejecutivo de CultiVida, se reunió con Jorge Vásquez Acuña, director general de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Midagri.
- 22 de setiembre: Carrasco y otros dos representantes del gremio se reunieron con el ministro Marco Vinelli.
- 24 de setiembre: cuatro representantes del gremio, entre ellos Carrasco, Karen Lazo Villanueva y Martha Ximena Patiño, se reunieron nuevamente con Vásquez Acuña.
- 16 de octubre: Vinelli firmó la resolución, publicada el 21 de octubre. Según el propio documento, la medida contó con la opinión favorable de la DGAAA.
En los tres encuentros, el registro oficial consigna «reunión de trabajo», sin precisar los asuntos tratados.
En su carta notarial, CultiVida reconoce las tres reuniones con autoridades del Midagri y las presenta como parte de un intercambio técnico habitual. También sostiene que el gremio «no ha tratado el tema con ninguna autoridad».
Nuestro reportaje documenta, además, un antecedente relevante: una semana antes de la reunión del 24 de setiembre, Karen Lazo presentó ante la DGAAA, como representante legal de Bayer, una evaluación de riesgo para las abejas de dos productos que contienen imidacloprid.
Esta es una de las cinco sustancias activas cuya suspensión ordenó el Tribunal Constitucional hasta que sean reevaluadas, dentro de un plazo de 90 días que ya está en curso. Días después de esa presentación, Lazo figuró en el registro de visitas al Midagri como representante de CultiVida.
Estas reuniones se produjeron cuando ya existía, desde el 28 de agosto, una mesa de trabajo coordinada por el Senasa para implementar el fallo del Tribunal Constitucional. La industria cuenta, por tanto, con un canal formal para presentar información científica sobre los pesticidas sujetos a reevaluación.
El acta de la primera reunión del Senasa con los gremios estableció que estos podrían remitir la información científica que consideraran pertinente y que el Senasa «canalizará dicha información hacia las autoridades competentes», entre ellas la DGAAA.
Lo que eliminó la resolución
CultiVida sostiene que es falso que el Midagri haya eliminado la evaluación de riesgos ambientales y que únicamente se suprimió un pago duplicado. Sin embargo, nuestro reportaje nunca afirmó que la obligación legal de realizar esa evaluación hubiera desaparecido. Por el contrario, explica que el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola sigue exigiendo un dictamen ambiental favorable y que una resolución ministerial no puede derogar esa obligación.
Lo que informamos es que el artículo 3 de la resolución dispone expresamente «la eliminación del procedimiento administrativo "Evaluación de Riesgo Ambiental para el Registro de Plaguicidas de uso agrícola"» del TUPA del Midagri. La nota de prensa del propio ministerio lo confirma: se retiró ese procedimiento y, con él, el derecho de pago de S/ 3.715,30. Por tanto, no se eliminó únicamente una tasa, sino el procedimiento administrativo y su correspondiente derecho de pago. Los otros ocho servicios suprimidos corresponden a información catastral y topográfica.
El comunicado del Midagri
El 22 de octubre, el Midagri publicó en X un mensaje con la frase «¡No te dejes engañar!» y afirmó que «es falso que haya eliminado la evaluación del riesgo ambiental» de los plaguicidas. El mensaje incluía una imagen de nuestro reportaje con el sello «fake news» y remitía a una nota de prensa difundida la noche del 21 de octubre, horas después de nuestra publicación.
El ministerio nos atribuye una afirmación que nunca hicimos. Nuestro titular informa sobre la eliminación de un trámite administrativo, no de la obligación de evaluar los riesgos ambientales. Además, el propio informe periodístico explica que esa obligación sigue vigente. Calificarlo de «fake news» sobre la base de una afirmación que no publicamos tergiversa el contenido de nuestra investigación.
La nota de prensa del Midagri reconoce que el procedimiento fue retirado del TUPA y precisa que la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios continuará realizando la evaluación dentro del procedimiento de registro que conduce el Senasa. Esta explicación es compatible con lo que informamos, pero no aparece en la resolución ministerial, que tampoco presenta una justificación técnica de la eliminación ni detalla cómo se realizará el trámite en adelante. El nuevo TUPA aún no ha sido publicado.
Por qué mantenemos nuestra investigación
CultiVida representa a fabricantes de pesticidas sujetos a evaluación estatal y tiene un interés directo y legítimo en las decisiones que los afectan. Desde fines de agosto, el gremio participa en reuniones convocadas por el Senasa para aportar información técnica sobre las cinco sustancias suspendidas y discutir mecanismos de control y trazabilidad.
Antes del fallo del Tribunal Constitucional, el gremio había advertido que restringir pesticidas podía elevar los costos y precios, y defendió que las decisiones se basaran en evidencia científica. Lo que corresponde exigir es que el Estado transparente qué se discute en estas reuniones, qué información recibe de la industria y cómo garantiza la independencia de sus evaluaciones.
El 1 de setiembre escribimos a CultiVida para solicitar información sobre su participación en las mesas de trabajo y nuestra cobertura del cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional. También solicitamos una entrevista al Midagri. Ninguno respondió.
CultiVida tiene derecho a cuestionar nuestra información y solicitar rectificaciones, pero su carta notarial no desmiente los hechos documentados. Tampoco lo hace el comunicado del Midagri.
Rechazamos las acusaciones de falsedad, injuria y difamación contra nuestro medio y nuestro colega Jason Martínez, así como la descalificación pública de nuestra investigación por parte del ministerio. Una entidad del Estado debe responder con información y argumentos verificables a las preguntas de interés público.
Salud con lupa mantendrá publicado el informe y continuará fiscalizando cómo se garantiza la evaluación independiente de los riesgos ambientales de los pesticidas.
Publicamos a continuación la carta notarial íntegra para que nuestros lectores conozcan los argumentos de CultiVida y puedan contrastarlos con la evidencia de nuestra investigación.
